El interés privado no puede superponerse al interés general. -Segundo Informe Sala de Crisis Social Hidroituango-

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Sala de Crisis Social - REDIPAZ -

Frente a los impactos sociales causados se evidencian efectos negativos no valorados y que abarcan vidas, la salud, la estabilidad socioeconómica, la subsistencia de las comunidades que dependen de los ambientes de los ríos afectados por las represas - Segundo Informe Sala de Crisis Social presentado en el Debate de control político en el Concejo de Medellín el pasado 24 de julio de 2018-

 

 

 

EL INTERÉS PRIVADO NO PUEDE SUPERPONERSE AL INTERÉS GENERAL Y MENOS, VESTIRSE DE SU DISCURSO.

Segundo informe, Sala de Crisis Social – Hidroituango.

 

debate hidroituango concejo medellin

SALA DE CRISIS SOCIAL, HIDROITUANGO.

RED INTERUNIVERSITARIA POR LA PAZ -REDIPAZ-

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y EDITORIAL KAVILANDO

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN.

2018.

Por:

David Sánchez Calle[i],

Alfonso Insuasty Rodríguez[ii],

Astrid Osorio[iii],

José Fernando Valencia Grajales[iv],

Daniela Barrera Machado[v],

Daniela Londoño Diaz[vi],

Eulalia Borja Bedoya[vii].

Medellín (Colombia)

24 de julio de 2018.

 

Contenido

EL INTERÉS PRIVADO NO PUEDE SUPERPONERSE AL INTERÉS GENERAL Y MENOS, VESTIRSE DE SU DISCURSO. 

Segundo informe, Sala de Crisis Social – Hidroituango. 

EL INTERÉS PRIVADO NO PUEDE SUPERPONERSE AL INTERÉS GENERAL Y MENOS, VESTIRSE DE SU DISCURSO. 

Segundo informe, Sala de Crisis Social – Hidroituango. 

TABLA DE CONTENIDO. 

Presentación. 

Algunos Estudios sobre daños que causan las represas. 

La voz de las comunidades. 

La responsabilidad que le cabe al proyecto Hidroituango. 

Recomendaciones. 

A modo de conclusión, reflexión abierta. 1

Referencias

Anexos

 

 Presentación.

Bajo la coordinación de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, y con la participación de diferentes organizaciones sociales de habitantes y trabajadores de la zona de impacto de Hidroituango, acompañados por Sindicatos, Universidades, ONGs, medios de comunicación alternativos y personas naturales, se conformó en Medellín la Sala de Crisis Social, para brindar atención a los afectados por la emergencia ocurrida en la Central Hidroituango.

La conformación de esta Sala de Crisis Social fue iniciativa de la concejal del Polo Democrático Alternativo, Luz María Múnera Medina, quien ha insistido en la atención humanitaria urgente que requieren TODAS las comunidades afectadas por la emergencia, tanto aguas abajo como aguas arriba del proyecto.

Ahora, luego de dos comisiones accidentales, de tres visitas a territorio, de una constante comunicación con líderes y lideresas, se logró abrir un primer debate en el Concejo de Medellín sobre este importante tema de ciudad, región y país.

Se espera elevar este debate al orden nacional en tanto se constituye en caso tipo sobre un tema de interés nacional, la generación sustentable de energía, el cuidado del patrimonio público, y la ética como guía en todas las tomas de decisiones.

Se construye así, este segundo informe (Calle Sanchez, Insuasty Rodriguez, Osorio, Barrera Machado, & Bedoya Borja, 2018), socializado en dicho debate público realizado el 24 de julio de 2018 en el recinto del concejo de Medellín.

Algunos Estudios sobre daños que causan las represas.

Las represas no son Mecanismos de Desarrollo Limpio y causan graves daños socioambientales, como lo demuestran los siguientes estudios e informes, entre los que se destacan, la emisión de gases de efecto invernadero, la destrucción de ecosistemas y biomas importantes que garantizan los ciclos de vida, el desplazamiento forzado de comunidades como las indígenas, campesinas, pescadores y mineros artesanales y afrodescendientes, la pérdida de fuentes de alimentación y la seguridad alimentaria, la violación de los Derechos Humanos de la población y el derecho a un ambiente sano y la negación de la participación pública y el acceso a la información.

