crisis social, económica y ambiental en Dabeiba (Antioquia)

Linea Conflicto Social y Paz

Por: ASCOA

Situación de las comunidades campesinas e indígenas de Dabeiba y Urabá, Antioquia, frente a los conflictos socioambientales con megaproyectos en el territorio y la implementación de los acuerdos de paz.

 

COCAM DABEIBA

Dabeiba, Antioquia.  12 de octubre de 2017

  Señores 

Organizaciones sociales, entidades públicas, ONG´s, organizaciones religiosas, universidades y partidos políticos. 

 Asunto: situación de las comunidades campesinas e indígenas de Dabeiba y Urabá, Antioquia, frente a los conflictos socioambientales con megaproyectos en el territorio y la implementación de los acuerdos de paz.

 La asociación campesina del occidente de Antioquia –ASCOA-, en representación de sus asociados, queremos darles a conocer la crisis social, económica y ambiental que están pasando nuestras familias campesinas por los megaproyectos que vienen en desarrollo en la región  y requerimos soluciones urgentes del gobierno central.

 La historia reciente de Dabeiba está atravesada por el conflicto armado, perpetuado por todos los actores armados, legales e ilegales, como ya ha sido demostrado por la justicia Colombiana.

Hoy, el panorama es:  veredas con muy poca población, la mayoría de familias desplazadas  instaladas en las ciudades, núcleos  divididos,  ausencia institucional en los territorios; no se cuentan con centros de salud, las escuelas tienen problemas en la infraestructura, los jóvenes no tienen  oportunidades para continuar sus estudios superiores, en muchas zonas no hay señal de teléfono, ni carreteras y una economía de subsistencia, donde sus ingresos promedio son de $350.000 mensuales por familia campesina con producción agrícola,  no se cuenta con cadenas de comercialización que les permita buenos precios para sus productos, ni blindarse frente a la usura de los 3 o 4 comparadores mayoritarios en el pueblo de Dabeiba, lo que ha llevado al campesino a la decisión, en muchas ocasiones, de no vender sus productos excedentes y dárselos de comida a sus animales domésticos, y a no insistir con otras alternativas para la comercialización de sus productos.

Según los resultados del censo general del índice  de necesidades básicas insatisfechas - NBI,  a junio 2012, Dabeiba registraba 37,21% de NBI en la cabecera y 83,98% de NBI en el resto del municipio.

A partir de la consolidación del proceso de paz, y a pesar de que el municipio de Dabeiba es priorizado para la implementación de los acuerdos, y que existe en el municipio uno de los denominados “Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación” (antes zonas veredales de las FARC-EP), lo que se ha dado en la región es la entrada de varios  megaproyectos que están actuando de manera irregular  y atropellando  a las comunidades campesinas e indígenas,   generando incertidumbre frente a los procesos de retorno que se vienen dando de las 14.552 víctimas de Dabeiba reportadas por la unidad de  víctimas, https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV, y preocupación por las garantías reales para la aplicación de la ley  1448 de 2011 (ley de victimas) y la restitución de tierras para las familias despojadas, frente al desarrollo de estos megaproyectos en el municipio.

Estos proyectos son: 

 

 La microcentral HIDROBARRANCAS SAS, que se desarrolla en la vereda Barrancas del municipio de Dabeiba y comenzó su construcción el 28 de agosto de 2015 causando daños  ambientales y  severas afectaciones a los predios privados,  comprobados por los técnicos de la autoridad ambiental CORPOURABÁ en las visitas realizadas el 02 de septiembre de  2015 y el 6 de septiembre de 2016, y que al día aun de hoy no cuenta con licencia ambiental.

De esta manera, el informe técnico realizado  en el 2015 manifiesta que: “la zona presenta amenaza muy alta por movimiento de masa, lo que infiere que se deben tomar todas las medidas preventivas para el desarrollo de proyectos de infraestructura que impliquen movimientos de tierra e intervención de fuentes hídricas y coberturas”.

El informe de 2016 concluye que: “suspender de manera inmediata los trabajos de excavación de materiales para la construcción de los corredores carreteables del proyecto, toda vez que se  realiza sin las medidas de manejo ambiental para prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales que se derivan de dichas actividades, no se consideró ni se tuvo en cuenta el permiso para una zona de depósito del material excavado”.

Ninguna de estas medidas se ha aplicado, ya que la empresa hoy sigue adelantando la construcción de la microcentral, sin los cambios que les sugiere la autoridad ambiental. Y, pese a que varios de los habitantes afectados  por este Consorcio se acercaron en repetidas ocasiones a dependencias de la Alcaldía Municipal: personería, secretaría de planeación  e inspección de policía, no se  ha recibido la atención o protección del ámbito municipal. 

Las comunidades locales manifiestan que las obras se han realizado sin tener en cuenta los impactos ambientales sobre las fuentes hídricas, algunas de ellas proveedoras de agua a las comunidades para labores de riego de cultivos y actividades domésticas; asimismo manifiestan preocupaciones sobre la tala indiscriminada de material forestal protector y la desaparición de algunas especies de fauna silvestre presentes en la zona. Por último, manifiestan que se ha dispuesto material de tierra y rocas a lo largo de la vía y la destrucción de cultivos existentes, haciendo inviable el uso de algunos suelos por la misma disposición de escombros. 

