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Al leer la entrevista otorgada por Gustavo Petro al diario “El Tiempo” el pasado 17 de septiembre, titulado “Agredir al presidente Álvaro Uribe es agredir a Colombia” no pude resistir la tentación de hacer al menos dos breves reflexiones.

 

Desde finales del mes de abril, y durante todo el pasado mes de mayo, se ha suscitado un intenso debate entre las organizaciones sociales y de derechos humanos en torno a la grave situación de persecución estatal y mediática que, durante todo el año, se ha venido desarrollando en torno a la actividad que estas organizaciones realizan en las comunidades, en aras de la defensa de los derechos de los sectores y movimientos sociales. El debate ha surgido a partir de un comunicado de prensa de la agencia IPC, donde se devela que, según informes de inteligencia de la IV brigada y el CTI, los partidos políticos Alianza social indígena y Polo Democrático Alternativo, además de un número bastante grande (más de 30) de organizaciones sociales, de derechos humanos, movimientos estudiantiles y sociales, serían supuestamente organizaciones fachada de las FARC, y de su brazo político, el partido comunista colombiano clandestino (PC3).

EL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO  Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, quiere hacer públicas las siguientes reflexiones.

Antecedentes:

1.      El día 12 de mayo del presente año, fue ampliamente divulgado por algunos medios de comunicación social, un documento de la Agencia de Prensa IPC (Instituto Popular de Capacitación), que da cuenta  de un informe de inteligencia  preparado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en coordinación con la IV Brigada del Ejército, en el cual se señala, entre otras, a algunas organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, defensoras de los derechos humanos,  de hacer parte del organigrama del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC).

SOBRE LA RECIENTE IMPOSICIÓN DE UN NUEVO “TOQUE DE QUEDA” EN LAS COMUNAS DE MEDELLÍN.

En los últimos días han salido en diversas comunas de la ciudad de Medellín panfletos amenazantes contra “prostitutas”, “viciosos”, “prepagos”, “sidosas” y demás personas que, consabidamente, entran en las prácticas de lo que, consuetudinariamente, y en una siniestra interpretación de los males de la sociedad, se ha dado en llamar “limpieza social”.

Frente al carácter sistemático y generalizado que han adquirido las ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, las cuales permanecen en la impunidad en la inmensa mayoría de los casos, el Gobierno Nacional ha optado por minimizar los casos o negar su ocurrencia

Revista Kavilando

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