Aramis Machado Ortiz, un militar retirado que terminó con los paramilitares de 'Juancho Prada' en el Cesar y con los de Salvatore Mancuso, será el primero de las Auc que saldría  de la cárcel por pena cumplida en Justicia y Paz.

Este martes, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia y Paz le impuso una condena de seis años de cárcel, pero como está preso desde diciembre del 2004, cuando se desmovilizó con el 'Bloque Catatumbo', ya cumplió su pena.

De acuerdo con su expediente, su labor era facilitar la fuga de otros paramilitares en las cárceles del país.

Machado es el cuarto 'para' condenado en los seis años que lleva la Ley de Justicia y Paz. Pero los otros tres recibieron la máxima pena en esa jurisdicción alternativa: ocho años de cárcel.

Aramis Machado se desmovilizó en diciembre del 2004 con el bloque Catatumbo.

Historia en las Auc

Sólo un año, de los seis que permaneció en las Autodefensas, Aramis Machado Ortiz pudo patrullar con los paramilitares en campo abierto.

El resto, lo hizo desde diferentes cárceles donde cumplía las funciones de 'protector' de los miembros del grupo que fueran capturados.

Él se convertirá hoy en el cuarto postulado condenado en Justicia y Paz, y de recibir una pena menor a los 6 años de cárcel, sería el primer postulado a la Ley en quedar en libertad por pena cumplida.

"De no ser porque nunca pudo salir de la cárcel, Machado hubiera tenido el rango de jefe como lo tenía el 'Iguano' o Yesid Alarcón, los mismos, que algún día él mismo ayudó a fugarse de la cárcel", aseguró el fiscal de Justicia y Paz, Leonardo Cabana.

Machado fue cabo del Ejército e integró las Fuerzas Especiales. En 1998 ingresó a las Autodefensas del Sur del Cesar, comandadas por 'Juancho Prada' y tardó un año en ser capturado por el delito de homicidio.

Allí comienza su 'dossier' criminal desde las cárceles. Según la Fiscalía de Justicia y Paz, Machado, desde la cárcel de Valledupar, ordenó un asesinato que llevó a que fuera trasladado a la cárcel Modelo, de Cúcuta.

Desde esta ciudad inició su contacto con el ex comandante del Frente Fronteras Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano'. De hecho, dice la investigación, fue quien logró que 'El Iguano' fuera trasladado a un centro hospitalario en Cúcuta, en donde el 19 de diciembre del 2000 se dio una cinematográfica fuga.

Ese día las Autodefensas detonaron cinco petardos en diferentes puntos de Cúcuta para desviar la atención de las autoridades, mientras 'El Iguano' era rescatado por un grupo de hombres armados que lo sacaron de la clínica.

Por la fuga se pagaron 150 millones de pesos, presuntamente repartidos al entonces director de la cárcel, el subdirector y varios funcionarios del Inpec. Este caso está en investigación.

Agrega la Fiscalía, que entrenó a Ómar Yesid López Alarcón, alias 'Gustavo 18', para que pudiera resistir más de un minuto sin respirar y volarse en un contenedor lleno de basura de la cárcel Modelo.

La fuga fue en marzo del 2001 y por esta se habrían pagado 70 millones de pesos, también a funcionarios del Inpec.

"Machado llegó a entrar más de 40 armas al penal, ayudaba a los paramilitares en las pugnas internas de la cárcel y a pesar de ser el protagonista de estas dos fugas nunca pudo volarse de la cárcel", explica el fiscal Cabana, quien agrega que cuando lo intentó, un anónimo circuló por el penal anunciando la fuga de Machado.

El Tribunal Superior de Justicia y Paz lo condenará por los delitos de concierto para delinquir, fuga de presos y tráfico, porte y fabricación ilegal de armas.

Según las cuentas de la Fiscalía, Machado ya cumplió la pena impuesta por la justicia ordinaria y en este momento está a disposición del Tribunal de Justicia y Paz, que determinará una sentencia no mayor a los 8 años de cárcel.

 

Por andar muy ocupado, empujándole votos a sus favoritos para las elecciones parlamentarias, y defendiendo la “confianza inversionista”, el Gobernador de Antioquia no se ha percatado del enorme hueco fiscal que le producirán al Departamento los decretos de Emergencia Social.En primer lugar, y sin mucho preámbulo o justificación, el Decreto 132 despoja a los entes territoriales de los recursos del Sistema General de Participación para atención al régimen subsidiado. Tal como quedó definido, el gobierno constituirá un patrimonio autónomo mediante un administrador fiduciario, que recaudará los recursos de financiación y cofinanciación de dicho régimen, y los girará de manera directa a las EPS-S.

Desde finales del mes de abril, y durante todo el pasado mes de mayo, se ha suscitado un intenso debate entre las organizaciones sociales y de derechos humanos en torno a la grave situación de persecución estatal y mediática que, durante todo el año, se ha venido desarrollando en torno a la actividad que estas organizaciones realizan en las comunidades, en aras de la defensa de los derechos de los sectores y movimientos sociales. El debate ha surgido a partir de un comunicado de prensa de la agencia IPC, donde se devela que, según informes de inteligencia de la IV brigada y el CTI, los partidos políticos Alianza social indígena y Polo Democrático Alternativo, además de un número bastante grande (más de 30) de organizaciones sociales, de derechos humanos, movimientos estudiantiles y sociales, serían supuestamente organizaciones fachada de las FARC, y de su brazo político, el partido comunista colombiano clandestino (PC3).

Fui designado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes para conformar la “Comisión Accidental de seguimiento a la crisis que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud” y, como lo dice la Resolución 3022 del 14 de diciembre de 2009, se apoyó en la iniciativa del Senado, según su motivación, para “estudiar alternativas que permitan superar la crisis que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país”.


