Escazú y la paradoja de los derechos humanos

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: María Cecilia Roa-García*

¿Qué le aporta a Colombia la ratificación del Acuerdo de Escazú?

 

 

escazu ahora

¿Qué le aporta a Colombia la ratificación del Acuerdo de Escazú? Este acuerdo dedicado a los derechos de acceso a la información, la  participación y la justicia en materia ambiental fue firmado por los veinticuatro países de América Latina y el Caribe que participaron  en su negociación entre octubre de 2015 y marzo de 2018, y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de los primeros once países. En Colombia la ratificación se ha dilatado en medio de fuertes críticas especialmente del sector productivo, que lo ve como un obstáculo para el crecimiento económico.

En diciembre de 2021 publicamos un artículo criticando el Acuerdo de Escazú con base principalmente en el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, que hace que la focalización del Acuerdo en los derechos procedimentales, si bien trascendentales para el fortalecimiento de la democracia ambiental, haya dejado de lado el derecho sustancial a la vida en conexión con la calidad ambiental (Roa-García y Murcia-Riaño, 2021). Se argumenta con frecuencia que no es que Escazú deje a un lado los derechos sustanciales, sino que marca una ruta en la dirección correcta al avanzar al menos en los derechos procedimentales.

Frente a esta idea del avance en la dirección correcta que estaría haciendo el tratado, el presente artículo plantea un argumento que puede explicar por qué Escazú, al contrario de avanzar hacia la construcción de la democracia ambiental, lo que hace es distraer la atención de los debates fundamentales y profundizar las ya desfavorables condiciones para garantizar un acceso efectivo a la  información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en la región. El argumento se enmarca en la paradoja de los derechos  humanos, bajo la cual estos son promulgados dentro de un contexto discursivo, y en consecuencia normativo, para mitigar pero no solucionar las violencias ni derribar los mecanismos de subordinación y opresión (Brown, 2000).

Estas reflexiones sobre el contenido del Acuerdo de Escazú pretenden ilustrar cómo este oculta los debates fundamentales en cada uno de los tres derechos de acceso que dice defender y, en consecuencia, distrae a la sociedad de una búsqueda genuina de los derechos de acceso.

Un primer debate que ha quedado oculto en Escazú es el de la forma en que se define, se produce y se accede a la información ambiental. Según el Acuerdo (artículos 5 y 6) las partes —es decir, los países firmantes— deben garantizar el acceso a la información
que está en su poder, administración o custodia de acuerdo con el principio de máxima publicidad. ¿Quién no estaría de acuerdo con eso? El problema está en el tipo y la calidad de información que el Estado controla o administra. Obviamente el acceso a la información
básica sobre proyectos, planes o programas ambientales es fundamental para las personas o comunidades que van a ser afectadas por actividades extractivas pues es a partir de allí que se conocen la ubicación, la dimensión, los financiadores y los ejecutores de los proyectos.

Muchos de los países de la región no garantizan ni siquiera esta información básica, pero en Colombia al menos ya existen mecanismos como el derecho de petición y la tutela, que permiten exigirla. Ahora bien, más allá de la información básica, la información sobre los impactos socioambientales condensada en los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos es producida y financiada por las mismas empresas. No solo eso, sino que además los límites de lo que es conocible también son definidos por las empresas o el Estado.

Por ejemplo, frente a la exploración petrolera en zonas de gran riqueza hídrica, como las cuencas del Orinoco y el Amazonas, se ha demostrado que los EIA no han incluido estudios hidrogeológicos con el simple argumento de que es información muy costosa de obtener. De esta manera, la información ambiental a la que se tiene acceso es parcial y éticamente inválida pues el conocimiento  científico no se produce en condiciones de imparcialidad, sino bajo el sesgo de los intereses extractivistas de los que el Estado es juez y parte. Esta es una importante paradoja del Acuerdo: se garantiza el derecho a la información, pero este viene con una barrera  infranqueable implícita en el tipo, la cantidad y la calidad de la información que el Estado admite como tal. En conclusión, el Acuerdo, en vez de garantizar un acceso a la información, en la práctica autoriza o legaliza sus limitaciones.

Un segundo debate que se ha relegado a la oscuridad ha sido el del derecho al veto en los procesos de participación. El acuerdo de Escazú (artículo 7) obliga a los Estados a garantizar el derecho a la participación del público en procesos de toma de decisiones ambientales, pero no se compromete a que esta participación ocurra desde etapas tempranas, ni a que la participación ocurra en temas como el ordenamiento territorial o la elaboración de políticas que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente.

Mucho menos se compromete a garantizar el derecho fundamental a una participación equitativa, en el sentido de considerar que, si un proyecto afecta las visiones propias del bienestar, una comunidad asentada sobre un territorio pueda decidir que no es viable  desarrollarlo.

La utilidad pública o el interés superior de la nación han sido los eufemismos predilectos del Estado extractivista. La paradoja se evidencia claramente en que el Estado colombiano firme el texto de Escazú mientras, de forma paralela, bloquea uno de los sucesos democráticos más importantes en la historia ambiental del país: el periodo de activación de las consultas populares en decenas de municipios que aspiraban a decidir sobre un modelo de desarrollo basado en una relación armónica con la naturaleza.

No es claro cómo la camisa de fuerza de la participación de Escazú, que ignora el principio más fundamental de una participación equitativa, pueda ser un paso en la dirección correcta hacia la democracia ambiental.

Aquí nuevamente el Acuerdo termina legalizando una limitación a la participación efectiva.

