“Somos Comunidad en Resistencia Urbana” Afectaciones económicas. Victimas del Desarrollo Medellín

Observatorio K.

Por: Laura Arango[i]. Alfonso Insuasty[ii]

El impacto que genera la manera como se planea e implementa el llamado desarrollo urbano en Medellín, parece repercutir en ampliar la brecha de desigualdad, destruir tejido social y de pequeñas cadenas productivas que en últimas sostienen la economía real de la ciudad.

 

 

Un reciente informe del Banco Mundial presenta a Colombia como el segundo país más desigual de Amércia Latina, Medellín puntea como la ciudad más desigual de Colombia.

Desde hace ya varios años se ha venido generando un proceso de visibilización de una realidad contundente más allá de los relatos prefabricados de una ciudad que transitó de la guerra a la paz, es posible que hubiese transitado hacia otras formas de comunicación y construcción de un relato de ciudad ficción, pues la tragedia social de la desigualdad, el hambre, la falta de oportunidades y el control ilegal perviven enquistado como parte del paisaje (Barrera Machado & Insuasty Rodríguez, 2020).

A esto se suma una manera nefasta de comprender e implementar el llamado desarrollo, arrasando con familias, comunidades y afectando tejido social, como se ha evidenciado en las ya cuatro mesas de interlocución entre las Victimas del Desarrollo y la administración municipal de Medellín (Mesa , y otros, 2019).

Se han evidenciado profundas falencias y graves vulneraciones a los derechos en cada momento de la implementación de las llamadas obras de Desarrollo Urbano, antes, durante y después. Se afecta, desplaza, invisibiliza a comunidades enteras que ven cómo su patrimonio de destruye, se disminuye por decisión vertical impuesta, y ello, en nombre de un supuesto “bien común” (Mesa, y otros, 2018).

Una de estas afectaciones trabajadas es precisamente el de las afectaciones económicas.

El Banco Mundial presentó un informe, ‘Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia’, en el que señala que el país está entre los más desiguales a nivel global (Portafolio, 27) y Medellín siempre ha estado a la cabeza de la desigualdad en Colombia, así, el contexto es para nada prometedor.

Frente a las afectaciones económicas, debemos primero aclarar que los niveles de ocupación, desocupación e inactividad como los categoriza el Departamento Nacional de Estadísticas -DANE, en las 13 ciudades principales entre las que se ubica Medellín es:

En el trimestre móvil julio-septiembre 2021, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 14,1%. La tasa de ocupación se ubicó en 54,9% y la de inactividad fue de 6.8 millones de seres humanos.

Vale anotar que, del universo de población ocupada, el nivel de informalidad es muy alto oscila entre un 46% y un 48% lo cual es preocupante:

En el trimestre móvil julio-septiembre 2021, la proporción de la población ocupada informal en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,7%, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,0%. (DANE, 2021)

Ahora bien, el impacto que genera la manera como se planea e implementa del llamado desarrollo urbano en Medellín, parece repercutir en ampliar la brecha de desigualdad, destruir tejido social y de pequeñas cadenas productivas que en últimas sostienen la economía real de la ciudad.

En este sentido, hacemos visibles esas graveas afectaciones que ya se vienen generando para darle paso al llamado desarrollo Urbano de la ciudad, que de manera contradictoria viene desplazando, marginalizando, precarizando a un importante número de personas, familias, comunidades.

 

 

 

Afectaciones económicas en la voz de líderes y lideresas.

Presentamos algunas reflexiones que emergieron de las presentaciones de los representantes que lideran procesos de defensa de derechos y que participaron en la 4ta Mesa de Interlocución Victimas del Desarrollo y Administración Pública de Medellín[iii] realizada el pasado sábado 30 de octubre de 2021.

Es importante decir que, para todas las presentaciones de los líderes de las comunidades afectadas por el desarrollo coinciden en afirmar que la construcción de cada barrio ha sido forjada por la misma comunidad. El barrio ha sido construido hombro a hombro, entre los pobladores marginados que fueron haciendo de cada uno, un lugar habitable, allí no estuvo la administración municipal, fue la misma comunidad organizada quien poco a poco tejió articulaciones con la Institucionalidad para lograr acceder a servicios y derechos.

