El desgobierno del Aprendiz. Autoritarismo, guerra y pandemia. Informe (Pdf)

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Organizaciones Aliadas, -ver autores.

En medio de la crisis de la pandemia, el gobierno de Iván Duque no ha podido o no ha querido avanzar en la paz, ni detener esta nueva espiral de violencia, de masacres de jóvenes, asesinatos de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, despidos masivos, feminicidios, hogares con hambre; niños, niñas y jóvenes sin acceso a las clases virtuales, militares ocupando la Amazonia, trabajadores de la salud sin recibir salarios por meses, narcotraficantes avanzando en los territorios, desalojos, suicidios. 

 

 

00 el desgobierno

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El segundo año de presidencia de Iván Duque se partió en dos mitades casi iguales. 

En un primer momento, hubo unos meses (de agosto de 2019 a febrero de 2020), en los que la ciudadanía se tomó la palabra y las calles del país para derrotar a los partidos tradicionales en las elecciones regionales de octubre y para protestar por los desafueros del gobierno; Desde marzo, llegaron la pandemia y el confinamiento, con el que se intentaba contener un virus que no surgió por una decisión humana, pero que si es consecuencia del calentamiento global y de la globalización.

De las calles, a encerrarse.

Un microscópico virus partió la historia de este país y de este gobierno en dos. Y así comenzó un juego, de vida o muerte en muchos casos. Todo lo que siguió a continuación sí es consecuencia de decisiones humanas. En nuestro contexto, los poderes económicos, políticos y armados, legales e ilegales, han tomado esas decisiones por nosotros. Sabemos que un organismo con un sistema de defensa robusto sobrevive a los ataques de casi todos los virus existentes.

Y si no hay enfermedades de base que le permitan atrincherarse y multiplicarse, son menores las probabilidades de sufrir o de perecer. En Colombia, comenzamos en 2016 a trazar un camino para resolver nuestra tragedia nacional, nuestra enfermedad bicentenaria, la violencia política.

Pero cuando apenas iniciábamos el recorrido para lograr paz completa el Centro Democrático y su candidato Iván Duque ganaron las elecciones y comenzaron a buscar hacer trizas el acuerdo de paz, cosa que han logrado en parte, mientras al mismo tiempo desataban un nuevo proceso de reformas económicas destinadas a precarizar el trabajo, privatizar pensiones y favorecer a sus financiadores.

Por eso, y en parte aupados por la ola de protestas globales, estudiantes y trabajadores lograron convocar el masivo Paro Nacional de noviembre de 2019. Ese proceso de movilizaciones interrumpido por la cuarentena ha sido respondido por la ruptura constitucional disfrazada de emergencia económica, el aumento de la violencia política, las violaciones de derechos humanos y las masacres, la compra de una mayoría en el Congreso y la cooptación de todas las ramas del poder y de los entes de control del Estado.

Y de otro lado, ha tomado decisiones tardías, equivocadas y limitadas, con unas consecuencias sociales devastadoras. Veinte años de retroceso social, 32 % de desocupación, hambre generalizada. Para cualquier persona que viva en Colombia, la covid-19 está dejando desnudo el régimen y su agenda: su esfuerzo mal disimulado de hacer a un lado la construcción de la paz y lo que ella produciría en una mejor vida para la población.

La diferencia es que ahora, la crisis de salud y sus correlatos sociales y económicos son el escenario de los intentos para desbaratar la paz y acallar a sus defensores usando las masacres, los asesinatos de líderes, la impunidad, la remilitarización y el favorecimiento a los poderes económicos oligárquicos sin importarle cinco la población y los territorios más victimizados.

Desde el 21 de noviembre de 2019, colombianas y colombianos salieron a las calles, golpearon sus cacerolas en las noches, se expresaron por las redes sociales durante más de dos meses. Manifestaron en las calles su rechazo al desastroso estado de la nación y señalaron como responsable al actual presidente del país y sus aliados, expresaron la voluntad social de detener un gobierno que insiste en sumergir al país en la guerra y la miseria. El 2020 comenzaba esperanzado por el ánimo de las movilizaciones, pero la historia cambió y el panorama social se agravó.

En medio de la crisis de la pandemia, el gobierno de Iván Duque no ha podido o no ha querido avanzar en la paz, ni detener esta nueva espiral de violencia, de masacres de jóvenes, asesinatos de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, despidos masivos, feminicidios, hogares con hambre; niños, niñas y jóvenes sin acceso a las clases virtuales, militares ocupando la Amazonia, trabajadores de la salud sin recibir salarios por meses, narcotraficantes avanzando en los territorios, desalojos, suicidios.

A pesar de su falta de carisma y su nula empatía, de la mala gestión de sus ministros, consejeros y asesores, en medio de una fortísima oposición, Duque y su gobierno han concentrado en sus manos todo el poder del Estado, abusando de facultades excepcionales que le han permitido la expedición de al menos 164 decretos que favorecen a intereses corporativos y financieros, debilitando lo público y olvidando el bienestar colectivo como podrá leerse en el primer apartado de este informe: “Dos años de desgobierno”. Por otro lado, aunque el gobierno ha puesto atención a la pandemia, en la práctica, no la ha atendido directamente, sino que ha dejado esta labor en manos de terceros y lo ha hecho además sin un enfoque de derechos humanos y rechazando medidas que garanticen protección social universal.

Por esta razón, derechos como la salud, el trabajo, la educación, la alimentación o el agua son el reflejo de un estado militarista indolente frente a la vida y debilitado para garantizar mínimas condiciones de vida a toda la población, a pesar de propuestas y movilizaciones para que se cree un ingreso básico para toda la población vulnerable, como se describe en el segundo capítulo: “Pandemia y autoritarismo”.

