Sustento de la oposición a la construcción de nuevas hidroeléctricas en el oriente de Antioquia

Categoría: Editorial Publicado: Sábado, 11 Octubre 2014

Por: Carlos Hernando Olaya R. *

Diversos grupos empresariales, junto a importantes sectores políticos, vienen promoviendo inversiones en el negocio de generación hidroeléctrica; considerando que las represas son una alternativa acertada en términos de desarrollo, y que estas traen beneficios significativos, tanto para el país como para las regiones y municipios.

El argumento central que presentan para justificar este propósito es la transferencia de un porcentaje de las ventas brutas de energía hacia los entes territoriales, lo que mitigaría la precariedad económica en que se encuentran sumidos los municipios. A esta se agregan otras aparentes ventajas como la apertura y extensión de carreteras, obras para el manejo de las cuencas, sumado a la generación temporal de empleo, y al finalizar la construcción, el supuesto desarrollo del turismo.

PEÑOL

Por su parte, las comunidades ubicadas en los lugares donde se han hecho este tipo de inversiones sostienen que tales beneficios son mínimos, comparados con el impacto social, económico y ambiental evidentemente negativo, lo que ha generado luchas y movimientos para ejercer presión respecto a la observación de la normatividad ambiental, acerca de la gestión del agua y para exigir el estudio riguroso sobre los impactos de este tipo proyectos, tras comprobar que las medidas de mitigación, compensación e indemnización que se trazan no correspondan a la afectación causada. Esta situación ha llevado a que se  denuncie ante diferentes organismos, por diferentes medios, que las medidas establecidas no son observabas con rigurosidad, tanto por las autoridades como por las empresas beneficiarias de estos proyectos o que son atendidas de manera insuficiente e irregular, lo cual se constituye en razones de peso para cuestionar este tipo de negocios.

La crítica y oposición a la construcción de hidroeléctricas aumenta al conocerse los resultados y consecuencias de estas obras, producto de las investigaciones y la información respecto a los impactos de las presas sobre las comunidades, las cuencas y los ecosistemas, así como por los datos sobre los resultados económicos esperados.

En un primer momento el debate se centró en presas específicas y sus impactos a nivel local, pero gradualmente los diversos conflictos suscitados llevaron a una discusión que terminó  siendo global. En este sentido se han dado múltiples casos de obras proyectadas en donde la movilización social y las contundentes campañas, han conducido a su cancelación. En países industrializados la oposición pública por los impactos adversos de este tipo de inversiones, han conducido a su replanteamiento, de modo que los graves daños sobre  los ecosistemas, el medio ambiente y las comunidades producidos con la construcción y operación de las centrales ha hecho que la generación hidroeléctrica hoy se impulse sólo en países del tercer mundo, sometidos a los dictados del gran capital.

Esto es lo que ocurre en Colombia donde el debate sobre lo acontecido en el pasado y lo que puede suceder en el futuro si se construyen más represas, se hace cada vez más candente; teniendo en cuenta que el sector eléctrico se ha diversificado, entrando a hacer parte de él poderosos  grupos económicos, que ven en la generación de energía hidroeléctrica, un prometedor negocio. Por eso van trasladando capitales hacia aquellas zonas consideradas propicias para este tipo de negocio.

En nuestro caso, dada la favorable condición topográfica e hidrológica que tienen varias regiones del país, entre ellas el oriente de Antioquia, se vislumbra  la construcción de una serie de grandes represas en los próximos veinte años. Como se minimizan los costos sociales, económicos y medioambientales ocasionados a las comunidades que serán desplazadas de sus lugares de residencia y la afectación a los municipios donde se construyen este tipo de obras, la rentabilidad avizorada en esta actividad se hace muy atractiva para los inversionistas.

A esto se suman las altas tarifas que se cobran a los usuarios a quienes se traslada el costo de las obras, motivo por el cual se ha verificado un aumento vertiginoso  en las facturas, en los últimos años. Aquí cabe la pregunta sobre quién o quiénes se benefician realmente con este tipo de actividad, si en los campos y ciudades se cuentan por cientos de miles los desconectados, ya que los precarios ingresos de la mayoría de colombianos no alcanzan para cubrir el precio de la energía. 

La discusión acerca de los impactos negativos de las hidroeléctricas versus sus beneficios, tuvo su máxima expresión en las décadas de los años 70 y 80, cuando fuertes movimientos de ciudadanos rechazaban la manera como se imponían estas obras en los territorios, solicitando participación en las instancias donde se define la destinación de los dineros públicos, demandando, además, el resarcimiento por los daños causados. Lamentablemente estos movimientos fueron acallados brutalmente por las bandas paramilitares auspiciadas por el Estado y los grupos empresariales que se benefician de estos proyectos.  

