eL cabecilla de las Farc alias ´Alfonso Cano´ podría tener vocería política después de un evenhtual proceso de paz. Así lo contempla un acto legislativo radicado en el Congreso. Se trata de una reforma constitucional que pretende entregarle al Gobierno los instrumentos jurídicos necesarios para eventuales procesos de paz. Abriría las puertas para que miembros de grupos ilegales puedan hacer política, tras saldar deudas con la justicia y las víctimas.
El 7 de agosto de 2010, en su discurso de posesión, Juan Manuel Santos advirtió que no lanzaría al mar la llave para conseguir la paz. Sin embargo, la Comisión de Paz del Congreso considera que esa llave “hoy no existe” y habría que “fabricarla”.
Por eso, este lunes, los miembros de esta Comisión radicaron una reforma constitucional con el único propósito de crear “un marco jurídico” que permita adelantar eventuales procesos de paz. Tres artículos para una cirugía a la Constitución del 91 y que, en palabras de su autor, el senador Roy Barreras (La U), le daría al Gobierno la llave para, con ella, buscar la paz.
“El presidente Santos es el único que puede tener la llave, pero primero hay que fabricarla. Él decidirá si en el futuro la puede usar tras un proceso con los grupos que hoy son calificados como terroristas, o escoja lanzarla al mar”, explicó Barreras.
El proyecto pretende crear mecanismos de justicia transicional para que los miembros de las FARC y el ELN (si es esa su voluntad) puedan desmovilizarse y reincorporarse a la vida civil, tras cumplir con una pena alternativa y garantizar los derechos de sus víctimas a la verdad y la reparación.
Pero lo particular del proyecto es que contempla que los miembros de organizaciones ilegales, si se acogen a un proceso de paz y cumplen con esas obligaciones, podrían recuperar su vocería política e incluso aspirar a cargos de elección popular.
Así lo contempla el segundo artículo del proyecto al señalar que por “iniciativa exclusiva del Gobierno”, y si el Congreso lo decide de forma mayoritaria (con una votación de Senado y Cámara) se podría levantar la actual inhabilidad que tienen todos aquellas personas que han sido condenadas, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico, en Colombia o en el exterior.
Este controvertido artículo les permitiría, por ejemplo, a los cabecillas de las FARC o del ELN hacer política, luego de haberse acogido a la justicia.
Según el texto del proyecto, esta medida “se trata de una herramienta útil para la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz de cara a posibles procesos de paz futuros. Sin embargo, esta medida podrá ser o no usada por el Legislador según el contexto histórico-político particular”.
Roy Barreras, en diálogo con Semana.com, aclaró cualquier posible interpretación de la norma propuesta. Dice que el jefe del Estado es el único que, eventualmente, podría ofrecer la vocería política, pero sólo sería después de que los ilegales salden sus deudas con la justicia y con las víctimas, y solamente después del final de un proceso de paz.
“Si los ilegales apuestan a la paz y se acogen a la democracia y a la Constitución, en algún momento el presidente de la República es quien determina si a algunos casos particulares se les pueda conceder ese reconocimiento”, dijo Barreras.
El presidente de la Comisión de Paz explicó que el proyecto habla de un contexto histórico y político particular. En ese sentido, aclara, que a los jefes paramilitares es imposible que se les conceda ese beneficio porque, a su juicio, “las Autodefensas nunca tuvieron motivación política”.
Y en un eventual proceso de paz con las FARC o el ELN, sólo podrían tener vocería política tras demostrar la voluntad de hacer la paz y someterse a la justicia transicional. “Hoy, los miembros de estas guerrillas son terroristas y hay que perseguirlos con el uso legítimo de la fuerza del Estado. Pero esta propuesta busca allanar el futuro”.
Las enmiendas a justicia y paz
El proyecto radicado en el Congreso también pretende resolver los principales obstáculos de la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico que permitió la desmovilización de las Autodefensas, pero que tras seis años de aplicación tan sólo ha derivado en cuatro sentencias de las casi tres mil investigaciones abiertas.
El proyecto establece la posibilidad de priorizar la gravedad de delitos y sancionar a “los más responsables” con el único propósito que el proceso avance. “Hay que priorizar en los 340 mil procesos abiertos. Una cosa es un robo de gallinas, otra es una masacre. El actual proceso de justicia y paz avanza lentamente, tardará el país 99 años en esas investigaciones”, explicó Barreras.
