Solicitamos al Estado: No más Megaproyectos en nuestro Territorio. San Carlos – Antioquia

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio.

NO queremos que se entregue nuestro territorio, ni nuestro rio Samaná Norte para proyectos hidroeléctricos y minería metalífera a gran escala, ni ningún megaproyecto que afecte el bienestar de las comunidades campesinas que aquí habitamos.

 

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Documento prestando por las Mesas por la Defensa del Agua, la vida y el Territorio, San Carlos Antioquia, en la Audiencia de Control Senatorial, realizado en pasado 20 de octubre de 2017 en el municipio de Sonson (Antioquia)

En primer lugar, aclaramos que los planteamientos y peticiones sobre las cuales nos vamos a referir en esta audiencia ya fueron presentados por escrito al ministro del medio ambiente Luis Gilberto Murillo Urrutia, directa y personalmente, en la reunión convocada por Cornare el viernes 18 de agosto de 2017 en el centro de convenciones la Macarena en Rionegro, donde se llevó a cabo la socialización de los Pomcas para la región. A los entes gubernamentales, autoridades, organismos de control y entidades defensoras de los derechos humanos que a continuación relacionamos, se les entregó por escrito los mismos documentos y, aunque al momento no hemos tenido respuesta, hoy reiteramos este clamor, esperando se adopten las medidas solicitadas.

Las siguientes son nuestras peticiones:

Los habitantes de los corregimientos Alto del Samaná, Puerto Garza y el Jordán del municipio de San Carlos Antioquia, agrupados en las mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, solicitamos al Presidente Juan Manuel Santos, al Congreso de la Republica, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, a la Corporación Autónoma de los ríos Negro y Nare  Cornare, a la Gobernación y la Asamblea de Antioquia, a la Defensoría del Pueblo Delegada para los Derechos Colectivos y el Medio Ambiente, a la Contraloría, a los Concejos y Alcaldías del oriente del departamento, a los organismos defensores de los Derechos Humanos, tomen las medidas necesarias para la protección de las cuencas hídricas, los ecosistemas y la biodiversidad frente a la construcción de grandes, medianas y pequeñas centrales hidroeléctricas, embalses y la explotación minera a gran escala, obras que, además de afectar de manera grave e irreversible los ecosistemas, vulneran el derecho de los campesinos y pobladores rurales a habitar los territorios. 

De manera urgente solicitamos se derogue la Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015, expedida por la Autoridad Nacional de licencias Ambientales ANLA, que concede licencia ambiental para la construcción de la hidroeléctrica Porvenir II. Asimismo hacemos el llamado a la Corporación Autónoma de los ríos Negro y Nare Cornare para que suspenda los trámites que la empresa Isagén viene realizando ante dicha entidad para ejecutar el proyecto hidroeléctrico Palagua, ubicado en esta misma zona, y se habilite un espacio de discusión de la política minero energética que se viene imponiendo en los territorios, con el objetivo de promover la implementación de un modelo energético que preserve los ecosistemas y el medio ambiente para las generaciones actuales y venideras.

Las siguientes razones fundamentan estas peticiones: 

La cuenca del río Samaná norte tiene una extensión de 2.656 kilómetros y se constituye, hasta hoy, en una de las pocas fuentes hídricas importantes de Antioquia donde aun no se han instalado hidroeléctricas que se interpongan en su cauce natural. Estudios recientes señalan que este rio y los bosques circundantes poseen una importante variedad de especies de flora y fauna, algunas de ellas endémicas, siendo éste un ecosistema de alta conservación y un paraíso en cuanto a biodiversidad. A lo anterior se agrega que el río es su principal fuente de subsistencia para los campesinos que habitan estas áreas.

Por eso declaramos nuestro desconcierto ante el hecho de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA haya dado vía libre a la empresa Celsia del Grupo Argos para la construcción de la hidroeléctrica Porvenir II, lo cual pone en evidencia ante la opinión pública que en dicho trámite fue notoria la capacidad de incidencia de este conglomerado ante los organismos gubernamentales, ya que en los estudios que fueron presentados se desconocen poderosas razones ambientales, estudios geológicos, aspectos sociales, culturales y económicos que demuestran la inviabilidad de este tipo de obras, lo cual se les ha manifestado de múltiples maneras, a través de distintos medios y en diversos escenarios a los propietarios de Celsia, a quienes les pedimos que desistan de sus pretensiones de represar el rio Samaná norte, máxime que se han mostrado como abanderados de la protección del medio ambiente. A la empresa ISAGEN igualmente le solicitamos que se abstenga de construir la hidroeléctrica Palagua, pues este proyecto afecta de manera similar que Porvenir II el rio Samaná norte.

