Más de 7 mil presos políticos abarrotan las cárceles de Colombia. Los mismos viven, en muchos casos, en situaciones dramáticas. Así lo denuncia el abogado colombiano Ramiro Orjuela durante su estadía en Suiza, como parte de una gira continental.

Profesor universitario y defensor de detenidos políticos, Orjuela coordina la defensa, entre otros, del periodista sueco-colombiano Joaquín Pérez Becerra, cuya detención y rápida extradición de Caracas a Bogotá en la última semana de abril del año en curso, fue ampliamente mediatizada.

“La situación de los detenidos por causas políticas o de conciencia es una tragedia oculta por los grandes medios de comunicación en mi país”, subraya Orjuela en diálogo con swissinfo.ch durante una reciente escala en Berna.

En la segunda quincena de junio el abogado colombiano visitó Suecia, Alemania, Bélgica, Suiza y España. Encontrando a personalidades políticas, la comunidad de colombianos expatriados, parlamentarios europeos en Bruselas así como funcionarios de organismos internacionales y de reconocidas entidades como el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra.

“Caso único en Latinoamérica”

La cantidad de presos políticos y sus condiciones de detención “describen una de las peores situaciones en América Latina e incluso en el mundo entero”, enfatiza el defensor de derechos humanos.

Muchos de ellos son campesinos, obreros, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o asociativos. Sin embargo, el Estado, para penalizarlos, “los acusa de guerrilleros. En mi país cualquier voz opositora es criminalizada, en particular si pertenece a los movimientos sociales”, enfatiza.

Las condiciones de detención en muchos de los centros penitenciarios, según Orjuela, aumentan el drama de los “miles de jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que las deben soportar”.

Y la lista de vejaciones, según el abogado, es larga. Todo comienza ya con las trabas y mecanismos complejos para complicar los procesos jurídicos. “En

Colombia es cotidiano, por ejemplo, el recurso a pagar a testigos falsos o usar pruebas falsas. Como en el caso emblemático de David Ravelo, dirigente social de derechos humanos del Magdalena Medio, acusado una primera vez como guerrillero de las FARC. Liberado 27 meses más tarde fue nuevamente detenido, esta vez, usando como pretexto testimonios de ex –paramilitares”.

Continuando con su reflexión, Orjuela ejemplifica otras de las condiciones abusivas que le dan un tinte dramático a las cárceles”: régimen cotidiano inhumano; desplazamiento de los detenidos a miles de kilómetros de su lugar originario de residencia; imposibilidad real de poder tener visitas con sus familiares debido a la distancia y a la precariedad económica de muchas de las familias de los detenidos...

La siniestra Valledupar

“Es el caso, por ejemplo, de la Cárcel de Valledupar, en el Departamento de César, donde se han reunido a varios centenares de presos originarios de regiones muy alejadas, de hasta mil kilómetros o más, lo que hace casi imposible ejercer realmente el derecho a la visita”, explica.

La situación que viven los detenidos de ese centro penitenciario fue denunciada recientemente por prestigiosos organismos internacionales.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) con su sede internacional en Ginebra, hizo pública una carta enviada en mayo pasado al presidente de la Nación Juan Manuel Santos, señalando la “seria preocupación por las deplorables condiciones de detención y la integridad personal de los prisioneros” de Valledupar.

En la misiva-documento, la OMCT demandó la intervención del ejecutivo para que tome inmediatas medidas para “garantizar la seguridad, integridad física y psicológica” de los detenidos... y para que se superen “las actuales condiciones de detención, que se pueden catalogar como inhumanas y constituyentes de tratos crueles y degradantes”.

El caso Pérez Becerra

El periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra dirige desde fines de los años noventa la agencia alternativa ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia), con sede en Suecia. ANNCOL es acusada por las autoridades del país sudamericano de ser parte del frente internacional de la guerrilla, lo que el medio de información ha reiteradamente negado.

