El caballo de Troya: privatización de la educación superior pública

Categoría: Linea Territorio y despojo Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017

Por: Helberth Choachi    

“Que la apatía no nos gane para no tener que asistir a los funerales de nuestras universidades públicas”

HC

Hoy el país pasa por varias preocupaciones: si los goles de James y Falcao llevan a Colombia al mundial; si mejoró el papa después del golpe recibido en su visita; definir entre los candidatos presidenciales los peores y menos peores; si los acuerdos de la Habana se quedarán en promesas del gobierno; si deben hacerse homenajes como el del  “Mono Jojoy”; y si se cumplirá el 1 de octubre el cese de hostilidades bilateral pactado en Quito con el ELN.

No obstante, la ciudadanía está pasando por alto lo que está sucediendo con el derecho a la educación, las universidades públicas y su financiación.

Un primer asunto tiene que ver con el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018 que aumenta los recursos para la guerra y reduce los recursos para la educación y los avances en la paz. ¿Será conveniencia electoral del 2018?

Un segundo elemento, el caballo de Troya, Ser Pilo Paga, que ha entrado a las ciudades universitarias y a los corazones de los colombianos, mimetizado por las bondades de beneficiar a los jóvenes pilos pobres para que accedan a la educación superior pública, y con la aspiración  del gobierno nacional de convertirse en una política de Estado para sostener a los 45 mil estudiantes proyectado para el 2018.

Recursos que serán garantizados anualmente, en una partida presupuestal dentro del Presupuesto General de la Nación y los cuales no podrán ser nunca inferiores al año anterior.

Entonces los mayores beneficiados de lo que hay en el interior del caballo, no serán los griegos en cabeza de Agamenón cuando sitiaban la ciudad troyana, sino las arcas de las universidades privadas por los altos costos de matrícula que paga el gobierno por estos jóvenes pilos.

El colmo del descaro es que de los 574. 400 mil millones girados a 30 de mayo de 2017 para atender el programa Ser Pilo Paga, 557 mil millones,  fue la suma pagada a las universidades privadas que equivale al 96.2%. Haga cuentas, las universidades públicas recibieron tan solo 17.000 mil millones, que representa  tan solo el 3.8% del total del presupuesto girado.

En plata blanca y con las cuentas claras, Ser Pilo Paga no solo ha desfinanciado a las universidades públicas sino que además sus costos representan “el total de las transferencias que la nación entrega a las universidades públicas en un año, recursos con los cuales se podría garantizar la formación de medio millón de estudiantes” en las 32 universidades públicas, como lo denunció el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional.

Las universidades públicas están sitiadas al mejor estilo de las dictaduras militares. El encierro las puso a resolver los problemas del día a día, como los pagos de nómina, infraestructura, formalización docente, venta de servicios, cumplimiento de las acreditaciones institucionales y de programas académicos, entre otros.

En definitiva, las comunidades universitarias nos quedamos viendo el ombligo y a veces en letargo limpiando el mugre, descuidando los escenarios estructurales de defensa de la educación superior pública como es su financiación plena por parte del Estado como respuesta a la privatización. Añoro aquellos tiempo de la MANE, solo falta una chispa.

Queda septiembre y octubre para que los colombianos y en especial los universitarios logren incidir en el Congreso de la República y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la no aprobación de políticas de Estado que usurpen recursos a las universidades públicas y que proyecten el aumento de la cobertura en la educación superior, sin respaldos financieros como la creación del Sistema de Financiación Contingente administrado por el ICETEX.

Es menester también exigir el retiro de las prohibiciones de las universidades públicas para la suscripción de convenios y contratos interadministrativos, y no permitir los recortes presupuestales en ciencia y tecnología del presupuesto de Colciencias y en general a la disminución presupuestal del derecho a la educación del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018.

Con todo lo anterior es un deber movilizarnos para exigir el cumplimiento de los recursos destinados a la educación superior pública en la reforma tributaria por lo recaudado del impuesto a las ventas (IVA) y del impuesto sobre la renta y complementarios, y reclamar con ímpetu el pago de la deuda histórica del Estado con las universidades públicas que asciende a más 1,5 billones de pesos.

Que la apatía no nos gane para no tener que asistir a los funerales de nuestras universidades públicas en medio de las fiestas de Sodoma y Gomorra de los negociantes de la educación.