A las autoridades les recordamos que su principal reto es avanzar en procesos de ordenamiento territorial que involucren de manera integral lo ambiental, lo social y lo económico, garantizando la efectiva participación ciudadana, teniendo como eje el reconocimiento del derecho a un ambiente sano. Es decir que es necesario mantener la interacción de las comunidades, autoridades y entidades en el manejo y conservación de los ecosistemas, teniendo en cuenta que es responsabilidad de las autoridades tomar decisiones para preservarlos. A la vez manifestamos que los pobladores del oriente antioqueño venimos uniendo esfuerzos en defensa del rio Samaná norte, pues los ríos, el agua, el paisaje, el aire, los bosques, entre otros, son bienes comunes, de los cuales todos los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar y es nuestro deber proteger.

Según lo dispuesto en los artículos 1º, 58, 80 y 95 de la Constitución Política de Colombia, la protección del medioambiente prevalece frente a los derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y contratos de concesión, en las circunstancias en que esté probado que la actividad produce un daño, o cuando exista mérito para aplicar el principio de precaución para evitar un daño a los recursos naturales. En este caso declaramos que nos embarga una gran preocupación por el inminente riesgo para las comunidades y el ecosistema de la cuenca del rio Samaná norte, debido al impacto negativo para el ecosistema y las comunidades, de efectuarse los proyectos hidroeléctricos Porvenir II, Palagua y otros de este mismo tipo que se vienen tramitando sobre esta importante Cuenca Hidrográfica.

Nos alarma la existencia de incertidumbre científica, toda vez que para la otorgación de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Porvenir II se tienen estudios dentro del trámite administrativo, limitados a pequeñas áreas georreferenciadas, entre otros, en lo antropológico y biológico, no alcanzando a cubrir más del 10% del área impactada. Por otro lado tenemos que la aprobación de esta licencia se sustenta sobre estudios que no coinciden con la evidencia de campo, lo cual se demuestra con las casi tres mil solicitudes de estudio adicional hechas por la ANLA cuando aprobó esa licencia. Verificaciones de campo realizadas por expertos que han estado monitoreando este caso demuestran que en los estudios presentados por la empresa Celsia se ignora la existencia de especies animales y vegetales endémicas y en vía de extinción, que necesitan de este ecosistema para su supervivencia; además de especies de peces migratorios que se verían diezmados porque se les impide el paso a los lugares de alimentación y reproducción.

Para ilustrar la anterior consideración recordamos el estudio científico que el 18 febrero de 2017, el periódico El Espectador en su sección ambiental publicó titulado: “La bella durmiente del Samaná”, en el cual se alerta que el río Samaná, uno de los más espectaculares de Colombia, por su belleza y conservación, está en peligro por la construcción de la represa Porvenir II. En este artículo se lee:

En el cañón del Samaná hay 35 especies de reófitas, incluyendo helechos, palmas, anturios, cordoncillos y muchas otras. Al menos tres de estas especies son exclusivas de este cañón y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Una de ellas, descubierta apenas en 2009, es la Cuphea fluviatilis, una hermosa hierba de hojas pequeñas y angostas, con atractivas florecitas blancas. Una auténtica joya del río. Otra especie es una palmera pequeña y delgada, desconocida para la ciencia hasta el año pasado y cuyo territorio total sobre esta tierra es solo una franja de 15 metros de ancho en cada orilla a lo largo de 30 kilómetros. Es decir, una extensión total de apenas 90 hectáreas: menor que el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Esta palma y sus compañeras de río tardaron millones de años en evolucionar hasta convertirse en reófitas, confinadas a este pequeño rincón del planeta y adaptadas a las condiciones particulares del río. Su desaparición sería lamentable. Dejarlas extinguir sería un crimen contra la naturaleza. Y ese crimen está a punto de ocurrir… El país cometería un grave error si permitiese represar el río Samaná.

En síntesis existe un compilado de estudios que fundamentan la inviabilidad del proyecto Porvenir II mientras que el presentado por la empresa dice lo contrario. Bajo estas incertidumbres acudimos a la decisión autónoma de las regiones y municipios para decidir sobre sus territorios. En este sentido la Ley 472 de 1998 que protege los intereses colectivos reza en el artículo 25 en su literal a): “Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando”. De la misma manera la Sentencia C-123 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, que señala que en el desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades del orden nacional deberán acordar con las entidades territoriales las medidas necesarias para la protección del medio ambiente, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política.

