Latinoamérica: Control Regional, Medio ambiente y ciclo progresista. #OpinionesyDebates

Latinoamérica: Control Regional, Medio ambiente y ciclo progresista. #OpinionesyDebates

Resumen:

Las tensiones derivadas de la emergencia por un posible nuevo orden mundial, donde potencias emergentes compiten por el control del mercado capitalista, genera serios y acelerados cambios en las dinámicas de poder y toma de decisión global – regional. En paralelo, el cambio climático avanza y las alertas crecen por su impacto en la Pachamama, nuestra Madre Tierra, que se hace sentir generando condiciones climatológicas descomunales, en un mundo donde el equilibrio de la vida está en riesgo por la actividad humana. La pandemia de la Covid19 y las tensiones bélicas multidimensionales a escala global son muestras innegables que, sumado su impacto a una crisis económica y social acumulada y deteriorada, evidencian el peligro extremo alcanzado. Se trata de una realidad que los medios de comunicación posicionan, orientando el relato según intereses particulares, lo que acentúa las polarizaciones y complejiza la comprensión de lo que ocurre y del por qué ocurre. En este escenario ¿Qué lugar queda a las luchas populares, étnicas, campesinas, comunitarias?

Introducción.

Presentamos como ejercicio colectivo de construcción de conocimiento, insumos de análisis del contexto cambiante y dinámico que, como pueblos, debemos comprender para tomar decisiones estratégicas, en virtud de fortalecer las luchas por la salvaguarda de la Pachamama, sus territorios, pueblos, culturas e historias. Un ejercicio más que necesario teniendo en cuenta el actual momento, donde la confusión y la des-información orientada por poderes hegemónicos, es lo predominante.

El presente texto analítico se divide en tres escenarios: Internacional, América Latina y Colombia. Dichos escenarios están cruzados con las siguientes categorías de análisis: 1. crisis planetaria; 2. gobiernos-hegemonías; 3. seguridad-defensa; 4. luchas desde abajo.

Latinoamérica: Militarización, Control Regional, Medio ambiente y ciclo progresista. #OpinionesyDebates

El cuidado de la Madre Tierra y los escenarios adversos

La alarmante crisis climática golpea a América Latina. El acelerado avance de la deforestación en la Amazonía para la agricultura industrial, la ganadería extensiva, la minería ilegal y la industria del petróleo, está impactando por el tamaño y la velocidad del fenómeno que degrada la biodiversidad y la calidad del aire, dejando en entredicho la efectividad de los acuerdos globales para el cuidado de la casa común.

El Sínodo de la Amazonía, considerado “de urgencia” por el Papa Francisco, lo estableció en su documento de octubre de 2019: “… la selva amazónica es un “corazón biológico” para la tierra cada vez más amenazada (…) ¡Está comprobado científicamente que la desaparición del bioma Amazónico tendrá un impacto catastrófico para el conjunto del planeta! ...” (Secretaría General del Sínodo de los Obispos, 2019)

Una geopolítica de la Amazonía adquiere mayor relevancia al considerar que se integra a nueve países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guayana y Guayana Francesa. Además, concentra más de un tercio de las reservas forestales primarias del mundo y es una de las mayores reservas de biodiversidad, al contener el 20% del agua dulce no congelada del planeta, según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente –AIDA- (AIDA, 2019).

Al tratarse no solo de la política de los Estados sino de la salud misma del planeta, son los movimientos étnicos, las organizaciones sociales y eclesiales, quienes trabajan en las agendas regionales y, especialmente en el mundo organizativo popular, para sumar fuerzas articuladoras frente al capital que se plantea “con su reestructuración de clases y mercados trasnacionales, con su desestructuración de la clase obrera...” (Casanova, 2005).

El cuidado del planeta -y su emergencia- ha llevado a las comunidades indígenas a ocupar la primera línea de lucha, por lo que son los más expuestos a las agresiones del sistema expoliador. Sobre ellos recae todo el peso de la militarización, la estigmatización y el exterminio que, tratándose de lógicas neocoloniales, detonan un alarmante etnocidio en la región sobre la base misma de la decadencia del sistema-mundo capitalista.

En la Amazonía hay un total de 410 pueblos indígenas diseminados dentro del límite máximo amazónico de 8 470 209 km2 (RAISG, 2020). En esta área cada país coexiste según su extensión y sus propios límites administrativos.

La selva tropical amazónica, la más extensa y de mayor biodiversidad del mundo, perdió más de dos millones de hectáreas de bosques primarios entre 2017 y 2020, en los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Siendo el 2020 el de mayor incremento con más de 500 mil hectáreas deforestadas. El 76% de las quemas se registraron en espacios sin protección de la cuenca, mientras que el 24% restante ocurrió en territorios indígenas y áreas protegidas (MAAP, 2020).

A su vez, la tala en el territorio comprendido como la Amazonía brasileña totalizó 13 235 km2 en el período de abril de 2020 al mismo mes de 2021. Se trata de la peor cifra en 15 años registrada por el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de Amazonia.

Para abril de 2022 el Sistema de Alerta de Deforestación (SAD), adscrito a dicho instituto, arrojó un aumento del 54% (IMAZON, 2022). En gran parte la quema de esta biomasa está asociada con la penetración de la ganadería extensiva.

Igualmente, crítica es la situación de los incendios forestales contra los bosques primarios en la Amazonia Colombiana. Se han registrado grandes incendios dentro el Parque Nacional Chiribiquete con más de 6 000 hectáreas incineradas desde 2018, de las cuales 2 000 hectáreas fueron afectadas entre septiembre de 2021 y febrero de 2022. Es de resaltar el alto riesgo de miles de hectáreas adicionales de bosque primario intacto alrededor del parque (MAAP, 2022)

En cifras globales los bosques tropicales perdieron 11,1 millones de hectáreas en 2021, de los cuales 3,75 millones de hectáreas deforestadas ocurrieron dentro de las selvas tropicales primarias.

Brasil tiene la mayor área de pérdida, mientras que Bolivia, Perú y Colombia están entre los seis principales países con mayor superficie devastada por incendios a nivel mundial (WRI, 2022)

Muy a pesar de que gobernantes reafirmen en la escena global como la COP26 sus aparentes compromisos con el uso sostenible de la tierra y con la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres (COP26, 2021), el planeta vibra, toma partido como sujeto político y su cuidado, cada vez más, presiona la agenda política de los países.

Es altamente probable que siga instalándose la narrativa de las transiciones energéticas, y las grandes inversiones enfocadas en las renovables. Al ahondar la crisis estructural del sistema capitalista, continuarán con las estrategias de inversiones verdes, ecológicas y sustentables en las juntas de accionistas y en los centros de decisiones políticas, no sin antes implementar mecanismos sanguinarios contra los pobladores urbanos, campesinos e indígenas del continente.

Las propuestas climáticas vistas así son una constante amenaza, entendiendo que “quienes defienden con justicia vivir en un ambiente sano son sujetos de amenazas, hostigamiento y asesinatos (…) los avances en tecnología y en ciencia pareciera que no se están utilizando para adoptar políticas, planes o acciones que buscan un desarrollo sostenible. Al contrario, está asociada a un desarrollo ambiental descuidado, corrosivo y excluyente” (REPAM, 2022)

Militarización y control regional en disputa.

La Operación Militar Especial que Rusia desarrolla desde febrero de 2022 en Ucrania profundiza la crisis política y económica a escala global, por lo que sus impactos repercuten con fuerza en Latinoamérica.

Entre los diversos escenarios el rol de Estados Unidos varía al incrementar el temor por perder el control de su “patio trasero”. El avance de China con su diplomacia y acuerdos comerciales, al igual que Rusia, preocupa en Washington por las crecientes inversiones en los sectores tecnológicos, energéticos y mineros.

