¡Somos Comunidad Urbana en Resistencia! Informe Mesa de Interlocución Víctimas del Desarrollo y Administración Municipal Medellín. 2021

Vulneración de Derechos Humanos evidenciados por la Mesa de Interlocución Víctimas del Desarrollo con la Administración Municipal De Medellín.

Antecedentes:

La Mesa de Interlocución Victimas del Desarrollo – Administración municipal de Medellín, se trata de una instancia generada y convocada por las comunidades como un acuerdo que quedó consignado en la Audiencia Pública “Víctimas del desarrollo y protección a moradores. Medellín”, realizada el jueves 17 de octubre (2019) en el auditorio principal de la Universidad de San Buenaventura Medellín, sector San Benito, convocada por el Representante a la Cámara por Antioquia Omar Restrepo del Partido Comunes. El propósito fue debatir en torno a las afectaciones y vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín y allí entre otras, quedó la tarea de dar inicio a esta Mesa de Interlocución.

Ya en el 2017 se realizó un proceso formativo con comunidades afectadas por el desarrollo Urbano en Medellín, notando que se trataba de un fenómeno en crecimiento; a la par se realizó el I Encuentro de comunidades afectadas por el desarrollo, hoy proyectamos ya, el V Encuentro. Se logra con estas acciones, incidir y apoyar la realización de varios debates en el Concejo de Medellín con el liderazgo de la entonces concejala Luz María Munera, gracias a estos debates y diversos escenarios de movilización, se logró aportar en el proceso de promulgación de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) (2018-2019).

A la par se han publicado diferentes artículos en revistas especializadas en Ciencias Sociales y Humanas a nivel nacional e internacional, y dos Libros que recogen esta dura realidad desde una mirada académica e investigativa. Se entregó un informe de este fenómeno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2019, informe que alimentan el ya presentado en el año 2014.

Durante la Pandemia los procesos organizativos y de resistencia a la manera absurda como la oficialidad se desentiende de las poblaciones afectadas por el desarrollo urbano no se detuvieron, pero ante el confinamiento, el no acceso o no uso de las Tics por parte de dicha población se hizo necesario un nuevo proceso de acompañamiento de retoma de los encuentros de manera virtual, donde se vivenciaron otros aprendizajes de re-encuentro y activación de valores solidarios y de apoyo, así mismo se fueron integrando nuevos líderes de nuevos procesos y con las mismas afectaciones.

En el segundo semestre de 2020 se proyectan acciones organizativas, entre ellas retomar los compromisos adquiridos en la Audiencia Pública del 2019. En el año 2021, una vez se retoma la presencialidad y se avanza en los procesos de exigibilidad de derechos, en tanto la locomotora del desarrollo urbano y sus impactos no se detuvo durante el confinamiento, sacando provecho de las circunstancias, en la dificultad o limitada capacidad de respuesta de las comunidades organizadas para manifestar su resistencia.

Metodología: Mesas de interlocución como una tarea de la Audiencia pública.

 Esta Mesa de interlocución, fue convocada e instalada el sábado 31 de julio de 2021, en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto, con el propósito de buscar alternativas a las acciones del desarrollo que están afectando a los habitantes de la ciudad. Se congregaron allí, representantes de las comunidades San Luis, La Paralela, Moravia, Chagualo, El Volador, Vecinos de la 80, La Familia de la calle, el Movimiento por el Aire y la Salud Pública, entre otros procesos articulados en lo que, en 2019, ya se conocía como el Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad. Tejido urbano popular que recoge intenciones de reivindicación y resistencia de la población moradora en condición de víctima del desarrollo en Medellín y el área metropolitana.

Este escenario de interlocución, contó además con la presencia de delegados del Instituto social y de vivienda y Hábitat (ISVIMED), la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), El Metro de Medellín, la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial, La Personería, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, entidades que frente al llamado de las comunidades asumieron el compromiso de continuar participando del espacio, reconociendo que el desarrollo de Medellín no puede ser una causal de daños en las comunidades y ratificando la voluntad de buscar un bienestar general en el marco de la necesaria implementación de los acuerdo de Paz firmados y la concreción de una Paz Urbana.

Dinámica de la Mesa.

Este informe está sustentado en las actas derivadas de cada Sesión de la Mesa, así mismo, quedó registro Audiovisual en la Red Facebook Grupo Kavilando y en el Canal YouTube Grupo Kavilando. Cada sesión contó con el desarrollo de un eje problemático así:

Se espera que las conclusiones que fueron emergiendo del proceso de escucha y reflexión por parte de los actores sociales involucrados en la problemática, permitan generar en el marco de la democracia participativa, una ruta y un trámite eficiente de las problemáticas acá expresadas, que impacten en el contenido de la Reglamentación de la PPPMAEP.

Así mismo, se pretenden llevar estas conclusiones a los debates necesarios en el Concejo de Medellín y a una Nueva Audiencia Pública ya de carácter Nacional que proyecta incidir a partir de la reforma, a las leyes existentes en el sentido de favorecer a la población en condición de afectada y a la promulgación de una Ley Nacional de Protección a Moradores. Y en paralelo, se espera se consolide el movimiento Nacional Victimas del Desarrollo Urbano-Rural Colombia.

La Mesa al igual que el Movimiento, seguirá contando con el acompañamiento de Investigadores del Grupo Autónomo Kavilando, la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz), Universidad de San Buenaventura, Universidad Autónoma y la ESAP.

Además, en el presente actúan como garantes: Concejo Territorial de Paz Reconciliación y Convivencia (CONPAZ) y el Representante a la Cámara Omar Restrepo

 Hallazgos:

Víctimas del desarrollo.

La implementación de proyectos de infraestructura de gran escala, impulsados por los diferentes gobiernos nacionales en los últimos años no responde a prerrogativas de sostenibilidad ambiental, equidad económica y social y, por el contrario, han intensificado la práctica de nuevos modelos de desarrollo amenazando gravemente el goce y disfrute de los derechos humanos de las comunidades asentadas tanto en zonas rurales y urbanas. Particularmente, la ciudad de Medellín, se ha convertido en territorio de explotación urbanística, en una ciudad en constante construcción y reconstrucción, según las visiones de los gobiernos de turno, promoviendo considerablemente el auge del desarrollo urbanístico y la renovación urbana.

Es así que, en el caso de Medellín, luego de este proceso de acompañamiento y de realizarse las 5 sesiones de la Mesa de Interlocución Victimas del Desarrollo – Administración Municipal de Medellín, pudimos evidenciar con soporte en Actas que:

Las afectaciones generadas por la implementación del desarrollo en la ciudad supera la cifra de desplazamiento forzado intraurbano.

Estimamos un total acumulado de más de 9.826 mil personas afectadas por la implementación de las obras de desarrollo, estimamos la cifra es mucho mayor

Total, Personas afectadas por macro proyecto:

Fuente: Elaboración propia (estimaciones realizadas con base en la cantidad de predios requeridos y el número de personas (promedio) por familia ocupante de cada predio)

A la par, en este año la Personería de Medellín registró hasta el 31 octubre de 2021, un total de 1.689 personas víctimas de desplazamiento forzado interurbano.

Ambos fenómenos son de vital atención por su impacto y daño causado a la sociedad, cambia si, el tipo de actor generador del daño.

 La implementación del desarrollo en la ciudad y la destrucción de los emprendimientos de unidades productivas para la subsistencia.

 Frente a las afectaciones económicas, debemos primero aclarar que los niveles de ocupación, desocupación e inactividad como los categoriza el Departamento Nacional de Estadísticas -DANE, en las 13 ciudades principales entre las que se ubica Medellín es:

En el trimestre móvil julio-septiembre 2021, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 14,1%. La tasa de ocupación se ubicó en 54,9% y la de inactividad fue de 6.8 millones de seres humanos.

