Informe conjunto presentado a la CIDH, sobre violación sistemática de Derechos Humanos en el marco de las protestas en Colombia.

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Temblores, Piis, Indepaz

Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021.

 

 

INFORME CIDH CONJUNTO IMAGEN

INTRODUCCIÓN 

 

Desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha de envío de este informe se han presentado expresiones masivas de protesta en todo el territorio nacional colombiano. En este informe se reportan a la CIDH hechos de violencia por parte de miembros de la fuerza pública contrarios a la convención Americana de Derechos Humanos y se analizan las acciones y omisiones estatales que, en su conjunto y sistematicidad, generan un entorno propicio para la vulneración del derecho a la protesta y, de forma conexa, la violación de un sinnumero de derechos.

Desde la plataforma GRITA de Temblores ONG, el observatorio de DDHH de Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (en adelante Paiis) hemos recibido, triangulado, verificado, sistematizado y registrado un gran volumen de denuncias de violencia policial que llegan a nuestros distintos canales de comunicación. Al recibir una denuncia, nuestros investigadores e investigadoras proceden a: (i) establecer contacto con la víctima o el testigo, (ii) verificar el contexto de la denuncia con una revisión de las bases de datos preexistentes construidas en años pasados por GRITA e Indepaz, (iii) triangular las denuncias recibidas mediante un proceso de contraste de fuentes y, por último, (iv) registrar la denuncia en la base de datos de GRITA e Indepaz.

El presente informe está dividido en 4 capítulos. En el primer capítulo presentamos un breve resumen de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al derecho a la protesta social y las obligaciones de los Estados ratificantes de la Convención frente a los usos arbitrarios de la fuerza pública. El segundo capítulo está compuesto por dos partes: en la primera presenta unas observaciones generales sobre el incumplimiento del Estado colombiano de los estándares de la Corte IDH en materia de

protección de los derechos de las personas manifestantes y, en la segunda, nos concentramos en demostrar cómo el incumplimiento de dichos estándares se ha materializado en prácticas sistemáticas de violencia por parte de la fuerza pública en contra de las personas manifestantes. En el tercer capítulo presentamos unas conclusiones generales, así como un resumen ejecutivo de las cifras de violencia por parte de la fuerza pública recopiladas por la Plataforma GRITA e Indepaz desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo de 2021. En el cuarto capítulo, por último, desarrollamos una serie de recomendaciones a la Comisión para reducir los hechos de violencia por parte de la fuerza pública y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de estos crímenes.

1. Los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al derecho a la protesta y las obligaciones estatales frente al uso arbitrario de la fuerza pública.

Dentro del contexto internacional, el derecho a la protesta se ha enmarcado dentro del artículo 20 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948; del artículo 21 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de 1948; el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas as formas de Discriminación Racial de 1965; del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas de 1966; del artículo 8 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y del artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1968.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Corte IDH— la estigmatización de la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza generan entornos de miedo y zozobra que desestimulan a la sociedades a ejercer de manera libre su derecho

fundamental a la reunión y protesta.1 Por ello, ha desarrollado en sus decisiones jurisprudenciales diversos pronunciamientos sobre el derecho a la reunión y la protesta social y ha definido los alcances de estos derechos, así como las obligaciones de los Estados con respecto a su ejercicio, con el fin de contrastar las omisiones y actuaciones estatales. La Corte IDH indica que deben priorizarse las medidas preventivas por encima de las represivas, entre las cuales se incluyen una normatividad robusta, así como acciones concretas de capacitación y formación de los agentes de la fuerza pública en derechos fundamentales y mecanismos de prevención de la violencia en el ejercicio del derecho a la protesta y reunión.

En lo que sigue se sintetizan algunos desarrollos jurisprudenciales de esta Corte sobre el alcance de este derecho, sobre los límites al uso de la fuerza pública en este contexto y sobre las obligaciones del Estado que se derivan del uso arbitrario de tal fuerza.

La Corte IDH ha establecido sobre el derecho a la protesta, entre otros, que:

1. El derecho de reunión establecido en el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos es un derecho fundamental y protege el derecho a protestar o manifestar inconformidad en contra de acciones o decisiones del Estado. Estas acciones también están amparadas en el derecho a la libertad de expresión.
2. El Estado tiene la obligación de crear entornos propicios para el ejercicio del derecho de reunión. Violar o restringir de manera inadecuada este derecho, entre otras por medio de la fuerza pública, tiene un efecto inhibitorio sobre futuras expresiones de esta naturaleza, lo cual es una limitación del ejercicio libre de este derecho.2 

3. Las restricciones al derecho a reunión deben cumplir con las siguientes condiciones: a. las injerencias no pueden ser abusivas ni arbitrarias; b. deben estar previstas en la ley; c. deben perseguir uno de los siguientes fines legítimos: la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás; d. deben ser necesarias y proporcionales.3

4. El derecho a reunión le asiste a cada persona que participe en la misma. En consecuencia, actos violentos de algunas personas no pueden ser atribuidos a otras. Esto supone la responsabilidad del Estado de distinguir entre las personas que se manifiestan de manera pacífica y las que no (y recordar que estas últimas siguen conservando sus demás derechos como a la vida y debido proceso).
5. Se reconoce la “protesta social” como derecho fundamental autónomo. En la sentencia del Caso Caracazo vs. Venezuela. Sentencia 29 de agosto de 2002. Reparaciones y Costas. Serie C No. 95. se condena al Estado venezolano por las faltas graves cometidas contra el ordenamiento internacional al utilizar desproporcionadamente la fuerza y por las violaciones de derechos humanos a los ciudadanos de Caracas por parte de militares y policías.

Con respecto al uso de la fuerza por parte del Estado, la Corte IDH ha realizado las siguientes precisiones:

1. Los agentes de la fuerza pública sólo pueden ejercer la fuerza contra personas que representen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y, en esa medida, deben aplicar los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”. (Disposiciones especiales, punto 9)


2. Como regla general, los Estados deben prohibir el uso de fuerza letal y armas de fuego por parte de agentes de la fuerza pública contra personas. Este uso debe estar enmarcado en tres principios: legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. “Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria”, concluye la Corte.4

De acuerdo con la Corte IDH, el Estado tiene, entre otras, las siguientes obligaciones frente al uso arbitrario de la fuerza pública:
1. Priorizar todos sus esfuerzos en establecer medidas preventivas sobre las represivas

2. Contar con una normatividad robusta sobre el uso de la fuerza pública con claridad y especificidad sobre las circunstancias y alcances de su uso en general; con respecto a las armas de fuego, la normatividad debe ser clara respecto a su almacenamiento y distribución, así como el control y seguimiento del uso por parte de la fuerza pública. Esta normatividad debe estar acompañada de la capacitación de los integrantes de los cuerpos armados y de seguridad en derechos humanos y en los límites al uso de la fuerza.

3. Disponer de la capacidad de vigilar los cuerpos de seguridad y contar además con un sistema de justicia efectivo para investigar, castigar y reparar a las víctimas por privaciones de la vida o lesiones a la integridad personal por parte de la fuerza pública. Los órganos jurisdiccionales deben seguir el debido proceso.5
4. Adelantar acciones posteriores al uso desproporcionado de la fuerza que haya generado la muerte o lesiones a personas. Estos procedimientos de verificación de la legalidad deben ser de oficio, inmediatos, serios, imparciales, independientes y efectivos. Los órganos investigadores deben ser independientes tanto jerárquica como institucionalmente y de facto. Estas investigaciones deben estar disponibles para el escrutinio público. Para la Corte “esta obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en estas situaciones”, y que la no investigación con seriedad de las investigaciones “compromete la responsabilidad internacional del Estado”6.

2. Incumplimiento del Estado colombiano de las normas y pronunciamientos del sistema IDH en el marco de las protestas realizadas entre el 29 de abril y el 31 de mayo del 2021 Como demostraremos a continuación, el Estado colombiano ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones de protección de los derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la protesta pacífica, así como los estándares de la Corte IDH sobre (i) regulación, (ii) control y (iii) seguimiento del uso de la fuerza pública en contextos de protesta social.

Este aparte está dividido en dos secciones. En la primera, presentaremos algunas observaciones sobre el incumplimiento del Estado colombiano de los estándares mismos de la Corte IDH en materia de protección de los derechos de las personas manifestantes. En la segunda sección demostramos cómo el incumplimiento de dichos estándares se ha materializado en prácticas sistemáticas de violencia por parte de la fuerza pública en contra de las personas manifestantes.

2.1 Observaciones sobre el incumplimiento del Estado colombiano de los estándares de la Corte IDH en materia de protesta social.