La Comisión Mundial de Represas (Comisión Mundial de Represas, 2000), estudio de Emisiones de gases de efecto invernadero de las presas tropicales 2012 (Philip M. & Salvador , 2012); Universidad Nacional a Distancia de España (Uned) (UNED, 2016) Energía y Desarrollo Sostenible – declaración de Curitiva 1997 (Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, 1997); Informe Equipo de investigadores canadienses Publicado en el año 20002 (McCully, 2004); ¿Deberíamos construir más grandes represas? Los costos reales del desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos (Oxford 2017) (Atif, Flyvbjerg, Budzier, & Lunn, 2014) Amigos de la tierra 1973; las políticas Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil de reasentamiento para grandes proyectos de desarrollo del Banco Mundial, en junio de 2014 (Figueroa Gutarra, 2016), Asoquimbo y tierra digna (Dussan Calderón, El Río Magdalena debe ser incluido en el sistema internacional de Ríos protegidos, 2013) y estudios sobre la represa El Quimbo, Colombia 2017 (Dussan Calderón, El Quimbo: Extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia, 2017).

Frente a los impactos sociales causados se evidencian efectos negativos no valorados y que abarcan vidas, la salud, la estabilidad socioeconómica, la subsistencia de las comunidades que dependen de los ambientes de los ríos afectados por las represas, se estima entre 40 y 80 millones de personas desplazadas por estos proyectos.

La persona que dependen de la irrigación de los ríos ya sea por la pesca, cultivos, se añada en el caso colombiano el barequeo, han visto sus medios de subsistencia afectados o anulados, lo peor es que muchos de los desplazados no fueron ni siquiera reconocidos, reasentados o indemnizados.

Los que recibieron indemnización ésta, con frecuencia, no fue suficiente.

Los que fueron reasentados rara vez se les restituyeron sus medios de subsistencia en tanto se centraron en un traslado físico, pero no en la reactivación económica y social.

Se estima la relación a mayor número de afectados, menor la restauración de sus vidas.

Esto se debe ante las fallas enormes a la hora de planear adecuadamente la valoración de los daños ocasionados.

Se demostró, además, una falta de compromiso generalizado, o una falta de capacidad, para hacer frente al desplazamiento de población.

Agrega el informe la dificultada en valorar los daños y efectos al patrimonio cultural debido a la pérdida de los recursos culturales de las comunidades locales, así como el sumergimiento y degradación de monumentos arqueológicos y cementerios.

Aumenta el grado de sufrimiento de la población pobres, grupos vulnerables

Disminuye la esperanza de un mejor vivir para las generaciones futuras.

Suelen se desproporcionados los costos sociales y ambientales que no retornan o se compensan con los beneficios que trae la presa.

Pero panorama para los grupos indígenas y las minorías étnicas vulnerables que sufren de modo desproporcionado los impactos negativos en sus medios de subsistencia, cultura y espiritualidad.

Se evidencia que las mujeres soportan también, con mayor frecuencia, un mayor sufrimiento.

El deterioro de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas, debido a que el bloqueo de los flujos naturales causa aumentos en la sedimentación, con acumulación de nutrientes y organismos que incitan la proliferación de algas que pueden llegar a cubrir la superficie del embalse e inutilizar su agua para el consumo doméstico e industrial, e incluso generando contaminación con sustancias o bacterias tóxicas, presencia de insectos y numerosas enfermedades que pueden suponer una amenaza para la salud pública.

Degradación de los ecosistemas acuáticos, de hecho, las grandes represas son la principal causa física de ésta degradación.

