Con Política Pública, pero sin Protección. Víctimas del desarrollo. Medellín.

Foto: Líderes Comunitarios intervienen en el debate de control político sobre la Política Pública de Protección a Moradores Medellin. Sesión plenaria 471 julio 15 de 2022

A 2022 evidenciamos como Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, que siguen vigentes y sin atender, las exigencias de las comunidades afectadas y expuestas durante años de debates.

Ahora bien, el desarrollo supone generar una economía sana y redistributiva, que beneficie a todos los miembros de la ciudad, es lo que nos permitiria decir que es la primera ciudad en desarrollo, en innovación y en tecnología. Sin embargo, el municipio de Medellín no está lejos de la época vikinga, griega y romana en la que se saqueaba a otros pueblos para enriquecer el propio, solo que hoy no se roba o saquea a otro pueblo, sino al propio.

Breve contexto y fuentes de los hallazgos (1),

El movimiento por el derecho al campo y la ciudad, el grupo de investigación Kavilando, la Red Interuniversitaria por la paz, el Laboratorio urbano, la Curul del Representante a la Cámara Omar Restrepo en octubre de 2019, lograron realizar la Audiencia Pública sobre “Víctimas del desarrollo y protección a moradores. Medellín”.

De manera general, las conclusiones de dicha audiencia dieron cuenta de las múltiples afectaciones derivadas de la construcción de proyectos de interés colectivo en el desarrollo de la ciudad, afectaciones individuales, físicas, psicosociales, al tejido social, asunto que no debería ocurrir, por el contrario debe darse es el respeto y reconocimiento de todo lo construido por las comunidades durante años y en ningún caso desmejoran las condiciones de vida de los individuos, las familias y los tejidos social-vecinal-cultural. Sin duda, falta mucho por hacer para que la planeación de la ciudad sea realmente participativa.

Como parte de las conclusiones de esta audiencia pública, las comunidades reunidas en el Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad manifestaron la necesidad de crear una “Mesa de Interlocución" con la administración municipal, algunas de sus entidades descentralizadas y entes de control, con el objetivo de profundizar en problemáticas puntuales, buscar soluciones prontas y viables que garanticen los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, ambientales, así como alcanzar una adecuada reglamentación y por ende aplicación de la Política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas.

Dicha Mesa de interlocución la instalamos el 31 de julio de 2021 en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto. En adelante, realizamos 5 sesiones en total, allí abordamos temas de gestión social de los proyectos, avalúo social, afectaciones económicas y productivas, afectaciones ambientales y psicosociales.

A la mesa de interlocución se convocaban comunidades afectadas como La Paralela, Moravia, San Luis, El Volador, Chagualo, El Carmelo en Itagüí, Vecinos de la 80, La Familia de la Calle, el Movimiento por el aire y la salud pública. De parte de la administración municipal se convocó al ISVIMED, la EDU, El Metro de Medellín, la Secretaría de No-Violencia, Departamento Administrativo de Planeación, Personería de Medellín, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburra, Concejo de Medellín; algunas de ellas enviaron delegados constantemente, otras aparecieron una vez, otras nunca llegaron a esta mesa. También la mesa contó con la participación activa de la academia: Kavilando, Redipaz, Laboratorio urbano y la presencia de invitados como Luz María Munera (exconcejal hoy Representante a la Cámara por Antioquia) y delegados del equipo del Concejal Daniel Duque.

La mesa de interlocución cerró con la entrega del informe “Somos comunidad urbana en resistencia” y una rueda de prensa. Sin embargo, tenemos pendiente radicar formalmente las actas de cada una de las sesiones ante las comunidades y las entidades convocadas a este ejercicio para la acción política de las comunidades en los territorios que habitan.

Desde la curul de Omar Restrepo en el Senado se ha seguido impulsando debates y visibilizar este tema de central importancia así mismo, se busca darle continuidad a las audiencias públicas organizadas en conjunto, también con el apoyo de diferentes sectores radicaremos como bancada Comunes un proyecto de Ley por medio del cual se crean los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de la política pública nacional de protección a moradores, actividades económicas y productivas. Esto en tanto hemos aprendido en el Movimiento por el derecho al campo y la ciudad, que, si bien esta política pública no es la solución al problema de los moradores, sirve como herramienta para la exigencia de derechos.

Foto: Académicos articulados en Laboratorio Urbano que acompañan el Movimiento por el derecho al campo y la ciudad,  intervienen en el debate de control político sobre la Política Pública de Protección a Moradores Medellin. Sesión plenaria 471 julio 15 de 2022

Hallazgos.