El pasado 23 de abril al aterrizar en Caracas proveniente de Estocolmo, Pérez Becerra fue detenido en el mismo aeropuerto, incomunicado y extraditado en menos de 48 horas hacia Bogotá, donde permanece detenido.

“Desgraciadamente su situación legal se ha ido empantanando dada la intromisión del Poder Ejecutivo en la rama judicial, especialmente en la

Fiscalía. El Gobierno ha dicho que Pérez Becerra es comandante de las FARC”, explica Ramiro Orjuela.

A la base de la acusación, sostiene, los supuestos datos encontrados en la computadora del dirigente guerrillero Raúl Reyes. “Sin embargo en otros procesos jurídicos la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha desestimado el valor de esas pruebas”, considerándolas ilegales por la forma como fueron obtenidas, sentencia el abogado defensor.

“Jurídicamente el encarcelamiento de mi defendido es débil...Pero en Colombia puede pasar cualquier cosa. Pueden pagar testigos para crear nuevas acusaciones. Pueden sacar otras pruebas no sabemos de dónde. Estoy convencido que la Fiscalía va a hace maniobras para impedir que se haga realmente justicia y se decrete la libertad del periodista sueco”, enfatiza.

Una situación compleja, “dado que no hay bases jurídicas para la detención y se trata de un caso eminentemente político. Resultado de una actuación ilegal de las autoridades venezolanas que violando las leyes de ese país y convenciones internacionales extraditaron a Pérez Becerra a Colombia”, concluye Orjuela.

La siniestra Valledupar

Desde hace algunos meses organizaciones de derechos humanos de diferentes países impulsan la demanda del cierre de la Cárcel de Valledupar.

En mayo pasado, la Organización Mundial contra la Tortura en carta al presidente colombiano Juan Manuel Santos, enumeraba algunos aspectos preocupantes que se padecían en ese momento en la cárcel.

“...desde hace cerca de 15 días, hay una falta total de agua potable en la prisión, ubicada en una región de clima cálido con temperaturas máximas superiores a los 35 grados”

“... cerca de 60 presos amarrados a diferentes torres del centro carcelario, las cuales miden alrededor de 15 metros de altura”

“...la restricción del agua potable habría sido utilizada como castigo contra los detenidos”

“... cerca de 60 detenidos sufrirían enfermedades gastrointestinales... a causa de las deplorables condiciones sanitarias”

“...violentas golpizas con garrotes, puñetazos y patadas...además de agresiones con gases lacrimógenos lanzados contra las celdas” de algunos de los detenidos, durante horas de sueño.

Edición N° 00260 – Semana del 24 al 30 de Junio de 2011

Ya no está suspendido y los organismos de inteligencia movilizan sus medios de comunicación para criminalizar los colegas y el portal que tiene 200.000 visitas diarias.

Ya comenzó la cacería de brujas contra los medios alternativos opositores al régimen colombiano. Varios medios colombianos como El Tiempo y Caracol TV, abrieron hoy con artículos y programas tendenciosos anunciando que el portal de ANNCOL ya tiene un nuevo editor en la ausencia del encarcelado Joaquín Pérez Becerra, que ahora ser á el próximo objetivo para deportar a Colombia. Todo está basado en fuentes de la inteligencia militar. El fallo [1] de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de invalidar los supuestos archivos de Word encontrados en el bombardeado computador del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes, cayó como un balde de agua fría para los organismos de seguridad y de la inteligencia militar.

La Corte Suprema de Justicia

Con la decisión, los arquitectos de los falsos positivos y los burdos montajes a opositores, como los cometidos contra Miguel Ángel Beltrán y Joaquín Pérez Becerra, profesor universitario y periodista sueco respectivamente, se vieron en la obligación de armar nuevas “pruebas” contra estas dos personas y nada mejor que acusarlos de ser guerrilleros.

