¡Nos están matando!, clamor a la sociedad colombiana, al estado y a la comunidad internacional

Linea Conflicto Social y Paz

Por: organizaciones sociales y populares Colombia

¿Si en los últimos dos años hubieran sido asesinados 127 altos ejecutivos de multinacionales y no líderes sociales, cuál sería la reacción de los medios, Gobierno, instituciones, centros educativos?

 

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Mediante sofismas y argucias, se pretende enmarcar la despreciable ola de asesinatos de líderes sociales y políticos, en la falsa disyuntiva de si hay sistematicidad o no.

Ha sido el grito herido y ahogado de los líderes de las comunidades olvidadas desde siempre, azotadas por la violencia, la pobreza, la exclusión, hoy sometidas a la persecución y asesinatos sistemáticos con tendencias genocidas.

La caricaturesca reacción del Estado, la indolencia de la sociedad, la impunidad del sistema, hace imperativo el acompañamiento monitoreo y presión de la Comunidad Internacional, para evitar que nuevamente se ahogue en ríos de sangre la oportunidad histórica de construir Paz Territorial.

 

Mediante sofismas y argucias, se pretende enmarcar la despreciable ola de asesinatos de líderes sociales y políticos, en la falsa disyuntiva de si hay sistematicidad o no. No podemos caer en el juego de esa falsa disyuntiva que busca distraer y encubrir una realidad que no admite maquillajes. Fuerzas oscuras, opositoras del proceso de paz, enemigos de la paz, declarados unos y encubiertos otros, buscan cortar de un tajo la esperanza y la ilusión de paz y reconciliación sembrada por la finalización de la guerra con las Farc y meternos nuevamente en el callejón sin salida de un genocidio político y social.

Resulta contradictorio pretender avanzar hacia la construcción de paz, que implica democratización y garantías de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, al tiempo que se tolera un deterioro generalizado de la situación de derechos humanos donde la ocurrencia regular de los asesinatos es indiscutible, aberrante y aplastante.

No puede ser que la paz se haya hecho para perpetuar la indolencia histórica hacia los liderazgos azotados por fuerzas perversas. Los asesinatos de líderes sociales han sido invisibles a todo lo largo del conflicto, se ha hecho todo lo posible por ocultar la violencia sistemática contra ellos, al punto que el CNMH no los menciona en su principal documento, el informe “Basta Ya”. Han sido olvidados por el Estado y la sociedad mantiene una cruel indiferencia que legitima y envalentona a los cultores del odio, facilitando sus perversas pretensiones genocidas.

Los líderes de las comunidades de la Colombia profunda levantaron en medio de la guerra la bandera de la solución negociada y política del conflicto como única forma de acabar con las hostilidadesy así buscar un país distinto. Alcanzado este propósito con la superación de la guerra con las Farc, ante la posibilidad histórica de construir paz, democracia, estado, en los territorios, se desata esta brutal ola de asesinatos con pretensiones genocidas.

La superación de la guerra con las Farc disminuyó la tasa general de homicidios, pero, desafortunadamente, esa tasa se disparó y reorientó focalizadamente en los líderes sociales campesinos, comunitarios, dignatarios de juntas de acción comunal e indígenas en zonas rurales. ¿Hoy también permitiremos que los invisibilicen? Según Somos Defensores, en 2013 hubo 78 casos; en 2014 55 casos; en 2015 63 casos, en 2016 80 casos, en 2017 más de 100 casos y, con solo un mes del 2018 ya se registran 20 casos, siendo así el mes más violento comparado con años anteriores.

Los líderes y liderezas sociales han enfrentado en los territorios a poderes económicos y políticos locales y regionales que se han alimentado de la violencia y de las instituciones surgidas a raíz de la guerra; representan la democratización a la que le tienen pánico fuerzas y sectores estatales y privados porque sus denuncias tocan nervios, sacan injusticias a la luz y pueden afectar arreglos de poder. Estamos entonces, ante una estrategia anticipada de los poderosos para evitar que se reconfigure el poder local y regional, para mantener las estructuras de guerra, control y violencia.

La coyuntura alerta, una vez más, sobre la incapacidad del Estado para cumplir uno de los elementos centrales del Acuerdo Final de Paz: proscribir la violencia como solución de los conflictos. ¿Suscribió el Estado un acuerdo que no tiene la intención de cumplir? ¿Se va a mantener en Colombia la perversa combinación de magnicidios y ola genocida de asesinatos como mecanismos de dominación? ¿Pretenden perpetuar la violencia y mantener pomposa e hipócritamente discursos sobre la paz? ¿La paz que conciben es la paz de los sepulcros? ¿insisten en producir miedo en los grandes centros urbanos y terror en el mundo rural?

Nos preguntamos ¿Si en los últimos dos años hubieran sido asesinados 127 altos ejecutivos de multinacionales con presencia en el país, el problema se hubiera enfrentado con anuncios, más anuncios, descalificaciones, estigmatización y preparación de nuevos anuncios? ¿Si hubieran sido asesinados 127 personas del 1% que concentra el 80% de los ingresos y las propiedades del país, se hubiera respondido con anuncios, descalificación, y sospecha sobre dichos propietarios víctimas? ¿Si hubieran sido asesinados 127 representantes de los conglomerados y gremios económicos se hubiera presentado con descalificación y señalamientos? ¿Si hubieran sido asesinados 127 altos oficiales de la Fuerza Pública, se hubiera tratado el asunto con desidia, indolencia e impunidad?

¿Debe tolerar una sociedad preocupada por la construcción de democracia y la convivencia social y política, ser indiferente ante el asesinato de hombres y mujeres cuyo único crimen es representar los intereses de las comunidades, ser articuladores de redes sociales que encarnan la potencialidad para la construcción de desarrollo, democracia y Estado en los territorios? ¿Puede darse esta sociedad, el lujo de contemplar indolente el exterminio de uno de sus mayores baluartes: los liderazgos sociales y comunitarios que dan ejemplo de participación, autogestión, solidaridad? ¿Puede el Estado Colombiano darse el lujo de permitir la impunidad de los gestores comunitarios de paz, aún después de haber logrado el mejor Acuerdo de Paz de la historia de la humanidad?  

Resulta doloroso perder el capital social y político de los procesos territoriales, pues son los líderes, defensores y voceros de las comunidades, los pilares fundamentales para construir una paz viable y sostenible. Sin liderazgos sociales no hay democracia territorial posible. Es así que la violencia selectiva contra los líderes no representa solo una tragedia humanitaria: es un atentado directo contra los sueños de todos los colombianos. La sociedad, el Estado, la Comunidad Internacional no pueden permitir que un nuevo genocidio tiña el siglo XXI de los colombianos.

Organizaciones sociales y populares Colombia

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