Desde estos espacios descritos, más una serie de encuentros, foros, procesos formativos con comunidades acciones realizadas en paralelo durante varios años ya, podemos evidencia que:

- Las afectaciones generadas por la implementación del desarrollo en la ciudad podrían incluso supera hoy, la cifra de desplazamiento forzado intraurbano.

Ambos fenómenos son de vital atención por su impacto daño causado a la sociedad, cambia si, el tipo de actor generador del daño.
Afectaciones múltiples derivadas de una imposición vertical del desarrollo urbano.

• De propietarios y poseedores a desarraigados.

Evidenciamos una baja valoración de los reclamos y saberes sociales, que parten incluso de entender la participación como sólo una mera socialización de decisiones ya tomadas.

Es clara la dinámica institu-céntrica que valora sólo el saber y referente jurídico como herramienta única para la intervención en la adquisición física de los terrenos y bienes inmuebles, no teniendo en cuenta herramientas más integrales como El Avalúo Social que tenga en cuenta valores intangibles, el aporte en la adaptación del territorio, la autoconstrucción, elementos culturales, historia misma, entre otros elementos no valorados.

La necesidad de restablecer derechos, es un concepto en general ajeno a las prácticas de los profesionales y empresas que intervienen los territorios.

Los reclamos justos de los moradores son leídos como una complicación que demora la ágil compra de predios, en tanto el tiempo y la rentabilidad son ejes estratégicos de las obras.

El enfoque,  el mejor de los casos, sigue siendo el de “mitigación de impactos” y no de derechos, el cual se supone permitirá establecer mejores soluciones afincadas en el reconocimiento de los pobladores como sujeto de derechos, por tanto, desde su plena condición de seres humanos y por supuesto de ciudadanos.

Es una constante que no se le pague el valor que costaría comercialmente el bien, segundo no se le paga anticipadamente el valor al morador, se hace a posteriori cuando ya ha subido los precios de forma general, bien sea por el impacto de la obra o por la devaluación constante, o se paga por cuotas, que es peor, arrebatándole el valor del predio y devaluando lo poco que se le paga.

Los pobladores con ocupaciones de terrenos irregulares que algunos nombran como ilegales o poseedores, bajo esta mirada taxativa jurídica, quedan excluidos de reconocimientos económicos adecuados, he aquí la importancia del enfoque de derechos y la integración de realidades, de recuperar la memoria acerca de cómo se hizo el poblamiento de la ciudad, en el contexto de la necesidad de construir una Paz Urbana Grande sostenible y duradera.

- Falta de ética de parte de la institucionalidad: se impone de facto una Gestión Social agresiva y para el Despojo

Se evidenciaron fallas en lo ateniente a una ética de relacionamiento de la institucionalidad y los profesionales, para con las comunidades afectadas por los proyectos, generándose situaciones denunciadas como maltrato, atropellos, poco acceso a información concreta y completa, mentiras reiteradas, aumentando los niveles de zozobra, desconfianzas, alto estrés y destrucción del tejido social.

Pareciera ser la aplicación de un manual para el despojo

Lo cierto es que la cuota de sacrificio más alta la pone el morador

Se evidencia la Destrucción de los emprendimientos de unidades productivas para la subsistencia. Esto en una ciudad que se ha caracterizado por sus altos índices de desigualdad e informalidad.

Población que por lo general hace de sus viviendas su unidad estratégica para la generación de ingresos de subsistencia, asuntos que no se tienen en cuenta de manera real, a la hora de hacer los avalúos o estimar compensaciones justas.

Es fundamental reivindicar un enfoque de derechos sobre las intervenciones en el territorio Generalmente ese enfoque de derechos, ha sido esencialmente compensatorio

En las formas compensatorias prevalece ausencia profunda de participación real, los moradores afectados son simples eslabones problemáticos del desarrollo que deben ser atendidos mediante erogaciones económicas en dónde se les sustrae de su capacidad política

las estrategias de reparación y reasentamiento no son co-construidas con comunidades, solo ocurre una especie de extractivismo de información donde a las comunidades solo les cabe esperar por los resultados sin posibilidad de contradicción o proposición alternativa.

Existe una diferencia no justificada constitucionalmente entre economías formales e informales, evidenciando desde esta lógica institucional que, la economía informal constituye para el Estado una “anormalidad” que debe ser desestimulada desconociendo la realidad económica de contexto.