Impactos sobre la biodiversidad, por ejemplo, afectaciones a especies de peces migratorios son muy graves por la construcción de grandes represas en sus hábitats, debido a que estas

Impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases efecto invernadero causados por la descomposición de materia orgánica inundada por la obra. Los investigadores Fearnside y Pueyo han señalado que el aporte de las hidroeléctricas tropicales al calentamiento global debe incluirse en cuentas nacionales. Asimismo, el cambio climático podría impactar la seguridad y productividad de las represas por cambios drásticos en precipitaciones y sequías. una de las principales causas directas e indirectas de pérdida de millones de hectáreas de bosques, muchas de ellas abandonadas bajo el agua y en descomposición. De ahí que todas las represas emiten gases de efecto invernadero que aportan al calentamiento global por la descomposición y putrefacción de la biomasa que emite grandes volúmenes de dióxido de carbono y de metano (CH4), los dos gases del efecto invernadero más dañinos. Por otro lado, el río también va arrastrando más sedimentos orgánicos al embalse, aumentando la biomasa en putrefacción. Las emisiones brutas de los embalses pueden representar entre el 1 y el 28 por ciento del potencial de calentamiento global de las emisiones de gases de efecto invernadero Fearnside, Philip M. y Pueyo, Salvador Pueyo (June 2012)

Efectos sísmicos que las grandes represas y los embalses pueden producir por la alta presión del agua del embalse, lo cual puede lubricar las fallas tectónicas y reducir el rozamiento entre las superficies de las rocas subterráneas.

Nada de esto se compensa a la hora de participar de los beneficios.

Más concretamente, al no considerarse adecuadamente estos impactos, ni cumplirse los compromisos adquiridos, se ha producido el empobrecimiento y sufrimiento de millones de personas, dando lugar a que las comunidades afectadas de todo el mundo muestren una oposición creciente a las represas.

Se afecta la equidad social, la inclusión.

las grandes represas tardan mucho tiempo en ser construidas, lo que dificulta la obtención de retornos positivos y ajustados al riesgo de estas, a menos que puedan implementarse, de manera económica y aplicando medidas de control de riesgo. Particularmente a los países en desarrollo, recomiendan que, como política pública, se prefieran alternativas de energía más ágiles que puedan ser construidas más rápidamente. Esta conclusión fue alcanzada sin llegar a considerar los enormes impactos socioambientales causados por las grandes represas”. Respecto de los sobrecostos, se hicieron las siguientes observaciones: • Tres de cada cuatro represas costaron más de lo presupuestado. • Los costos reales fueron en promedio 96% mayores que los costos estimados. • Los sobrecostos se dieron sistemáticamente respecto de grandes represas construidas en todas las regiones del mundo

“La CMR llegó a la conclusión de que el "fin" que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa socialmente y ambientalmente sustentable. Si la construcción de una gran represa es el mejor modo de alcanzar este objetivo, merece ser apoyada. Cuando otras opciones son una mejor alternativa, ellas deberían ser favorecidas, y no las grandes represas. (Comisión Mundial de Represas, 2000)

¿Cuáles son los criterios entonces para tomar decisiones antes durante y después de estas obras?

La voz de las comunidades.

 

“Lo que la guerra no hizo por más de 50 años EPM lo hizo”

Ahora bien, ante la confusión de los datos, su imprecisión, los reclamos de las poblaciones la Sala de Crisis realizó recorridos en la zona, hablo con los y las líderes, estableció un canal de comunicación directo y permanente para hacerse a información más certera sobre la situación misma de las comunidades afectadas por las fallas técnicas en el llenado de la hidroeléctrica Hidroituango, En este proceso a la fecha, se ha logrado identificar que:

Impacto social.

Encontramos comunidades sin una atención suficiente que equipare el daño causado a sus vidas, sus proyectos de vida individual, familiar y colectivos, afectaciones todas, derivadas de las fallas técnicas de este Presa. Aun siguen los albergues.

Aguas arriba hay personas que no han sido atendidos aún y muchos están en el casco urbano de Ituango sin atención. Asi mismo se ha advertido la aparición de grietas en las montañas, pero que no han sido escuchadas.

Las comunidades indígenas siguen afectadas, y su insuficiente atención no ha tenido la atención diferenciada que merecen.

Las comunidades padecen aún impactos en la vida cotidiana, en la tranquilidad de sus familias, la estabilidad emocional de sus hijos, adultos mayores, mujeres en embarazo.

El estudio de los niños se ha visto afectado en gran medida, la atención en salud también se ha visto afectada.

Impacto económico.