En cumplimiento de una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia del 22 de septiembre de 2020, el gobierno expidió en enero de este año el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza protesta pacífica ciudadana” por medio del Decreto 003 de 2021.7 Esta nueva norma contiene una serie de principios, definiciones, espacios de coordinación y algunos deberes de la fuerza pública para dar cumplimiento a la orden judicial de generar protocolos para acciones preventivas, concomitantes y posteriores a la protesta. Así, establece medidas previas como espacios de formación y capacitación en derechos humanos, instancias de articulación entre actores institucionales y la sociedad civil y facultades de verificación a los organismos de la Defensoría del Pueblo.

Este Decreto busca reestructurar las directrices sobre el uso de la fuerza para que respete, entre otras, la jurisprudencia de la Corte IDH y las recomendaciones de la ONU; en este sentido, evidenciamos que el gobierno es consciente de la necesidad de llevar a cabo este tipo de medidas. No obstante, a Temblores, Indepaz y Paiis nos preocupa la imprecisión sobre las responsabilidades específicas de la fuerza pública en el cumplimiento de dichas medidas.

Así, por ejemplo, si bien el artículo 6 del Decreto establece que la Policía debe continuar con la formación, capacitación y entrenamiento en DDHH y principios básicos del uso de la fuerza, no establece la renovación de estos programas de capacitación, ni el deber (sólo la facultad) de articularse con otras entidades o espacios de formación que tengan gran experticia en la materia. Por su parte, dicho decreto reconoce que el control a la protesta debe contar con una adecuada planeación, tal como lo señala la Corte IDH, pero no establece criterios y parámetros para que se generen las condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos de quienes se manifiestan. Además, si bien los espacios de coordinación y articulación entre autoridades civiles y militares, organismos de control y algunas de la sociedad civil están descritas en las normas, a través de la creación de puestos de mando unificado y se generaron responsabilidades específicas, se siguen presentando violaciones sistemáticas a derechos humanos y fundamentales. La Corte IDH también señaló que el control a la protesta debe contar con una adecuada planeación para garantizar los derechos humanos. El Decreto 003 reconoce esta obligación, pero no establece criterios y parámetros para que se generen las condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas manifestantes.

Por tanto, estamos frente a dos posibles escenarios: o existe una desconexión entre los puestos de mando y los agentes de policía, ESMAD y ejército que se encuentran en el momento de la protesta o desde este estos puestos de mando unificado se están dando órdenes que van en contra de la protección de los derechos humanos de los marchantes. Dicho esto, en estos espacios no hay trazabilidad y transparencia que permitan, en caso de uso desproporcionado de la fuerza, identificar las causas y las responsabilidades en las mismas.

En particular, nos preocupa la ambigüedad en la formulación sobre las órdenes de las autoridades. El artículo 3.a. del mencionado decreto establece que:

El gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio respectivamente, la Policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas le impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces, sin perjuicio del mando operativo que recae en los Comandantes de Metropolitana, Departamento y Estación de Policía, así como la obligación de intervenir frente a los casos de Policía. (Resaltado es nuestro)

Según el artículo, las autoridades civiles del departamento o del municipio son las primeras autoridades de Policía. Sin embargo, la expresión “sin perjuicio” desdibuja la

obediencia que la policía les debe a estas autoridades civiles. En la práctica se observa una gran confusión en este respecto pues no hay claridad sobre quién o quiénes son las personas que están impartiendo las órdenes a los policías y agentes del ESMAD que se encuentran acompañando las protestas y que son, a su vez, los principales actores que transgreden los derechos humanos.

La Corte IDH también ha señalado obligaciones concomitantes a las protestas. Muchas de ellas se relacionan con el control del uso de la fuerza para que este sea el último recurso y en todo caso cumpla con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El Decreto 003 reconoce estos principios y los menciona en varios apartes de la norma. No obstante, a Temblores ONG le preocupa la definición de “necesidad”que se establece en el artículo 3.f., en tanto no establece una clara relación con la fuerza como medio necesario:

Necesidad. Las autoridades de policía en manifestaciones públicas aplicarán los medios consagrados en la ley indispensables e idóneos para la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales, el restablecimiento del orden público y el mantenimiento de la convivencia con el fin de prevenir el escalamiento de los conflictos sociales, de quienes se encuentran en riesgo determinable y solo cuando la aplicación de otros medios existentes resulten ineficaces e inoportunos para la debida garantía del ejercicio de los derechos, en el marco de la manifestación pública.

Esta definición no establece, en la manera en que lo hace lo hace la Corte IDH, que la fuerza deba ser absolutamente necesaria, lo que quiere decir que es el último recurso, tras

el agotamiento de todos los demás. Por el contrario, es una redacción ambigua y poco limitante que da paso al uso de la fuerza desmedida y a discreción del policía.