La CEPAL ubica a China como uno de los países con mayor inversión económica en la región y considera que la cooperación con la CELAC “da respuestas colectivas a los efectos combinados de la pandemia, del cambio climático y a las crecientes desigualdades en términos de ingreso, riqueza, de economía digital y de acceso al financiamiento” (Bárcenas, 2021)

Es destacable como resultado de la acción militar preventiva de Rusia en su frontera occidental, los fuertes vínculos establecidos en el marco de los BRICS, el acercamiento entre Rusia y Brasil y la expansión del bloque emergente propuesto por China. La potencia reitera que “la mentalidad de la Guerra Fría solo arruinaría el marco de Paz global, que el hegemonismo y las políticas de poder solo pondrían en peligro la Paz mundial” (Jinping, 2022)
En esta línea y enfatizado la necesidad de incluir más economías emergentes, los BRICS están tomando forma para el mundo multipolar, al buscar integrar más países latinoamericanos próximamente.

Así las cosas, Estados Unidos articula dos estrategias en Latinoamérica: 1) Profundizar acciones militares conjuntas y 2) Promover un giro diplomático

1. Profundizar acciones militares conjuntas:

• El Comando Sur mantiene una guerra de baja intensidad con los países de la región.

• Continúa instaurando la narrativa –desgastada- que declara a Venezuela, Nicaragua y Cuba como aliadas a las “organizaciones criminales transnacionales”, y que “gracias a ello se acentúa la presencia de Rusia y China” en la región (SOUTHCOM, 2022)

2. Promover un giro diplomático:

• Se presentan como aliados, como ejemplo, la visita diplomática de Estados Unidos a Venezuela para lograr acuerdos energéticos

• Acercamiento al presidente Gabriel Boric de Chile a través del mantenimiento de relaciones en la esfera de Seguridad y Defensa, así mismo, en el aseguramiento de las relaciones comerciales.

• Relación saludable de un sector del Partido Demócrata de EE.UU. con el candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro.

La elección presidencial en Colombia (mayo 2022) es trascendental para la región aunado a la posibilidad de Lula da Silva nuevamente a la presidencia de Brasil en octubre de 2022 que, junto con Argentina y México, estarían las cuatro mayores economías de América Latina gobernadas por la centro-izquierda (…) Lula ha dicho que, si gana la presidencia Brasil regresará a la CELAC y retomará una posición activa en el BRICS (…) El Sur Global podría estar preparado para resurgir a finales de año y crearse un nuevo espacio dentro del orden mundial (Fernandez, 2022)

El valor estratégico del Caribe es esencial para Estados Unidos, al tratarse de su puerta marítima hacia Latinoamérica, con su enclave colonial de Puerto Rico como pivote al centro. El despliegue hacia el sur se intensifica en la misma medida que instalan el relato de la supuesta amenaza rusa. La visita de Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de los EE. UU. (mayo, 2022) a Chile y Argentina deja claro el “objetivo de fortalecer ambas asociaciones (…) y buscar nuevas oportunidades para colaborar en apoyo de objetivos e intereses compartidos” (SOUTHCOM, 2022)

Con la intervención de la potencia norteamericana en el continente “lo que representa para Estados Unidos en términos geoestratégicos, ha sido un escenario de ensayo para la implementación de distintas modalidades de guerra irregular, en las que se incluye la guerra contrainsurgente y contra las drogas (…) a pesar del desempeño admirable de las formaciones (…) a nivel táctico civil y militar, no ha logrado sus objetivos estratégicos” (Cleveland, 2021)

Actualmente, el gobierno estadounidense transita por un cataclismo geopolítico debido a la pérdida de su hegemonía unipolar, aun cuando mantiene activo el músculo militar y sus capacidades de poder e incidencia occidental.