En cuanto al hechos de protección en el plan de gestión social, queda claro en el tema del reasentamiento en sitio se asume como una decisión de voluntad institucional a secas

- Se evidencian Graves afectaciones a la salud integral NO atendidas o invisibilizadas.

Cuando nos acercamos a los distintos representantes de las comunidades, ellos y ellas nos han permitido reconocer la salud integral como un aspecto transversal que se ha visto afectado por las intervenciones llevadas a cabo por las obras del desarrollo en la ciudad.

Especialmente porque hablamos de proyectos que intervienen, transforman y modifican el territorio, como ese espacio que acoge características sociales y que proceden del arraigo que tienen los sujetos con su entorno, que tocan con el bienestar social de las comunidades y que también están en permanente interacción con su bienestar físico, mental.

En este contexto, hemos señalado que buena parte de las personas que atraviesan procesos de desalojo, de reasentamiento y la subyacente pérdida de viviendas por obras del desarrollo, manifiestan afectaciones en su salud, que se relacionan con dicho evento, tales como:

Afectaciones individuales: Tales como la somatización, que va de enfermedades físicas como dolores crónicos en distintas partes del cuerpo, hasta exacerbación de enfermedades como por ejemplo enfermedades en la sangre, la piel e incluso el cáncer.

Alteraciones en la atención, memoria y capacidad de concentración, que repercuten en las actividades de la vida cotidiana, la estabilidad laboral o académica.

En algunos casos las personas expresan el agravamiento de enfermedades mentales de origen biológico, que deterioran significativamente la calidad de vida del afectado y las personas que conviven con él, cómo la demencia.

También se hallan alteraciones en la alimentación, la sexualidad, el sueño e incluso se reporta que las apariciones de estas condiciones físicas hanllevado a las personas a la muerte.

Observamos de igual manera, que se da un incremento de emociones como la tristeza, la rabia e irritabilidad recurrente. Sensaciones de incertidumbre, pérdida del hogar, intranquilidad constante hacia su futuro, estrés, autopercepciones de minusvalía y afectaciones en los auto esquemas, con sensaciones de incapacidad de sobrepasar los obstáculos, apareciendo incluso ideación suicida o conductas auto lesivas al no ver sentido ni disfrute en la vida.

Estas emociones también van permeando los pensamientos, creencias y acciones, pasando de estados emocionales producto de la situación de agobio, a rasgos más persistentes y duraderos en el tiempo, mutando a condiciones como la ansiedad y el estrés, con las que comienzan a dar lectura del presente y futuro, encontrando éstos desesperanzadores, confusos y negativos.

Algunos, reportan sintomatología propia de cuadros de ansiedad y depresión, lo que les lleva a una pérdida de energía ante eventos en los que antes encontraban disfrute como jugar en familia y reunirse entre hermanos y vecinos, resquebrajando los vínculos y redes de apoyo, haciendo a su vez que la frustración hacia ellos mismos retroalimente la percepción de pérdida de control frente a su entorno cotidiano.

Por su parte son varios los entrevistados que reportan haber atravesado un proceso de desintegración familiar, hasta en el caso de las mascotas el tener que dejarlas en situación de abandono. Generando ruptura de los vínculos, lejanía y dificultades económicas para trasladarse desde el nuevo barrio al sector donde están ubicados sus allegados que obstaculizan una práctica cultural arraigada y valorada.

Temas como la comunicación, las actividades que solían realizar juntos, los roles y los sueños compartidos se desdibujan.
Se presenta deterioro de las relaciones entre padres e hijos, muchas veces porque son los padres quienes más se vinculan con el proceso de desalojo y deciden llevar en silencio la angustia y el estrés que el tema les genera, ocasionando distanciamiento con sus hijos y relaciones poco afectuosas y llegando a reportar situaciones de violencia intrafamiliar.

También se vive deterioro de los vínculos de pareja, abandono de pasatiempos habituales, tiempos para tomar decisiones conjuntas o encuentros para el diálogo.

Observamos a su vez, afectaciones económicas como la pérdida de domicilio, cambio en las fuentes de ingreso, pérdida de ingresos por arrendamiento, lejanía con sus lugares de trabajo generando dificultades económicas personales y familiares, que acrecienta la angustia de sus miembros, y con ello las afectaciones psicológicas en términos de tranquilidad, estabilidad emocional y salud mental pues la falta de dinero o de un trabajo permanente se traduce en términos de no tener resueltas sus necesidades mínimas para vivir.