¿ Delito colaborar con ANNCOL? Los medios al servicio del estado colombiano, salen con el argumento de que sería un delito internacional, colaborar o dirigir la agencia ANNCOL. Saben muy bien que a esta altura de las circunstancias, nadie “traga” el cuento de que escribir desde una página de internet puede ser un delito. Entonces ¿Cuál es la fórmula pergeñada? Pues meter el “fantasma guerrillero” y ¡PANG! Acusación lanzada y sentenciada cualquier persona.

Dice El Tiempo: “Inteligencia de la Policía estableció que el jefe guerrillero 'Iván Márquez' destinó recursos “para la reactivación del portal”, Así como para “compra de hosting (la terminación de la página) y dominio, por personas ubicadas en Estocolmo (Suecia)”. ¿De dónde salió esa información, cual es la fuente más que la inteligencia? No lo dice, simplemente echan a rodar esa cuestión y los medios colombianos lo publican sin ningún cuestionamiento, aún a riesgo de perder lo poco que quedaba de su credibilidad. Es harto sabido que los organismos de seguridad como el DAS, están manchados de corrupción, delitos y hasta sangre por los escándalos de las “Chuzadas” que no son sino la punta del iceberg de la vergüenza.

Medios, fuentes e inteligencia militar Joaquín Pérez, quien fuera director de una humilde agencia de noticias, de la que fui cofundador, a mediados de la década del ’90, ha sido reemplazado por el director de Radio Café Stereo. Y no porque haya decidido abandonar su labor periodística dando fuerza a la verdad insoslayable, sino porque fue detenido en Venezuela, en medio de una situación extraña, previa anulación ipso facto del Derecho Humanitario que lo asistía.

Hollman Morris, documentalista que no cabe en la prensa colombiana por que es periodista. Por eso ha sido objeto, como 15 otros periodistas, de persecución por parte del DAS-G3, los mismos órganos que ahora suministra y es fuente para El Tiempo, RCN y Caracol.

Copia de la carpeta del DAS-G3 sobre Hollman M.

¿Y cuales son los "métodos democráticos" del  DAS-G3 para contrarrestar a los reportajes

de Hollman Morris?

Los medios nombrados mencionan [ 2 ] dos nombres y apellidos de una persona lo cual confirma que dependen totalmente de las fuentes de los organismos de seguridad, porque lo mencionado es totalmente incorrecto. Publican además otros nombres que en parte son públicos y que incluso han sido entrevistados en medios oficialistas en Colombia.

¿Cuál delito? ¿Y cuál sería su delito si fuera cierto que estas personas trabajan en su tiempo libre para sostener un web portal que tiene 198.000 visitas por día? ¿Personas que militan por la vida, contra el terrorismo de estado que afecta a un pueblo hace ya tantas décadas? El Tiempo dice: “Investigadores detectaron el hosting que compró las Farc”. Fíjese como el periodista de El Tiempo utiliza ese dato como si fuera una verdad inapelable, mediante la cual pretenden convencer al lector que efectivamente, las FARC, hicieron una consignación a través de su cuenta bancaria y efectuaron el pago a la empresa de la web. Lo que llama la atención es que la policía no habla más sobre los archivos de Word del computador fantasma de Reyes, ahora apuntan a la importancia de silenciar a Anncol y también a la emisora Café Stereo, cuyo director ahora ha reemplazado, solidariamente, a Joaquín Pérez, según los organismos de inteligencia colombiana.

ANNCOL, la pesadilla del Terrorismo de Estado El hecho en sí no es extraño, recordemos que la primera reacción que tuvo el general y jefe de la policía colombiana, Oscar Naranjo, ante la entrega de Pérez Becerra a Colombia, fue de alegría “porque por fin apagaron la agencia ANNCOL” Ya no hizo más falta que el computador siguiera hablando, cambiaron la dirección de la mira y el objetivo fue liquidar a la agencia. Vale preguntarse: por qué dan tanta importancia a una humilde web, que no cuenta con personal a sueldo, sino que todo, desde su fundación y hasta ahora se hace con la fuerza del militante, gracias a los aportes de centenares de corresponsales en el mundo, principalmente en Colombia, tal como demuestra la estadística de entrada de los lectores?