No obstante, el Decreto en el protocolo de medidas concomitantes sí reitera los principios para el uso de la violencia de la siguiente manera (artículo 32):

Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública. El integrante de la Policía Nacional, deberá evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 numeral 11, y 166 de la Ley 1801 de 2016. El personal de la Policía Nacional, solo podrá hacer uso de las armas, dispositivos y elementos menos letales, entregados como dotación por parte de la Institución.

Parágrafo 1. La aplicación del uso de la fuerza será diferencial, siendo dirigida a la identificación y neutralización de la fuente de daños graves, ciertos y verificables que alteren el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, la integridad de las personas y los bienes.

Parágrafo 2. El uso de la fuerza estará enmarcado bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación,

Parágrafo 3. El uso de la fuerza, deberá estar precedido de una orden del comandante del dispositivo policial, excepto en aquellos casos de inminente

infracción penal o policiva donde el policía debe actuar con base en el mandato constitucional, legal o reglamentario

Esta definición se acerca mucho más a los estándares de la Corte IDH, en los que se señala que los agentes de la fuerza pública sólo pueden utilizar la fuerza contra personas cuando estas representan una amenaza inminente para la vida e integridad de las demás. Sin embargo, es importante notar que en el artículo anteriormente citado se incluye la integridad de los bienes como una razón para aplicar el uso de la fuerza, mientras que para la Corte IDH este motivo, por sí solo, no es suficiente para justificarlo.

En el artículo 35 del Decreto se prohíbe totalmente y de manera explícita el uso de armas de fuego. Sin embargo, esta norma es constantemente desobedecida, como se puede comprobar al ver las cifras de heridos y muertos por armas de fuego, lo cual contradice el principio de legalidad y su necesidad y proporcionalidad y, en la mayoría de los casos, es altamente discutible.

Dentro de las acciones posteriores a la protesta, la Corte IDH indica la necesidad de investigar de manera efectiva, célere e independiente de los hechos. No obstante, en Colombia, los hechos ocurridos en protestas anteriores no han desembocado en investigaciones de esta naturaleza. El Decreto 003 falla completamente a la hora de brindar herramientas y mecanismos claros que faciliten las investigaciones posteriores a los hechos de violencia, así como las sanciones a los responsables. El Decreto se limita a señalar que las autoridades administrativas y de policía realizarán un análisis conjunto. Adicionalmente, que los comandantes realizarán informes para sus superiores inmediatos, quienes decidirán si los envían o no a autoridades de investigación judiciales o policivas. Es altamente preocupante que esta información no tenga seguimiento automático por parte de órganos de control y que la misma policía tenga la discrecionalidad para decidir si sale o no de la institución.

2.2 La sistematicidad en la violencia por parte de la fuerza pública en el contexto del Paro Nacional Colombiano del año 2021.

A partir del trabajo conjunto entre Temblores ONG, Paiis e Indepaz, hemos podido reconocer la sistematicidad de nueve prácticas de violencia por parte de la fuerza pública que han tenido lugar en el contexto del Paro Nacional colombiano del año 2021. Estas prácticas ponen en evidencia que existe una intención de violentar y castigar a las personas que, en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica, han salido a las calles a manifestarse. Adicionalmente, estas demuestran que las actuaciones de los miembros de la fuerza pública violan sistemáticamente los protocolos internos de uso de la fuerza, así como los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

A continuación presentaremos las principales prácticas con las que el Estado, a través de su fuerza pública, ha reprimido las protestas a lo largo y ancho del país y ha puesto en riesgo la vida y la integridad de toda la ciudadanía. Estas son: (i) el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la Fuerza Pública, (ii) el uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas, (iii) los disparos horizontales con arma venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes, (iv) el lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas y de barrios residenciales, (v) la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales, (vi) la imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad, (vii) la violencia sexual y basada en género contra manifestantes, (viii) la generación de traumas oculares a manifestantes y (ix) la desaparición forzada de manifestantes.

Así, en adelante, presentamos un subacápite por cada una de las nueve prácticas en el que se desarrollan (a) una caracterización detallada de la práctica y (b) el número de hechos victimizantes que ha dejado dicha práctica, incluyendo una descripción cualitativa de algunos casos documentados por nuestras organizaciones, en los cuales se ilustra la manera en la que han sido ejercidas dichas violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.

I. El uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la Fuerza Pública.

a. Caracterización:

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