Frente a la influencia apremiante del bloque multipolar en las relaciones Sur-Sur y, a pesar de contar con alianzas estratégicas, la etapa de Joe Biden “busca zafarse de este escenario de vacío de hegemonía y autoridad recalibrando su política exterior en el continente (…) bajo el juego ya conocido del soft power (…) dividir a la región y realinear países en lo geopolítico, mediante métodos posmodernos de captación cultural que incluso puedan estar situados en el bloque progresista” (Misión Verdad, 2022)

Así cobran especial valor las elecciones en Colombia y Brasil, donde el actual contexto de Latinoamérica está cruzado por proyectos integradores de grandes dimensiones como la iniciativa de la Franja y la Ruta de China o el Tren Bioceánico en el Cono Sur, lo que significa fuentes de inversión importantes para varios países que no pretenden seguir orbitando en el eje del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El nuevo Concepto Estratégico de la agenda OTAN 2030 destaca su ineludible “adaptación” en una era dominada por la rivalidad estratégica, por lo que es una premura reforzar la disuasión con Rusia y abordar el desafío de China como potencia global.

La permanente expansión de la OTAN hacia el este de Europa y la conflictividad en la frontera entre Rusia y Ucrania, podría ser replicada en la región mediante un mayor acercamiento a Colombia (…) para dirimir el conflicto con Venezuela (CELAG, 2021)

Considerada como la zona de mayor tensión regional, la administración Biden convirtió a Colombia en el único país latinoamericano en ser socio estratégico de la OTAN, por lo que el nuevo concepto señala que “ayudará a preparar a la Alianza para un mundo de creciente competencia global y amenazas a la seguridad (…) crucialmente, el ascenso de China cambia fundamentalmente el equilibrio de poder” (OTAN, 2022).

Si bien la militarización alcanzó dimensiones globales y la carrera armamentista logra beneficiarse de un trasfondo político-ideológico, “la médula espinal del conflicto es sumamente compleja por cuanto no se trata de una diatriba ideológica, sino la lucha de mercados para implantar el modelo tecnológico que se desprende de la Inteligencia Artificial” (Padrino, 2022)

Surgen asuntos claves a considerar, como la necesidad de fortalecer las alianzas militares para la protección del “medio ambiente”, lo que equivale al control territorial para el aprovechamiento de los recursos naturales estratégicos como el río Paraguay (Acuífero Guaraní), donde una delegación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ya analizar las maneras de planificación de la gestión del agua, en una de las reservas de agua dulce más grande del mundo.

Otra tanto ocurre con la necesidad de controlar países con gran capacidad de producción de Litio, Cobre, Oro, como ya ocurrió en el intento fallido de golpe de Estado en Bolivia. Ahora México lidera una gran apuesta por nacionalizar el litio, un mineral codiciado en la era de la transición energética.

En medio del regreso –reafirmado- a lógicas coloniales no solo para extracción de crudo, maderas y reservas de agua dulce, sino también por las llamadas Tierras Raras para el dominio de la tecnología de Quinta Generación (5G), es necesario intervenir y colonizar los recursos que nos ofrece la Madre Tierra.

En este sentido, la espiral de la crisis civilizatoria actual nos lleva a “la contienda entre empresas norteamericanas como Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter …vs. Huawei/ZTE –que, si bien son empresas privadas, los Estados-Nación no se han mantenido ajenos a esta competencia… con referencia al control de la Inteligencia Artificial, pues la robótica y el universo de las computadoras, los celulares y la velocidad del internet son las tecnologías determinantes que darán forma al futuro inmediato del planeta” (Padrino, 2022)

Entendiendo la importancia estratégica del litio en esta lucha, la primera mitad del 2022 el presidente de México anunció la conformación de un equipo de trabajo entre su gobierno y delegaciones de Argentina, Chile y Bolivia, para articular el estudio y explotación conjunta de las reservas de este importante mineral. Aspecto consagrado en la reforma eléctrica aprobada por en la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Tras las presiones de diversos sectores industriales extranjeros, el mandatario enfatizó que el valor del litio para abril de 2022 era de 78 066 dólares por tonelada, mientras que en diciembre de 2020 fue de 7 145 dólares, es decir, el valor del litio creció 11 veces en tan sólo 16 meses.….anteriormente la gestión de “Enrique Peña Nieto otorgó concesiones a empresas privadas de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y China para la explotación de litio en México que abarcan 159 mil hectáreas” (López Obrador, 2022)

La reserva del litio y otros minerales estratégicos, ahora son de utilidad pública en ese país, y la reciente reforma deja claro que no se otorgarán concesiones y que el mineral es patrimonio de la Nación. Es decir, se reserva para beneficio exclusivo del pueblo mexicano.

