Por: Jorge Gómez Gallego*
El anuncio de ampliación del aeropuerto José María Córdova, mediante la construcción de una segunda pista en la terminal internacional, montó a unas 400 familias de Rionegro en una gran incertidumbre porque la Aeronáutica Civil declaró de interés social y utilidad pública un polígono en el que supuestamente se hará la obra
Pistas ciertas para una segunda pista falsa en el José María Córdova.
La consecuencia directa de la decisión de la entidad rectora de la aviación civil es que las familias están impedidas para acometer reformas en sus propiedades. Solo los especuladores del suelo les ofrecen compra y la administración municipal no adjudica mejoramientos de vivienda ni hace obra pública allí, luego de la declaratoria hecha en el año 2015, que fue modificada a finales del pasado. Las disposiciones de la Aerocivil han puesto a rondar en las veredas cercanas al aeropuerto, el fantasma de la expropiación.
Lo llamativo del asunto es que la declaratoria se realizó sin estudio alguno. El Plan Maestro, que se puede considerar como el primer estudio, se concluyó mucho después de la declaratoria y quien lo lea con juicio encontrara que en ninguna de sus tres fases, que van hasta el año 2036, aparece la construcción de la segunda pista.
En los estándares internacionales surge la necesidad de una segunda pista para aeropuertos en los que se realicen 215.000 operaciones aéreas al año. El José María Córdoba no llega hoy a 70.000 y para el año 2036, contemplando variables inciertas como la ubicación allí del centro de operaciones de la aerolínea LATAM y el traslado de las del Olaya Herrera, escasamente llegarán a 130.000. Entonces, ¿por qué se declara el interés social y la utilidad pública para una obra que no se necesita y que no se va a hacer?
Hagamos un poco de historia. En marzo de 2008 fue suscrito el contrato de concesión 8000011OK entre la Unidad Administrativa Especial para la Aeronáutica Civil, como concedente, y la sociedad Operadora de Aeropuertos para el Centro Norte S.A., OACN S.A., como concesionaria. El convenio tiene como objeto la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de los aeropuertos Olaya Herrera de Medellín, José María Córdova de Rionegro, El Caraño de Quibdó, Los Garzones de Montería, Antonio Roldán Betancur de Carepa y Las Brujas de Corozal.
Fue adjudicado a OACN S.A., conocida comercialmente como AIRPLAN, después de un proceso licitatorio que se ganaron, como lo declaró su representante legal al diario económico Portafolio el 12 de marzo de 2008, en las siguientes condiciones: “Por hacer lo que ustedes (la Aeronáutica Civil) requieren espero recibir 780 mil millones de pesos de los ingresos regulados, y cuando reciba ese monto, me voy, le entrego a usted todo en un plazo no inferior a 15 años y no superior a 25”.
Vea las declaraciones:
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estrategia-china-aterriza-aeropuertos-255400
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/estrategia-china-aterriza-aeropuertos-255400
Ese representante legal es ni más ni menos que Mario Fernando Pinzón Bohórquez, consuegro del Presidente de la República Juan Manuel Santos y esposo de Alicia Naranjo, la ex Directora de INVIAS del gobierno Uribe. Es el mismo empresario que se asoció con los chinos de la empresa Capital Airports Holding Company Xinmin Guo, CAH, operadores del aeropuerto de Beijing, el más grande del mundo, para acreditar la experiencia requerida en la licitación y después, mediante una maniobra poco ortodoxa en el mundo de los negocios, se hizo a la mayoría de las acciones de su subsidiaria colombiana.
Los otros socios de Mario Fernando Pinzón Bohórquez son tan poderosos como él: la familia Char de Barranquilla, base de la fuerza política del ex Vicepresidente Vargas Lleras en la costa atlántica, y la familia Mazuera, de reconocida trayectoria en el negocio de la especulación del suelo en Bogotá.
La concesión que inició en 2008 concluiría, según lo pactado inicialmente, en el 2033 por tiempo o en el 2023, si antes de este último año se completa el recaudo de los $780 mil millones de ingresos regulados (tasas aeroportuarias y otras diferentes a la publicidad y los arrendamientos).
Pues bien, para 2015 ya había ingresado el 62% del total, equivalente a $500 mil millones, y si el recaudo se mantenía estable entre 2016 y 2018, se acabaría de completar el monto que pondría fin a los ingresos denominados regulados, quedando vivo el negocio únicamente hasta el 2023, aunque recaudando a partir de 2019 solo los ingresos no regulados (arrendamientos y publicidad) que nunca han alcanzado una cifra superior a los $40.000 millones año.
Resultó riquísimo el filón pero ya casi se lo tenían que devolver a su dueño, el Estado, es decir todos los colombianos. Tan bueno que AIRPLAIN con un capital suscrito y pagado de $62.000 millones, logró manejar recursos por más de $800 mil millones y obtuvo utilidades en el año 2015 por $52,5 mil millones, ¡el 83.5% del capital suscrito y pagado en un año!
Por esa razón, los muy poderosos y bien relacionados dueños de la concesión, han logrado suscribir 20 modificaciones al contrato inicial, con el cuento de la segunda pista y otras inversiones que han venido justificando. La concesión ya no se acabará en la forma como se adjudicó la licitación y se suscribió el contrato -entre 15 y 25 años y con el recaudo de $780 mil millones de ingresos regulados-, sino entre 25 y 40 años y recogiendo todo lo invertido. En el Plan Maestro 2017-2036 se contemplan inversiones de casi 2 billones de pesos, justificadas como previas a una segunda pista que costaría 3,6 billones de pesos, la cual, eventualmente, solo se haría entre los años 2037 y 2056.
Me lo dijo bien claro un campesino “quieren seguir ordeñando la vaquita toda la vida y si se muere la entierran con las tetas para afuera para seguir sacando plata, mientras a nosotros nos desvalorizan las propiedades y amenazan con expulsarnos del territorio que hemos ocupado de forma pacífica por más de 200 años”.
La comunidad se ha organizado entorno a una Veeduría llamada VIDA y ha emprendido acciones de resistencia civil y de movilización, con el propósito de evitar que en nombre del “desarrollo” y del “progreso”, crezca hasta el infinito la renta de unos especuladores y se arruine la vida y el patrimonio de miles de rionegreros laboriosos.
Una muy completa información la encontrará en el estudio que adelantó para mi unidad de trabajo legislativo Andrés Trigos, estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia y miembro del POLO JOVEN, en este enlace: segunda pista
*DIPUTADO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
