Por: Kavilando para Colombia Informa
El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, por razones como la corrupción, el nepotismo, el ausentismo, entre otras.
Los elevados niveles de descrédito se encuentran relacionados con los escándalos que le rodean, entre ellos los vinculados con la Parapolítica, por la que ya hay 50 congresistas condenados. Por lo tanto, es necesario reformarlo con el fin de minimizar las prácticas clientelares y obsoletas entre clanes regionales.
La reforma del Congreso ha sido una propuesta de muchos de sus representantes, algunos con fines loables y, otros, solo con el fin de disimular -o camuflar- sus intenciones, aprovechando su conocimiento del proceso legislativo. Por lo tanto, este es un trabajo difícil, teniendo en cuenta que el Estado colombiano tiene unos de los índices de corrupción más altos del continente.
Aunque se espera un cambio de fuerzas políticas, las mismas no son suficientes para generar el cambio y, mucho menos, cuando lo que se pretende es reformar la ética, estética y conducta de los legislativos. A pesar de lo anterior, en esta ocasión se espera que se conviertan en realidad las tan anheladas transformaciones.
La propuesta de reforma al Congreso no es nueva, pues se han presentado en más de siete ocasiones: Proyecto de Acto Legislativo 29 de 2020; Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2020; Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2021; Proyecto de Acto Legislativo 05 de 2021, que contemplaba la disminución del salario de los congresistas; Proyecto de Acto Legislativo 02 de 2021, que proponía la disminución del Congreso; y Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2021, que trataba sobre la reducción de edad de los representantes a la Cámara.
¿Qué es un acto legislativo?
Esta figura es la que permite reformar, adicionar o derogar artículos de la Constitución Política de Colombia -CPC-. Un proyecto de acto legislativo puede ser presentado por el Gobierno Nacional, el Congreso (representado por diez funcionarios), un número de ciudadanos superior al 5% -de acuerdo con el censo electoral-, o un 20% de Concejales o Diputados (artículo 150, 158 de la CPC).
La materia, el tema o las consecuencias del mismo puede provocar o crear inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses. Es por ello que todo trámite exige la revisión del tema y de las consecuencias que de él se deriven y el análisis de las afectaciones -directas o indirectas- a los intereses de los Congresistas. Así mismo, se trata el cómo podría incidir en la ética, en la incursión de un proceso disciplinario o penal, razón por la cual muchos Congresistas evitan votar. También proponen el impedimento, propio o ajeno, cuando hay intereses personales de por medio.
Ahora bien, todas las iniciativas de Reformas Legislativas al Congreso se han caído por asuntos meramente técnicos o de declaración de impedimentos, en la que todos aducen conflicto de intereses, una vez que se estaría resolviendo un asunto que los afecta directamente, y en razón a la supuesta violación de derechos laborales que se entienden irrenunciables.
A pesar de lo anterior, los argumentos esgrimidos podrían considerarse como excusas ya que no habría violación de derechos fundamentales frente a derechos laborales adquiridos, en tanto el artículo 53 de la Constitución de 1991, así como el Código Sustantivo del Trabajo colombiano, establecen que solo hay irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, y no hace referencia a beneficios laborales extraordinarios e incluso exacerbados. Esto demuestra que la bandera de algunos políticos para realizar proyectos de ley que implican la disminución de salarios, horarios o número de Congresistas no ha tenido otro fin que el populismo, es decir, captar votos, adeptos e incautos sobre temáticas que no podrían provocar en caso alguno un impedimento.
Nuevo período legislativo
Ahora bien, dentro de las propuestas para el período que inicia, están:
- Aumentar los períodos, del 20 de julio hasta el 20 de diciembre y del 1 de febrero al 20 de junio, recortando así tiempos de vacancias.
- Congelar los salarios actuales y disminuir los del siguiente período, desde el año 2026. También se proponen nuevas causales de pérdida de investidura, por faltas de asistencia a comisiones o plenarias, de forma directa sin requerir de procesos disciplinarios, y también se penalizarían aquellos casos en los que se presenta tráfico de influencias para cooptar Congresistas en votaciones de moción de censura, elecciones territoriales y nacionales. Además, en los casos en los que se entregan beneficios de participación en proyectos.
- Finalmente, otra de las propuestas que está en la mesa por parte del Pacto Histórico, es limitar el número de veces a reelegirse como Congresista, proponiendo como máximo tres periodos consecutivos o discontinuos.
A lo anterior, se suma una propuesta del partido conservador, Centro Democrático, que intenta disminuir el tamaño del Congreso, un asunto que va más allá de la lógica representativa, ya que supone que toda la población se puede ver representada en líderes o caudillos regionales, más que representantes locales.
Es posible que al fragor de la nueva composición denominada progresista, impulsada desde el bloque del Pacto Histórico, se logre constituir un nuevo tiempo político para hacer gobierno, que permita augurar un avance en términos de estas prácticas legislativas.
*Autores:
– Jose Fernando Valencia. Docente, investigador Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA – REDIPAZ, Integrante del Grupo de Investigación Kavilando.
– Alfonso Insuasty Rodríguez. Docente, Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Redipaz e integrantes Grupo Kavilando
Referencias.
Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J. F., & Restrepo Marín, J. (2017). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I) Grupo de Investigación y Editorial Kavilando. Medellín.
Valencia Grajales, J. F. (2019). Los poderes excepcionales y los medios de control a las facultades extraordinarias al jefe de estado: del consulado a los estados de excepción. El Ágora USB, 19(1), 279–292. https://doi.org/10.21500/16578031.4130
Valencia-Grajales, J. F. & Marín-Galeano, M., S. (2020). SARS-CoV-2 y la debacle del Estado, la justicia, la democracia, el capitalismo y el inicio de la era de la vigilancia. Ratio Juris UNAULA, 15(30), 15-34. https://doi.org/10.24142/raju.v15n30a1
tomado de: https://www.colombiainforma.info/analisis-reforma-legislativa-del-congreso-de-colombia/
NOTAS: