Por: Comité Jesús María Valle.
En medio de la zozobra la comunidad ha evidenciado presencia de fuerzas militares en la zona, lo que deja un sin sabor en la comunidad, ya que por accionar en otras zonas del país se hacen pasar por estos paramilitares
SEPTIEMBRE 27 DEL 2023
DENUNCIA PUBLICA N° 20
PRESENCIA DE GRUPO PARAMILITAR Y DEZPLAZAMIENTOS FORZADOS EN LA VEREDA MORENO CANO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ANORI
SUBREGION DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo pone en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos y las instituciones competentes para proteger y velar por las garantías ciudadanas, los siguientes hechos que vienen ocurriendo en la vereda MORENO CANO, del municipio de ANORI, NORDESTE ANTIOQUEÑO, que afectan la seguridad, la integridad y la vida digna de las comunidades.
HECHOS
1. El 25 de septiembre del año en curso un grupo de hombres que se identifica como paramilitares hacen fuerte presencia en la vereda Moreno cano
2. A su paso por la vereda el grupo paramilitar da órdenes a la comunidad que se encuentra ejerciendo sus labores de sustento económico en las diferentes
minas que hay en la zona que las cierren hasta nueva orden 3. La comunidad por zozobra y temor por el accionar violento de estos grupos paramilitares a la llegada a los diversos territorios de la subregión del nordeste y por autoprotección se están desplazando hacia las veredas vecinas.
4. En medio de la zozobra la comunidad ha evidenciado presencia de fuerzas militares en la zona, lo que deja un sin sabor en la comunidad, ya que por accionar en otras zonas del país se hacen pasar por estos paramilitares
Para la comunidad es importante evidenciar y denunciar lo que pasa en sus territorios por que la crisis humanitaria cada vez tiene menos tratamiento por parte del gobierno del cambio y de la vida.
PETICIONES
1. Exigimos reacción inmediata por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, "El Gobierno de la Vida" a fin de que se adopten por parte del Estado Colombiano las medidas pertinentes para garantizar la vida, integridad física y garantizar el derecho a permanecer en el territorio de estas comunidades vulnerables.
2. Exigimos el desmonte del paramilitarismo y que se atienda la Emergencia Humanitaria reconocida por el Ministerio del Interior en los acuerdos del Paro Regional Indefinido por la Vida y el Territorio en la Lizama, Santander, donde comunidades de la subregión del nordeste antioqueño participaron.
3. Exigimos a la Alcaldía de ANORI, la Gobernación de ANTIOQUIA, Personería Municipal y a la Procuraduría Regional de Antioquia, la revisión del caso y la adopción de medidas inmediatas para hacer cesar estas vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario.
4. A la Defensoría del Pueblo en su papel de garante de los derechos humanos que acompañe a las comunidades para que no sean violentadas en sus
Derechos y realice acciones de verificación de estos hechos, a fin de que se brinden soluciones claras frente a la situación de seguridad en la que se encuentran estas comunidades.
5. Exigimos garantías y protección a las comunidades del Nordeste antioqueño ante posibles represalias que puedan ocurrir por las denuncias realizadas por las violaciones a Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que persisten en esta subregión del país.
6. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a verificar y visibilizar los hechos denunciados por las comunidades.
7. Exigimos al ministerio del interior en cabeza de la dirección de Derechos Humanos, dar respuesta concreta y rápida sobra la continuidad de la mesa con las comunidades movilizada en el Paro Regional Indefinido por la Vida y el Territorio en la Lizama, Santander.
8. Hacemos responsable a la Decimocuarta Brigada del ejército nacional de cualquier hecho que coloque en riesgo a las comunidades de la Subregión
del Nordeste Antioqueño.
9. El cambio de la doctrina militar por lo que aun el estado colombiano sigue teniendo practicas Para estatales que solo generan crisis humanitaria y
coloca en grave riesgo la vida de las comunidades.
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús Maria Valle Jaramillo denuncia y hace responsables a la Alcaldía de Anori, la Procuraduría Regional de Antioquia, a la gobernación de Antioquia y a su administración, a la Personería municipal de Anori, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, y al Gobierno Nacional de las consecuencias que se puedan presentar por la omisión de atender oportunamente el llamado legítimo de las comunidades a través de esta denuncia pública.
CORPORACIÓN COMITÉ DE DDHH JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO.
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