Alteraciones en la percepción del otro y del mundo, como:

Desconfianza hacia las instituciones públicas emergen bajo continuas decepciones ante promesas no cumplidas, amenazas, instigación, lo que se percibe como maltrato físico y psicológico, atribuido a las prácticas de desalojo de algunos funcionarios de dichas entidades.

A las situaciones mencionadas se suma una percepción de omisión de la opinión y necesidades particulares de los afectados por parte de estas mismas instituciones, quienes además acuden al silencio como estrategia de actuación en sus intervenciones y decisiones.

Así mismo, se experimenta una desconfianza generalizada que llega a permear las relaciones entre líderes, vecinos y amigos, e incluso la credibilidad en corporaciones o Instituciones de carácter privado que acuden con ayudas o acompañamiento profesional.

De igual manera se presentan afectaciones social comunitarias y organizativas, como ruptura de lazos vecinales, el señalamiento de los liderazgos, el Fomento de la división comunitaria y la ruptura del tejido social que dificulta la capacidad organizativa instalada de los barrios.

En general, la causa de las dinámicas del despojo por proyectos del desarrollo se vive una interrupción en el proyecto de vida personal y colectivo.

Recordes que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce precisamente que el desplazamiento forzado no solo se da en el marco de la violencia armada, también la entiende como aquel fenómeno que se produce cuando se “obliga a las personas a abandonar sus hogares por motivos legítimos” (E-Sarmiento, 2015. P9). Y en ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es clara en afirmar cómo el Estado debe prevenir y erradicar las causas del desplazamiento, indistintamente de cuál sea su causa (E-Sarmiento, 2015. P9), especialmente, porque alrededor de este hecho, no solo está la movilización del lugar, sino como ya se mencionó, un conjunto de situaciones que victimizan y revictimizan los sujetos.

Hoy seguimos viendo cómo las intervenciones institucionales, incluso amparadas dentro de la política son revictimizantes, la salud mental sigue sin contemplarse como un hecho de reconocimiento y protección dentro de dicha política.

Aun cuando los procesos organizativos, social-comunitarios, son un hecho de reconocimiento, se siguen vulnerando, mediante formas de acción por parte de la institucionalidad que están impactando de forma negativa el tejido social de los moradores.

Siguen manifestándose irregularidades en las prácticas de los avalúos, la socialización y la misma gestión social de las obras, que deben orientarse al restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de las comunidades.

Ahora bien, pareciera que la política pública se centra en la reparación administrativa, en la noción de daño material generado, dejando de lado el daño psicosocial y la valoración de los intangibles, claves para la calidad de vida de las personas.

¿Cómo se puede indemnizar a alguien por una red de apoyo perdida?

A todo lo expuesto, se suman a la implementación del desarrollo en la ciudad, las afectaciones al medio ambiente, la calidad del aire, el equilibrio ecológico.

Finalmente es importante anotar que la manera como se planea y se implementa el desarrollo en la ciudad limita, coarta, o simula la participación de las comunidades y con ellos se fractura la democracia.

- Ver: Desarrollo de debate de control político sobre la Política Pública de Protección a Moradores Medellin. Sesión plenaria 471 julio 15 de 2022

Exigencias y Recomendaciones:

Se debe respetar y aplicar:

El principio de retroactividad para los casos que ya pasaron y aún no se han constituido o no se ha finalizado el proceso de pago.

Principio de favorabilidad para el morador para que al momento de presentarse el avalúo particular del morador frente al de la administración y en caso de ser mayor cualquiera de las dos se preferirá la más beneficiosa.

Reserva clara y anticipada de indemnizaciones y daños integral. Es una obligación de la administración, previo al inicio o declaratoria de obra pública, contar con el presupuesto se haya obtenido, apropiado, reservado y esté disponible en su totalidad para el pago de las indemnizaciones y compras de los bienes antes del inicio de la obra, actuación o de prevención del riesgo

Ampliar la participación. En el Decreto 0818 de 2021 - Reglamentación Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas – PPPMAEP, se debe incluir a1 representante de la comunidad afectada, y a1 miembro de las asociaciones de acciones comunales en el Comité intersectorial de direccionamiento estratégico y en las mesas técnicas, y Mesas de articulación comunitaria

Avalúo integral.

• Derecho a presentar su propio avalúo particular o propuesta de valor de venta por parte del morador.
  
• Las comunidades afectadas exigen un Avalúo Integral que contemple la sumatoria de: Avalúo comercial, Avalúo Catastral, lucro cesante – daño emergente, Avalúo Social, participación en plusvalía.
  

