Paz Con Imperativos Éticos

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Las conversaciones políticas son ejercicios de poder y en ellas hay expresiones que sirven para alentar el ánimo de paz o mantener el ánimo y disposición de guerra. Las conversaciones son sistemas coordinados de partes en juego orientados a crear la sustancia de paz, enfrentadas a otros sistemas orientados a sostener la sustancia de la guerra.

El marco adecuado a la paz es el de que cada parte otorgue al otro el carácter de adversario y lo trate como tal, eliminando prejuicios y modos del lenguaje que llamen al odio y la venganza, como mecanismo favorable para llamar a silenciar los fusiles, todos los fusiles y demás herramientas de combate incluidas las operaciones psicológicas de guerra, los mercenarios e informantes y la intervención de aeronaves no tripuladas.

El proceso de conversaciones y negociación política en curso, entre las FARC y el Gobierno Santos, que ha completado su primer año, exige de las dos partes, tanto adentro en la mesa como en la confrontación política y militar afuera, mesura y respeto por el tiempo, las decisiones y el carácter de discusión entre contrarios. Respeto por los tiempos, hay conflictos que han durado más de una década de conversaciones, otros cinco, tres o dos años, este durará el tiempo necesario, que no resultara igual al de la urgencia de los partidos o de los partidarios de la continuidad de la guerra. El tiempo no depende de calendarios solares, ni ciclos de luna, ni de apuestas electorales, depende de la voluntad política de las partes para encontrar acuerdos sostenibles y realizables. Respeto por las decisiones que se construyan en la mesa con base en que las partes llegaron por voluntad propia y se aceptaron como contrarios para discutir sobre la realidad y el futuro de la sociedad y del estado en igualdad de condiciones, nadie fue convocado a ratificar allí decisiones ya tomadas o aceptar acuerdos que allí no se discutan. Respeto entre contrarios que se rigen por sistemas de legalidad distintos y que tienen visiones de legitimidad que no concuerdan, lo que permite mantener vigente la mesa de conversaciones, aun en medio de la inadmisible lógica de que los representados por fuera de la mesa mantienen activa la máquina de muerte, mientras se espera la orden de fin de este conflicto, que no indica entrar en posconflicto.

Las partes aceptaron negociar porque sus puntos de vista sobre la política, la gobernabilidad, los modos de distribución de la riqueza y la democracia son distintos y comparten la conclusión de que esos puntos de vista contrarios son los que sostienen las acciones de guerra, si se desmonta la contrariedad habrá salidas de paz. Los modos de acción y ejercicio del poder difieren y en ese mismo sentido difiere el derecho, la ley, los derechos humanos y la importancia misma de cada tema, ya que lo que para el gobierno y las élites de poder suele ser interpretado como causa para la insurgencia sencillamente es consecuencia, como su propia existencia. Estas formas de ser contrarios, opositores, son las que le dan la validez a las conversaciones, que fue lo que justamente no hubo en las reuniones de Ralito en donde representantes del gobierno de Alvaro Uribe, sesionaron con los paramilitares en calidad de combatientes amigos, encargados de administrar la muerte de los adversarios (civiles, insurgentes o creados) llamados enemigos del orden, de la democracia y del capital como parte nodal de la política de guerra incrustada en el Estado.

Como las conversaciones son entre contrarios el imperativo no puede ser de legalidad, si no ético. Para la insurgencia la ley aparece como el símbolo de la contractualidad, del contrato, de los códigos que se presentan como la gran aplanadora de la decisión política de las mayorías. En la explicación insurgente la ley es también expresión de poder y la explotación misma resulta del cumplimiento de la ley. Se mata al otro para cumplir la ley, se despoja de su último aliento al despojado para cumplir la ley y si es del caso se establece el estado de excepción que elimina todo derecho para cumplir la ley que permite defender por encima de los humanos concretos las abstractas y cuestionadas instituciones.

Por eso el imperativo que sostiene las conversaciones tiene que ser ético, basado en valores esenciales como no engañar, no mentir y decir siempre la verdad. Cada negociador debe ser un parresiastes, un ser humano capaz de decir siempre la verdad aunque le cueste la vida, sin esperar recompensa ni privilegio personal. La ética común pasa por el lenguaje, por la retórica, por el tono y las maneras de asumir el dialogo. Llamar con epítetos, descalificaciones, amenazas de ruptura, o pretender colocar el interés propio en el manejo del tiempo, de la agenda o de los alcances de los debates resulta al menos alevoso, mal intencionado e inmoral cuando se crean dobles discursos. La paz es un asunto serio y contra toda alevosía vale la pena apostarle hasta alcanzarla. 

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