Este tipo de ataques se realizan por medio de la modulación de la ley 600 de 2000 o la reapertura de procesos que son abiertamente ilegales, amparándose en la posibilidad de que el Artículo 26, que hace referencia a la titularidad de la acción penal que corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación, se puede acusar, investigar y hasta judicializar sin la aquiescencia de un juez, como si es obligatorio en la ley 906 de 2004 que exige la aprobación del juez de garantías para todos los fenómenos anteriormente citados, además de que todos los órganos de investigación deben y tiene la obligación de solicitar previamente al juez de garantías los elementos probatorios lo suficientemente validos para que el juez les permita investigar a las personas que se consideran sospechosas, además de que la ley le quito las posibilidades a la fiscalía de judicializar, y en todo caso siempre se debe estar autorizado por un juez de garantías para cualquier actividad que se considere legal y no arbitraria. 
 
Puntualmente, en Medellín, se conoce de la reapertura de un proceso gracias a los informes de la IV Brigada en los que se señala como brazos políticos de las FARC en la ciudad a más de una decena de Organizaciones Sindicales, Estudiantiles, El Partido Político Polo Democrático, Alianza Social Indígena (ASI), Organizaciones de Víctimas, docentes, Corporaciones defensoras de Derechos Humanos, entre otros, proceso que se sigue en la fiscalía 74 especializada que opera desde la guarnición militar de la IV Brigada. 
 
Este Sábado 16 de Mayo; como nueva acción en contra de las organizaciones, se difundió una falsa denuncia,  en la que haciendo uso indebido del logo y de la firma de dos de sus abogados, de forma mentirosa se dice que la Corporación Jurídica Libertad,  eleva una denuncian en contra un listado de organizaciones sociales e individuos, plenamente identificados, como miembros activos de la FARC y del ELN, poniendo en grave peligro a estas personas y a los funcionarios de la Corporación Jurídica Libertad, por la gravedad de las acusaciones. 
 
En la evidencia presentada adjunta a la denuncia interpuesta, supuestamente por la Corporación Jurídica, consta las interceptaciones a correos electrónicos, copia de correos electrónicos de organizaciones e interceptación de comunicaciones de manera ilegal. 
 
Estos hechos se constituyen en grave atentado contra la democracia, cerrando vías de participación, generando zozobra, miedo, obstaculizando la labor de personas y organizaciones.  
 
Es de anotar que la Corporación Jurídica Libertad goza de gran prestigio, es un organismo clave en la defensa de los Derechos Humanos, y hoy adelanta bajo el mandato legal, investigaciones y denuncias reales en contra del General Montoya, El Coronel Juan Carlos Barrera, y otros altos mandos militares por violación a los derechos humanos en los conocidos casos de las Ejecuciones Extrajudiciales, 
 
¿Será entonces, una forma de desviar la atención y obstaculizar el curso de dichas investigaciones? 

Como respuesta a la continuada persecución en contra de dichas asociaciones, hoy representada en la utilización del nombre de la Corporación Jurídica Libertad  para fines ajenos a los que la misma posee, no se pide impunidad ni inmunidad, sino respeto por el debido proceso, la legalidad, y el derecho a la defensa legítima. Así mismo levantamos nuestra voz de apoyo para todas las personas y organizaciones que trabajan por sus comunidades y, manifestamos seguir trabajando con mayor fuerza, ánimo y espíritu de solidaridad por una sociedad incluyente y participativa en ambiente de equidad y justicia.
 
*Grupo Interuniversitario Kavilando 
Comité Editorial