Participación política ¿instituida o instituyente? Elementos para la reflexión

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Eulalia Borja Bedoya,  Daniela Barrera Machado, Alfonso Insuasty Rodríguez

La participación deviene como un proceso fundamental para construir un proyecto de sociedad digna y en paz.

 

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De allí la importancia de analizar el proceso de participación política instituida e instituyente, a la luz de sus dinámicas e implicaciones en términos de cultura política. Lo anterior, de cara a resaltar la necesidad de fortalecer la participación instituyente y de generar poder popular, con la posibilidad de incidencia en la agenda pública y en la generación de cambios estructurales en las sociedades.

En el imaginario, el concepto de participación política se ha visto reducido y limitado a su relación con la democracia, especialmente con la de tipo representativo; dado que —en apariencia— se ha erigido en un dispositivo para legitimar las decisiones tomadas por quienes detentan y focalizan el poder, lo que refuerza una visión de poder centralizado que desconoce el poder colectivo y que reduce el ejercicio de la ciudadanía a avalar las apuestas e intereses de unos cuantos grupos que poseen poder político, económico y mediático.

Bajo esta perspectiva sobre la participación política se ha consolidado, entonces, el falso imaginario de que solo a través la democracia se genera la única “posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos políticos” (Sabucedo, 1988, p. 165). Ahora bien, según Kaase y Marsh (1979, citados por Sabucedo, 1988) existe, y se ha consolidado, la presencia de más y diversas formas de participación que superan y “desbordan los cauces legales e institucionales” (p. 165); esto nos obliga, entonces, a replantear y cuestionar las nociones o conceptos que hemos construido sobre la participación, sobre su influencia en la construcción de sujetos políticos y sobre los procesos participativos; especialmente en un contexto como el de Colombia, que transita —o pretende transitar— hacia un escenario de paz.

En la reflexión que aquí se expone pretendemos analizar el concepto de participación política, de cara a la construcción de procesos instituyentes, dando cuenta de su relación con la perspectiva instituida —estatal—; de tal forma que puedan brindarse algunos elementos para el reconocimiento de procesos organizativos, movimientos sociales y demás apuestas de poder popular no instituido, como prácticas necesarias de resignificación de lo político.

Como premisa esencial, comprendemos la participación como un proceso que implica el empoderamiento de los sujetos a través de diversos procesos sociales, políticos, de desarrollo y demás; donde los sujetos se asumen y reivindican como actores colectivos con incidencia en la vida pública de su entorno. Sin embargo, en la cotidianidad existen proyectos e intervenciones desplegadas por el Estado y sus operadores, que obturan dichos procesos, mediando las acciones y prácticas participativas que emergen de los sujetos y colectivos (Villa & Insuasty, 2015, p. 457); lo que hace necesario repensar y reformular esta noción de participación.

Un punto de partida para validar la participación que se gesta en los procesos organizativos y los movimientos sociales, en América Latina, es asumir el principio de diversidad. La diversidad, desde nuestra perspectiva, designa el reconocimiento de la diferencia, la territorialidad y autonomía de cada uno de los actores sociales que, a través de su acción participativa, inciden en la resignificación del ejercicio de lo público y lo político.

Esto es esencial, pues como lo expone Quijano, el proceso de diferenciación ejercido durante la colonización de nuestro continente, que se sustentó en la idea de raza, fue una de las estrategias y marcos simbólicos empleados para legitimar la dominación.

La posterior constitución de Europa como nueva identidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo, llevaron a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no-europeos (Quijano, 2000, p. 203).

Esto dio lugar, según el autor, a la configuración de una tendencia a reproducir ideas y prácticas en relación con la noción de superioridad e inferioridad —dominados y dominantes—, en la que se distribuyeron “los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad.

En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de la población mundial” (Quijano, 2000, p. 23). Lo anterior trascendió la idea de que solo existe un control centralizado en la economía del mercado mundial, liderado por los países del centro, y logró consolidar un dominio colonial sobre cada una de las regiones y poblaciones, en el que se impone un cierto patrón de poder: ¿Qué implicó esto? Según Quijano (2000):

Para tales regiones y poblaciones, eso implicó un proceso de re-identificación histórica, pues desde Europa les fueron atribuidas nuevas identidades geoculturales. De ese modo, después de América y de Europa, fueron establecidas África, Asia y eventualmente Oceanía. En la producción de esas nuevas identidades, la colonialidad del nuevo patrón de poder fue, sin duda, una de las más activas determinaciones. Pero las formas y el nivel de desarrollo político y cultural, más específicamente intelectual, en cada caso, jugaron también un papel de primer plano. Sin esos factores, la categoría Oriente no habría sido elaborada como la única con la dignidad suficiente para ser el Otro, aunque por definición inferior, de Occidente, sin que alguna equivalente fuera acuñada para indios o negros. Pero esta misma omisión pone al descubierto que esos otros factores actuaron también dentro del patrón racista de clasificación social universal de la población mundial (p. 209).

Esto ha derivado en grandes problemas para asumir una consciencia política que trascienda una lógica colonizada —subordinada— frente al poder; la cual nos muestra como superiores a las instituciones estatales, los partidos políticos y demás entes oficiales; mientras que relega al resto de la sociedad a una función y rol pasivo en los procesos de construcción colectiva. Es allí en donde el paso al frente que han dado los actores sociales organizados, los movimientos sociales y demás, cobra gran valor y se convierte en referente para la superación de estas ideas-prácticas, pues se generan escenarios de disputa de intereses políticos, en los cuales los sujetos, los colectivos y sus apuestas no tienen una posición de inferioridad respecto a la posición de la institucionalidad, el Estado y demás.

LEER ARTICULO COMPLETO EN REVISTA RATIO JURIS VOL12 - N42: CLIK AQUÍ

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