Por: Demandantes*

Esta demanda, si es acogida por la Corte, permitirá que el Congreso y el Gobierno enfoquen el manejo económico de la presente crisis con criterios de justicia distributiva y de progresividad tributaria, que no sólo armonicen nuestro sistema tributario con los principios constitucionales sino que además eviten que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. Así, la presente demanda da cuenta clara de la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario por incumplimiento del principio de progresividad.

Por: Clínica Jurídica Unaula[i]. Redipaz

Todo indica que el interés de la nueva administración es dilatar la aplicación eficiente de la política de moradores (Acuerdo 145). Paradójicamente las renovaciones urbanas iniciaran a toda marcha, pero la protección a moradores se someterá a planes “pilotos”, además, en los proyectos de renovación la proyección y el presupuesto quedará en manos de los privados que ejecutan la renovación urbana.

Por: Las Organizaciones abajo firmantes

Considerar la situación de: Carmen Villalba, Ana Belén Montes y Milagro Sala; Carlos Ilich Ramírez, Simón Trinidad, Mauricio Hernández Norambuena, Abimael Guzmán, Alcides Oviedo, Celestino Córdova, Víctor Polay Campos, Mumia Abu Jamal, Santiago Montenegro, Manuel Pérez Martínez, Facundo Molares y Jorge Meteluna, ante una eventual negociación, ante la posibilidad de un intercambio o canje de prisioneros por los mercenarios y agente la DEA capturados

Por: Firmantes.

La normalidad a la que nos empeñamos en regresar sin cuestionar es la de una conciencia anestesiada, esa que no repara en los impactos tremebundos de un sistema corrupto y corruptor que hicimos nuestro. Una nueva normalidad será la que le devuelva el valor a la vida, basada en el cuidado y el respeto, que tenga en cuenta a las generaciones venideras, y que ponga fin al cambio climático, a la explotación de los seres vivos y de los bienes naturales, a la contaminación del agua y del aire, y a la destrucción de bosques y playas

Por: Omar Eduardo Rojas Bolaños*

Gracias a la gestión de la policía comunitaria de la MEVAL, integrantes de los combos de Medellín entregaron sus armas sin la necesidad de la presión o la mano dura policial. Más de un centenar de armas de fuego fueron entregadas voluntariamente. A pesar de los logros alcanzados, fue desmantelada

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