Comunidades piden decretar la Legalidad de los Acuerdos Municipales aprobados por los Concejos de San Agustín, Pitalito y Altamira que prohibieron las represas

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Asoquimbo

La próxima audiencia que definirá sobre la "legalidad" del acuerdo 036 de 2018 expedido por el concejo de Pitalito, será el 20 de septiembre, a las 9 de la mañana en el Juzgado Séptimo Administrativo en la Ciudad de Neiva.

 

 

QUIMBO REPRESAS

El 27 de julio de 2010 a partir de las 9 de la mañana, en el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, sala quinta, se realizó la Audiencia Pública inicial regulada en el artículo 180 del CPACA, como consecuencia de la demanda interpuesta por la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía , contra los municipios de San Agustín, Altamira y Pitalito.

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo solicitó al Juzgado Séptimo Administrativo Sala Quinta Oralidad de Neiva decretar la Legalidad de los Acuerdos Municipales aprobados por los Concejos de San Agustín, Pitalito y Altamira que prohibieron las represas, explotación petrolera y minera a mediana y gran escala para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los entes territoriales y que fueron demandados por parte de la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas contra lo establecido en la Constitución Política de Colombia.

En esta diligencia, por petición de los abogados Franki Alexander Vega (Altamira) Camila Francesca Garces (San Agustin) y Jesús Eduardo Castro (Concejo de Pitalito) se vincularon como partes dentro del proceso los Concejos Municipales de los municipios de San Agustín, Altamira y Pitalito, a quienes se les reconoce como sujetos procesales para responder la demanda y la medida cautelar que suspendió los acuerdos municipales que prohíben dentro del territorio la construcción de represas, microcentrales, la explotacion petrolera y explotación minera a mediana y gran escala.

Asistieron a la Audiencia como coadyuvantes independientes el Investigador, presidente de Asoquimbo y profesor de la Universidad Surcolombiana Miller Dussan Calderón, la abogada Katherine Rodríguez; y el abogado y catedrático de la Universidad Surcolombiana y coordinador del consultorio Jurídico de la USCO Oscar Javier Reyes.

El Movimiento Ciudadano de Pitalito y ASOQUIMBO acompañaron a los sujetos procesales   durante la audiencia.

Además estuvieron presentes comunicadores sociales y periodistas de distintos medios , estudiantes de la USCO y organizaciones y cuidadanos interesados en la defensa del territorio.

La próxima audiencia que definirá sobre la "legalidad" del acuerdo 036 de 2018 expedido por el concejo de Pitalito, será el 20 de septiembre, a las 9 de la mañana en el Juzgado Séptimo Administrativo en la Ciudad de Neiva.

Esperamos la asistencia masiva de Organizaciones y ciudadania en general para brindar el apoyo a este acuerdo manifestando nuestro verdadero compromiso con el municipio de Pitalito y el Sur del Huila.

Vale recordar que el Ministerio de Minas demandó los acuerdos municipales que prohíben actividades extractivas para proteger el patrimonio ecológico.

Es así que, el viceministro de Minas, Carlos Cante, en entrevista concedida al Periódico La Nación Huila anunció que “por lo menos seis de los acuerdos municipales que se han expedido en el departamento del Huila, ya hemos procedido a demandarlos como corresponde, por extralimitación de funciones de los concejales; el de Neiva, apenas debe estar en proceso de sanción, pero una vez esté, nuestra obligación es sancionarlo”.

Mediante los Acuerdos Municipales se decidió que para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural se prohiben las represas, fracking y la minería, en particular, la de metálicos y la de mediana y gran escala de los otros minerales debido a que técnicamente está demostrado que es altamente destructiva del entorno ambiental y social y por ende es necesario adoptar medidas en defensa de dicho patrimonio, como lo señaló expresamente la Corte en la Sentencia T-445/16, al precisar en el artículo 2 que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

El Ministerio de Minas desconoce la competencia de los municipios en defensa del patrimonio ecológico y cultural, previsto en el numeral 9 del art. 313 de la Constitución Política y consagrado en el art. 65 de la Ley 99 de 1993, numeral 2.

En la sustentación de los Acuerdos se advierte que “ninguna disposición legal señala que para dar aplicación al num. 9 del artículo 313 de la C.P. se requiera reglamentar los usos del suelo (esa es otra facultad), ni concertar con autoridades ambientales, ni contar con estudios técnicos particulares, entre otras cosas, por cuanto ya existen innumerables estudios que han demostrado que las actividades mineras afectan de manera grave e irreversible la estructura ecológica principal, en sus componentes de suelo, agua, biodiversidad, paisaje, e inciden negativamente en el cambio climático y en la generación de riesgos, tanto a las vidas humanas, como a la infraestructura vial y de servicios públicos de los municipios, tal y como ha quedado evidenciado en los cuatro libros de la Serie Minería en Colombia, publicados entre 2013 y 2014 por la Contraloría General de la República, en las investigaciones adelantadas por PAX Colombia, “El Lado oscuro del Carbón”, el Centro de Memoria Histórica “La maldita Tierra”, en las Sentencias C-339/02, T-154/13, T-135/13, C-123/14, T-766/15, C-035/16, C-389/16, T-445/16, T-704/16 de la Corte Constitucional, entre otras.