En México “existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas.

Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas además de 537 mil más que están en trámite. El 84% de las concesiones asociadas (…) están actualmente en trámite" (CDHAL, 2021)

La mayoría de estas empresas, tanto las activas como las que solo especulan en bolsa son canadienses. El litio de México será fuertemente "defendido” por los EEUU como parte de sus reservas estratégicas.

Argentina ha entrado en esta carrera por explotar el litio y enviarlo a los centros de producción del mundo y se jacta de ser el segundo país con reservas del mineral a nivel mundial, proyectado para 2030 exportar USD 10.000 millones de dólares. (Espina, 2022)

En Chile se vive la misma euforia pues las empresas mineras de litio presentaron un aumento en la demanda cercano al 50% en el 2021. (Burton, 2022)
Conociendo lo imprescindible del litio, entre otros minerales, para la industria electrónica y la elaboración de avanzados microprocesadores, se hace necesario reflexionar sobre los escenarios políticos en los países con mayor reserva como Bolivia, donde mediante un golpe de Estado en 2019 fue depuesto el presidente constitucional Evo Morales, quien lo denominó como “El golpe del litio”.

En síntesis, el nuevo ciclo progresista va acompañado del auge extractivista, al cual los nuevos gobernantes no quieren escapar.

Coyuntura electoral: retos de los movimientos sociales y políticos

Con la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile, se consolida la tendencia que indica el surgimiento de un nuevo ciclo progresista en América Latina, con la perspectiva de gobiernos que políticamente se consideran ubicados en el centro izquierda. Esta reciente etapa inició con el triunfo de Pedro Castillo a mediados del 2021, pero son las elecciones en Colombia y Brasil las que definirán la perspectiva de lucha en el horizonte estratégico.

Pero ¿qué tiene de nuevo este ciclo? ¿Lograrán partidos, dirigentes y movimientos que llegan al gobierno superar las taras institucionalistas de la mayoría de los gobiernos pos-neoliberales? ¿Estarán en sus realizaciones más al centro o más a la izquierda?

Es importante la reflexión de López Segrera en su análisis de las características y límites del ciclo de gobiernos progresistas anterior, al que denomina pos-neoliberales, de donde se resaltan, a manera de balance, estas características:

● El Estado dinamiza las economías nacionales mediante reformas que corrigen las fallas del mercado, redistribuyendo la riqueza nacional y recuperando el control de sectores estratégicos, pero no desmantela ni cuestiona en forma drástica el sistema capitalista existente.

● Ninguno de los gobiernos pos-neoliberales ha sido capaz de transformar el modelo económico heredado del neoliberalismo, concentrado en la exportación de materias primas en detrimento del desarrollo industrial.

● Inserción en el mercado mundial mediante la comercialización de sus recursos naturales y buscando alternativas al TLC en otras modalidades de integración y ampliando las exportaciones hacia otros países diferentes de EE.UU., y en especial hacia China, Rusia y los demás BRICS. (López, 2016)

No lograr superar, en algunos de los casos ni siquiera plantearse la superación, del modelo primario exportador es una de las principales críticas a los gobiernos progresistas. Esta falta de horizonte programático generó en varios países como Bolivia y Ecuador, fuertes choques sociales con pueblos originarios y campesinos.

En medio de la llamada Cuarta Revolución Industrial y una retórica de transición energética apropiada por el capitalismo global, los bienes minero energéticos no tradicionales como el litio cobran singular importancia.