A pesar de que en Colombia el debate fue silenciado temporalmente, en distintas latitudes donde este tipo de inversiones se impulsaba, mantuvo vigencia. Así, la decisión de construir una gran presa ya no es hoy en día sólo una decisión local o nacional. El debate ha pasado de ser un proceso local de evaluación de costo beneficio, a un proceso en el que las presas son el foco de un debate global sobre las estrategias y las alternativas del desarrollo.

En junio de 1994, una coalición de 326 movimientos sociales y ONGs de 44 países firmaron una declaración llamando a una moratoria en el financiamiento del Banco Mundial para las grandes represas, conocida como la Declaración de Manibeli, nombre de una de las aldeas tribales de la India que la presa Sardar Sarovar en el río de Narmada sumergiría y uno de los lugares de mayor resistencia a esta obra. 

Entre las condiciones para levantar la moratoria propuesta se reclamaba una revisión de los proyectos de represas financiados por el Banco, a fin de establecer los costos reales, incluyendo los directos e indirectos, económicos, ambientales y sociales, y las ventajas reales observadas en cada proyecto hidroeléctrico. Además, se indicó que era crucial determinar de qué manera los proyectos instalados se habían equivocado al estimar los beneficios, y evaluar los costos de oportunidad de proyectos alternativos.   

Seis meses después de la declaración de Manibeli y en respuesta al avance de las críticas que se generalizaron, así como para atenuar la molestia cada vez mayor por el financiamiento del Banco Mundial a este tipo de proyectos, el departamento de evaluación de operaciones OED de esa institución, anunció que efectuaría una revisión del tema.

El aumento de las denuncias sobre los graves perjuicios sobre  el medio ambiente y las comunidades asentadas en los territorios donde se construyen o se han construido represas, y la fuerte oposición que ha despertado la acometida de este tipo de proyectos, llevó a que en abril de 1997, el Banco Mundial promoviera una reunión en la ciudad de Gland, Suiza, para discutir el papel de las hidroeléctricas en el desarrollo. Como resultado se creó la Comisión Mundial de Presas con la misión de recomendar criterios, pautas y estándares internacionalmente aceptables para su construcción.

En el primer taller programado por la comisión participaron 39 países, el sector privado, instituciones financieras internacionales, organizaciones de la sociedad civil y personas afectadas. Una de sus determinaciones fue establecer el mandato de la comisión,  consistente en revisar la eficacia de las presas para promover el desarrollo y evaluar alternativas para el aprovechamiento del agua y la energía, formular criterios aceptables internacionalmente, y guías y normas para la planificación, diseño, evaluación, construcción, funcionamiento, inspección y desmantelamiento de represas.

Para cumplir su mandato, la Comisión realizó ocho estudios de casos específicos. También se llevó a cabo una inspección de 125 represas, y 17 revisiones temáticas sobre cuestiones sociales, ambientales, económicas y de alternativas a las presas. Además, se consideraron 947 propuestas de distintas organizaciones especializadas y cuatro consultas regionales. Estos aportes constituyeron la base de conocimientos sobre cuestiones relacionadas con las represas y sus alternativas.

En marzo de 2001 el Banco Mundial se pronunció respecto al informe de la comisión, reconociendo que éste representaba una gran contribución al análisis y discusión del tema, y que compartía plenamente los conceptos expresado allí. Concluyó que el informe era una importante guía, por lo cual implementaría un plan de acción considerando las recomendaciones.

Del informe extractamos lo siguiente: Las grandes presas diseñadas para suministrar riego no alcanzaron los objetivos y su rentabilidad ha sido menor que la prevista. Las grandes presas construidas para suministrar energía hidroeléctrica generalmente logran sus objetivos financieros pero en los demás componentes muestran resultados adversos. Las grandes presas para control de inundaciones han tenido deficiente operación y las de objetivos múltiples tampoco llegan a alcanzarlos, lo cual indica que los objetivos iníciales fueron demasiado optimistas. Además, las grandes presas estudiadas mostraron retrasos en la ejecución y sobrecostos significativos, los cuales han tenido que ser asumidos por los contribuyentes y usuarios del servicio.

En cuanto a la seguridad de las represas se observó que se requerirá grandes inversiones debido a que las existentes envejecen, los costos de mantenimiento aumentan, y los cambios climáticos alteran el régimen hidrológico, provocando que los dispositivos diseñados para este tipo de problemas sean rebasados. Por otro lado, la sedimentación y la consecuente pérdida en el largo plazo del volumen de agua almacenado representa un gran problema y sus efectos se hacen notar, en particular en cuencas con un alto índice de erosión natural o de erosión antrópica. (Caso de El Peñol).

