Violencia Territorial en Colombia. Recomendaciones Para el nuevo gobierno. ONU

Linea Conflicto Social y Paz

Por; ONU

En varios territorios, la desconfianza en el Estado crece y en algunos casos se han denunciado hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales.

 

 

recomendaciones
1. Este informe analiza el impacto del incremento de la violencia1 sobre el goce de los derechos humanos debido a la expansión de distintos grupos armados no estatales y organizaciones criminales en varias partes de Colombia en los últimos dos años. El informe resalta también las acciones tomadas por el Estado colombiano, como garante de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en los territorios afectados por esta violencia. 

2. La Oficina reconoce el papel central del Estado para enfrentar la situación de violencia, y de manera inequívoca, deplora y condena la violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, en particular aquella que se dirige contra la población. Por lo tanto, el enfoque sobre la responsabilidad del Estado, en el marco de derecho internacional de los derechos humanos, no busca disminuir o minimizar la responsabilidad directa de los grupos armados no estatales y organizaciones  criminales por los actos que cometen, que deben ser debidamente investigados y sancionados. Por lo contrario, a través del análisis y las recomendaciones contenidas en este informe, se resalta el rol del Estado para hacer frente a la violencia generada por estos grupos, y asegurar políticas públicas que respondan eficaz y adecuadamente a esta violencia, con un enfoque desde las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.

3. El análisis contenido en este informe es producto de la observación directa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y de la documentación de la situación de derechos humanos en los lugares más afectados del país. Este análisis se respalda en informaciones recogidas en reuniones con víctimas, autoridades estatales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil a nivel local, regional y nacional.

4. Previo a la publicación de este informe, la Oficina ha trasladado por escrito las preocupaciones recogidas en el mismo a las entidades competentes del Estado. 

5. La Oficina compartió con el Gobierno Nacional este informe para que pudiera realizar sus observaciones al respecto. El documento de observaciones remitido por el Gobierno se publica junto con este informe. 

6. Después de la firma de la paz en noviembre de 2016, se observó una baja en los niveles de violencia en el país como lo señala la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia2. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), los homicidios con ocasión del conflicto, pasaron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 20163 . En los territorios más afectados por el conflicto armado, esta situación generó esperanza en la población. Sin embargo, en los últimos dos años la Oficina ha observado que diversos grupos armados no estatales y organizaciones criminales han expandido su presencia en varias regiones del país, particularmente en aquellas donde se desmovilizaron las FARC-EP. Las actividades de estos grupos y organizaciones afectan, de forma creciente, a la población y sus derechos.

7. A pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan. Además, la debilidad del estado de derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia ha exacerbado la situación. 

8. Las comunidades afectadas denuncian un abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades estatales civiles para enfrentar esta situación. En varios territorios, la desconfianza en el Estado crece y en algunos casos se han denunciado hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales. 

9. En este sentido, las recomendaciones formuladas tienen por objeto contribuir a la implementación de soluciones urgentes para proteger la vida y los derechos humanos a través de la consolidación del estado de derecho y la paz en los territorios afectados por la violencia.

10. El informe concluye que es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y proteger a las poblaciones afectadas y garantizar el disfrute y ejercicio de sus derechos. Con el fin de proteger los derechos humanos y combatir la expansión violenta de los grupos, la Oficina recomienda tres ejes principales de acción al Gobierno. 

11. En primer lugar, reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en los territorios
afectados por la violencia, a través de un esfuerzo combinado en cuatro áreas: i) la implementación de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos – concertada con la sociedad civil en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; ii) la adopción de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como previsto en el Acuerdo de Paz; iii) la implementación de una estrategia estatal de protección de civiles; y iv) considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos. 

12. En segundo lugar, priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la reforma rural integral, consolidar la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con la participación de las comunidades afectadas, y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
13. En tercer lugar, se recomienda consolidar el estado de derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de control en los territorios. Así mismo reforzar las capacidades de los gobiernos locales y de los gobiernos propios de los pueblos afrodescendientes e indígenas en estos territorios. Esto deberá ser acompañado por una campaña cuyo objetivo sea restaurar la confianza en la institucionalidad del Estado, abriendo espacios de diálogo y participación para las comunidades afectadas y la sociedad civil.

Fuente: ONU

Informe completo aquí:  Descargaescarga

Tomado de: https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/violencia-territorial-en-colombia

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