Vale anotar que, del universo de población ocupada, el nivel de informalidad es muy alto, oscila entre un 46% y un 48% lo cual es preocupante.

En el trimestre móvil julio-septiembre 2021, la proporción de la población ocupada informal en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,7%, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,0%. (DANE, 2021)

Esta población por lo general hace de sus viviendas su unidad estratégica para la generación de ingresos de subsistencia, en Moravia, El Volador, La Paralela, asuntos que no se tienen en cuenta de manera real, a la hora de hacer los avalúos o estimar las compensaciones.

Afectaciones múltiples derivadas de una imposición vertical del desarrollo urbano. 

• De propietarios y poseedores a desarraigados.

Evidenciamos una baja valoración de los reclamos y saberes sociales, que parten incluso de entender la participación como sólo una mera socialización de decisiones ya tomadas.

Es clara la dinámica institu-céntrica que valora sólo el saber y referente jurídico como herramienta única para la intervención en la adquisición física de los terrenos y bienes inmuebles, no teniendo en cuenta herramientas más integrales como El Avalúo Social que tenga en cuenta valores intangibles, el aporte en la adaptación del territorio, la autoconstrucción, elementos culturales, historia misma, entre otros elementos no valorados.

La necesidad de restablecer derechos, es un concepto en general ajeno a las prácticas de los profesionales y empresas que intervienen los territorios más allá del discurso positivo, en este sentido notándose una suerte de disociación o brecha entre la realidad y el mensaje emitido.

Los reclamos justos de los moradores son leídos como una complicación que demora la ágil compra de predios, en tanto el tiempo y la rentabilidad son ejes estratégicos de las obras.

El enfoque, en el mejor de los casos, sigue siendo el de “mitigación de impactos” y no de derechos, el cual se supone permitirá establecer mejores soluciones afincadas en el reconocimiento de los pobladores como sujeto de derechos, por tanto, desde su plena condición de seres humanos y por supuesto de ciudadanos.

Es necesario la planificación de rubros presupuestales para dar respuesta a los justos reclamos de las comunidades que se hacen de manera reiterativa en todos los proyectos de desarrollo urbano, atender las situaciones emergentes que se presentan como efectos “involuntarios”, superar la falta de provisión económica y el riesgo de vulneración de derechos.

No se tienen en cuenta propuestas como la generación de reconocimientos económicos que acompañen los valores comerciales tasados a los terrenos o predios, se inscriben en los conceptos de lucro cesante y daño emergente, Avalúo social y participación en plusvalía, participar del incremento del valor de territorio que van a dejar para darle paso al llamado beneficio común como en últimas, se presentan las mencionadas obras de desarrollo urbano.

Se propone entonces, un Avalúo Integral que contemple la sumatoria de: Avalúo comercial, Avalúo Catastral, lucro cesante – daño emergente, Avalúo Social, participación en plusvalía.

Fuente: (Torres-Tova y otros, 2017)

Los pobladores con ocupaciones de terrenos irregulares que algunos nombran como ilegales o poseedores, bajo esta mirada taxativa jurídica, quedan excluidos de reconocimientos económicos adecuados, he aquí la importancia del enfoque de derechos y la integración de realidades, de recuperar la memoria acerca de cómo se hizo el poblamiento de la ciudad, en el contexto de la necesidad de construir una Paz Urbana sostenible y duradera.

Se evidenciaron fallas en lo ateniente a una ética de relacionamiento de la institucionalidad y los profesionales, para con las comunidades afectadas por los proyectos, generándose situaciones percibidas por las comunidades como maltrato, atropellos, poco acceso a información concreta y completa, aumentando los niveles de zozobra. Estas evidentes fallas en la claridad y veracidad de la información, además, generan rupturas, desconfianzas, alto estrés, es un tema por transformar, pues destruye el tejido social.

