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Dom, May

¿Por qué Santos, no puede re-negociar el acuerdo de Paz?

Linea Conflicto Social y Paz

Por: José Fernando valencia Grajales. Kavilando

(…) se trata de un acuerdo protegido por el articulo 3 común de los acuerdos de Ginebra que ya tiene su depósito en Berna Suiza, lo que implica que es necesario que quienes intentan renegociarlo identifiquen que no lo pueden hacer, aunque el presidente a si lo dispusiera

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Es posible que a esta altura del partido las personas que tiene cierta formación jurídica, ya tengan claro que lo que busca el partido Centro Democrático, no tiene sentido desde el punto de vista jurídico y político, lo anterior porque su líder parece desconocer los temimos mínimos de la ciencia constitucional y el derecho internacional e incluso se evidencia que ni siquiera ha leído los acuerdos de la Habana o lo dicho por la corte constitucional.

O es posible que, lo ha hecho y solo este exigiendo una victoria que nunca existió con el fin de que sus seguidores le sigan adulando y le llamen mártir o Ángel, lo cierto es que yo les sugiero a quienes hace parte de la academia que saquen a sus pupilos de una ignorancia galopante, primero porque lo solicitado por el centro democrático es ilógico, primero porque las negociaciones entre estados implican que por lo menos exista un plenipotenciario, y eso es lo que no son, segundo porque para negociar se requieren dos, y una de las parte en su más sensata capacidad no lo harían, tercero porque se trata de un acuerdo protegido por el articulo 3 común de los acuerdos de Ginebra que ya tiene su depósito en Berna Suiza, lo que implica que es necesario que quienes intentan renegociarlo identifiquen que no lo pueden hacer, aunque el presidente a si lo dispusiera.

Cuarto porque los acuerdos no son sujeto de refrendación por parte del pueblo a nivel internacional, y tampoco en Colombia y porque los plebiscitos siempre han sido muy peligrosos, (porque este mecanismo es propio de los dictadores que pretenden perpetuarse en el poder) para la sociedad, razón por la que dentro de las facultades presidenciales no se encuentra que por medio de plebiscito se afecte un tratado o se modifique o incluso sea aprobado y sobre ello para aquellos que no leyeron la sentencia de la corte se los subrayo y aclaro:

Sentencia C-379/16

En este mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-180 de 1994 (1) al sostener: “[el] uso de carácter personal que le dieron a este mecanismo en el siglo XIX los regímenes Napoleónico -1802- y Bonapartista -1852 y 1870-, ejemplos que han servido de inspiración a no pocos gobiernos dictatoriales posteriores, por ‘plebiscito’ vino a entenderse el voto directo de los ciudadanos mediante un ‘sí’ o un ‘no’ para expresar su respaldo o rechazo a quien detenta el poder. Se le concibió entonces, como un mecanismo de ‘ratificación’ utilizado por ‘dictadores y usurpadores del poder’, en búsqueda de legitimidad…” (2). Con base en dichas experiencias históricas, la exposición de motivos de la Ley 134 de 1994 expresó la necesidad de establecer “una serie de controles estrictos para garantizar que el plebiscito sea empleado como un mecanismo de participación democrática libre de los vicios que históricamente lo han asociado a un instrumento empleado en regímenes autoritarios. Los controles previstos en el proyecto, sin embargo, sólo tienen ese alcance y no impedirán que el Presidente pueda utilizarlo como una herramienta democrática que le permita provocar un pronunciamiento popular” (3). (Sentencia C-379/16)

 Pero dicho pronunciamiento popular no es obligatorio al momento de refrendar un acuerdo, PORQUE LA CONSTITUCION SE LO PROHIBE y adicionalmente como lo dice la Corte.

Por esa razón se determinaron los asuntos sobre los que al Presidente no le está dado consultar al Pueblo a través de un plebiscito (4), estos son: los que tienen que ver con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes (Ley 134 de 1994, Art. 77), la duración del periodo constitucional del mandato presidencial (5), la posibilidad de introducir modificaciones a la Constitución Política (6), las leyes de presupuesto ni las referentes a materias fiscales o tributarias. Tampoco puede consultar sobre tratados internacionales, pues la Corte Constitucional declaró inconstitucional “la posibilidad de que por la vía del plebiscito el pueblo se pronuncie ‘sobre las decisiones previstas en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política’” (7) (Sentencia C-379/16)

