A partir de la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a la Constitución Política, sus principios se convierten en parámetros vinculantes de interpretación de los derechos y deberes constitucionales. Por lo tanto, bajo esa consideración se deben apreciar los postulados básicos del derecho penal interno sobre los cuales se ha construido la legitimidad del derecho de penar – entre ellos el de legalidad e irretroactividad de la ley –, y las normas de derecho internacional que se refieren a los compromisos materiales de justicia, verdad y reparación ante graves infracciones contra derechos humanos fundamentales".

A raíz de una acción de tutela interpuesta hace aproximadamente 2 meses debido a la sobrepoblación que hay actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, antes Cárcel Bellavista y en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal, se prohibió el ingreso de imputados a los que los Jueces de Contro de Garantías les han proferido Medida de Aseguramiento de Detención Intramural , se determinó además el traslado de los condenados recluidos en Pedregal.  Pero como no hay un establecimiento penitenciario que los reciba, los que han ido evacuando son llevados a los calabozos de paso del Centro Administrativo La Alpujarra, donde actualmente se encuentran hacinados.

En vez de defenderlas, militares y funcionarios de la alcaldía se limitaron a ayudar a 40 familias a salir de sus casas ante las amenazas de los violentos. El caso, que no es único, desató un fuerte debate sobre quién manda en ciertas zonas de Medellín.

El lunes pasado, 40 familias de un barrio rural, cercano a la comuna 13 de Medellín, tuvieron que salir de sus casas para refugiarse en donde familiares y amigos. Militares y funcionarios de la Alcaldía terminaron ayudándoles a sacar sus bártulos. Se ha desatado la polémica. ¿Debían, más bien, reducir a la banda que los amenaza?

Luis Jorge Garay se ha aproximado a la criminalidad y la corrupción en Colombia desde un enfoque muy diferente al tradicional. Primero, abordó el concepto de la captura del Estado, para analizar cómo los grupos de poder aprovechaban su influencia para lograr leyes y regulaciones a favor suyo y no del interés general. Después, comenzó a aplicarlo para analizar cómo los grupos ilegales habían capturado el Estado y comenzado a reconfigurarlo.

Las tribunas estaban llenas de gente, a la derecha, los empleados de UNE, a quienes se les invitó como comité de aplausos por la privatización; a la izquierda los verdaderos dueños de la empresa, el pueblo, defendiendo el patrimonio público.

Esos mismos empleados, que aplaudían aceptando la fusión desconocen que son ellos los primeros de quienes prescindirá la nueva empresa, tal y como ha sucedido en otros procesos de compra de la industria nacional por parte de multinacionales. Lo más indignante frente a esos “empleados vulnerables” es que cuiden la “papa” y no se peleen la tierra.

El presente informe contiene las afectaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario sucedidas en el área rural de la subregión Nordeste del departamento de Antioquia (Colombia), durante el año 2012 y los primeros dos meses del 2013, y que fueron conocidas por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, CAHUCOPANA.

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