Por Miller Armín Dusan

Las comunidades afectadas reiteran la solicitud de investigación por la responsabilidad administrativa, civil y penal del funcionario Amaya por su participaron en el Proceso de conciliación extrajudicial al no proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales de la población.

Por: Contagioradio

El Coronel (R) fue el segundo al mando de la Brigada XVII en Urabá, entre 1995 y 1996, luego, por apartarse de la manera de operar de su comandante fue removido del cargo poco a poco. Afirma que una muestra de ese «laboratorio» fueron las masacres ocurridas en 1995 que dejaron una gran cantidad de muertos, pero después, con Rito Alejo al mando, terminaron las masacres pero los muertos a cuentagota multiplicaron las víctimas.

Por: Consejo Nacional de Paz

Solicitamos como representantes de la sociedad civil en el consejo las garantías para vida de líderes y lideresas sociales, el cese de la militarización en los territorios, el fortalecimiento de los consejos territoriales de paz (Departamentales y Municipales) para que la paz se construya desde todas las esferas del país; con visibilización y defensa de los derechos de las víctimas al considerar que son éstos aspectos claves para alcanzar una paz estable y duradera.

Por: Gonzalo Guillén y Julián F. Martínez. La Nueva Prensa

Bernardo Ramírez Blanco, de 58 años de edad, hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco, en 1997 fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína. Cuando tuvo oportunidad de salir libre, la fianza, de US$ 150 mil, la pagó ella junto con su esposo, Álvaro Rincón, ambos enredados hoy por sus nexos comerciales con el narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma.”

Por: Iván Cepeda Castro

Denunció que en los manuales vigentes de esta brigada “se menciona en forma explícita la función de asesorar milicias no gubernamentales y socios irregulares”. Recordó como la presencia militar de EE. UU., sumada a la de la CIA y la DEA, ha desencadenado métodos criminales que han sido factores clave en la violación masiva de los derechos humanos.

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