ANNCOL con 198.729 visitas diarias Leímos un artículo escrito por Juan Carlos Vallejo, en la sección “Notas de Anncol” [2], en el momento de la detención de Becerra, en Caracas. El escritor, periodista y analista político internacional, comentaba sobre una investigación, acerca de la publicación que había hecho Alexa, en la cual se resumía la impresionante cantidad de entradas que tenía la página.

Quedaba demostrado que mediante el análisis:

· El tráfico mundial de ANNCOL es de 198.729 visitas diarias.

· El tiempo de visitas va desde 60 segundos hasta 3 minutos.

· El sitio es más visitado por hombres con ingresos altos y un nivel de educación superior.

· El rango de edades va por debajo de los 35 años y entre los 45 y 65 años.

· La navegación de los usuarios se hace mayoritariamente desde las casas.

· El 72% de la Audiencia de ANNCOL está en Colombia.

· Hay un notable aumento de la audiencia de ANNCOL entre el 80% y el 190% siendo el rango de visitas más alto a finales de abril y comienzos de mayo.

· Clasificados entre 1 y 10 los temas de consulta para los visitantes, siendo 1 de mayor interés y 10 de menor interés, las FARC y las FARC-EP ocupan el 5°, 8° y 9° lugar. Noticias Colombia, Noticias de Colombia y Noticias en Colombia ocupan el 1°, 2° y 3° de los lugares.

· Combinando número de visitantes con las páginas más vistas por país, ANNCOL se clasifica en la 747 en Colombia. En el mundo en la 188.298. Posición de honor para una página sin publicidad, un medio alternativo y sin recursos.

· El mayor número de accesos viene desde el buscador de Google.

· Después de visitar ANNCOL los usuarios van a Google (57.89%), FACEBOOK (21.05%) y Youtube (21.05%).

· Quienes leen ANNCOL generalmente gustan de visitar, en su orden: Telesur, Revista Semana, Rebelión, Indymedia, Google Colombia, El Tiempo, El Espectador y APORREA.

· En el año 2010 Radio Café Stereo fue clasificada por Wonder Radio dentro de las 100 radios en internet con más audiencia.

¿Ahora entienden por qué el establecimiento en Colombia nos odia?

Estrangular la libertad de expresión Así terminó Vallejo su crónica que en grandes rasgos también nos explica los motivos por los cuales Oscar Naranjo, Uribe & Santos, Ernesto Yamhure y otros intolerantes oligarcas quieren ver a ANNCOL y otros medios alternativos en la tumba.

 

¿Es esa libertad de expresión que Naranjo & Santos quieren cimentar, no solamente en Colombia sino ahora también en países como Suecia, Alemania, Italia, España? La cacería de brujas está en marcha, el estado colombiano es experto en ello además de persistente. Hoy está en la mira ANNCOL, mañana le tocará a otro medio alternativo de los tantos que hacen su aporte en defensa de un pueblo hostigado por las hordas genocidas hace tantas décadas. Los mismos que cuentan con financiamiento y apoyo gringo y del Mossad para cometer los crímenes más escalofriantes, tiemblan ante la verdad que sale a luz gracias al esfuerzo de compañeros y compañeras que denuncian los padecimientos de un pueblo. A cubrir la realidad colombiana es peligroso Y que lo seguirán haciendo, porque sabemos que en esta vida todo gira y lo que está pasando en Colombia mañana puede pasar en otros países si las voces se silencian.

Se llama Terrorismo de Estado. El periodista que no ve o escucha se hace cómplice con ese terrorismo.