La Corte Constitucional despejó cualquier duda que pudiera existir sobre la posibilidad constitucional y legal de los municipios de prohibir la minería en sus territorios, conforme a su autonomía y a las graves afectaciones que esta actividad ocasiona.

Adicionalmente, está el principio de rigor subsidiario (art. 63 Ley 99/93) al que en ningún momento hace referencia el Ministerio de Minas en las demandas y que hace parte de la sustentación de motivos de los Acuerdos Municipales. Las sentencias sobre el principio de rigor subsidiario son contundentes frente a las medidas restrictivas y prohibitivas que pueden adoptar los municipios en defensa de su patrimonio ecológico. Así mismo, se desconoce el principio de precaución.

Es vergonzoso que el Ministerio acuda a los principios de coordinación y concurrencia para justificar que aplican para que los municipios no prohíban la minería, bajo el supuesto de que deben respetar que "la regulación del tema minero y del subsuelo es de la nación", pero la nación si puede invadir el país de títulos mineros sin consultar a las comunidades, sin cumplir con las Sentencias C-123/14 y C-389/16.

Como lo señala el abogado ambientalista Rodrigo Negrette “confunden el alcance del supuesto ordenamiento minero sobre el ordenamiento territorial, al considerar que las normas mineras tienen una jerarquía mayor a todas las demás disposiciones, incluso la Constitución Política, olvidando lo que señaló el Consejo de Estado al suspender el Decreto 934 de 2013. ..Para el Ministerio todo gira alrededor de la minería, no del ambiente, los derechos de las comunidades, del ordenamiento ambiental y territorial, del riesgo, etc. en este caso, también se incurre en falsa motivación y desviación de poder. En la definición de subsuelo que incluyen, es solo para otorgar concesiones mineras, como si no hubiese aguas subterráneas y una relación directa con el suelo, son unidades funcionales, interrelacionadas. Fraccionar conceptos de suelo y subsuelo, es parte de las argucias del gobierno y de las transnacionales mineras. ¡Haga minería sin "tocar" el suelo!”

El Ministerio de Minas desconoce el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Sala Quinta de Decisión, del 27 de septiembre de 2017, mediante el cual se declaró válido el Acuerdo No. 016 del 10 de junio de 2017 "por medio del cual se dictan unas medidas para la protección de los recursos naturales y defensa del Patrimonio Ecológico del Municipio de San Agustín Huila” prohibiendo la construcción de centrales hidroeléctricas y/o represas, la realización de actividades de extracción minera a gran escala, la exploración y/o explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. El Acuerdo 016 había sido censurado por el Gobernador del Huila con el aval del Ministerio de Minas “alegando la incompetencia del Cabildo bajo la consideración que esa corporación excedió sus facultades ya que es potestad del Estado la autorización y desarrollo de la actividad minero energética el uso de los recursos no renovables y la prestación de un servicio público a través de los proyectos hidroeléctricos”. El Tribunal justificó su decisión en cumplimiento de la Sentencia T-445/16.

Cuando el viceministro Cante sostiene que, “Las consultas populares no son la vía para proteger el medio ambiente”, está atentando contra las decisiones de la Corte que está obligado a cumplir. Más grave aún, cuando ha interpuesto demandas contra los Acuerdos Municipales acusando a las comunidades de estar utilizando “los mecanismos en la mayoría de casos, en un ambiente de demagogia electoral, de demagogia ambientalista, lo que estamos viendo en algunos territorios es que en el afán de construir imaginarios colectivos que lleven a apoyar causas electorales".

¿Qué intereses esconde el viceministro cuando sus declaraciones contra la Constitución y, específicamente, contra los Acuerdos Municipales, son aplaudidas por las empresas transnacionales mineras que reclaman más "seguridad jurídica" para sus inversiones que implica coimas, sobornos, (Odebrecht) judicializaciones, flexibilización laboral, entre otras?

Frente a esta arremetida del Gobierno que viene liquidando las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales convocamos a un levantamiento popular por la defensa de la soberanía y autonomía de los territorios para decidir sobre el uso del suelo y el subsuelo de acuerdo con sus necesidades sin afectar el Patrimonio Ecológico y Cultural.

Movimiento Social DEFENSORES DEL TERRITORIO

tomado de: http://millerdussan.blogia.com/

RED COMUNIDADES URBANO RURALES AFECTADAS POR EL DESARROLLO COLOMBIA

 

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