Esta última parte de aceptar que la administración pública al igual que el comerciante o agente inmobiliario va a recibir ganancias por las obras, bien sea por valorización, en los casos en que se hace para vías, estas al finalizarse aumentan ganancias comerciales para los nuevos propietarios y por ende mayores ganancias para el municipio que los redime vía impuestos comerciales, o en el aumento de impuestos de rodamiento, valorización, comercial y turístico. Ahora bien, en los casos de intervención urbanística, allí se generan ganancias comerciales directas de las obras, finalmente lo menos que ocurrirá es que hayan ganancias políticas frente a los electores.

Gestión social integral. Se protocolice una gestión social antes, durante y después de los proyectos. Se exige el reasentamiento en sitio, gestión comunitaria del riesgo, mejoramiento integral de barrios, vivienda digna.

Gestión integral del daño. Es necesario ampliar la visión de daño y los mecanismos para medirlo, creación de protocolos que den cuenta del daño de manera integral. No puede ser solo el daño material el que siga siendo tenido en cuenta, hay un daño que es psicosocial, en el tejido social, en el arraigo, la historia, la identidad, todos repercute en la salud integral de las personas y no puede pasarse por alto.

Definir instrumentos para determinar daños e impactos no tangibles. Se hace necesario generar instrumentos que permitan valorar cuál es el daño y el impacto que suponen cada intervención y garantizar modos de acción que contemplen el bienestar integral de los moradores.

Crisis climática. Pero ahora con la crisis climática y las emergencias por lluvias la parte que se refiere a riesgos está colapsada y requiere intervención urgente por medio de una declaratoria de emergencia invernal o cualquier otra que permita hacer realidad dichas políticas.

*AUTORES.

Ana Jarmillo, investigadora, integrante Uniidad de Trabajo Tecnico Senador Omar Restrepo

Laura Arango, Psicóloga, Investigadora grupo Kavialndo. 

José Fernando Valencia Grajales Docente Investigador Universidad Autónoma Latinoamericana, parte de REDIPAZ

Alfonso Insuasty Rodríguez, Docente Invesitgador Universidad de San Buenaventura Medellin, integrante del grupo Autónomo Kavilando parte de REDIPAZ

(1) Docuemento presentado en la Audiencia de control político sobre la Política Pública de Protección a Moradores Medellin. Sesión plenaria 471 julio 15 de 2022 Concejo de Medellin, resultado del acompañamiento y trabajo de investigación que se realiza en apoyo al Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad

Referencias bibliiográficas:

Borja Bedoya, E., Insuasty Rodríguez, A., & Valencia Grajales, J. F. (2022). ¿Gentrificación o reordenamiento criminal del territorio urbano? Caso Medellín (Colombia). Ratio Juris UNAULA, 17(34). Recuperado a partir de https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1347 

Insuasty Rodríguez, A., Zuluaga Cometa, H. A., & Palechor Ordoñez, D. M. (2019). Medellín y la planeación institucional de la miseria. Ratio Juris UNAULA, 14(28), 343–362. https://doi.org/10.24142/raju.v14n28a12

Mesa, N., Londoño Dias, D., Insuasty Rodriguez, A., Barrera Machado, D., Valencia Grajales, J. F., Borja Bedoya, E., y otros. (2019). Víctimas del desarrollo en Medellín: progreso y moradores en disputa.Medellín: Kavilando En: https://kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/6763-libro-victimas-del-desarrollo-en-medellin-progreso-y-moradores-en-disputa 

Múnera, L. M. (13 de noviembre de 2018). En Medellín existen 5.924 personas desplazadas por el desarrollo.Obtenido de kavilando.org: https://kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/6507-en-medellin-existen-5-924-personas-desplazadas-por-el-desarrollo 

REDIPAZ y Kavilando, (2021).¡ Somos Comunidad Urbana en Resistencia! Informe Mesa de Interlocución Víctimas del Desarrollo y Administración Municipal Medellín. 2021, Informe. En: https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/8843-somos-comunidad-urbana-en-resistencia-informe-mesa-de-interlocucion-victimas-del-desarrollo-y-administracion-municipal-medellin-2021 

Valencia Grajales, J., & Marín Galeano, M. S. (2022). Víctimas del desarrollo: construcción de una categoría social emergente del desarrollo capitalista. Revista Kavilando, 13(2), 156-171. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/430

Zibechi, R., & Huertopía, C. (10 de enero de 2018). Extractivismo Urbano. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/5966-extractivismo-urbano-por-raul-zibechi-y-colectiva-huertopia

NOTAS: