NO MAS DESTECHADOS GRACIAS A LAS FALACIAS FINANCIERAS.
REVIVIR LA CULTURA DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN PARA LA VIVIENDA POPULAR , GOLPEA A LOS PULPOS FINANCIEROS, EL ESTADO NEOLIBERAL Y QUIENES SE LUCRAN INTERMEDIANDO EN LA LUCHA DE LOS DESTECHADOS.
El auge constante de la autoconstrucción progresiva de la vivienda popular como parte de la solución al déficit habitacional, se truncó hace 35 años por la entrega del Gobierno a la banca y sus filiales constructoras la exclusividad de la edificación de la vivienda para los distintos estratos sociales gozando de tan lucrativo negocio monopólico con cobro del poder adquisitivo constante de la moneda colombiana.
Atraídos por el engaño de bajas cuotas que no cubrían a plenitud abono a capital, después de 27 años de pago por los deudores hipotecarios de tal corrección monetaria denominada U.P.A.C. acompañada de un interés compuesto que aumenta geométricamente la deuda en 5 y más veces su valor inicial conforme al alargamiento de los plazos, tal sistema hace crisis, saliendo afectadas principalmente las capas medias y bajas de la población.
Para continuar a partir del 2.000 el mismo contenido de tal sistema de superexplotación financiera, cambiando solamente el nombre de la corrección monetaria U.P.A.C. por la de U.V.R. “aliviando” tal desastre causado a los deudores reestructurando la deuda con aumento de plazos hasta 30 años y “reliquidación de la deuda” por los años de 1.993 a 1.999 cuyo costo para el erario público fue más de 3.5 billones de pesos que se embolsillaron tales acreedores bancarios que habían modificado la tasa de corrección monetaria de I.P.C. por la tasa D.T.F. en aplicación del modelo económico Neoliberal implantado por Cesar Gaviria como Presidente de la República.
Paralelo con parte de dicho periodo, el Gobierno fortalece dicho sistema abandonando su obligación social de construcción de la vivienda popular desde hace 16 años, creando como atractivo de demanda a favor de las entidades bancarias el subsidio de vivienda que conforme a la Ley 03 de 1.991 es otorgado al solicitante, pero entregado directamente a la respectiva entidad financiera con carácter de complemento si el beneficiario cumple previamente con los requisitos de consignar la suma del 10% del valor del inmueble al banco y una certificación del crédito por el mismo banco sobre el saldo de la deuda. Cuando realmente el costo de inversión para la “vivienda prioritaria” lo sufraga con el subsidio recibido y lo abonado por el cliente, siendo todo ganancia de ahí para arriba por los años que se pacte.
Desde hace varios años, con crudeza se sienten los efectos de tal política de vivienda Neoliberal con los cientos de miles de procesos judiciales contra deudores hipotecarios del sector popular cuya inestabilidad laboral y bajos ingresos esencialmente, no les permite cumplir las obligaciones y sus inmuebles van rumbo al remate, con el agravante de perder no solamente su vivienda, las mejoras realizadas, lo pagado al acreedor y el subsidio otorgado, sino también restituirle al Gobierno el subsidio entregado conforme al Artículo 51 del Decreto 975 del año 2.004.
Por lo tanto, el grueso de la población colombiana no puede seguirse engañando con la esperanza de tener una vivienda propia con el señuelo de un subsidio llámese Nacional o Distrital de contenido “Neoliberal” y sobre todo si pertenece a la economía informal, sector que agrupa al 65% de la actividad productiva del país. Siendo la alternativa real y posible que de verdad contribuya a subsanar el creciente déficit habitacional, es que el Estado con una política social de responsabilidad compartida con los destechados e inquilinos, establezca un nuevo sistema institucional de vivienda popular paralelo al actual con fundamento esencial en la construcción progresiva autogestionaria, uniforme y técnica de participación individual y apoyo colectivo comunitario. Asumiendo en todos los órdenes de la estructura administrativa por el Estado la venta individualizada y/o colectiva conforme al deseo de los adquirentes de los terrenos urbanizados con servicios, sin intermediació n bancaria o fiduciaria alguna, con crédito no superior a 10 años, sin cobro de “corrección monetaria” e intereses no superiores a las tasas preferenciales del mercado financiero como la interbancaria.
Como no faltan los áulicos del sistema financiero que acrecienta sus ganancias con la “vivienda social”, ahora saltan a la palestra con la más cruda demagogia pretendiendo enfrentar la política “Neoliberal” de vivienda con tesis de aparente radicalismo pero de esencia socialdemócrata, calificando como de “autoexplotació n” revivir masivamente la cultura histórica de la autoconstrucción de la vivienda popular en nuevas condiciones, formas y medios, fruto de la experiencia táctica de la lucha viviendista.
Tal conducta que favorece el lucrativo negocio de la vivienda social para los bancos, es la concepción política conciliadora “sin indiferencia” que igualmente aplican frente al denominado “espacio público” que los gobiernos de turno “Neoliberal” Nacional y Distrital utilizan como creciente renglón de ingresos económicos estando al servicio de la gran empresa comercial privada, persiguiéndoles y arrebatándoles a los vendedores ambulantes, su pequeño comercio con el que sostienen sus familias.
COORDINADORA NACIONAL VIVIENDISTA
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