Respecto a la vida personal y familiar de los moradores del área a ser impactada con las hidroeléctricas Porvenir II y Palagua, las maneras propias de habitar el territorio, las costumbres, el arraigo, el sentido de pertenencia, la seguridad alimentaria, así como la tranquilad, alertamos que estas se verán afectadas de manera grave e irreversible, lo cual no se tiene previsto en los estudios de impacto. Ni siquiera se han esbozado mínimos planes de mitigación, compensación o indemnización, mientras que los funcionarios de las empresas beneficiarias se empeñan en decir que las afectaciones serán mínimas, valoración que no se compadece con la realidad. Los sancarlitanos podemos hacer esta afirmación con conocimiento de causa pues las hidroeléctricas construidas en nuestro municipio sólo nos han traído desarraigo, violencia y afectaciones negativas de todo tipo. 

Además señalamos que con los proyectos hidroeléctricos previstos para esta zona se vulnera la Ley 1448 de 2011 que propende por el restablecimiento de derechos a las víctimas de la violencia. Al respecto se conoce ampliamente que los municipios de San Carlos, San Luis, Caracolí y Puerto Nare, territorios de la jurisdicción de los proyectos Porvenir II y Palagua, son áreas que están en procesos de ley 1448 de 2011, debido al gran nivel de afectación que tuvieron estos territorios y sus habitantes en sus derechos fundamentales y colectivos en medio de la violencia. Vale la pena recordar aquí que en reciente fallo de Constitucionalidad, la Honorable Corte, mediante Sentencia No. C-035 de 2016, dispone la protección de los derechos de las víctimas de la violencia por encima de los mismos Proyectos declarados de Interés Nacional.

Anotamos que la Fiscalía tiene conocimiento de la existencia de fosas comunes en esta área producto del conflicto armado que se vivió en la región.  Además, en los polígonos a intervenir por los proyectos Porvenir II y Palagua se registran casos de bienes y predios aún en espera para la restitución. De igual forma declaramos que los pobladores de la zona a intervenir hemos retornado recientemente, vulnerándose con estos proyectos nuestro derecho al retorno y la reparación integral, en un área donde más del 80 por ciento de los habitantes fuimos desplazados por la violencia entre los años 2000 y el 2006. Es decir que las víctimas que, en su mayoría hemos retornado con el respaldo de programas del Estado, otra vez seremos desplazados pero ahora a nombre del desarrollo. 

También advertimos que esta comprobado que las hidroeléctricas generan impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, causados por la descomposición de materia orgánica del área inundada. Investigaciones científicas han verificado que las represas generan grandes cantidades de oxido nitroso (N20) y metano (CH4) que son más lesivos que el CO2 en términos de calentamiento global. Por lo tanto las hidroeléctricas como fuente de emisiones son consideradas como aportantes al calentamiento global, ya que los embalses se convierten en verdaderas fábricas de estos gases que se liberan a la atmosfera.

En este caso es pertinente recordar que Colombia posee un plan de acción de adaptación y mitigación frente al cambio climático, entendiendo que el cambio climático es un reto y a la vez una oportunidad de transformar el territorio. Las proyecciones de país muestran una Colombia con 2.14 grados centígrados más de temperatura promedio en el mediano plazo. En consecuencia los cambios en el régimen de lluvias causarán retos en términos de inundaciones o sequías que cambiarán la forma en que se proyecta el territorio, el manejo del agua y las opciones productivas, lo cual tiene que ser observado con responsabilidad.

Para concluir manifestamos que en el oriente antioqueño se encuentran las centrales hidroeléctricas El Peñol-Guatapé, San Lorenzo, Punchiná, Playas, Jaguas, Calderas, Tafetanes, la Fe y Piedras Blancas, las cuales generan en conjunto 2.196 megavatios, lo cual representa una capacidad instalada del 25% del total del país. Pero, a pesar de ello, los inversionistas ven con ansias las fuentes hídrica de la región que aun no han sido concesionadas, emprendiendo infinidad de nuevos proyectos, pretendiendo atiborrar aún mas nuestro territorio con hidroeléctricas, las cuales como ya sabemos por experiencia propia deterioran de manera grave la biodiversidad, alteran el clima y el ciclo natural de las aguas, la vida comunitaria, la economía campesina y generan violencia pues el cruento conflicto armado que hemos tenido que padecer sobrevino con la ejecución anterior de este tipo obras, siendo claro para todos nosotros que la violencia en nuestro territorio ha girado en torno a la disputa por la riqueza hídrica de la zona. Por estas razones, que son subvaloradas, ignoradas o despreciadas por los inversionistas, técnicos y funcionarios al servicio de las empresas del sector eléctrico, solicitamos al Estado garantice nuestro derecho a conservar nuestras costumbres, nuestra cultura campesina, nuestro vínculo con los ríos, con la naturaleza, que nos escuche y en cambio promueva inversiones que si generen de verdad el bienestar en las comunidades.