La parálisis económica de la región es generalizada, no es posible realizar labores remuneradas, ni actividad comercial, ni pesca, barequeo, cultivos, por ende, no hay dinero para comprar enceres, no hay forma de producir en economías legales y esto puede generar un estallido social o un giro hacia economías ilegales que hagan perdurar la guerra en estos territorios.

La contingencia y el represamiento llevó a una disminución en ventas, incremento de fletes en carga seca, cárnicos, alimento en cadena de frío. Disminuyó la actividad hotelera, abarrotes, cantinas, discotecas, ferreterías, entre otras.

Se suma la pérdida de animales de compañía, de cría, cultivos –arroz, maracuyá, papaya, aguacata, plátano, pérdidas que deben ser estimadas por los días transcurridos, ente otros productos agricolas.

Los transportadores del municipio sufren crisis por no tener trabajo y la afección es aún más grave ya que se han incrementado sus gastos de viaje y viáticos gastos en parqueaderos y ayudantes y las empresas proveedoras o de ventas no mandan sus vendedores y al no hacerlo no hay despacho de mercancías hasta tanto no se normalice el paso.

Las afectaciones son de mayor impacto par a los niños niñas, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores, personas con movilidad reducida quienes requieren atención especial.

Limitantes serias para la libre movilidad.

Programas de gobierno en la región y seguridad.

Hoy no cuentan los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, una suerte de Estado suspendido, en espera de que se reordene todo el territorio afectado, los lineamiento dados por los acuerdos de paz podrían ser una herramienta útil para dicho reordenamiento.

Se suspendieron los programas de apoyo al campo y de sustitución de cultivos de uso ilícito lo que complejiza más la situación.

Esta población ha sido sujeto de múltiples vulneraciones, unas por el abandono del Estado, el impacto del conflicto armado y ahora sufren una re-victimización, son comunidades afectadas por los Mega-proyectos lo que les pone en condiciones de especial atención.

Existe la posibilidad de que se presente un éxodo paulatino de población afectada a Medellín.

En las actuales condiciones, y una vez se anuncie la posible superación de la crisis, es claro que el nivel de riesgo para la población seguirá siendo alto, así que, volver a la zona no será garantía de que sus vidas estén a salvo y su estabilidad se verá afectada, en tanto la zozobra acompañará a estas comunidades de manera permanente.

Hoy en la región se vive una situación complicada de seguridad en tanto la confrontación y presencia de grupos armados, el asesinato de líderes, amenazas, etc, intimada a la población.

Afectaciones a la Salud Mental de la población:

De acuerdo con lo planteado en la (Ley Salud Mental , 2013), la salud mental se define como un estado dinámico de bienestar que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.

Cuando la cotidianidad de los sujetos se ve trastocada por acontecimientos que generan una reconfiguración en las prácticas, las relaciones y las emociones, como lo que generó el proyecto Hidroeléctrico Hidroituango, la salud mental también se ve afectada, lo que impacta sobre una serie de dimensiones que involucran la convivencia social, las actividades laborales y el trabajo, las relaciones familiares y sociales, entre otras (Organización Panamericana de la Salud, 2002); situación que se exacerba y complejiza cuando no se recibe el debido acompañamiento al cual tienen derecho los sujetos, lo que puede derivar en alteraciones significativas a nivel cognitivo, afectivo y comportamental, que impliquen incluso trastornos mentales, con costos elevados tantos para los sujetos como para el sistema de salud.

En el caso concreto de las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango, ya es posible identificar una serie de afectaciones que deben ser reconocidas y acompañadas adecuadamente, algunas de estas incluyen:

  • A nivel emocional: niveles elevados de ansiedad y miedo frente a los riesgos actuales, al devenir futuro y a las condiciones de seguridad, así como tristeza debido a las pérdidas vividas y las que se podrían experimentar; ira frente a las condiciones socioeconómicas del territorio, las familiares y las propias; e indignación debido al trato recibido y las condiciones en las que se encuentran las comunidades en el momento. Estas emociones se manifiestan a nivel fisiológico y pueden redundar incluso en alteraciones físicas.
  • A nivel cognitivo: rumiación y preguntas constantes frente al futuro y pensamientos catastróficos.
  • A nivel comportamental: comportamientos agresivos en las relaciones cotidianas, activado también por las condiciones de hacinamiento
  • A nivel psicosocial y cultural: Cuestionamientos identitarios en los sujetos, alteraciones de los vínculos y las interacciones cotidianas e interrupción en algunas de las prácticas culturales.
  • A nivel político: Producto de la situación de seguridad que se vive en el territorio local y a nivel nacional, se genera una desactivación de los liderazgos sociales y de las acciones políticas.