  • El proyecto vial “Mar 2” que hace parte de las vías de cuarta generación (4G), y se realiza en el cañón de la Llorona, donde se encuentran víctimas del conflicto, comunidades campesinas, comunidades indígenas y población en proceso de retorno, todas protegidas por la ley de víctimas y que están en riesgo de ser re-victimizados.

Denunciamos, que están llegando funcionarios del Consorcio Autopistas Urabá a las casas, les están tomando fotos a las cedulas de los residentes,  y les están diciendo a los propietarios que no pueden construir ni realizar mejoras en sus casas, sin importar que se tenga escritura del lugar; y al preguntarles a los funcionarios de porqué esta situación, ellos les  responden a los campesinos que vayan donde el alcalde para que él les solucione. 

Funcionarios del consorcio Autopistas Urabá S.A.S. constructora del proyecto, en visitas a las comunidades, amenazan con expropiación de predios, y que solo recibirán compensación quienes lleven 8 años o más viviendo en el territorio, esto, lo consideramos un atropello porque muchas de estas familias fueron desplazadas por la violencia hace más de 10 años, y apenas están retornando debido al proceso de  paz. En este sentido, se está desconociendo los verdaderos propietarios del territorio que son los campesinos, que solo hasta hace muy pocos años, con el proceso de paz y amparadas en la ley de victimas 1448/2011, han venido retornando a sus parcelas.

  • La declaratoria de “zona de importancia ambiental” al cañón de la Llorona, por parte de la Asamblea de Antioquia mediante la Ordenanza 14 del 11 agosto de 2017. Esto afecta los intereses de esta población desplazada, por que como sabemos estas figuras de protección ambiental pueden dificultar aún más las reclamaciones sobre la propiedad despojada en el tiempo de la violencia, por los vacíos jurídicos que aún existen sobre la aplicación de la ley de víctimas y lo definido por el decreto 440 de 2016, y por supuesto, generan incertidumbre sobre la permanencia en el territorio y de la vocación campesina. 

       Así, se conjuga para el campesinado de Dabeiba varias situaciones: el conflicto armado y el desplazamiento forzado; ahora un retorno sin garantías para el restablecimiento de sus derechos; falta de presencia institucional en las veredas y falta de apoyo para estimular la producción y la comercialización y, por supuesto, esta realidad que estamos viviendo dista mucho de lo que nos prometieron a los campesinos y campesinas, con el proceso de paz, principalmente el punto uno, cuatro y cinco de los acuerdos de la Habana, de los que no hemos visto nada en nuestro territorio.

  Preguntamos, al Gobierno de Colombia y a las FARC:

¿Qué va a pasar con los campesinos y campesinas que ya fueron desplazados por la violencia y que poco a poco están retornando a sus casas, y que nuevamente van a ser desplazados pero esta vez directamente por acción del Estado y la empresa privada?

El proceso de paz, tal y como se está llevando, ¿está beneficiando o está perjudicando a nuestras familias campesinas?; ¿Cómo se va a lograr el punto uno del acuerdo de paz si ni siquiera nos dejan retornar a nuestros territorios, porque resulta que estos ya son de interés estratégico del país o reservas forestales?; ¿Cuáles son las garantías reales para la permanencia de las familias campesinas en el territorio? o ¿no las hay? 

 

Hemos buscado espacios de diálogo y concertación con la institucionalidad municipal y la respuesta ha sido insuficiente. Las empresas que están operando los proyectos no están haciendo socialización con las comunidades campesinas, ni consulta previa con las comunidades indígenas. 

Por ello, cada vez crece el descontento entre los campesinos e indígenas con todas estas situaciones, como lo evidenciamos en nuestras asambleas comunitarias. Así mismo, crece la preocupación de los comités de cocaleros del municipio de Dabeiba y de la región de Urabá, por la forma como está operando la policía antinarcóticos con la erradicación forzada,  caso Tumaco, y estamos a la expectativa de los  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pero sin ningún apoyo de la institucionalidad local para ello.

Ante esto, venimos solicitando:

A las autoridades municipales, departamentales y nacionales, a las FARC, a los organismos internacionales que acompañan la implementación, una comisión de verificación del gobierno nacional y las FARC sobre la situación de conflictos socioambientales que se vienen presentando en la zona de Urabá y el municipio de Dabeiba, entre las comunidades campesinas e indígenas y las empresas que están ejecutando dichos proyectos, para que se tomen las medidas pertinentes de protección de las comunidades  frente a estos hechos.

Que trabajemos los PDET de la zona de Urabá partiendo de los avances que ya tenemos en la construcción de nuestros planes de vida territorial, como asociación de familias campesinas, comités cocaleros, comités productivos, JAC y asociación de mujeres, y la consolidación de una propuesta propia de planeación del desarrollo para el municipio.

Garantías y protección de los derechos para los procesos de retorno y restitución de tierras de los campesinos, campesinas e indígenas de Dabeiba y Urabá, frente a estos megaproyectos.

Implementación de los acuerdos de paz de la Habana, principalmente los puntos 1, 4 y 5, pero que se haga de una manera concertada con todos los pobladores del territorio, no con dos o tres líderes amigos de la institución. 

Definir  con las organizaciones sociales del territorio  la selección de profesionales,  funcionarios y funcionarias idóneos para el desarrollo de los programas, ya que hasta el momento se han presentado funcionarios que no se han leído los acuerdos de paz y no saben comunicarse con las comunidades, lo que entorpece y no deja desarrollar el trabajo.

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA 

–ASCOA-

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 12 Octubre de 2017 Dabeiba, Antioquia. 

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