Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia. (Informe)

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Procuraduría General Colombia

Esta investigación de la Procuraduría General de la Nación demuestra el enorme impacto que la reclamación de tierras, despojadas por los grupos armados ilegales, ha tenido en el aumento de la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos territoriales.

 

 

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El mundo tiene los ojos puestos en Colombia por la crisis humanitaria que nos sacude. Sin duda, el modelo de protección individual ya cumplió su ciclo. Hay que adecuarlo a las nuevas circunstancias y realidades. Las medidas parecen inadecuadas e ineficaces.

Los problemas de protección no dan espera. Hay ausencia de autoridad y de Estado. Por desgracia la guerra no se resigna a desaparecer. La salida de las Farc en muchos territorios ha impulsado el ingreso de nuevos actores armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las Farc y grupos paramilitares, que tratan de imponer sus condiciones a sangre y fuego, ante los vacíos e incapacidad del Estado por dominar la geografía nacional.

A ellos se suman disputas territoriales, por minería ilegal, explotación maderera ilegal, agricultura extensiva, control social y organizativo. Las comunidades han quedado en la mitad del fuego cruzado y la sed de venganza de los actores armados ilegales.

Nuestros jóvenes negros, indígenas, mulatos se han convertido en presa fácil de los violentos, que los reclutan o los matan. La pobreza también mata, como la corrupción y el olvido. El Estado no puede aparecer en los territorios solo investido de fuerza. Se necesita que su autoridad se traduzca en garantía de los derechos fundamentales a la salud, educación, empleo y protección del medio ambiente.

El principal reclamo es la implementación de los mecanismos de protección colectiva. Hay muchas incógnitas sin resolver por parte del Estado en ese campo. Hay un decreto expedido y demasiada ignorancia sobre sus alcances y mecanismos de implementación. Para los pueblos étnicos es más importante la protección colectiva que la individual.

La Procuraduría le ha exigido al gobierno nacional que se meta la mano al bolsillo y ponga sobre la mesa los recursos para garantizar ese derecho. Si había plata para la guerra, debe haber plata para garantizar la vida de 12 Procuraduría General de la Nación las comunidades. Los recursos del posconflicto deben sembrarse donde más se necesitan. Hay que actuar con contundencia y garantizar en los territorios la protección de las comunidades frente a las amenazas del despojo y la concentración de la tierra por parte de los actores armados ilegales y los poderosos dineros del narcotráfico y la corrupción.

El Estado debe entender que los mecanismos de protección colectiva hay que construirlos con las comunidades y autoridades étnicas. Ellas son las que saben. No se puede legislar de espaldas a las comunidades. Es urgente, además, que el gobierno nacional valide y fortalezca los mecanismos de autoprotección de las comunidades que vienen funcionando: guardia indígena, guardia cimarrona, entre otros.

El Estado tiene por delante una tarea interinstitucional de gran envergadura, que exige imaginación y compromiso. Hay mucho que aprender de las comunidades, hay mucha esperanza por sembrar en la Colombia olvidada. Es hora de diseñar de manera articulada una política pública integral de protección, que recupere lo bueno de la UNP e incluya propuestas nacidas de las comunidades. La Procuraduría ha convocado la Mesa Nacional de Protección Integral de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humano, que presentará al gobierno nacional una propuesta seria y realizable en este campo. Con este documento el Ministerio Público ratifica su compromiso con la defensa del derecho a la vida.

Cada líder amenazado, estigmatizado, desplazado, exiliado, asesinado o desaparecido debe mover los cimientos del Estado y de la sociedad para exigir el respeto a la vida.

Ni uno más, debería ser un grito colectivo para detener este desangre. ¡Paremos la máquina de la guerra ya!

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

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