Adicionalmente el plebiscito no le permitía al pueblo definir qué hacer con la decisión, porque al presidente se le prohibió expresamente trasladar la decisión al pueblo y sobre ello la corte se pronuncia así: 

“De otro lado, se encuentra que el plebiscito especial no involucra trasladar al Pueblo la competencia del Gobierno para suscribir acuerdos de paz, en tanto alternativa para cumplir con su obligación de mantener el orden público.  En razón del diseño mismo del plebiscito, lo que se somete a consideración del Pueblo son decisiones de trascendencia nacional que generalmente hacen parte de la competencia del Ejecutivo, pero la decisión popular opera únicamente como un vía de legitimación democrática para la actividad del Presidente, que en nada afecta dicho ámbito de competencia constitucionalmente reconocido. 

Esto, debido a que el ejercicio de tales potestades no está supeditado a la validación popular, mostrándose la misma como opcional, pero en todo caso crucial en términos de la mencionada legitimación. 

Ello se muestra particularmente importante en el caso analizado, habida consideración del innegable vínculo entre la definición de las vías para la superación del conflicto armado y la participación ciudadana en un asunto que sin duda es transcendental para el futuro de la democracia en Colombia. Por lo tanto, si se parte de la base de considerar que la Constitución propugna por la participación de los ciudadanos en los asuntos que los afectan, entonces, resulta constitucional una medida legislativa que permite la concurrencia del Pueblo para decidir acerca del Acuerdo Final, en tanto mecanismo para la superación del conflicto armado” ( Sentencia C-379/16)

Es decir que finalmente, lo que se definió en la arena política el domingo no fue nada más que una decisión vinculante y política hacia el presidente que en nada afecta y no puede afectar el convenio especial ya firmado, es por ello, que solo se puede expresar que estamos ante un país que o realmente no lee o que sus dirigentes están en peores condiciones que sus dirigidos, razón por la cual el llamado a la cordura implica no solo ser prudente, sino estar bien informados, asunto que los medios de comunicación en Colombia se han empecinado en desconocer.

Referencias.

1.  Corte Constitucional, sentencia C-180 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa. SPV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero).

2 Corte Constitucional, Sentencia C-180 de 1994.

3 Exposición de motivos Ley 134 de 1994, disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7383#0

4 Así pues, esta Corporación en la sentencia C-150 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo. SV. Jorge Iván Palacio Palacio. SPV Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado, Martha Victoria Sáchica Méndez, Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Martha Victoria Sáchica Méndez, Jorge Iván Palacio Palacio) reconoció como una regla jurisprudencial del plebiscito la permisión que tiene el legislador de establecer el objeto del plebiscito. “En virtud de dicha regla, si bien el legislador puede delimitar los asuntos o materias objeto de la consulta plebiscitaria, es obligatorio que tales restricciones comprendan, al menos, asuntos relativos a leyes aprobatorias de tratados internacionales, a las leyes de presupuesto y a materias fiscales o tributarias. En efecto, la Corte señaló, al pronunciarse sobre la posibilidad de someter a plebiscito las materias comprendidas por el numeral 16 del artículo 150, que ello era inexequible “como quiera que conforme al artículo 170 de la Carta, no procede el referendo respecto de los tratados internacionales”. Adicionalmente y considerando que la modificación de la Constitución solo es posible a través de los mecanismos establecidos en el artículo 374, la Corte consideró que se ajustaba a la Carta la prohibición de someter al plebiscito decisiones relativas a la duración del periodo presidencial o que impliquen modificación de la Constitución. En esa dirección este Tribunal sostuvo que la Corte no encontraba objeción a dicha regulación “máxime cuando la propia Carta Política prevé que la reforma a sus preceptos se solicite mediante otros mecanismos, instrumentos y procedimientos distintos del plebiscito”.

5 Art. 78, Inc. 2 de la Ley 134 de 1994 y Art. 20 Lit. C de la Ley 1757 de 2015.

6 Art. 78, Inc. 2 de la Ley 134 de 1994 y Art. 20 Lit. C de la Ley 1757 de 2015. Corte Constitucional, Sentencia C-180 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa. SPV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero). “No encuentra la Corte reparo alguno de inconstitucionalidad respecto de esta previsión normativa, máxime cuando la propia Carta Política prevé que la reforma a sus preceptos se solicite mediante otros mecanismos, instrumentos y procedimientos distintos del plebiscito.”

7 Corte Constitucional, Sentencia C-180 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa. SPV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero).

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