Para el poder colombiano no son terroristas los medios que silencian las masacres, las violaciones de criaturas, las fosas clandestinas, los falsos positivos, los desplazamientos, los más de 7500 prisioneros y prisioneras políticos de un régimen criminal. Para ellos los terroristas somos nosotros, los que más de una vez hacemos nuestras crónicas de los desastres evitables, secándonos las lágrimas y mordiendo la rabia que nos produce detallar esos hechos. Por ello, estén seguros que sea de donde fuere que estemos, seguiremos denunciando. Caerá uno pero vendrán otros, porque tenemos asumidos nuestros roles utilizando las únicas armas con que contamos: la palabra y la verdad. Esas que tanto asustan hasta hacer perder el sueño a los hipócritas.

[1] ¡ULTIMA HORA! ¡Corte Suprema de Justicia de Colombia descalifica los archivos del bombardeado computador como pruebas legales! http://anncolprov.blogspot.com/2011/05/ultima-hora-corte-suprema-de-justicia.html

[2] Notas de ANNCOL http://anncol.info/index.php?option=com_content&view=article&id=392:por-juan-carlos-vallejo&catid=58:football&Itemid=553

 

Aramis Machado Ortiz, un militar retirado que terminó con los paramilitares de 'Juancho Prada' en el Cesar y con los de Salvatore Mancuso, será el primero de las Auc que saldría  de la cárcel por pena cumplida en Justicia y Paz.

Este martes, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia y Paz le impuso una condena de seis años de cárcel, pero como está preso desde diciembre del 2004, cuando se desmovilizó con el 'Bloque Catatumbo', ya cumplió su pena.

De acuerdo con su expediente, su labor era facilitar la fuga de otros paramilitares en las cárceles del país.

Machado es el cuarto 'para' condenado en los seis años que lleva la Ley de Justicia y Paz. Pero los otros tres recibieron la máxima pena en esa jurisdicción alternativa: ocho años de cárcel.

Aramis Machado se desmovilizó en diciembre del 2004 con el bloque Catatumbo.

Historia en las Auc

Sólo un año, de los seis que permaneció en las Autodefensas, Aramis Machado Ortiz pudo patrullar con los paramilitares en campo abierto.

El resto, lo hizo desde diferentes cárceles donde cumplía las funciones de 'protector' de los miembros del grupo que fueran capturados.

Él se convertirá hoy en el cuarto postulado condenado en Justicia y Paz, y de recibir una pena menor a los 6 años de cárcel, sería el primer postulado a la Ley en quedar en libertad por pena cumplida.

"De no ser porque nunca pudo salir de la cárcel, Machado hubiera tenido el rango de jefe como lo tenía el 'Iguano' o Yesid Alarcón, los mismos, que algún día él mismo ayudó a fugarse de la cárcel", aseguró el fiscal de Justicia y Paz, Leonardo Cabana.

Machado fue cabo del Ejército e integró las Fuerzas Especiales. En 1998 ingresó a las Autodefensas del Sur del Cesar, comandadas por 'Juancho Prada' y tardó un año en ser capturado por el delito de homicidio.

Allí comienza su 'dossier' criminal desde las cárceles. Según la Fiscalía de Justicia y Paz, Machado, desde la cárcel de Valledupar, ordenó un asesinato que llevó a que fuera trasladado a la cárcel Modelo, de Cúcuta.

Desde esta ciudad inició su contacto con el ex comandante del Frente Fronteras Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano'. De hecho, dice la investigación, fue quien logró que 'El Iguano' fuera trasladado a un centro hospitalario en Cúcuta, en donde el 19 de diciembre del 2000 se dio una cinematográfica fuga.

Ese día las Autodefensas detonaron cinco petardos en diferentes puntos de Cúcuta para desviar la atención de las autoridades, mientras 'El Iguano' era rescatado por un grupo de hombres armados que lo sacaron de la clínica.

Por la fuga se pagaron 150 millones de pesos, presuntamente repartidos al entonces director de la cárcel, el subdirector y varios funcionarios del Inpec. Este caso está en investigación.