El tercer apartado, titulado “No más silencio, nos están matando” expone el aumento de los asesinatos de líderes y lideresas en el país, su sistematicidad, la concentración de la muerte en zonas de disputa territorial por actores armados, la ineficacia de los mecanismos estatales por atacar de raíz causas como el avance del paramilitarismo y el narcotráfico, las afectaciones diferenciadas de la violencia contra las mujeres, las personas LGBTI, los grupos étnicos y las personas racializadas. Aunque existen cifras diferenciadas y datos recolectados por fuentes oficiales y de la sociedad civil, es posible afirmar que el segundo año de gobierno de Iván Duque es el más violento para los liderazgos sociales en los últimos años.

Sordo ante las protestas y las propuestas ciudadanas en la formulación de los planes de desarrollo, con medidas represivas y limitantes para el ejercicio de la protesta social, agudizando la emergencia humanitaria en las cárceles, atacando de manera permanente a las altas cortes y poniendo en riesgo la independencia judicial, es claro que vivimos una “democracia sin garantías”, como se presenta en la cuarta sección de este informe.

En contravía de lo que este gobierno plantea, los movimientos sociales por la paz y los derechos humanos y quienes firmaron el acuerdo final continúan defendiéndolo y exigiendo su implementación, así como el reinicio de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Con un nivel de implementación que nuevamente, no supera el 4 %, una nula voluntad política, la desfinanciación de los principales puntos del Acuerdo y una contrarreforma rural en marcha, el acuerdo de paz está en vilo.

Al observar las realidades locales, es visible que el segundo año de gobierno de Iván Duque se caracteriza por el escalamiento de la violencia en varias regiones del país. La respuesta frente a las demandas sociales se ha centrado en aumentar el pie de fuerza militar, que, en lugar de traducirse en mayor tranquilidad y relaciones pacíficas a nivel territorial, ha contribuido al aumento de las acciones violentas, mientras se impide el diálogo o la atención humanitaria frente a las múltiples carencias que se viven a nivel regional.

Además, se siguen evidenciando alianzas y omisiones de actuación entre la fuerza pública y grupos paramilitares. El capítulo denominado: “El rostro de la guerra, la pandemia y el autoritarismo” da cuenta de esto.

En materia internacional, este informe plantea que asistimos a una ideologización de la política exterior a partir de la cual se da una polarización derecha/izquierda que tiene como consecuencia la imposibilidad de diálogo entre sectores con perspectivas políticas divergentes, en especial, con los países denominados como la Troika de la tiranía: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este manejo de la política internacional se expresa también en la situación que se vive en la frontera y el manejo desastrozo que se ha dado a lo que sucede en el límite con Venezuela, situación que ha incentivado rentas ilegales, tráfico de personas, desempleo e informalidad y un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) que rebasa el 50 %, casi duplicando el promedio nacional (27%).

Aunque se podría pensar que esta situación exige una respuesta humanitaria e internacional inmediata, el gobierno Duque se enfoca exclusivamente en la vía militar, lo que explica también que su gobierno favorezca el intervencionismo estadounidense en Venezuela. Lamentamos que este informe muestre un panorama desolador, pero es necesario seguir nombrando también la fortaleza de las personas y organizaciones que continúan insistiendo en la voluntad de cambio y de construcción de paz.
Hacer visible el desgobierno del aprendiz significa poner la mirada sobre las consecuencias nefastas que produce pasar por alto las demandas sociales y fortalecer los argumentos y acciones que desde la ciudadanía hemos construido para dar un vuelco a la política nacional y que, al fin, privilegiemos la vida.

Nuestro cuerpo, el colectivo, el país, debe seguir en camino a la recuperación, capaz de enfrentar cualquier virus, de hacerle frente a los virus de la guerra, la pobreza y la desigualdad. Este informe lo demuestra página por página. A través de 56 artículos organizados en 7 capítulos, que parten del contexto general hacia una mirada sectorial territorial o poblacional en asuntos de relevancia como lo que ha sucedido en materia económica, la garantía de derechos sociales, la protesta social, el manejo de la pandemia, la implementación de los acuerdos de paz, la falta de garantías 19 Presentación democráticas, la situación carcelaria, el recrudecimiento del conflicto y la situación que se vive en distintas regiones de Colombia que son un reflejo de lo que en este informe hemos llamado como el desgobierno del aprendiz.

La responsabilidad de conformar este retrato de nuestra cruda situación es fruto del trabajo coordinado de más de 500 organizaciones sociales y no gubernamentales agrupadas en las tres grandes plataformas de derechos humanos del país, que hoy presentamos este informe nacional de balance del segundo año de Duque, quien, como buen aprendiz ha repetido en su administración el uso del autoritarismo, la seguridad democrática y la muerte que caracterizaron al gobierno de su jefe político, Álvaro Uribe Vélez.
Este informe es posible gracias al valor de comunidades y organizaciones sociales que en sus territorios defienden los derechos humanos, sociales y ambientales, a pesar de amenazas y violencia sistemática.

Es posible gracias al conocimiento acumulado y al análisis de investigadoras e investigadores que en universidades y centros de pensamiento escudriñan insatisfechos nuestra realidad, buscando un porvenir mejor para Colombia. Es sobre todo un esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos y paz que viven para defender la vida, la reconciliación y las libertades y garantías constitucionales, aunque nos está costando centenares de vidas.

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