Catatumbo, Amalfi y San Cayetano, tres casos distintos, una alerta preocupante. Violencia armada, operaciones militares y denuncias sobre abusos vuelven a poner en debate el modelo de seguridad y sus costos para las comunidades.

El reconocimiento estatal de la Operación Europa implica admitir que estructuras de inteligencia fueron utilizadas para perseguir, estigmatizar y sabotear a defensores de derechos humanos más allá de las fronteras colombianas. La verdad, la reparación y la no repetición exigen desmontar las doctrinas que hicieron posible esa persecución.

El bombardeo en el Catatumbo vuelve a poner la guerra en el centro mientras Colombia enfrenta una emergencia sísmica. Entre la militarización, la incertidumbre y el riesgo para la población civil, las acciones desarrolladas exigen verdad, derechos y vidas protegidas.

La ciencia advirtió durante décadas que el colapso climático podía evitarse. Sin embargo, las grandes potencias eligieron financiar la guerra, expandir el extractivismo y desacreditar la investigación antes que proteger la vida. La catástrofe ya no es una amenaza futura, es la consecuencia política de un modelo civilizatorio que decidió ignorar sus propios límites.

Una investigación de CasaMacondo revela conexiones patrimoniales que reabren el debate sobre la relación entre criminalidad, empresa y Estado. Más que un escándalo, plantea preguntas sobre captura del poder, verdad, justicia y democracia.

Las sociedades no siempre persiguen a quienes mienten. Con frecuencia persiguen primero a quienes dicen una verdad antes de que esa verdad resulte tolerable.

La cruda realidad de estos días destruye el mito de que los desastres sacan lo peor de la humanidad. La angustia por ayudar es palpable y no se limita a quienes están alrededor de los escombros: atraviesa a todo el país. Al mismo tiempo, las catástrofes hacen visibles nuestros propios límites y muestran cuánto necesitamos fortalecer nuestras capacidades para responder de manera organizada, solidaria y eficaz.

Granizal volvió a las calles para exigir agua, vías y derechos. Tras el deslizamiento que dejó 27 muertos en 2025, persisten el riesgo, la precariedad y las respuestas insuficientes del Estado. La comunidad exige dignidad y derecho a permanecer.

El caso del Parque Berrío es emblemático: mientras el Metro y la Alcaldía invierten 18.000 millones de pesos en remodelar la estación y construir un "muelle comercial" para privados, más de 170 vendedores informales son desplazados sin garantías.

Ya no hacen falta golpes de Estado tradicionales, bastan algoritmos, miedo, lawfare y gobiernos obedientes. La disputa por América Latina es hoy una batalla por los recursos, la memoria, la soberanía y el derecho mismo de los pueblos a existir con dignidad.

La Revista Kavilando publica un nuevo número dedicado a comprender las transformaciones del orden global desde una perspectiva crítica latinoamericana. Guerra cognitiva, geopolítica, migración, justicia, crisis climática y resistencias populares articulan esta edición. 

Termina el primer gobierno progresista en Colombia. ¿Qué balance deja para el movimiento negro y las comunidades étnicas? 🤔🌿 En esta entrevista para Punto de Vista, Alfonso conversa con Melquisedec Blandón, del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y editor del portal Diáspora, para analizar los logros, obstáculos y aprendizajes de estos cuatro años de gobierno