Por: Alianza Informativa*
Con el Proceso de Justicia y Paz de la década del 2000 y la consecuente “desmovilización” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el gobierno de Uribe anunció ante el mundo el fin del paramilitarismo en el país.
Entrega I: Los manuales de contrainsurgencia que dan forma al paramilitarismo siguen vigentes: Javier Giraldo
Escéptico, el sacerdote Javier Giraldo Moreno, defensor de derechos humanos e investigador del paramilitarismo, continuó su línea de investigación invariable, aunque atento a las dinámicas que fueron surgiendo desde entonces.
Según las investigaciones realizadas por Giraldo, la Administración Uribe ejecutó varias estrategias para redimir al Estado de su responsabilidad con el paramilitarismo y permitir una reconfiguración soterrada que no significara la condena del Establecimiento. Estrategias acompañadas por un sutil blanqueamiento, como bien lo explica el jesuita.
Pregunta: El uribismo se encargó de decir que el paramilitarismo había llegado a su fin. ¿Hubo una política de blanqueamiento y de ocultamiento de los responsables de esta política?
Respuesta: Cuando el presidente Uribe estaba en el poder, había una reacción nacional e internacional pidiendo la erradicación del paramilitarismo. Entonces él hizo una pantomima de eliminación del paramilitarismo, de una desmovilización. Hizo unas ceremonias de desmovilización que, inclusive, los muchos periodistas que le hicieron seguimiento, llegaron a la conclusión de que muchos de esos grupos en Medellín propiamente no eran paramilitares.
Eran muchachos reclutados al último momento por algunos líderes paramilitares que les ofrecían un salario durante un año, pero a esos muchachos les daban un uniforme nuevo, un arma nueva, y ellos tenían que darles más de la mitad del salario que les pagaban por la desmovilización a sus jefes. Esas ceremonias fueron acompañadas por la Fiscalía, que, después de la ceremonia de desmovilización, “investigaba” a todos los desmovilizados, pero ellos nunca habían utilizado su propio nombre sino un alias, y ese alias no estaba registrado en la Fiscalía.
Entonces [los desmovilizados] aparecían como completamente inocentes, sin ningún cargo penal, y después de la ceremonia podían irse a sus casas tranquilamente porque la Fiscalía no tenía de qué acusarlos, porque sus nombres verdaderos nunca los habían utilizado.
¿Cuál fue la estrategia del presidente Uribe para esa desmovilización? Al día siguiente de su posesión como presidente se fue a Valledupar a inaugurar dos redes de informantes, y las redes de cooperantes las utilizó para vincular de una manera “legal” a muchos jóvenes que habían sido paramilitares. Entonces fue creando esas dos redes grandes pagadas. Recuerdo las intervenciones de la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en las que ella sin ningún escrúpulo daba las cifras de los miles de millones que estaban gastando en armas para esas redes de informantes y cooperantes.
Lo primero que hace Uribe es crear un nuevo espacio laboral para los que se van a desmovilizar en esas falsas desmovilizaciones, que lideró Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia precisamente por todas las trampas que hizo en ese momento.
Justicia y Paz
El gobierno Uribe también empezó a crear una serie de empresas como las de palma aceitera en varios departamentos para vincular a estos ex paramilitares, luego promulgó dos leyes: una, la 782, fue pensada para los paramilitares que no eran conocidos, los que siempre habían utilizado el carnet para pasar por todos los retenes, que nunca utilizaron su nombre. Tenía un concepto de la amnistía bastante generoso, les permitía prácticamente un perdón inmediato para vincularse a esas empresas y a esas redes de informantes y cooperantes nacionales.
La otra ley fue la que se llamó de Justicia y Paz (975), que era para los paramilitares conocidos, mandos principalmente. El gobierno comenzó a negociar con ellos en Santa Fe de Ralito una negociación de rebaja de penas bastante drásticas, procedimientos judiciales muy benignos de corto plazo.
La última estrategia que Uribe quiso implementar fue convertir el delito político (paramilitarismo) en un delito de sedición. Se lo trancó la Corte Suprema, no le admitió eso porque eso realmente era demasiado atrevido. Después algunos de ellos empezaron a hablar, a revelar las relaciones entre sectores del Estado y del Congreso, de ministros, militares y demás con el paramilitarismo. Entonces fue cuando Uribe decidió la extradición de varios de ellos a Estados Unidos.
En Santa Fe de Ralito se vincularon no solamente los verdaderos líderes paramilitares, sino muchos narcotraficantes a los cuales los líderes paramilitares les dieron una credencial para que se pudieran acoger a la ley de Justicia y Paz.
¿Nuevo paramilitarismo?
A mi modo de ver, continúa Giraldo, eso fue una etapa de consolidación de un nuevo paramilitarismo, pues ya no era el grupo armado ilegal que recorría con el Ejército todos los caminos, sino como una organización con visos legales y se nutría de tres grandes fuentes: los que nunca se quisieron desmovilizar, los que ingresaron después de la desmovilización, y otros fueron los más camuflados, incluso obteniendo los beneficios de la desmovilización. Yo le escuché a algunos párrocos rurales decir que muchos de estos que se desmovilizaron se iban al monte, se volvieron a poner el camuflado, pero a los dos o tres primeros días de cada mes bajaban a cobrar en los bancos las cuotas que les daban a los desmovilizados.
Giraldo asegura que este fue el punto de inflexión, el giro estratégico para desvincular al Estado del paramilitarismo y permitir que esta política continuara su curso sin mayor objeción.
Comenzó una nueva versión del paramilitarismo con aspectos menos violentos, identificado mucho con el narcotráfico. Con los líderes del narco se van potenciando muchísimo como empresa, y van cooptando a las clases políticas regionales, “a los que son como grupos más o menos mafiosos los cooptan sobre todo por el dinero”, resalta.
La experiencia en el Urabá antioqueño, se ejemplifica, según Giraldo, en la Comunidad de Paz de San José Apartadó, que ha tratado de sobrevivir a los diferentes disfraces del paramilitarismo. “Después de la desmovilización de las FARC, el Clan del Golfo, que ahora se llama Ejército Gaitanista, fue tomando el control de todas las veredas y de las mismas juntas comunales, y son los que mandan hoy día, y eso lo sabe el gobierno, el ministro de Defensa nos estuvo visitando hace un año y sabía que eso era cierto.
La estrategia de este gobierno frente a estos grupos es distinta. Acabar todo a punta de bala es como incentivar mucho más la guerra y la violencia, pero saben [el gobierno] que el dominio lo tienen ellos [los paramilitares], aunque el paramilitarismo y los militares han llegado a unas formas de cooperación y de colaboración muy disimuladas. Por ejemplo, en San José de Apartadó, cuando el Clan del Golfo cita una asamblea en una vereda, el día anterior la Brigada XVII manda a sus tropas mínimo a 5 o 10 kilómetros de distancia para que cuando la comunidad le mande a la Corte Interamericana la información sobre las asambleas que organizan para poner impuestos ilegales o amenazar a todo el mundo, el ministerio de Defensa o la Brigada XVII responde que en esa fecha ellos no tenían tropas en ese punto.
Esto sucede porque previamente han acordado que la víspera de las asambleas, el Ejército se va lejos para no tener que responder por el control del orden en esa zona. Han llegado a unas formas de colaboración muy camufladas, pero muy efectivas. En el caserío de San José de Apartadó está toda la plana mayor del paramilitarismo de la región, y allí hay una base militar”.