En un tercer lugar no menos importante está la paradoja de la definición de la justicia y de la protección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Escazú (artículos 8 y 9) define la justicia y la protección en términos de reaccionar cuando los derechos de acceso a la información y a la participación ya han sido violados, cuando ya se hayan tomado decisiones con impacto adverso sobre el medio ambiente o cuando  ya hay un proceso de victimización y las personas han sido desplazadas, despojadas o asesinadas.

Por el contrario, los movimientos, comunidades y personas afectadas por proyectos extractivos, sin ser movimientos monolíticos ni carentes de tensiones internas, comprenden la justicia ambiental en términos de la defensa de la vida en los territorios y la ausencia de
violencia tanto física como legal y discursiva frente a visiones alternativas al desarrollo extractivista.

La paradoja se evidencia en las radicalmente distintas definiciones de la justicia ambiental para el sistema internacional del desarrollo sostenible, del que se desprende Escazú, comparadas con las de las luchas sociales desde los lugares donde se disputan los recursos naturales.

El Estado, que epresenta la defensa de los ciudadanos, las ciudadanas y el territorio para la vida digna, se presenta en el acuerdo de Escazú como el defensor de un sistema de justicia que, mediante un falso lenguaje de inclusión, ofrece unos mecanismos de acceso a la justicia y a la compensación por los daños que solo logran beneficiar a las empresas extractivas. Nuevamente aquí Escazú, en vez de garantizar la prevención ex ante de los daños, termina legalizando alguna reparación ex post. 

Existe además una diferencia fundamental entre los sujetos de los derechos en el SIDH (Sistema Internacional de los Derechos Humanos) y en Escazú: mientras en aquel los sujetos de derecho son personas y colectivos, en el Acuerdo las partes son Estados que  en la mayoría de los casos trabajan con el sector privado extractivo o son ellos mismos extractivistas que consideran a individuos, comunidades y movimientos sociales como “el público”.

Todo el texto del Acuerdo se refiere a las personas, las comunidades y los potenciales afectados de los proyectos como “público”,  interpretado como un sujeto pasivo que obtiene información, participa y accede a tribunales hasta donde los actores  principales quieran brindar los mecanismos y espacios para ese acceso, y no como los actores de los territorios, en igualdad de derechos para generar la información sobre sus propios territorios, autorizar o vetar los proyectos y definir la justicia ambiental en términos de su propia vida.

Esta expresión, “el público”, es usada precisamente en los discursos del Estado colombiano en alianza con el sector petrolero al referirse a la información sobre los posibles impactos del fracking, en los que se refrenda la imagen de las personas, las comunidades y los movimientos como receptores pasivos de decisiones que tomará el Estado con información que considera válida, pero que ha  pasado por alto cientos de evidencias científicas que muestran los efectos ambientales nocivos y los enormes riesgos sociales de dicha actividad (Roa-Avendaño y Orduz-Salinas, 2021).


Al Acuerdo de Escazú se le ha empezado a dar un uso argumentativo en decisiones alrededor de temas ambientales en la región. Pero no porque se necesite un acuerdo internacional para proveer los mismos argumentos, pues todo el contenido de Escazú ya había sido incorporado y desarrollado de manera mucho más robusta en los sistemas Internacional e Interamericano de los Derechos Humanos, que además cobijan de manera más amplia y vinculante a los países de América Latina y el Caribe.

Se ha usado en discursos políticos para subrayar la obvia importancia de los derechos de acceso, sin hacer un uso del contenido del Acuerdo en los argumentos.

En cambio, una mirada a su contenido (en su trasfondo y su lenguaje) muestra cómo limita las aspiraciones sociales de la democracia ambiental. Las contradicciones que aloja frente a la construcción de espacios de participación equitativos y justos en la toma de
decisiones que tienen que ver con la ocupación del espacio y las relaciones que como humanos establecemos con nuestro entorno físico no permiten decir que sea un instrumento para tal democracia.

Claramente Escazú no fue pensado para transformar el sistema que constituye el andamiaje capitalista y extractivista, sino más bien para refrendarlo mediante la apropiación del lenguaje de los derechos y la democracia. Poner en evidencia las paradojas del Acuerdo como un compendio de derechos procedimentales se vuelve entonces imprescindible para, como lo insinuaba Wendy Brown, construir una fuerza política que exhiba la imposibilidad de la justicia en el presente, y las condiciones y contornos de la justicia en el futuro.

Referencias[T1]

Brown, W. (2000). Suffering rights as paradoxes. Constellations, 7(2), 230-241.

Cepal (2018). Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Recuperado de https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

Roa-Avendaño, T. y Orduz-Salinas, N. (2021). El aplanador discurso a favor del fracking. En: C. Toro Pérez, P. I. Reyes Beltrán e I. P. León (eds.), Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia. Entre el posacuerdo y la globalización. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Roa-García, M. C. y Murcia-Riaño, D. M. (2021). El Acuerdo de Escazú, la democracia ambiental y la ecologización de los derechos humanos. Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales, 1, 43-85. DOI: https://doi.org/10.53010/nys1.02

 

*Profesora asociada del Cider (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo), Universidad de los Andes Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

tomado de: https://legislacionyprospectiva.co/2022/06/escazu-y-la-paradoja-de-los-derechos-humanos/

NOTAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjanos tus comentarios


Código de seguridad
Refescar

Revista Kavilando

cover issue 39 es ES

Publicaciones

Slider

Afiliados a

clacso

cc

Visitas