Por: Jair Trujillo. elcolectivocomunicacion
Desde el 18 de febrero de este año se encuentra en el despacho del alcalde del municipio de Marmato, Caldas, una notificación de desalojo de las minas “El Ceibal” y “El Palo”, las cuales reclama la multinacional Gran Colombia Gold, por poseer títulos sobre ellas
Ante la orden de desalojo, el pasado trece de abril la gobernación de Caldas convocó a la compañía y a la comunidad a una reunión para tratar de establecer acuerdos y evitar la agudización del conflicto. Sin embargo, no llegaron a consensos, por lo que la población se encuentra en vilo y esperando el arribo de 500 policías del ESMAD.
Historia de un conflicto minero
El conflicto entre la comunidad de Marmato y las empresas mineras extranjeras data de comienzos del siglo XX. Al finalizar la Guerra de los Mil Días, el general Reyes otorgó al general Vázquez Cobo la propiedad sobre los yacimientos de oro, pero éste poco después los traspasó a la Western Sindicate Limited, la cual, a su vez, los transfirió a Colombian Mining Exploration Co.
Para 1936, el gobierno tomó la decisión de arrendar el emporio a empresas nacionales y así disolvió las tensiones al declarar la Zona Alta (cerro El Burro) como reserva para la minería de pequeña escala, mientras que la Zona Baja, ubicada en la base de la montaña, fue destinada a la empresa privada para hacer minería a mediana escala.
Sin embargo, según la memoria de los marmateños, los verdaderos problemas empezaron en las últimas décadas, luego de que la multinacional Gran Colombia Gold (en ese momento bajo otro nombre), comprara 84 de 121 títulos con la intención de desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto. Una vez adquiridos los títulos, la compañía decidió cerrar las minas y dejar sin empleo a unas 833 personas, según asegura Yamil Amar, presidente del Comité Cívico Pro-Defensa de Marmato.
Ante esta situación, algunos mineros tradicionales decidieron reabrir las minas y continuar con su actividad. Dicha acción política la legitimaron invocando el derecho fundamental al trabajo y otros aún por conquistar como el derecho al territorio y a la tierra. En respuesta, la compañía canadiense presionó al gobierno para que hiciera efectivo el desalojo de las minas cuyos títulos habían adquirido tiempo atrás.
Por su parte, los mineros argumentan, amparados en el Código de Minas, que la multinacional ya no tiene qué reclamar, pues el cierre total de las minas se prolongó por más de seis meses, tiempo estipulado por la legislación vigente para perder derechos sobre aquellos títulos. Por otro lado, se mantienen en que las minas en disputa pertenecen a la parte alta del cerro, destinado a la minería artesanal.
Orden de desalojo
El desalojo obedece a la resolución 010 del 30 de abril de 2015, en la cual la Inspección de Policía de Marmato ordenó la suspensión de labores mineras. Los mineros presentaron un recurso de reposición y un subsidio de apelación que fue desestimado tanto por la Inspección de Policía, mediante auto 23 del 23 de julio de 2015, como por la gobernación de Caldas con la Resolución 8044-2 del 2 de septiembre de 2015 que ordenó el cierre de estas.
Ante esta situación, el personero del municipio, Wilson Giovanny Castro Ortiz, solicitó que se suspendiera el cierre y desalojo de las minas hasta tanto no se resolviera el caso de la mina “Villonza”, que actualmente cursa en la Corte Constitucional. En dicho caso, la Corte profirió la sentencia T- 438 del 13 de julio de 2015 en la cual ordena “conceder la tutela del derecho fundamental a la consulta previa de los miembros de la comunidad indígena Cartama y de la comunidad afrodescendiente Asojomar (Asociación de Joyeros de Marmato) que se han dedicado a la minería artesanal e informal”. La sentencia también impedía al Estado continuar con la firma de concesiones a empresas trasnacionales.
No obstante, la Sala Plena de la Corte declaró posteriormente la nulidad del fallo mediante el comunicado No. 56 del 10 de diciembre de 2015. El argumento fue que en el curso de la tutela no se vinculó al señor Alberto Castro Saldarriaga, en su calidad de tercero interesado, quien afirmó que vio afectados sus intereses con la suspensión de esta actividad, pues pese a que en el Registro Minero Nacional consta su calidad de titular minero CHG-081, no pudo ejercer su derecho de defensa. Los mineros coinciden en que esta decisión, “curiosamente” favoreció a la transnacional, en detrimento de los intereses de la comunidad.
Finalmente, el desalojo, que estaba programado para el pasado 14 de febrero, no se ha hecho efectivo gracias a algunos acercamientos entre las partes. Sin embargo, lo que preocupa ahora es que justamente los canales de diálogo se rompieron, pues la reunión realizada el pasado 13 de abril dejó a la comunidad en completa incertidumbre.
La resolución de desalojo, un documento de cuatro páginas, advierte un procedimiento con uso desmedido de la fuerza. El operativo contará con 500 hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD–, cuatro volquetas, una retroexcavadora, diez vehículos tipo camión NPR, alojamiento, hidratación y alimentación para el personal de la policía, suministro de combustible, cuatro ambulancias y carpa de personal médico. Además, pretende decretar alerta amarilla y alerta roja. Todo el operativo tiene un costo de $ 112.180.000 y sería sufragado con dineros del Municipio.
Wilson Castro, personero municipal, quien también debe hacerse presente en el momento del desalojo, manifestó que “la posición de la Personería Municipal frente a esta orden y frente a los 72 amparos administrativos restantes que tenemos en firme, siempre ha sido respetuosa de las decisiones que toma la autoridad, pero sí llama la atención esa inseguridad jurídica que se tiene”.
Lo que más inquieta a la comunidad es que la policía aluda en la resolución a tres publicaciones del periódico La Patria en las que se estigmatizan como acciones violentas las jornadas de protesta de los marmateños en el marco del paro minero realizado en 2013. Esto parece justificar el gran despliegue policial y militar que tienen preparado para el desalojo de las dos minas. Por eso, los líderes y la comunidad en general están preocupados, pues advierten que “esta vez la fuerza pública va a arremeter con todo”.
Reunión sin acuerdos entre las partes
La reunión se realizó con la presencia de algunos miembros de la comunidad marmateña, delegados del gobierno (en sus tres niveles), organismos de control, Policía Nacional, Agencia Nacional de Minería y delegados de la compañía Gran Colombia Gold.
Pese a que la comunidad esperaba soluciones concretas de esta reunión, lo que pasó fue que se reiteró el cierre de las dos minas y se le advirtió al alcalde que el incumplimiento de la orden significaba graves faltas disciplinaria podían ser castigadas por la Procuraduría.
Adriana Palomino, secretaria del Comité Cívico Pro-Defensa de Marmato, y ex gobernadora de la parcialidad indígena de Cartama, reveló que “la reunión fue más un ultimátum, donde el gobierno vino con todas sus entidades a notificarle al minero que no hay otra opción sino hacer subcontratos de arrendamiento con la compañía”. Por otro lado, manifiesta la lideresa comunitaria, “vemos que está amenazada nuestra integridad, nuestra vida. Nos vemos abocados a un desplazamiento forzado”.
Julio Vargas Chica, alcalde de Marmato, indicó que “mientras en La Habana se está hablando de paz y el gobierno dice estar de acuerdo con devolverle la tierra que le fue arrebatada a los campesinos, a nosotros nos están despojando de la minería, y digo “nosotros” porque yo también vengo de cuna de mineros”.
Queda esperar entonces que la administración municipal fije la fecha definitiva para el desalojo. Aunque el alcalde se muestra cercano a la comunidad, y a su vez cuenta con el apoyo de algunos líderes, se mantiene en que, como alcalde debe cumpleir la ley. “A mí ya me dijeron, tiene que hacer cumplir ese amparo administrativo porque de lo contrario sale perjudicado”.
La disputa por el oro y el territorio
marmato 4La actual disputa por el oro y el territorio no es algo exclusivo de Marmato. Sin embargo, este municipio es un referente importante en la actual resistencia a las multinacionales. Sus estrategias de lucha han estado encaminadas hacia lo jurídico (con el acompañamiento de algunas universidades), pero también hacia las vías de hecho, tal como sucedió en el 2013 durante el paro minero.
“Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dar la pelea jurídica, pero si el gobierno no quiere, a los marmateños nos da mucha pena pero volvemos a paralizar la troncal de occidente”, manifestó la exgobernadora indígena Adriana Palomino, en un foro realizado por la Universidad de Antioquia el pasado 28 de abril.
Justamente este evento tenía por objetivo visibilizar la actual coyuntura de Marmato, así como la de otro municipio minero: Buriticá, el cual vive una situación similar o peor tras el desalojo, el pasado 25 de abril, de trece de veintiuna minas que entraron en proceso de amparo administrativo. Por lo menos doscientas personas quedaron desempleadas con esta medida.
Estos operativos se vienen dando en los departamentos de Antioquia, Chocó y Caldas. Las decisiones para nada favorecen a la minería nacional o tradicional, por el contrario, pretende perseguirla y criminalizarla. Adriana Palomino hizo un llamado a los pueblos que protagonizan la actual disputa por el oro y el territorio, para que se unan y puedan hacer frente a la imposición de las políticas mineras impulsadas por el gobierno, las cuales no pretenden conciliar con la comunidad, sino que, por el contrario, intentan pasar por encima de las comunidades.
En este momento Marmato exige una minería tradicional, que considere la convivencia con el territorio y la configuración de la identidad. Sin embargo, algunos municipios vecinos no comparten esta postura, pues insisten en que la minería, en cualquiera de sus modalidades, trae consecuencias irreversibles al medio ambiente. Su invitación es a trabajar en pro de la disminución de la actividad minera, recuperando la tradición de sembrar alimentos para garantizar poco a poco la no dependencia exclusiva de la minería.
