El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.

En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.

Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.

Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.

Antes de la invasión, predominaban la abundancia y la reciprocidad. La colonización impuso propiedad privada, mercantilización y explotación, expulsando pueblos de sus territorios. Hoy, sus herencias jurídicas aún reproducen la condición colonial bajo las llamadas soberanías nacionales.

La ciencia advirtió durante décadas que el colapso climático podía evitarse. Sin embargo, las grandes potencias eligieron financiar la guerra, expandir el extractivismo y desacreditar la investigación antes que proteger la vida. La catástrofe ya no es una amenaza futura, es la consecuencia política de un modelo civilizatorio que decidió ignorar sus propios límites.

La cruda realidad de estos días destruye el mito de que los desastres sacan lo peor de la humanidad. La angustia por ayudar es palpable y no se limita a quienes están alrededor de los escombros: atraviesa a todo el país. Al mismo tiempo, las catástrofes hacen visibles nuestros propios límites y muestran cuánto necesitamos fortalecer nuestras capacidades para responder de manera organizada, solidaria y eficaz.

Granizal volvió a las calles para exigir agua, vías y derechos. Tras el deslizamiento que dejó 27 muertos en 2025, persisten el riesgo, la precariedad y las respuestas insuficientes del Estado. La comunidad exige dignidad y derecho a permanecer.

El caso del Parque Berrío es emblemático: mientras el Metro y la Alcaldía invierten 18.000 millones de pesos en remodelar la estación y construir un "muelle comercial" para privados, más de 170 vendedores informales son desplazados sin garantías.

Ya no hacen falta golpes de Estado tradicionales, bastan algoritmos, miedo, lawfare y gobiernos obedientes. La disputa por América Latina es hoy una batalla por los recursos, la memoria, la soberanía y el derecho mismo de los pueblos a existir con dignidad.

La Revista Kavilando publica un nuevo número dedicado a comprender las transformaciones del orden global desde una perspectiva crítica latinoamericana. Guerra cognitiva, geopolítica, migración, justicia, crisis climática y resistencias populares articulan esta edición. 

Termina el primer gobierno progresista en Colombia. ¿Qué balance deja para el movimiento negro y las comunidades étnicas? 🤔🌿 En esta entrevista para Punto de Vista, Alfonso conversa con Melquisedec Blandón, del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y editor del portal Diáspora, para analizar los logros, obstáculos y aprendizajes de estos cuatro años de gobierno