Comisión Interamericana de Derechos Humanos: caso Petro, Santos y Ordoñez.

Categoría: Editorial Publicado: Domingo, 23 Marzo 2014

Por: José Fernando Valencia Grajales. Kavilando.

La decisión tomada por el Presidente de Colombia: Santos, frente al caso del alcalde de Bogotá: Petro que fue sancionado disciplinariamente por el Procurador: Ordoñez, fue finalmente zanjada por el presidente Santos al mejor estilo de Uribe, es decir desconociendo el marco constitucional y el marco internacional que compone la protección de derechos humanos dentro del cual cabe el de los derechos políticos, con la excusa de que los más connotados juristas colombianos(1) le aconsejaron hacerlo, y lo que es peor con la excusa de que las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no obliga al estado colombiano. 

 

No se sabe que es peor en esta andanada de mentiras que se ha perpetrado en este caso ¿si el de suponer que el derecho disciplinario en Colombia es en realidad un proceso limpio de decisiones político-religiosas y económicas amañadas? o que el gobierno colombiano diga que ¿no puede cumplir con lo dicho por la Comisión en razón de que este organismo se da su propio reglamento y por ello no sería obligatoria sus decisiones?.

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"Saint Dominic presiding over an Auto-da-fe". From the sacristy of the Santo Tomás church in Ávila

Los anteriores interrogantes nos obligan a responder en perspectiva de derechos, atendiendo desde ya que no es cierto y jamás lo será que el derecho interno prevalezca sobre el internacional, y para ello procedemos con las siguientes disertaciones jurídicas y políticas.

Frente al primer interrogante,

Se debe informar a la ciudadanía del común que el derecho disciplinario es un derecho inquisitivo(2)(3), es decir un derecho que viola los principales principios jurídicos de la modernidad como lo es el principio de inocencia (porque el investigado se presume culpable), el principio del juez natural (porque te investiga un procurador que no es elegido popularmente frente a uno elegido popularmente, o un ente que no sabe nada de tu oficio), el principio de imparcialidad (porque el procurador es juez y parte).

El principio de la impartialidad (porque el procurador es miembro del partido político que exige tu cabeza) el principio de la doble instancia (porque el procurador por ser el jefe directo de sus subalternos es quien finalmente toma todas las determinaciones y no existe por tanto la libre apreciación de la prueba y la libre motivación) y finalmente el código único disciplinario así como el código disciplinario del abogado violan el principio de legalidad porque todas sus normas son de carácter abierto (es decir, son faltas que no tienen una conducta precisa que describa como se viola exactamente y que se pueda describir con un verbo rector y, por ende su sanción está expuesta a la libre interpretación del juez lo que la convierte en una norma que permite cualquier interpretación amañada del juez)(4).

Lo anterior prueba que no existió ni podía existir la más mínima posibilidad de que el ciudadano Petro se le proveyó justicia, pero lo que es peor no es que el derecho disciplinario sea una simple inquisición en un estado democrático, sino que otras instituciones comparten dicho comportamiento como lo que pasa con el tribunal administrativo o el Consejo de Estado, quienes en su sapiensa admiten que la tutela no es el mecanismo para proteger los derechos fundamentales(5), olvidando que lo solicitado por el ciudadano es un derecho fundamental que está por encima de las funciones del procurador, es decir ante la violación de un derecho fundamental no se puede esgrimir el poder que le concede la constitución a un funcionario público, sería como suponer que no se puede tutelar al presidente de la república o a los magistrados de las cortes por incumplimiento del deber de protección de los derechos fundamentales, es simplemente confundir el cielo con el infierno.

Pero lo que si aclara dicha circunstancia es que los órganos judiciales no están dispuestos a socavar la decisión de la procuraduría, razón por la cual se puede prever fácilmente que en este caso no va a existir justicia.

Adicionalmente, no tiene sentido para el caso de Petro insistir ante los tribunales o Consejo de Estado, ya que es evidente que el daño está hecho, y que las medidas cautelares de dicho organismo no se darán, además, de qué sentido tiene interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en instancias judiciales que demoran años en resolver, y que en caso de que por alguna casualidad del universo fallen en su favor, jamás podrá ser restablecido, ya que el periodo constitucional abra expirado y la posibilidad de ganar es como la de la ex -senadora Piedad Córdoba inexistente.

Las anteriores razones de hecho y de derecho nos ponen claramente ante lo que el jurista Álvaro Tirado Mejía menciono y es que “El requisito fundamental para tomar las medidas cautelares es que se trate de una cuestión grave, inminente, que no haya otras maneras internas de impedirla, y que sean urgentes”. Requisito que se cumple ampliamente porque es claro que en Colombia no existen otras instancias que interponer y de existir las mismas ya tiene una visión cerrada respecto a cómo van a fallar y, se parecía que existirá un daño irreparable, razón por la cual la Comisión si es competente, y por ende las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento.

Ahora bien, analicemos el caso de si el derecho interno está por encima del derecho internacional.

Para ello observemos la amplia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional referente al bloque de constitucionalidad(6) que ha dicho palabras más o menos, que el derecho internacional es parte del derecho nacional por vía de remisión de los artículos 9, 93, 94, 102 y 214. Razón por la cual el tratado que compromete al estado colombiano por medio de su ratificación con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el  Pacto de San José de Costa Rica(7) al no ser denunciados, están completamente vigentes. Además de que dichos tratados contemplan en su artículo 33(8) que la omisión es uno de los órganos competentes para que los estados cumplan con sus obligaciones de proteger los derechos humanos, adicionalmente el artículo 39(9) del tratado autoriza a la Comisión a realizar su propio reglamento y estatuto y que este será aprobado por la Asamblea General de la OEA, razón por la cual decir que el reglamento de la comisión no obliga es una simple falacia, que esta amañada para no cumplir, y es tan tonta dicha disculpa que comparativamente se cae por su propio peso, es como decir que el reglamento del congreso no es obligatorio para el estado colombiano porque la constitución lo autorizo para dárselo.