Estas son solo algunas de las afectaciones y vale la pena aclarar que son reacciones normales antes situaciones anormales (Organización Panamericana de la Salud, 2002), lo que subraya una vez más la necesidad del acompañamiento de cara a generar condiciones protectoras que prevengan mayores impactos sobre la salud mental y la convivencia social.

 

La responsabilidad que le cabe al proyecto Hidroituango

La responsabilidad que le cabe al proyecto Hidroituango, son de carácter, penal, fiscal, disciplinario, civil extracontractual y por el detrimento patrimonial que se ha generado en contra de la empresa misma.

Para comenzar, en lo referente a la responsabilidad civil extracontractual que le cabe a la empresa, se funda en un hecho simple, y es que es la empresa, la que genero el daño y por tanto es esta la obligada a pagar, para aclarar el asunto, hagamos un símil. Cuando un conductor atropella a un transeúnte, el conductor está obligado a prestarle los primeros auxilios, y a llevarlo al hospital y a tener su seguro de accidentes al día para pagar los daños que se ocasionaron en ese momento. Es decir, cuando Hidroituango Genera el Daño, ella tiene que salir a responder por los daños causados y en ningún caso se puede entender que es ayuda humanitaria o que es porque la empresa siendo solidaria le va ayudar, no nada más equivocado, lo que en realidad ocurre es que la empresa está obligada a responder, no sus buenos oficio, sino por su negligencia.

Ahora bien y continuando con el ejemplo del accidente de tránsito, al pasar unos meses o unos años, usted conductor se le van a venir encima dos investigaciones una penal, por los daños culposos y la civil para resarcir los daños y si el vehículo era del municipio hasta una demanda administrativa. Pero esta vez la demanda es por los daños que a futuro generaron, es decir, si quedo inválido, si quedo con daños en el cuerpo permanente y otros, usted tendrá que pagar por dichos daños de forma obligatoria, para resarcir de forma definitiva. Eso mismo es lo que se le vendrá al proyecto Hidroituango, demandas por responsabilidad civil extracontractual, a través de la figura de la acción de reparación directa, ante el contencioso administrativo como lo ordena la ley 1437 de 2011, en su artículo 104 donde informa que es esta jurisdicción, la encargada de dichas demandas, cuando hay 50% de acciones o capital estatal. También es posible referirse a las acciones de grupo, pero debido a las dificultades que estas acciones entrañan por las dificultades de la norma y la falta del uso de los poderes oficiosos del juez, sumado a que se requiere poner de acuerdo por lo menos a 20 demandantes, no se hace recomendable.

Desde el punto de vista disciplinario resalta mucho la atención, el cómo cuando el concejal Guerra armo un escándalo frente a las VIP, y de forma inmediata el COPNIA salió, investigo y sanciono a los ingenieros y arquitectos, pero frente al hecho de las responsabilidades disciplinarias nacidas de la ética profesional, misteriosamente dicha entidad no se ha pronunciado. A hora bien esa misma labor la realizaría la procuraduría general de la república en razón a su competencia preferente, pero sobre esto tampoco sean dado los primeros pasos sobre la responsabilidad, que ya no solo es ética, sino que es disciplinaria en términos del manejar dineros públicos, prestar servicios públicos o pertenecer a una empresa pública.

Se presenta igualmente responsabilidades de tipo penal, porque en el fondo la empresa, aún no ha resuelto los interrogantes frente los daños patrimoniales, económicos y culturales que de forma culposa se ocasionaron o incluso frente a la posibilidad de responder por el intento de homicidio preterintencional contra la población rivereña. Adicionalmente se presentan otras responsabilidades de carácter fiscal, el cual se presenta ante el detrimento patrimonial, tanto de las acciones, como por el riesgo creado con las malas decisiones de la empresa y que se deben exigir entre contratante y contratistas, frente a las obras que se delegaron.

Ahora bien, es necesario entender que en caso tal que la empresa pierda las demandas que le interponga la comunidad y luego de las sentencias deba pagar, la empresa queda con la posibilidad de ir en un proceso de acción de repetición en contra de los ingenieros y funcionarios que cometieron los errores. Y sobre esto hay que será una claridad final y es que los ingenieros tiene dentro de su oficio la obligación de resultados y no de medios, es decir no son como los abogados o médicos que están en la obligación de poner su conocimiento y pericia, pero no está en manos de dichos profesionales el resultado, caso distinto con el ingeniero a quien se cree que por ser una ciencia matemática y ser precisa, no hay margen de error, y por tanto no se da la obligación de medios sino de resultado, ósea usted promete una casa con determinadas especificaciones y es esa y no otra cosa la que se espera de él. Por eso el proceso de repetición es contra el funcionario ingeniero que la embarro o el político que tomo una mala decisión que genero un detrimento.

Ahora bien, dicha obligación se funda en que un proyecto que tiene más de 20 años en proyección y estudios no da margen de errores para cometer equivocaciones, a lo que se suma que se debieron extremar los estudios, luego que el estudio inicial de la Nacional no dio un buen concepto para hacerlo.

 

Recomendaciones

Exigir una revisión de los procedimientos y reglamentos actuales relativos a los proyectos de represas.

Construir mecanismo que permitan la identificación y verificación de las personas afectadas. Garantizando que todos y cada uno reciban atención integral, digna y diferenciada. Y que ninguna persona afectada quede por fuera de los censos que le permita acceder a sus derechos en medio de esta situación.

Establecer instrumentos que permitan dar cuenta de las pérdidas materiales y simbólicas de la comunidad, y que con base en ello se establezcan mecanismos para la indemnización.

Conformar un comité multisectorial que permita evaluar las condiciones de las comunidades para el corto, mediano y largo plazo, en el cual se estudie y discuta la viabilidad y seguridad de las comunidades ante un eventual levantamiento de la emergencia. Así como el desarrollo de una consulta a las comunidades que permita conocer su posición en relación a un posible reasentamiento.

Es urgente implementar medidas de recuperación económica de las regiones afectadas y protocolos de manutención a los pobladores, comerciantes, propietarios, arrendatarios y residentes en general.

Iniciar paralelamente las investigaciones pertinentes, que permitan esclarecer la cuestiones que ocasionaron la emergencia, así como la determinación de responsables, con los respectivos procesos de sanción e indemnización a que haya lugar.

Establecer mecanismos idóneos que garanticen la participación de las comunidades en la toma decisiones para la planeación, diseño y ejecución de mega proyectos y ahora, para reordenar el territorio afectado.

El daño ya está hecho, es claro que los diversos planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo tendrán que ser reelaborados, para ello sugerimos directrices y política que articulen lo nacional, lo departamental y municipal garantizando una recuperación de la región a mediano y largo plazo.

Queda establecer el cómo se va a cubrir las indemnizaciones, los costos de los daños, los sobrecostos, las consecuencias para las finanzas nacionales, departamentales y municipales para Medellín, qué va a pasar con EPM, como van a responder los socios, inversionistas, los fondos que posibilitaron el crédito del BID, la banca internacional, entre otros.

Es este proceso que sabemos será de largo plazo, la sociedad, los medios, las instituciones, la academia deberá jugar un papel de primer orden.

A modo de conclusión, reflexión abierta.

Si bien, la implementación de proyectos de este tipo puede sostenerse sobre las premisas de prosperidad, bien común y beneficios compartidos, las actividades desarrollistas en la región han probado que en su ejecución se realizan a expensas de los derechos de las personas donde los proyectos se realizan, el impacto recae en forma desproporcionada en las comunidades que el Estado tenía la obligación de proteger (Comunidades Indígenas Mayas del distrito de Toledo, 2004). De ahí que sea necesario identificar y distinguir las obligaciones del Estado y particulares (estos es empresas) en el marco de la realización del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, y de los múltiples factores que generaron la emergencia que ha suspendido el proyecto de vida de niños, niñas, mujeres, hombres, campesinos, indígenas, afros, personas mayores y personas en condición de discapacidad.