El reemplazo de los combustibles fósiles está planteado a partir de la masificación de las baterías de litio, para su uso en vehículos eléctricos, telefonía, entre otros. A todas luces solo es el reemplazo de un extractivismo por otro.

América Latina vuelve a padecer la maldición de su riqueza que, al decir de Eduardo Galeano, nos condena al saqueo y el despojo para enriquecer a los países del llamado Primer mundo. Esta vez el litio, existente en cierta abundancia en estas tierras, es el objeto de disputa.

Pero si bien estas y otras críticas le caben al ejercicio de gobierno, no menor es la responsabilidad de la izquierda, tanto la social como la política en estos ejercicios. Al ser los movimientos electorales la confluencia de movimientos sociales, con fuerza en la calle y partidos políticos, la tensión entre gobernar y mantener una independencia movilizadora ha sido permanente.

La cooptación de los movimientos sociales derivó en un inmovilismo que incapacita a las fuerzas sociales, no solo para obtener reivindicaciones básicas, sino que las puso en estado de indefensión al momento de contrarrestar la nueva ofensiva de la derecha.

En Brasil no pudieron evitar el golpe a Dilma Rousseff, ni tampoco el encarcelamiento de Lula da Silva. En Ecuador las fuerzas del movimiento Alianza País nada pudieron hacer para frenar la derechización de Lenin Moreno y, solo el movimiento indígena siempre en la oposición, logró una gigantesca movilización para dilatar temporalmente el nuevo paquetazo neoliberal.

En el primer ciclo de gobiernos progresistas el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en Brasil o el movimiento piquetero en Argentina, se vieron enfrentados a esta disyuntiva generando en no pocos casos rupturas, dependiendo de la mayor o menor cercanía y apoyo al ejercicio gubernamental.
Esta tensión está nuevamente presente en todos los casos donde movimientos y gobiernos de centro izquierda conquistaron o aspiran a conquistar esta parte del poder.

La dinámica de la lucha de clases y contra el imperialismo adquieren particularidad en Bolivia, que hace escuela de pueblos y movimientos en esta disputa por la institucionalidad, un elemento central de la coyuntura actual.

El caso boliviano

Bolivia se posiciona actualmente como uno de los Estados suramericanos que mantiene un gobierno de centro-izquierda por vías democráticas, a pesar de las injerencias extranjeras y las alianzas militares que desembocaron en un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

Desde esta perspectiva es necesario analizar algunos elementos actuales que permiten enriquecer la óptica de la construcción de movimientos populares en Nuestramérica, y la posibilidad de una transformación estructural del modelo capitalista por la vía institucional.

Una defensa gubernamental desde las instituciones democráticas

La experiencia ha demostrado que existen barreras estatales y económicas que impiden un desarrollo oportuno de las reformas sociales contenidos en los programas de los gobiernos progresistas en América Latina. En ese sentido, la estructuración del neoliberalismo ha penetrado al Estado -y a la sociedad- dificultando cambios esenciales hacia un modelo social en cuanto a la distribución del excedente económico.

Ante estas circunstancias, lograr una balanza que permita una trayectoria progresista a largo plazo, sin caer en desgastes gubernamentales y de legitimación popular de democracias restringidas, suele ser una tarea difícil y un desafío para los gobiernos de centro izquierda de la región. Bajo este precepto, es claro que lo acontecido contra el gobierno de Evo Morales en 2019, obedece a esta dinámica de desgaste popular, sumado a una estrategia político-militar para frenar sus reformas.

En este punto conviene analizar varios elementos en relación a esta coyuntura:

• La posición del mandatario a la hora de asumir el golpe de Estado: resalta su convicción y defensa de la institucionalidad democrática, a pesar de poder contener el golpe con medidas estatales y un apoyo legítimo de una parte de la población.

• Factores del poder burgués oligárquico: se habían mantenido intactos o nunca fueron objeto de transformación del progresismo, tal como lo es el aparato militar boliviano.