Que quede bien claro: NO queremos que se entregue nuestro territorio, ni nuestro rio Samaná Norte para proyectos hidroeléctricos y minería metalífera a gran escala, ni ningún megaproyecto que afecte el bienestar de las comunidades campesinas que aquí habitamos.

Si bien se dice que la explotación minero-energética genera dividendos al país, es cierto que a la hora de ver la relación costo-beneficio resulta de mayor valoración darle uso de conservación a la cuenca del Samaná norte, que los dividendos económicos producidos por la entrega de este importante afluente a grupos privados. 

En correspondencia con lo anterior, a fin de que se tomen determinaciones administrativas en función de nuestros derechos, además de las solicitudes presentadas al inicio de este escrito a la ANLA, a Cornare y al gobierno nacional, pedimos a la Unidad de Restitución de Tierras se pronuncie si se ha cumplido a cabalidad con los procesos de restitución de predios y bienes que se llevan en el polígono declarado de utilidad pública para darles cabida a los proyectos hidroeléctricos Porvenir II y Palagua o si estos aun están en implementación o cual es su estado. A la Unidad de Victimas que señale el grado de satisfacción y cumplimento del proceso de restitución de derechos a la víctimas de la violencia de esta área. A la Defensoría del Pueblo Delegada para los Derechos Colectivos y el Medio Ambiente que haga una evaluación sobre los trámites ambientales presentados en las solicitudes de ocupación del territorio con estas nuevas hidroeléctricas y que se pronuncié sobre la manera somera y ligera como estos han sido presentados, lo cual aquí denunciamos.

A los ministros y autoridades que intervienen en los territorios les preguntamos el porqué si San Carlos desde la década de los años ochenta genera una cuota tan importante de energía eléctrica para el país, estamos con las vías altamente deterioradas, en tanto que la pavimentación de la carretera que se prometió como medida de reparación colectiva se quedó a medias, el puente sobre el rio San Carlos se encuentra derrumbado desde hace meses por causa de las descargas de agua de la represa Calderas y no hay quien se haga cargo de su construcción, las carreteras veredales son intransitables, el hospital está en pésimas condiciones, no hay puestos de salud en las veredas, el servicio educativo es bajo en calidad, hay muchas familias campesinas que viven en el área de influencia de la hidroeléctrica Punchiná y están sin energía eléctrica, las tarifas de la energía son costosas, las viviendas de los campesinos que habitan alrededor de la hidroeléctrica Punchiná, la más importante del país, son ranchos de tablas y plásticos y se encuentran padeciendo notoria pobreza y como si esto fuera poco, los dineros de la venta de Isagén se han desviado hacia obras de lugares distintos a las areas impactadas con las hidroeléctricas de esta empresa, obras que debía realizar el Estado dentro de sus  planes corrientes. ¿Eso es lo que se llama desarrollo producido con las hidroeléctricas? 

Al Ministerio de Minas y Energía le pedimos que nos explique porque se empeñan en atiborrar de hidroeléctricas los territorios y porqué una parte de los cuantiosos fondos producidos por las empresas del sector eléctrico no se han destinado para diseñar y promover un modelo de energías alternativas como ha debido ser, en vez de continuar dañando los ríos que son una gran riqueza nacional. El ideario energético al 2050 esbozado en el plan energético nacional señala la adopción de políticas tendientes al impulso de la energía solar, mareomotriz, eólica (marítima y terrestre), electricidad de la biomasa, de hidrogeno etc. ¿Es esto acaso un mero enunciado?

Al Gobierno colombiano lo exhortamos a que haga cumplir en el territorio de San Carlos y en general en el país la Declaratoria de las Nacionales Unidas sobre los derechos de los campesinos y pobladores rurales, en la que se les reconoce el derecho a la autogestión del territorio. Asimismo solicitamos se implementen aquí las recientes medidas estipuladas en la sentencia de la Corte Constituticional que le da protección especial al Río Atrato, haciendo lo propio con el rio Samaná norte.

Para terminar les decimos a los Congresistas que estamos en mora de que en el país se establezcan medidas legislativas que regulen el sector hidroenergético con parámetros propios, pues hasta ahora se asume con la limitada ley 56 de 1981, por lo cual, en realidad, se maneja con la homologación de las disposiciones estipuladas para el sector minero. Asimismo les solicitamos ejerzan con eficacia el control político sobre la saturación excesiva con proyectos extractivos en los territorios, los cuales ponen en alto riesgo la vida social y comunitaria de las poblaciones. 

MESAS POR LA DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO.

SAN CARLOS (ANTIOQUIA)

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