Informes a la Comisión Interamericana, así como casos y audiencias temáticas han indicado que proyectos de desarrollo en países como Brasil, Ecuador, Colombia, Guatemala y Surinam vulneran derechos humanos de comunidades pobres y en condición de vulnerabilidad como son: comunidades indígenas, afros y campesinas.

Informes de órganos internacionales, así como sentencias de la Corte Constitucional señalan que la realización de este tipo de proyectos genera efectos e impactos humanos, sociales, culturales y ambientales. Así lo han establecido informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016), sentencias de la Corte Interamericana de y de la Corte Constitucional (T-135 2013) y, paradójicamente investigaciones realizadas por el Banco Mundial (1996; 2003: 2015). Hallazgos comunes de estos documentos refieren como unas problemáticas constantes, (i) la ausencia de una adecuada supervisión a las actividades que componen el proyecto y a sus responsables. Además, revelan (ii) la escasez de mecanismos para prevenir violaciones a derechos humanos, así como (iii) las dificultades de las víctimas para acceder a la justicia y a ser reparadas adecuadamente.

Al respecto, hay dos obligaciones de carácter internacional que no solo tienen plena vigencia en la caso que nos convoca hoy, sino que además tienen carácter vinculante y son las obligaciones de respeto y garantía, y se relacionan con los derechos humanos que se ven impactados por la implementación de este tipo de proyectos como son el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la consulta, al consentimiento, a la identidad cultural, a la información y a la participación. Así como los derechos de la naturaleza, hoy reconocida como sujeto de derechos por parte de la Corte Constitucional (Principio de precaución Ambiental y su aplicacion para proteger el derecho a la salud de las personas, 2016).

En ese sentido, son diversos los deberes que surgen en el desarrollo de esta megaobra y el Estado en sus distintos niveles adquiere responsabilidades. Lo mismo ocurre con las empresas privadas, no tendría sentido pues, sostener, que la obligación de respetar y garantizar el ejercicio libre y pleno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución concentran su atención en el Estado y dejará por fuera las empresas.

Algunos de los deberes que se pueden identificar de manera general son:

  1. El Deber de prevenir violaciones a derechos humanos
  2. Supervisar y fiscalizar las actividades desarrollistas
  3. Garantizar mecanismos de participación efectiva de las comunidades
  4. Garantizar el acceso a la justicia, la sanción de los responsables y una adecuada reparación.

 

Respecto del deber de prevención: este se relaciona con la identificación previa y el seguimiento de los derechos y las comunidades que pueden verse afectadas, incluyendo aquellas que se auto reconocen o identifican como afectadas. Esto debió realizarse, antes de la autorización y entrega de permisos para el proyecto, durante la implementación del proyecto. Y ahora, en el marco de la emergencia.

Como un aspecto fundamental de la obligación de prevención, está la de garantizar procesos adecuados para promover el derecho a la participación y el acceso a la información; ambos derechos adquieren una connotación privilegiada en el marco de la emergencia.

Respecto a la obligación de supervisar, que guarda estrecha relación con el deber de prevención. La Corte Constitucional ha afirmado que, al ejecutar un megaproyecto, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una región afectada, se encuentra en un verdadero estado de indefensión frente al empresario o dueño del proyecto (Obras de desarrollo y progreso frente a la protección de derechos fundamentales de las personas, 2013).

De ahí que, cobre particular relevancia que el Estado actué con la debida diligencia y logré un “justo equilibrio entre los intereses contrapuestos de la persona, de los de la comunidad en su conjunto” (López Ostra vs. España (Solicitud n. ° 16798/90), 1994) y los de la empresa y el proyecto.

El deber de supervisión tiene varios niveles, y con ello varios responsables, de modo, que el nivel nacional, pese a no tener participación económica en el proyecto, adquiere obligaciones de carácter internacional, que derivan unas competencias centralizadas y descentralizadas en relación a aquellas y demandan del estado actuar con debida diligencia, sobre todo cuando ciertos hechos ilícitos no necesariamente se imputen al Estado como consecuencia de su acción, sino de una omisión, por ejemplo el de supervisión. Es decir, cuando las autoridades estatales sabían o debían haber sabido de la existencia de un riesgo y las mismas no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podrían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo.

 

En ese sentido, es necesario descentralizar el debate en razón a EPM, y ampliarlo a las empresas privadas. Es necesario que a todos los actores se les identifique, que la empresa privada sea requerida, evaluada y supervisada y que sus acciones sean ponderadas, delimitadas, evaluadas y si es el caso sancionadas. De otro modo, se estaría generando un entorno permisivo para actos ilícitos y abusos de poder por parte de empresas, frente a lo cual no se ha llegado a sanciones ni reparaciones adecuadas. En el mismo sentido, se requiere la identificación del nivel de involucramiento de los entes estatales en el proyecto, en razón de sus obligaciones y competencias estableciendo las eventuales responsabilidades a que haya lugar (Figueroa Gutarra, 2016).

Para finalizar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se refiere a los daños que puede causar una acción, y lo hago a modo como reflexión y de petición, sobre las comunidades e individuos que no están en el censo de afectados por la represa: “Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos”.

El progreso no puede tener un peso tal que condicione o subordine valores fundamentales de un Estado Social de Derecho, en el que la persona ocupa un lugar central (Conferencia Mundial de derechos humanos. Declaración y programa de acción de Viena, 1993). Los derechos humanos no pueden ser vistos como un obstáculo para el desarrollo económico, el efectivo y pleno goce de los derechos humanos son el fin de cualquier emprendimiento del Estado. Sin embargo, lamentablemente, la referencia del desarrollo como premisa para favorecer la explotación de recursos, presentan bajos niveles de desarrollo humano, y son las comunidades vulnerables y pobres quien asumen los costos sociales del proyecto, y terminan más empobrecidas, desplazadas e invisibilizadas, las cifras de desarrollo económico son casi ****.

 

ANEXO:

DEBATE DE CONTROL POLITICO CASO HIDROITUANGO, CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN. 24.07.2018

 

INTEVENCIÓN DE LA CONCEJAL CITANTE DE ÉSTE DEBATE, LUZ MARÍA MÚNERA 

 

INTERVENCIÓN REDIPAZ . ALFONSO INSUASTY RODRIGUEZ, DOCENTE INVESTIGADOR UNIVERSITARIO

 

 

Referencias Bibliográficas.

Atif, A., Flyvbjerg, B., Budzier, A., & Lunn, D. (2014). Should we build more large dams? The actual costs of hydropower megaproject development. Energy Policy, 69, 43-56. Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513010926

Borja Bedoya , E., Barrera Machado, D., & Insuasty Rodriguez, A. (2017). Participacion política ¿Instituida o instituyente?. Elementos para la reflexión. Ratio Juris, 12(24), 251-268. Obtenido de http://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/387/409

Calle Sanchez, D., Insuasty Rodriguez, A., Osorio, A., Barrera Machado, D., & Bedoya Borja, E. (mayo de 2018). Lo que no hizo la guerra en 50 años, lo hizo Hidroituango en 15 días. Informe 01 Sala de Crisis Social. Obtenido de Kavilando: http://kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/6237-informe-de-sala-de-crisis-ante-comision-accidental-hidroituango

Comisión Mundial de Represas. (2000). Un nuevo marco para la toma de decisiones. Obtenido de adivima: http://.org.gt/archivos/Informe%20Comision%20Mundial%20de%20Represas%202000.pdf

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Notas.

[i] Politólogo, investigador grupo Kavilando. Integrante REDIPAZ

[ii] Docente investigador, Universidad de San Buenaventura, integrante REDIPAZ

[iii] Docente investigadora, Universidad de Antioquia, integrante de REDIPAZ.

[iv] Docente investigador, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín. Integrante de REDIPAZ

[v] Docente investigadora, Universidad de San Buenaventura, Medellín. Grupo Kavilando. Integrante de REDIPAZ

[vi] Joven Investigadora, Universidad de San Buenaventura, Medellín.

[vii] Investigadora Grupo Kavilando, coeditora Revista Kavilando. Medellín.

 

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