Insisten así las comunidades que es necesario repensar la Gestión Social un componente que, al momento de la ejecución de un proyecto, su lógica, desarrollo y dinámica puedan ser más humanas y ecológicamente responsables, siendo así, este componente debería estar presente en todos sus momentos de la implementación de la obra de desarrollo urbano, incluyendo el antes, durante y después, garantizando se cumpla lo que dicta la norma: que los moradores queden en iguales o mejores condiciones.

Lo cierto es que la cuota de sacrificio más alta la pone el morador, en tanto el desarrollo, que opera hoy bajo estas dinámicas, termina por afectar su vida, sus relaciones, su patrimonio, sus redes familiares y hasta de subsistencia; es así que el trato hacia estas comunidades debe ser revisado y ajustado para garantizar el cumplimiento efectivo y verás de la consigna de esta norma.

Se evidencia que existen lógicas de poder tras estas maneras de implementar la Gestión Social, unas lecturas de realidad que, de entrada, favorecen a sus contratistas, las comunidades ingresan así a los “elementos estratégicos a ser gestionados” un trato bajo una racionalidad empresarial que tiene que ver con los tiempos del cronograma de obra. Es necesario revisar la Racionalidad técnica y Económica de la Gestión Social.

Se evidencia que en algunos casos se ha utilizado el privilegiar algunos reconocimientos económicos de ciertos bienes inmuebles, instrumentalizándolos como un medio para lograr la acelerada desocupación de los terrenos, incentivando conflictos entre vecinos.

Los inversionistas, las empresas constructoras, la banca multilateral, todos son responsables de estos daños y la generación de Víctimas del Desarrollo, se hace urgente establecer protocolos y rutas de transformación adecuadas, serias reglamentaciones relativas al reasentamiento involuntario de la población.

• Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas.

Queremos destacar, a partir de todo lo escuchado que es fundamental reivindicar un enfoque de derechos sobre las intervenciones en el territorio que generan afectaciones y alteraciones a las dinámicas social ales, económicas y culturales de las comunidades. Generalmente ese enfoque de derechos, del cual la institucionalidad también se ha apropiado, ha sido esencialmente compensatorio, es decir, acepta las desigualdades generadas por el desarrollo de tipo neoliberal y nada hace por contrarrestar el expolio y agudización de la pobreza de los barrios y sectores populares que solo ven compensados sus perjuicios en términos económicos.

Ante el escenario de la recientemente reglamentada Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas surgen varios interrogantes y algunas reflexiones todavía preliminares. ¿La participación y la reparación y restablecimiento de derechos de manera integral será una realidad y se materializará un enfoque de derechos? ¿O será un instrumento simplemente compensatorio de tipo economicista? Más allá de las palabras, el discurso y los complicados términos técnicos de esta política pública el escenario no es diferente del que ya existía previamente al Acuerdo 145 de 2019, las formas compensatorias prevalecen con ausencia profunda de participación y los moradores afectados son simples eslabones problemáticos del desarrollo que deben ser atendidos mediante erogaciones económicas que le sustraen de la capacidad política de proponer sobre y en el desarrollo de su ciudad y de la capacidad de disputar el sentido del territorio y sus dinámicas económicas populares.

Entre otros asuntos, se evidencia un gran desbalance entre los organismos que crea la política pública, por un lado están el comité técnico y el comité intersectorial que tienen en la mano as decisiones fundamentales sobre las estrategias de reparación y reasentamiento, pero en ambos casos solo son conformadas por la institucionalidad. De hecho llama la atención el nombre de uno de los comités, el “intersectorial” que por definición hace referencia a actores e intereses múltiples, en este caso, no solamente los de la alcaldía, pero que al contrario, esta presidido por el Alcalde y coadyuvado por secretarias de despacho. La información derivada de las fichas y censos socioeconómicos solo será validada por la institucionalidad; las estrategias de reparación y reasentamiento no son co-construidas con comunidades, solo ocurre una especie de extractivismo de información donde la alcaldía saca la información de las comunidades y a estas solo les cabe esperar por los resultados sin posibilidad de contradicción o proposición alternativa,