Agrega la Fiscalía, que entrenó a Ómar Yesid López Alarcón, alias 'Gustavo 18', para que pudiera resistir más de un minuto sin respirar y volarse en un contenedor lleno de basura de la cárcel Modelo.

La fuga fue en marzo del 2001 y por esta se habrían pagado 70 millones de pesos, también a funcionarios del Inpec.

"Machado llegó a entrar más de 40 armas al penal, ayudaba a los paramilitares en las pugnas internas de la cárcel y a pesar de ser el protagonista de estas dos fugas nunca pudo volarse de la cárcel", explica el fiscal Cabana, quien agrega que cuando lo intentó, un anónimo circuló por el penal anunciando la fuga de Machado.

El Tribunal Superior de Justicia y Paz lo condenará por los delitos de concierto para delinquir, fuga de presos y tráfico, porte y fabricación ilegal de armas.

Según las cuentas de la Fiscalía, Machado ya cumplió la pena impuesta por la justicia ordinaria y en este momento está a disposición del Tribunal de Justicia y Paz, que determinará una sentencia no mayor a los 8 años de cárcel.

 

Fui designado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes para conformar la “Comisión Accidental de seguimiento a la crisis que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud” y, como lo dice la Resolución 3022 del 14 de diciembre de 2009, se apoyó en la iniciativa del Senado, según su motivación, para “estudiar alternativas que permitan superar la crisis que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país”.


Dos intenciones diferentes.  Pareciera que el Senado, dos años después de la Ley 1122 de 2007 reconoció su fracaso o que el mismo Congreso aceptó que las iniciativas en torno a las que fue enfilado por el actual Ministro de la Protección Social fueron un engaño. Recordemos el contexto de los 14 proyectos acumulados entre los años 2004-2005 por medio de los cuales se pretendió reformar la Ley 100 de 1993, los que por la bancada de Gobierno y con la supervisión del Ministro, fueron agrupados en: reordenar y procurar disciplina en el sector; ampliar cobertura y garantizar su financiamiento y sostenibilidad; propiciar el equilibrio entre actores del Sistema en su relación contractual, y así se aprobaron.  Con sobrada razón el periódico El Pulso [1] tituló “La Reforma a la Ley 100: balanceo, ajuste y pintura.  Faltó la reparación”, como resultado del esperpento de la Ley 1122.  ¿Querrá decir el Senado que es hora de pensar en otra Ley y con diferentes intenciones?

 Entiendo que la intención de la Cámara, más que seguimiento a la crisis del modelo, es el observar, analizar y debatir los alcances de las salidas que dará el Gobierno con su declaratoria de Emergencia Social con el fin de “salvar las finanzas de la salud para lograr la universalización del seguro de la salud para todos los colombianos”, según anunció del presidente Uribe en la pasada Asamblea de Gobernadores del 19 de noviembre en la ciudad de Manizales.  Y pidió una cosa clara: “Al Congreso la compañía en el propósito y a la Corte Constitucional comprensión”.  El Estado de excepción o de emergencia social, apoyado en el Artículo 215 de la Constitución Nacional, reglamentado por la Ley 133 de 1994, surge ante hechos que perturban en forma grave e inminente el orden económico y social del país, y permiten al Presidente y sus Ministros dictar decretos con fuerza de ley con el supuesto de conjurar la crisis.  El fatídico, nefasto y de ingrata recordación Estado de Sitio, del que abusaron distintos gobiernos hasta la década del noventa.  Así, al Congreso, más que compañía, le pide aguante ante el despojo de sus funciones, y a la Corte que pase de agache.  Son prácticas de calentamiento del “supremo” en tránsito a dictador.