Dos intenciones diferentes.  Pareciera que el Senado, dos años después de la Ley 1122 de 2007 reconoció su fracaso o que el mismo Congreso aceptó que las iniciativas en torno a las que fue enfilado por el actual Ministro de la Protección Social fueron un engaño. Recordemos el contexto de los 14 proyectos acumulados entre los años 2004-2005 por medio de los cuales se pretendió reformar la Ley 100 de 1993, los que por la bancada de Gobierno y con la supervisión del Ministro, fueron agrupados en: reordenar y procurar disciplina en el sector; ampliar cobertura y garantizar su financiamiento y sostenibilidad; propiciar el equilibrio entre actores del Sistema en su relación contractual, y así se aprobaron.  Con sobrada razón el periódico El Pulso [1] tituló “La Reforma a la Ley 100: balanceo, ajuste y pintura.  Faltó la reparación”, como resultado del esperpento de la Ley 1122.  ¿Querrá decir el Senado que es hora de pensar en otra Ley y con diferentes intenciones?

 Entiendo que la intención de la Cámara, más que seguimiento a la crisis del modelo, es el observar, analizar y debatir los alcances de las salidas que dará el Gobierno con su declaratoria de Emergencia Social con el fin de “salvar las finanzas de la salud para lograr la universalización del seguro de la salud para todos los colombianos”, según anunció del presidente Uribe en la pasada Asamblea de Gobernadores del 19 de noviembre en la ciudad de Manizales.  Y pidió una cosa clara: “Al Congreso la compañía en el propósito y a la Corte Constitucional comprensión”.  El Estado de excepción o de emergencia social, apoyado en el Artículo 215 de la Constitución Nacional, reglamentado por la Ley 133 de 1994, surge ante hechos que perturban en forma grave e inminente el orden económico y social del país, y permiten al Presidente y sus Ministros dictar decretos con fuerza de ley con el supuesto de conjurar la crisis.  El fatídico, nefasto y de ingrata recordación Estado de Sitio, del que abusaron distintos gobiernos hasta la década del noventa.  Así, al Congreso, más que compañía, le pide aguante ante el despojo de sus funciones, y a la Corte que pase de agache.  Son prácticas de calentamiento del “supremo” en tránsito a dictador.

 Cierto es que el detonante de la emergencia fue el chillido de gobernadores ante las exigencias de la Sentencia T-760 en relación con el llamado “extra-Pos” o de igualar los planes de beneficios de los dos sistemas (contributivo y subsidiado) que volvieron insuficientes los recursos que pusieron en la mira a licores y cigarrillos como tabla de salvación.  No obstante, también sacaron ponchera las EPS, las que, por recobros al FOSYGA, reclaman más de $500 mil millones de pesos de obligaciones no certificadas ni por el Ministerio de la Protección Social ni por la Contraloría, pese a que el Ministro sostiene que en el presente año les pagó la suma de $8.9 billones, entre ellos $1.3 billones de actividades NO POS; entre tanto, la red pública hospitalaria reclama al FOSYGA, entes territoriales y EPS $1.7 billones; temo que le hagan “conejo” a los hospitales en esta danza millonaria.  También dijeron algo que no debe pasar inadvertido: "El problema es estructural y todo el sistema está afectado, tanto el régimen contributivo como el subsidiado, porque las primas de seguros calculadas son deficitarias e insuficientes para financiar todos los servicios además del POS” [2].

 El debate de siempre: o se rebajan los beneficios o se aumenta la cotización.  Al coro se sumaron las 23 Cajas de Compensación que reiteradamente declaran su intención de “mamarse” del negocio, en especial por los déficit que ya ha dejado a las propietarias de la “Nueva EPS” (ISS).  Recordemos que a diciembre de 2008, en el Régimen Contributivo estaban registrados 17.5 millones de afiliados (42%) y en el Subsidiado 23 millones (55%) y que parte de la salomónica solución sería trasladar 8 millones de “colados” en el Subsidiado al Contributivo y subsidiar un seguro a 15 millones de pobres para que ingresaran a las arcas del Contributivo.  Así, según ellos, acabarían el “embeleco del Subsidiado” y los riesgos de las finanzas de los entes territoriales y municipales.  O, mejor, “un excelente negocio para los inversionistas, pero no resuelve los problemas públicos en salud” [3].

 Por la vía de un pequeño golpe de Estado se pretende implementar una reforma “sin debate legislativo y, por ende, sin debate público” como acertadamente lo expresó el Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en su pronunciamiento del pasado 14 de diciembre, y que acojo en el sentido de convocar al sector político, a los organismos de control, medios de comunicación, academia y a las distintas organizaciones sociales a la promoción del debate público.  Por lo menos, esta será mi postura como miembro de dicha comisión y que aspiro continuarla en la próxima legislatura.


[1]Editorial Periódico El Pulso, Edición #100 de enero de 2007, Hospital San Vicente de Paúl de Medellín (www.periodicoelpulso.com).

[2] Citado por el Periódico El Pulso, Edición #135 de diciembre de 2009, declaraciones de Juan Manuel Díaz-Granados, Presidente de Acemi, en el artículo “Gobierno declaró la Emergencia Social”.

Al leer la entrevista otorgada por Gustavo Petro al diario “El Tiempo” el pasado 17 de septiembre, titulado “Agredir al presidente Álvaro Uribe es agredir a Colombia” no pude resistir la tentación de hacer al menos dos breves reflexiones.

 

Frente al carácter sistemático y generalizado que han adquirido las ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, las cuales permanecen en la impunidad en la inmensa mayoría de los casos, el Gobierno Nacional ha optado por minimizar los casos o negar su ocurrencia

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