Una situación particular ocurre, por ejemplo, con las compensaciones para las actividades económicas, donde existe una diferencia no justificada constitucionalmente entre economías formales e informales donde a la primera se le reconoce una indemnización por lucro cesante sin límite en su reparación y a las informales de hasta 22 smlmv demostrando que la economía informal constituye para el Estado una “anormalidad” que debe ser desestimulada desconociendo que es lo que mueve gran parte del desarrollo de la ciudad desde el más pequeño eslabón hasta el mas grande y que, principalmente, es un campo de configuración democrática en muchas ocasiones para quienes la ejercen, de nuevo: estamos ante una política urbana compensatoria que no cambia sustancialmente lo que ya existía.

En cuanto al hechos de protección en el plan de gestión social, queda claro en el tema del reasentamiento en sitio que es una decisión de voluntad institucional y no una obligación que incluso haría inviable la obra de desarrollo o el programa de renovación urbana como lo planteaba la Universidad Nacional en el documento de 2018 que sirvió de base para la formulación de la política pública.

Graves afectaciones psicosociales y comunitarias.

Se evidencia en todos los casos, afectaciones relacionadas en:

• Lo individual:

La salud mental en personas víctimas del desarrollo, presenta afectaciones individuales persistentes como dolores físicos, emocionales y enfermedades mentales, depresión, pérdida del sentido de futuro, afectaciones de orden cognitivo, cambios en la percepción de ellos mismos, del otro y del mundo.

• Afectaciones familiares.

Ruptura de vínculos afectivos, familiares, desintegración y cambio de dinámicas de relacionamiento, rupturas afectivas. Se presentan afectaciones en niños como la desubicación y amenazas a su integridad, bajo rendimiento académico e inestabilidad.

Una sentida pérdida de credibilidad en las instituciones y sensación de impotencia e injusticia generalizada.

• Afectaciones sociales - comunitarias:

Quiebre de lazos vecinales, ruptura del tejido social base para la participación efectiva en la toma de decisiones comunales, ruptura del tejido base de apoyo comunitario que incide incluso en las lógicas de subsistencia, desarraigo, tensiones permanentes, irritabilidad, amenazas y temor al otro.

La implementación del desarrollo en la ciudad y la ampliación de las brechas de desigualdad.

El Banco Mundial presentó un informe, ‘Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia’, en el que señala que Colombia pasó de ser el 6to, a ser el 2do país más desigual en América Latina (Portafolio, 27) y Medellín, siempre ha estado a la cabeza de la desigualdad en Colombia, así, el contexto es para nada prometedor.

Ahora bien, el impacto que genera la manera como se planea e implementa el llamado desarrollo urbano en Medellín, sin duda disminuye la capacidad adquisitiva y en muchos casos desmejora las condiciones ya limitadas de vida que se tenían, es así que, esta forma de llevar a cabo el desarrollo en la ciudad impacta en ampliar la brecha de desigualdad, destruir tejido social y de pequeñas cadenas productivas, que en últimas, sostienen la economía real de la ciudad.

Se suman a la implementación del desarrollo en la ciudad, las afectaciones al medio ambiente, la calidad del aire, el equilibrio ecológico.

Finalmente es importante anotar como va quedando claro, que la manera como se planea y se implementa el desarrollo en la ciudad limita, coarta, o simula la limitación de la participación de las comunidades y con ellos se fractura la democracia.

*Elaborado por:

Alfonso Insuasty Rodríguez Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ

Edison Villa Docente Investigador, integrantes Grupo de Investigación y Editorial Kavilando, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ

Hernan Martinez Docente Investigador Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ

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