 Cierto es que el detonante de la emergencia fue el chillido de gobernadores ante las exigencias de la Sentencia T-760 en relación con el llamado “extra-Pos” o de igualar los planes de beneficios de los dos sistemas (contributivo y subsidiado) que volvieron insuficientes los recursos que pusieron en la mira a licores y cigarrillos como tabla de salvación.  No obstante, también sacaron ponchera las EPS, las que, por recobros al FOSYGA, reclaman más de $500 mil millones de pesos de obligaciones no certificadas ni por el Ministerio de la Protección Social ni por la Contraloría, pese a que el Ministro sostiene que en el presente año les pagó la suma de $8.9 billones, entre ellos $1.3 billones de actividades NO POS; entre tanto, la red pública hospitalaria reclama al FOSYGA, entes territoriales y EPS $1.7 billones; temo que le hagan “conejo” a los hospitales en esta danza millonaria.  También dijeron algo que no debe pasar inadvertido: "El problema es estructural y todo el sistema está afectado, tanto el régimen contributivo como el subsidiado, porque las primas de seguros calculadas son deficitarias e insuficientes para financiar todos los servicios además del POS” [2].

 El debate de siempre: o se rebajan los beneficios o se aumenta la cotización.  Al coro se sumaron las 23 Cajas de Compensación que reiteradamente declaran su intención de “mamarse” del negocio, en especial por los déficit que ya ha dejado a las propietarias de la “Nueva EPS” (ISS).  Recordemos que a diciembre de 2008, en el Régimen Contributivo estaban registrados 17.5 millones de afiliados (42%) y en el Subsidiado 23 millones (55%) y que parte de la salomónica solución sería trasladar 8 millones de “colados” en el Subsidiado al Contributivo y subsidiar un seguro a 15 millones de pobres para que ingresaran a las arcas del Contributivo.  Así, según ellos, acabarían el “embeleco del Subsidiado” y los riesgos de las finanzas de los entes territoriales y municipales.  O, mejor, “un excelente negocio para los inversionistas, pero no resuelve los problemas públicos en salud” [3].

 Por la vía de un pequeño golpe de Estado se pretende implementar una reforma “sin debate legislativo y, por ende, sin debate público” como acertadamente lo expresó el Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en su pronunciamiento del pasado 14 de diciembre, y que acojo en el sentido de convocar al sector político, a los organismos de control, medios de comunicación, academia y a las distintas organizaciones sociales a la promoción del debate público.  Por lo menos, esta será mi postura como miembro de dicha comisión y que aspiro continuarla en la próxima legislatura.


[1]Editorial Periódico El Pulso, Edición #100 de enero de 2007, Hospital San Vicente de Paúl de Medellín (www.periodicoelpulso.com).

[2] Citado por el Periódico El Pulso, Edición #135 de diciembre de 2009, declaraciones de Juan Manuel Díaz-Granados, Presidente de Acemi, en el artículo “Gobierno declaró la Emergencia Social”.

Se pone en riesgo vida y salud de 60 niños

Medellín, junio 23 de 2011 - GIDH. Cuarenta y ocho familias con cerca de 60 niños menores de 10 años, ubicadas en el barrio “Las Palmas - Cien por Cien” del municipio de Nechí, Antioquia, viven en este momento una emergencia sanitaria que está poniendo en riesgo su vida y su integridad personal, sin que las autoridades atiendan su llamado y tomen medidas al respecto.

 

Por andar muy ocupado, empujándole votos a sus favoritos para las elecciones parlamentarias, y defendiendo la “confianza inversionista”, el Gobernador de Antioquia no se ha percatado del enorme hueco fiscal que le producirán al Departamento los decretos de Emergencia Social.En primer lugar, y sin mucho preámbulo o justificación, el Decreto 132 despoja a los entes territoriales de los recursos del Sistema General de Participación para atención al régimen subsidiado. Tal como quedó definido, el gobierno constituirá un patrimonio autónomo mediante un administrador fiduciario, que recaudará los recursos de financiación y cofinanciación de dicho régimen, y los girará de manera directa a las EPS-S.

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