Crónica de memoria histórica. José Antonio Bohórquez, de Sintrauis, Un caso de sevicia antisindical

Categoría: Linea Historia de las organizaciones sociales Publicado: Martes, 09 Septiembre 2014

Por Javier Bergaño. ENS

Las amenazas, las desapariciones forzadas y las torturas surgieron en la década de los ochenta como formas de intimidación y silenciamiento en contra del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander, Sintrauis. El caso de José Antonio Bohórquez, carpintero de la institución durante 17 años y apasionado líder sindical, asesinado en 1988, es solo un ejemplo de la sevicia que caracterizó a las verdugos de una organización de trabajadores que perseveró en el tiempo gracias a su unidad.

 

El 15 de marzo de 1988, Brígida Arenales le narraba a un oficial del F2 de la Policía los pormenores sobre la desaparición de su esposo, José Antonio Bohórquez, de 41 años de edad, sindicalista de la Universidad Industrial de Santander (UIS). El oficial escuchaba sin mayor interés el relato y pedía a cada instante repetirlo desde el comienzo; y tomaba nota una y otra vez en una máquina de escribir.

esmad - uis

La desaparición del sindicalista se había producido cuatro días atrás en su propia residencia, ubicada en el municipio de Floridablanca, Santander. Ocurrió cuando él y su esposa Brígida llegaron a su residencia a eso de las cinco de la tarde, y se encontraron con varios hombres armados que los estaban esperando. Además tenían retenidas a las tres personas de la familia que allí se encontraban. Le exigieron a José Antonio que les mostrara su cédula, al tiempo que encerraban a Brígida en uno de los cuartos de la casa.

En su posterior relato al oficial del F-2, Brígida describe a uno de los armados como un hombre moreno de rostro demacrado que llevaba gafas oscuras, cachucha, botas media caña, jean y camisa clara. Los agresores no se llevaron ningún objeto de valor, solo revisaron con minucia algunos documentos que encontraron en la casa, y luego montaron a José Antonio en una camioneta de placas I-F-22-62, acción que fue presenciada por todos los vecinos.

En cuanto pudo, Brígida salió en búsqueda de su esposo, pero no encontró rastro de él. Decidió entonces ir a una inspección de la Policía a poner el denuncio. Pero la respuesta que recibió de las autoridades la dejó desconcertada: el uniformado que escuchó el caso le dijo que lo sentía pero que él no podía arriesgarse a ir en busca de José Antonio porque estaba solo con un compañero y era peligroso que dos policías se enfrentaran a los agresores sin ningún tipo de apoyo. Brígida exigió alguna reacción efectiva y logró que un comando de la Fuerza Pública llegara hasta su casa, pero ya había transcurrido media hora.

La policía le sugirió que fuera a las instalaciones del F-2, donde era posible que estuviera José Antonio retenido por algún proceso judicial, posibilidad ésta que le pareció poco convincente. Como no estaba en el F2 le recomendaron buscar el apoyo de la Procuraduría para que la acompañara a la Quinta Brigada del Ejército.

Durante los primeros días la incesante búsqueda de Brígida no dio resultados positivos, pero la noticia se difundió entre la gente más cercana a su esposo, hasta convertirse en tema de conocimiento público en la Universidad Industrial de Santander. Las conjeturas iniciales no daban lugar a una interpretación diferente: a José Antonio lo estaban persiguiendo por ser uno de los líderes de Sintrauis, el sindicato del que hacía parte. Las principales sospechas recayeron sobre miembros de la Fuerza Pública, porque el 7 de marzo, o sea una semana antes de su desaparición, dos policías uniformados llegaron hasta la sede sindical a preguntar por los nombres de las personas que integraban la junta directiva.

El hecho tornó tenso el ambiente al interior del centro universitario. No era un secreto que desde 1985 el sindicato se había convertido en blanco de ataques debido a sus conquistas laborales. La campaña de desprestigio en contra de los trabajadores tenía como antecedente un señalamiento público como cómplices de la guerrilla del M-19. Por esos años también fueron asesinados los líderes estudiantiles William Camacho y Alberto Pineda.