Se anula u olvida esta historia que pesa de manera positiva para la ciudad, tanto se olvida que no se asume a la hora de requerir ciertas zonas para el llamado desarrollo urbano institucional.

Moravia.

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Foto: tomada de Periódico El Sol

Juan Esteban del Colectivo Moravia Resiste, en este sentido afirma qué:

“Moravia tiene más de 50 años, y nos vienen sacando desde que llegamos”

La administración municipal no solo no reconoce la historia del barrio, sino que hace uso de un lenguaje técnico que para el nivel formativo de estos habitantes no es del todo comprensible, la institucionalidad llega atropellando, con el estrés del tiempo, con señalamientos, destruyendo la unidad de familias extensas.

“Cómo explicarle a un habitante que su negocio y su casa se pagan al mismo precio, pues no se comprende que la casa es al mismo tiempo el lugar donde se realiza la actividad comercial de subsistencia, y ésta, no es tenida en cuenta para estimar el valor del bien o para reconocerle dicha afectación, se trata de su único ingreso para vivir

Nosotros creamos este barrio y ahora otros lo planean y proyectan para transformarlo, pero para que sea habitado por otros, no por los que durante años y con gran esfuerzo han construido y gestado este barrio, un pueblo vulnerable, pero luchador, que vive de pequeños negocios que se amalgaman con su lugar de habitación” dice Juan Esteban.

Metro de la 80.

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Imagen: Tomada de Vecinos de la 80. Medellin

Leonel líder del colectivo Vecinos de la 80. Afectados por la construcción de las obras del Metro de la 80, afirma que:

“Este es un problema que lleva tiempo, venimos desde el 2018 iniciamos un proceso de formación y de información para saber qué nos iba a pasar, esto implica tiempo y dedicación.

Muchas reuniones por parte de la administración municipal, algunos Concejales se acercaron, pero nada detenía las obras y sobre todo sus impactos.

Todo parece ser inocuo pues, nos fue peor de cómo les fue a otros habitantes: La EDU ha hecho lo que se le ha dado la gana”

Nada ha servido, todo es promesa y promesa mientras todo sigue igual, parece que con esas reuniones y promesas lo que ganan es tiempo y debilitan las resistencias y reclamos.

“Ellos (la EDU) empezaron las obras sin censos reales, con la gente allí, con los negocios abiertos y afectados. La EDU no da fechas, dilata, nada claro tienen y se delegan la responsabilidad. Además, dividen a los afectados, a unos los clasifican como afectados directos e indirectos, a los primeros los convocan, a los otros no, generando tensiones horizontales.

La mayoría de los comerciantes se quiebran, la diferencia es la velocidad de dicha quiebra de cada negocio.

No importa el caos que generan y el impacto que ello tiene sobre la dinámica comercial de cada negocio.

Las obras siguen, las afectaciones crecen, por el caos de las obras los clientes no llegan, pero si las cuentas de servicios, las cuentas por pagar y nadie responde”.

Las propuestas de los comerciantes si bien se socializan en reuniones, no son tenidas en cuenta, son listados para legitimar una acción con daño.

“Con la EDU no se consigue nada, no les importa nada, nada responden, su preocupación en la ejecución de la obra y no la gente afectada. Detrás de estas obras hay gente con mucho poder, constructoras, contratistas, políticos, etc… nada los detiene”

Pareciera que les interesa reformar la ciudad para el turismo, para el comercio de un sector poblacional, y el pueblo fuera considerado un estorbo.

Los beneficiados no son los pobladores, ni los comerciantes que con gran esfuerzo montaron sus emprendimientos, se transforma para que otro sector social y otro sector comercial llegue.

Lo ilógico es que estas obras se hacen con la plata de los habitantes y comerciantes que son atropellados y afectados, pagamos para que nos saquen, nos atropellen, nos precaricen.

Entre menos afectaciones paguen, menos dinero el proyecto se compromete y alguien gana.

No existe entidad y poder político que los regule, hacen lo que se les da la gana, improvisan, abusan al máximo pues no hay quien les regule.

“La EDU es la empresa que hace el trabajo sucio del Metro, es la que se encarga de sacar la gente, expropiarla, maltratarla.”

Es importante estar unidos, no lograr lo que buscan que es dejar a cada poblador solo en sus luchas, de ahí la importancia de articularse, luchar y no decaer en estos esfuerzos.

Otro aspecto a considerar, es que parece que las empresas e instituciones encargadas de la ejecución de las obras, solo les temen a los medios de comunicación, las redes sociales, de resto nada los incomoda, nada les regula, nada les exige respetar derechos.

Las personas, en muchos casos producto de las mismas dinámicas generadas por las obras, han venido teniendo, por otro lado, poca capacidad de articulación y organización, su reacción es lenta, y de eso también se aprovechan, de la división comunitaria.

En esa medida reiteramos el llamado a la articulación, la organización, las acciones desde colectivos, sostenidas.

Se necesita que la gente sea consciente de los modos de accionar de las empresas e instituciones en la ejecución de las obras y los efectos que traen para sí y para sus territorios.

Conocimiento que les permita ganar en fuerza organizativa, pues solo el pueblo organizado y unido podría detener esta tragedia, es la única forma de evitar las pérdidas que las comunidades que han pasado o están pasando por ellas, hoy nos advierten como catastróficas en sus patrimonios y modos de vida.

Barrio Naranjal.

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Imagen: Minuto 30

Doña Doris lideresa del sector comerciantes, argumenta:

“La historia del reciclaje se remonta al año 2000 cuando se expide el decreto 1274 Plan Parcial del Naranjal, pese a llevar más de 50 años en esta actividad íbamos a ser invisibilizados en el decreto de este plan.

Pero la unión hace la fuerza, es así que al ver que desconocerían al gremio de recicladores, nos organizamos en la Asociación de Empresarios del Material Recuperado, de 20 unidades existentes, dos se articularon en esta iniciativa”.

Se dio una lucha social y política, del 2000 al 2009 con una agresiva campaña de visibilización de la problemática, debates ante el Concejo de Medellín y en lo Nacional al Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, se trataba de la vida de 800 recicladores y sus familias además de tres mil toneladas de material recuperado que llegaban al Naranjal.

“En el 2009 conseguimos que ya más de 12 unidades productivas articuladas fueran reconocidas en dicho Plan Parcial, destinándole un espacio para la realización de esta actividad económica de primer orden, quedando en los planos como un componente más.

Necesitábamos financiación, se buscó, logramos conseguir tres mil millones, pero no había voluntad política, lo que detonó en la pérdida de este recurso destinado por el Ministerio para tal fin y que se perdió por la inoperancia que dejaron pasar la vigencia de dicho recurso”

Ante esta situación la organización adelantó una acción jurídica contra la EDU y el municipio, se falló a favor, pero una clausula pequeña decía que dependía de los recursos y ahí quedó todo.

Hoy, a finales de 2021 aún no se concreta. “Advertimos que no existe voluntad Política por parte de la EDU y menos de las autoridades ambientales”

“Seguimos luchando, esperanzados. Somos Comunidad en Resistencia Urbana”

El Volador.

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Foto: El Colombiano, El Volador el barrio que desaarecerá por la construcción del Metro de la 80

El líder Juan Carlos Duque propietario de un negocio en el Barrio El Volador, donde se proyecta construir un parque automotor del Metro de la 80 que implica expulsar unas 450 viviendas más de 2.000 familias, nos dice:

“176 unidades económicas formales e informales hemos identificado serán afectadas.

El ISVIMED dice que solo están confirmadas 2 unidades económicas lo cual es ilógico.

No se reconoce nuestra labor comercial de la cual derivamos nuestros ingresos y subsistencia.

Esta falla afecta una real negociación.

En las negociaciones al hablar del lucro cesante y daño emergente, que para nosotros se tomaban los últimos 6 meses de ventas promediado, pero en la Reglamentación de la Política Pública de Protección a Moradores no se habla de ventas, sino de utilidades, y esto si cambia totalmente el nivel de responsabilidad de la institucionalidad.

No es significativo lo que pretenden reconocer, es sentenciarnos quedar en la quiebra, es un daño directo de la obra.

No solo seremos desplazados por el Estado, sino que nos dejan sin la actividad de la cual subsistimos”

Esta zona es estratégica, asunto que no se tiene en cuenta a la hora de generar los avalúos, pues si bien el estrato es 2, la ubicación es el valor agregado.

“Así lo que se promete es dejarnos en la miseria, precarizar a la comunidad

La institucionalidad no ha sido clara, nada tienen claro, al menos así nos lo manifiestan.

Nos veremos perjudicados integralmente en nuestra integralidad. En lo personal, familiar, social en todo sentido.

No nos dejen a la deriva, nos están dejando desprotegidos por parte del Estado, quien nos está desplazando y precarizando sin alternativa real viable.

Es importante que nuestros reclamos trasciendan”

Por su parte, Ethelberto Zapata, líder del Barrio El Volador y representante de la economía popular, manifiesta que:

“Algunos Concejales y Planeación Municipal han citado a la comunidad prometiendo que las zonas destinadas para construir los talleres del metro se moverán, pero ya es conocido que las promesas lo que hacen es destruir la capacidad organizativa de la comunidad y generar falsa esperanza para ganar tiempo y debilitar la organización. Es clave estar atentos”

Es clave hablar de unidades productivas y respetarlas como tal, exigir que la Política Pública de Protección a Moradores y actividades económicas en realidad beneficie a las comunidades.

En cada obra veremos reiterarse el mismo modelo de intervención que aumenta el daño social.

En conclusión.

Los barrios han sido construidos por las comunidades, los han adecuado y hoy son expulsados como extraños y ajenos a una ciudad que ayudaron a levantar.

El engaño, la dilación, la falta aparente de claridad y la delegación constante de responsabilidad por parte de la EDU, El Metro, el Isvimed, Planeación, etc., son una constante por parte de los operadores y entidades tras el desarrollo de cada obra.

Las promesas a modo de un nefasto juego de la esperanza de mayor bienestar para las comunidades afectadas, tienen como fin, ganar tiempo y debilitar la resistencia y capacidad organizativa.

La coerción, la división y la amenaza, queda claro es, al parecer, la principal estrategia de intervención de las instituciones para con las comunidades.

La tendencia de estas entidades es a generar censos en donde se invisibilizan a las comunidades, comerciantes y unidades productivas, lo que cual baja el nivel de reparaciones que deben proyectar.

Estas obras Precarizan a las familias y comunidades, hacen quebrar los negocios y no reparan los daños reales.

Se debe reivindicar un enfoque de derechos sobre las intervenciones en el territorio que generan afectaciones y alteraciones a las dinámicas sociales, económicas y culturales de las comunidades.

Pero, generalmente ese enfoque de derechos, “del cual la institucionalidad también se ha apropiado, ha sido esencialmente compensatorio, es decir, acepta las desigualdades generadas por el desarrollo de tipo neoliberal y nada hace por contrarrestar el expolio y agudización de la pobreza de los barrios y sectores populares que solo ven compensados sus perjuicios en términos económicos”. (Martínez, 2021)

Es clara la visión impuesta en Medellín de una ciudad proyectada con pilares neoliberales de desigualdad.

En términos jurídicos, ya la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en varias ocasiones (ente ellas la sentencia C – 750 de 2015), específicamente en los temas de reparación y restablecimiento de derechos en asuntos de impactos por desplazamiento por obras de desarrollo, gestión del riesgo y renovación urbana que la reparación es integral. Este tribunal ha indicado sobre estos asuntos que en el equilibrio de las cargas públicas y el cumplimiento de finalidades constitucionales significan que el juez y la administración deben sopesar las circunstancias de cada caso para tasar la indemnización. Los impactos negativos deben ser restablecidos donde se debe tener en cuenta el contexto en que se encuentra el afectado, los derechos en discusión y su condición. Igualmente, queremos reiterar que el asunto de clase y de desigualdad no es una mera coincidencia. Las obras de desarrollo, las políticas de gestión del riesgo de desastre y buena parte de los programas de renovación en la ciudad de Medellín tiene como patrón su ubicación sobre lugares depreciados mediante instrumentos ficticios de asignación del valor del suelo, territorios sometidos a ausencia deliberada del Estado para promover nuevas formas de reciclar el espacio urbano a costa de sus pobladores, lugares de borde urbano – rural y periferias que reciben cientos de familias que en el mercado formal nunca podrán encontrar solución a su necesidad de vivienda, territorios con economías informales (de vivienda y actividades económicas y culturales) que se consideran un obstáculo para el uso racional del espacio y que plantean convenientemente que no habrá que compensar impactos por valor del suelo en tanto carecen de título de propiedad; en ese sentido, si, hay un patrón que ha desplegado las intervenciones de desarrollo y control territorial sobre espacios empobrecidos que ya padecen de desigualdades y que el Estado utiliza convenientemente para generar desarrollo de la mano con políticas urbanas compensatorias que nunca terminan por configurar una ciudad democrática sino donde sus gobernantes gestionan la pobreza. (Martínez, 2021)

Lo que expone también, un tema que se ha presentado como transversal en el discurso de los y las representantes de las comunidades que han participado de las mesas de interlocución y que sale a la luz, especialmente cuando se habla de las afectaciones económicas y productivas, en donde se hace evidente el desgaste emocional y las desesperanza que presentan las comunidades que vienen resistiendo a estas dinámicas; como lo son las afectaciones psicosociales.

Tema que junto con las afectaciones medioambientales, quedará por ser abordado en una próxima sesión, pues cuando hablamos de proyectos que intervienen, transforman y modifican el territorio, -y que, en la mayoría de los casos, se perciben como una imposición- entendiendo el territorio como ese espacio que acoge características sociales, que preceden del arraigo que tienen los sujetos con su entorno, estaremos hablando de intervenciones que tocan con el bienestar físico, mental y social de las comunidades.

Por lo que queda abierta la pregunta por cómo se está considerando y garantizando que las comunidades intervenidas para la ejecución de las obras, gocen de un estado de bienestar integral, que además permanezca en el tiempo.

Mediante qué indicadores o factores se está contemplando el estado de salud de las personas antes, durante y después de la realización de las obras, y de qué manera, a su vez, se están contemplando aspectos que se hacen claves dentro de la salud mental como el estado de equilibrio entre las personas y su entorno socio-cultural, su participación laboral, intelectual y las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida.

Mientras tanto, hoy se hace cada vez más clara esta afirmación:

“Solo el Pueblo salva al Pueblo”

Será necesario seguir luchando la exigencia de derechos, pero fortaleciendo la capacidad organizativa y de presión, de otra manera nada se lograría.

La manera como se implementa y planea el desarrollo urbano viene generando mayores brechas de desigualdad y precarización, por ende, impacta en la ampliación de la pobreza y la falta de oportunidades, así mismo destruye el tejido de la pequeña producción y comercialización local que es en últimas la base de la economía en Colombia.

Es urgente avanzar en una articulación de procesos y pasar de lo municipal a lo metropolitano, ganar en formación y movilización.

Es la sociedad misma la que debe convertirse en actor real de poder para detener esta maquinaria generadora de miseria llamada ciudad.

Ganar en presión política institucional, modificación de normas, ajustes en lo local y nacional, con claridades.

Ganar en el debate técnico y político de ciudad.

Ganar en agenda colectiva popular, para sentar las bases de una posible transformación aún y la desesperanza.

Una agenda que configure otra forma de entender la Ciudad un modelo más eco-humano, solidario, dado al cuidado de la vida y que proteja el tejido social, garantice la participación y el bien-estar de todos.

Bibliografía.

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Barrera Machado, D., & Insuasty Rodríguez, A. (2020). COVID19 y la caída del relato prefabricado. Medellín. Revista Web Kavilando issn; 2248-4361, 20(6), 10-40. Obtenido de https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7790-covid19-y-la-caida-del-relato-prefabricado-medellin

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Insuasty Rodriguez, A., Zuluaga Cometa, H. A., & Palechor Ordoñez, D. M. (2019). Medellín y la planeación institucional de la miseria. Ratio Juris, 14(28), 343-362. Obtenido de https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/595

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Notas

[i] Psicóloga Universidad de San Buenaventura Medellin, investigadora Grupo Kavilando

[ii] Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin.

[iii] Como parte de un ejercicio de visiblización y búsqueda de soluciones se dio vida a una mesa de interlocución entre las comunidades victimas del desarrollo Medellin y la administración Municipal. El pasado 30 de octubre 2021 en la Universidad de San Buenaventura Medellín se realizó la cuarta sesión de dicha mesa tema: afectación económicas y psocosociales. Esta mesa se instaló el 31 de julio de 2021.

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