Con este proyecto, la Fiscalía podría imputar los delitos más graves y pedir la pena alternativa, primero, para los directos responsables, y luego avanzar en los procesos menos relevantes.
Puerta cerrada a las Bacrim
Roy Barreras explicó que este proyecto, al especificar que se trata del marco legal para encontrar una salida al conflicto armado, cierra definitivamente las puertas a que las bandas criminales puedan negociar su desmovilización.
El Gobierno ha insistido en que estos grupos, a los cuales califica como delincuencia común, solo tienen la alternativa del sometimiento a la justicia.
“No existe la menor posibilidad, ni hoy ni en el futuro, de una negociación con estas bandas que sólo tienen un fin criminal y comercial. El proyecto los excluye definitivamente”, aclaró Barreras.
El proyecto deberá surtir un trámite de ocho debates en el Congreso, es decir que en un año podría diseñarse esta llave para futuros procesos de paz. Y le entregaría facultades al Ejecutivo para presentar cualquier iniciativa legislativa de justicia transicional y que lleve a la desmovilización de los grupos ilegales.
De tanto en tanto suceden en las FF.AA. remezones rutinarios.
Se cambian las fotografías de los mandos en las guardias de los cuarteles, se aumenta el presupuesto militar y se fijan plazos definitivos para terminar el conflicto armado: 18 meses, 36 meses, el final del Gobierno, en poco tiempo, ya casi, el fin del fin. El cambio de la cúpula la semana pasada estuvo acompañado de novedosas declaraciones: se le dará a la guerrilla el “puntillazo final”. La estrategia consiste en debilitar a los grupos al margen de la ley para que se avengan a negociar barato.
En esas llevamos —que recuerde— desde el Gobierno de Gaviria en adelante, y nada. La verdad, el conflicto se amplía, se profundiza, se corrompe. El gasto militar de parte y parte aumenta, el oficial pasa del 5% del PIB; el pie de fuerza crece: 500.000 hombres de la fuerza pública y, digamos, unos 10.000 de las guerrillas. Y nada. O muy poco. Se nos había dicho que la seguridad democrática había doblegado y arrinconado a la guerrilla. Nada.
Los ocho años de la más formidable ofensiva militar de toda la sangrienta historia de la guerra produjeron triunfos más pírricos y simbólicos que efectivos. Por lo que se ve, tanto las Farc como el Eln no sólo encajaron los golpes, sino que volvieron a la guerra de guerrillas clásica, simple y llanamente. ¿No es esto lo que se llama empate estratégico? En público no se dirá, pero en los pasillos se acepta a media voz. Y se agrega: es hora de negociar. Santos es el más interesado: la Historia pasa por el arreglo definitivo. Puede que no lo logre, pero va a jugar la carta con la astucia que se le reconoce. Por aquí, la guerra no tiene futuro.
Hay miles de uniformados detenidos en cárceles y cuarteles, y otros tantos miles empapelados, como dicen ellos. Miles de guerrilleros encanados. El avance en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de una parte, y la degradación del conflicto, de otra, explican las crecientes cifras. Y, por supuesto, la protesta de los militares con el argumento de que las leyes no los dejan hacer la guerra. Lo dramático es que tampoco permiten hacer la paz. O, para decirlo de otra manera —recordando lo que se argumentó en su momento con la Ley de Justicia y Paz—, los Mancuso no se entregan para vivir el resto de su vida en La Picota.
Paradójicamente, las leyes existentes son una cuña que mucho aprieta y que mantiene el rigor y la brutalidad de la guerra. En el fondo, el arreglo comenzará cuando los guerreantes estén de acuerdo en una amnistía sin condiciones, lo que supone un problema mayúsculo: otro acuerdo político, una nueva constituyente que permita introducir, en primer lugar, la justicia transicional y, en segundo lugar, metérseles a los otros temas siempre aplazados: la cuestión agraria, la exclusión política, la política económica, la soberanía nacional.
Las sanciones a los crímenes cometidos en la guerra podrían ser relativizadas a condición de la vigencia plena del derecho a la verdad y a la reparación, que son irrenunciables.
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