Respecto al efecto medioambiental, cada vez se conoce con mayor profundidad los impactos que tienen estas obras sobre los ecosistemas, tras haber ocasionado pérdidas significativas e irreversibles de especies y de hábitats naturales, y la degradación de las cuencas río arriba y abajo de los embalses.  

En general los impactos sobre los ecosistemas son eminentemente negativos, en tanto que los esfuerzos realizados para contrarrestarlos han tenido poco éxito, debido a la dificultad de hacer frente a todos los problemas suscitados, y a la aplicación parcial de las medidas de mitigación.  

En términos de impactos sociales se concluyó que con frecuencia los efectos negativos no se han valorado ni tomado en cuenta adecuadamente. Millones de personas que habitan aguas arriba y abajo de las presas, en particular aquellas que dependen de las planicies de inundación naturales y de la pesca, han visto seriamente dañados sus medios de subsistencia. Además, miles de personas desplazadas por la construcción de represas no fueron reconocidas o registradas como tales y por lo tanto no fueron reasentadas o indemnizadas. En los casos en los que se entregó una indemnización, ésta fue insuficiente, y entre los desplazados reconocidos como tales, muchos no fueron incluidos en programas de reasentamiento. A los que fueron reasentados, rara vez se les restituyó sus medios de subsistencia, ya que los programas de reasentamiento se han centrado en el traslado físico, sin tener en cuenta planes de desarrollo económico y social y donde estos se han esbozado han tenido un alcance bastante precario.

Finalmente se apreció que el escaso control y evaluación, una vez construida una gran represa, ha impedido aprender de la experiencia, para corregir errores. Muchos países todavía no han establecido plazos de licencia de operación que aclaren las responsabilidades del propietario al terminar la vida útil de la presa.  

Por otra parte, las cuestiones que se plantean en torno a las represas son las mismas que se observan en torno al agua, al modo en que se toman decisiones y como se evalúa la contribución que un proyecto de esta naturaleza hace al desarrollo. El debate se amplía cuando se cuestiona el impacto que tendrá la represa sobre el curso de un río; con los derechos de acceso al agua y a los recursos del río; con la posibilidad de que la presa desarraigue los asentamientos existentes, afecte la cultura y los medios de subsistencia de las comunidades locales, y reduzca o degrade los recursos ambientales; y también con la cuestión de si la presa representa la mejor inversión económica de fondos y recursos de un país.

Ahora el análisis sobre las represas respecto al significado, la finalidad y los caminos del desarrollo, debe ser seriamente asumido. El desarrollo con equidad, eficiencia, toma de decisiones participativa, sustentabilidad y responsabilidad, que coinciden con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y los acuerdos relacionados aprobados posteriormente, hasta la Declaración del Derecho al Desarrollo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986 y los principios de Río acordados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992; lo mismo que las disposiciones en materia de Derechos Humanos y de Protección del Medio Ambiente, tienen ser observados con rigurosidad cuando se discute la viabilidad o no de un  proyecto de esta naturaleza.

En cualquier caso se requiere considerar previamente las necesidades de agua, alimentos y energía de las comunidades locales, definiendo claramente los objetivos del proyecto a emprender, considerando, en primer lugar, los beneficios para las comunidades que serán impactadas. Allí los aspectos sociales y ambientales son tan importantes como el factor de rentabilidad. En todo caso se deberá solucionar previamente cuestiones sociales pendientes en las zonas donde se han construido proyectos anteriores, y reforzar las medidas de mitigación, compensación y recuperación ambiental y social en los que se pretenda realizar.

En los distintos eventos referidos al agua y el medio ambiente ha quedado claramente  estableció que el agua es la base de la vida y que la energía es esencial para el desarrollo social y económico. En consecuencia, se debe dar un manejo adecuado a este preciado recurso, protegiendo las fuentes y los ecosistemas, asumiendo un manejo sostenible y equitativo del agua y la energía para contribuir al desarrollo sustentable.

En la actualidad existen opciones para el manejo del agua y la energía, incluidas el manejo de la demanda, aumento de la eficiencia de la oferta, y nuevas opciones de suministro que pueden satisfacer las necesidades de todos los sectores de la sociedad, sin tener que atiborrar de grandes hidroeléctricas los territorios.

Existen opciones para satisfacer las necesidades de agua y energía que han sido ignoradas a pesar de ser mejores, más baratas y beneficiosas como los sistemas descentralizados de suministro de agua y energía en pequeña escala, aumento de la eficiencia en el suministro y en los usos finales, así como el manejo de la demanda. Frecuentemente se ha escogido la construcción de grandes represas cuando otras opciones podrían alcanzar los objetivos a un costo inferior y brindar los beneficios de un desarrollo sustentable y equitativo.

  • Movimiento por la defensa de la vida y el territorio, Movete, San Carlos Antioquia. Octubre 9 de 2014.