Después de las anteriores disertaciones no queda otra más que decir que el estado colombiano ha venido incumpliendo de forma sistemática con sus obligaciones internacionales(10) y que para ello se ha armado de todo tipo de estratagemas dentro de las cuales se encuentra involucrada hoy hasta la misma justicia, parecen olvidar los jueces de la republica que la justicia no depende de las leyes, sino que depende de los jueces(11) y que estos se deben a la equidad y los valores constitucionales. Razón por la cual los ciudadanos de a pie pierden la fe ante las instituciones y no es como se imaginan los políticos que están protegiendo las instituciones que ellos finalmente no respetan como es el marco internacional y el mismo nacional.

Notas:

1 Tal vez la más connotada jurista sea MARÍA ISABEL RUEDA (Especial para EL TIEMPO) ya que esta de forma deliberada al igual que otros periodistas han intentado hacer creer que Álvaro Tirado Mejía Recomendó no hacer caso a la decisión de la comisión, cuando el mismo de forma textual ha dicho que “Si yo fuera magistrado, lo consideraría mucho, porque esas medidas cautelares tendrían unas consecuencias muy graves y muy grandes para nuestro ordenamiento jurídico. (…) Pues yo confío más en la Corte, porque es más jurídica.”

2 Es decir es un modelo tomado de la inquisición romana, española, portuguesa y pontificia, se utilizaba la barbarie para que por medio de actos de tortura se lograra la confesión de actos que no se habían cometido para con ello limpiar las almas impías que no eran 100% cristianas puras, y en el cual el inquisidor era juez y parte, razón por la cual nunca se podía ser inocente.

3 Siguiendo a Ruth Magali Rosas Navarro se aprecia como la inquisición buscaba eliminar, u obligar a los otros a pensar lo adecuado “Los negros trajeron de cada uno de sus lugares de origen, que eran muchos, sus propias creencias y rituales, pero, al llegar a América, la mayor parte de este bagaje religioso se fue perdiendo, y lo que les quedó lo combinaron con el que procedía de los blancos europeos, que tenían la religión católica pero que también practicaban la superstición, hechicería y brujería, y con el de los indios americanos, quienes tenían sus propias creencias religiosas y en sus prácticas usaban, entre otras cosas, una serie de hierbas para elaborar brebajes. Pero este sincretismo religioso no se logró en los primeros momentos del contacto racial sino que fue lento, a lo largo de varios años de convivencia. A mediados del siglo XVI ya se observan casos de denuncias en tribunales eclesiásticos, contra mujeres indias por idolatría y hechicería, en los que se lee que españolas o mulatas ejercieron la adivinación con hojas de coca, un rito típicamente andino. Asimismo, hay informaciones referentes a negros y mulatos que actuaban como curanderos, utilizando métodos de curación, plantas y otros materiales adoptados de la medicina indígena. En el proceso seguido contra una curandera de San Luis de Huari, la mujer indígena, viuda de un mulato, dijo en su confesión, que había sido instruida en el oficio por su padrastro, el abuelo de su marido, es decir, un descendiente de africanos” LOS NEGROS ESCLAVOS Y EL TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISICIÓN EN LIMA Y EN CARTAGENA DE INDIAS (1570-1650) Ruth Magali Rosas Navarro Piura, Enero de 2010, citando a  Mariátegui, Javier, “Martín de Porras, precursor de la medicina integral” en Rostworowski, María;  Mariátegui, Javier; Aguirre, Carlos y otros (2000): Lo africano en la cultura criolla, Lima: Fondo editorial del Congreso del Perú. p. 39. También en: splendiani, ana maria (1997) Cincuenta años de la inquisición en el tribunal del santo oficio de Cartagena de indias. Bogotá. Editorial Ariel

4 Al respecto leer a Piero Calamandrei; Chiovenda, Rosini, Alexi, Claria Olmedo, Beccara, Zafaroni, entre otros.

5 Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.Artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.

6 Sobre esto consultar las sentencias:  C-802/02, C-070/09, C-135/09, T-568/99, T-1303/01, C-1490/00, C-067/03, C-1188/05, C-028/06, A.V. C-355/06, A.V. C-394/07, C-750/08, C-488/09, C-240/09,. C-1490/00, C-505/01, C-774/01, C-592/05, C-782/05, C-820/05, C-1118/05, C-240/09, C-966/12 entre otras

7 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32), San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 y el "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA", en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

8 Artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

9 Artículo 39,  La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.

10. Caso Nicaragua-Colombia, CIJ, caso Petro-Colombia,…

11. Piero Calamandrei que en su ‘Elogio de los Jueces escrito por un Abogado’ afirmó que ‘los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud, si no se quiere que los creyentes pierdan la fe’. ‘el buen juez pone el mismo escrúpulo para juzgar todas las causas, aun las más humildes; sabe que no existen grandes y pequeñas causas, porque la injusticia no es como aquellos venenos de los que cierta medicina afirma que tomados en grandes dosis matan, pero tomados en dosis pequeñas curan, la injusticia envenena aun en dosis homeopáticas’