Por eso la falta de noticias sobre José Antonio hizo pensar lo peor. En respuesta el sindicato Sintrauis, de común acuerdo con los estudiantes de la universidad, realizó una marcha para exigir respuestas ante este hecho, la cual terminó en las instalaciones de la Gobernación de Santander y de la Procuraduría. 

Cuatro días después del incidente, Brígida regresó a las instalaciones del F2 a repetir una y otra vez el doloroso relato. Cuando se percató de la actitud dispersa del oficial que tomaba nota en la máquina de escribir decidió interpelarlo por su forma sospechosa de dilatar la declaración. En ese momento, advirtió un clima de conmoción en la oficina del F2. Un policía reveló el hallazgo de un cadáver en el sitio conocido como el “reposo”, en el kilómetro 43 de la vía a Pamplona, al cual era necesario hacerle el levantamiento oficial.

Brígida decidió entonces salir de allí sin culminar el procedimiento y acudió inmediatamente al sitio señalado, presintiendo que el cadáver hallado correspondía al de su esposo. Y sí, efectivamente era el cadáver de José Antonio, encontrado además en un estado lamentable:

“A él le arrancaron las uñas, le rompieron los dientes, lo chuzaron, se le veían huesos, lo arrastraron o lo pusieron a correr, quien sabe. Finalmente le pegaron cinco tiros. También le partieron las piernas, a él lo torturaron mucho”. 

Este tipo de eventos trágicos, con escenas de desaparición forzada, tortura y asesinato, eran relativamente desconocidos hasta entonces por los integrantes de la organización sindical. Se trataba de un incidente confuso y susceptible de alimentar el sentimiento de extrema vulnerabilidad que comenzaba a cobrar fuerza y a generar incertidumbre sobre el futuro.

La vida de la familia de José Antonio dio un giro dramático desde el día de su muerte. Brígida debió asumir la responsabilidad directa de la manutención de sus dos hijas de 9 y 11 años. También tuvo que hacerse cargo de su suegra, quien padecía una discapacidad y murió 3 años después del asesinato de José Antonio.

Para lograr justicia, Brígida Arenales interpuso denuncia por el homicidio de su esposo ante el Juzgado 19 de Instrucción Criminal Ambulante de Bucaramanga, sin que el destino de las investigaciones diera un giro positivo en dirección al esclarecimiento del crimen y a la identificación de los culpables. De acuerdo con su testimonio, se hizo acopio de la información disponible para llevarla a la Fiscalía General de la Nación, además de proceder a identificar a algunos sospechosos, presuntamente vinculados al proceso.

Sin embargo, nunca hubo avances significativos. La dilación en el trámite investigativo marcó el rumbo de esta historia de impunidad. Solo hasta el 5 de marzo de 1993 la Procuraduría Delegada de la Policía Nacional respondió a una queja interpuesta por Brígida desde el 14 de marzo de 1988, es decir, cinco años después.

Pero aparte de la flagrante impunidad que rodeó este caso, al poco tiempo se incrementaron los hostigamientos contra ella y sus hijas, obligándolas a abandonaran la ciudad en el año 1999. Estuvieron desplazadas hasta el año 2001, cuando decidieron retornar. El Ejército solía inculparla de brindar cobijo a integrantes del movimiento estudiantil y sindical de la UIS, supuestamente vinculados con la guerrilla del M-19. “Ante esa acusación yo les dije que por qué no enfrentaban al M-19 si lo que querían era cogerlos, y por qué en cambio venían a enfrentar a personas que no tenían nada que ver con eso. Contestaron que a ellos los tenían para vigilar su casa”, recuerda.

Estas formas de tortura física y psicológica irrumpieron como prácticas orientadas a socavar la dignidad de las víctimas. El propósito de los armados fue dejar en los cuerpos inertes las marcas del castigo.

La desmesura del acto violento pretendió servir de acción correctiva y ejemplarizante para que los demás líderes sindicales y estudiantiles prefirieran abandonar sus luchas. Y en parte lo consiguieron. Casos como el de José Antonio sembraron el terror en los miembros de Sintrauis, que de esa manera conocieron los alcances de la sevicia antisindical.

Pero la violencia no pudo acabar con una organización que, a pesar de todo, sigue en pie gracias el fuerte vínculo que logró generar con otros sectores de la sociedad.

Publicado 8 de septiembre de 2014.