• Ascenso del gobierno de facto: asume el poder Jeanine Áñez Chávez quien demostró un desconocimiento total de la formación social característica de los pueblos que conforman a Bolivia. Así mismo, en su devenir político abiertamente racistas y desde una perspectiva colonial, ignoraba al pueblo originario que casi la mitad del censo poblacional del Estado plurinacional.

• La emergencia sanitaria provocada por la Covid-19: el gobierno de facto a través del ministro de Salud, Marcelo Navajas, imputado por cargos de corrupción, tuvo un manejo deficiente de la pandemia prevaleciendo la corrupción en la compra de suministros destinados a mitigar la enfermedad entre la población.

• La racista oligarquía boliviana no logró gobernabilidad: finalmente el descontento generalizado de la población boliviana se evidenció en las elecciones de 2020, llevando al exministro de economía, Luis Arce, a la presidencia con el 55.1% de los votos.

Pero no es una cosa simple la retoma del gobierno por parte del Movimiento al Socialismo (MAS). Como se mencionó, la estrategia del gobierno indigenista dio resultado en el sentido que permitió recuperar el poder político en favor de las mayorías, sin necesidad de grandes medidas de fuerza, amén de las grandes movilizaciones populares de meses. Por el contrario, fortalecieron la legitimidad del modelo progresista y lograron un relevo generacional para la construcción de un nuevo modelo político-económico colectivo, en una disputa interna contra el caudillismo y los personalismos.

Ahora bien, lo anterior permite aportar unos matices de análisis para otras experiencias y proyectos de centro izquierda en américa latina:

Las reformas propuestas e implementadas por el progresismo en Bolivia han mostrado ser eficaces para el bienestar de la población en su conjunto. Los indicadores como el índice de Gini, que pasó de 0.6 a 0.4 durante el gobierno de Evo, el crecimiento del mercado interno y el aumento de la cobertura en seguridad social, así lo demuestran.

En este país andino el proyecto progresista logró consolidar un modelo político económico real, con proyección futura, donde la sostenibilidad no depende exclusivamente de quien lo implemente. Por el contrario, existe una dinámica colectiva en el desarrollo de este modelo, que se ha postulado como un escenario de tránsito hacia un socialismo, el cual busca fortalecer el mercado interno, las formaciones sociales comunitarias y la repartición del excedente económico como mecanismo redistributivo de la economía.

La reivindicación del horizonte socialista no es de poca monta, en un momento de ofensiva ideológica donde los progresismos se alejan del concepto y hacen juramentos notariados para no hacer nada que se parezca a ese fantasma.

A continuación, se realizarán algunas reflexiones del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) del Presidente Luis Arce:

Dentro del análisis que propone Arce en su libro Un Modelo Justo y Exitoso, comenta que las reformas de izquierda realizadas desde el mandato de Evo se han tomado como antesala, para lograr desmontar el proyecto neo-liberal que se consolidó en Bolivia por medio de reformas como: a) La estabilidad económica b) el crecimiento sostenido c) la redistribución del ingreso.

Así mismo, Arce realiza un diagnóstico del modelo neoliberal sopesando sus cargas por medio de reformas estructurales para el Estado. Frente a ello, considera los siguientes aspectos:

• El neoliberalismo se desarrolla por medio de una crisis de dominación y una crisis estructural: hasta el 2005 hubo una dominación en dos niveles, una crisis de dominación en la cual los mercados internacionales eran los encargados de imponer sus medidas a la economía boliviana y, así mismo, un elemento estructural que supone una segregación de clases contra los pueblos originarios

• Consolidación del patrón de desarrollo primario-exportador: el modelo neoliberal consolidó el modelo primario-exportador, es decir, la producción, la explotación y la exportación de recursos naturales no renovables fueron la base que permitió la construcción de las relaciones económicas, políticas y sociales de nuestro país. Como parte de ese enfoque, se constituye un eje de crecimiento asentado en las ventajas comparativas estáticas, cuyos pilares centrales fueron el aprovechamiento de las actividades primarias proveedoras de materias primas y la explotación de la fuerza laboral (Arce, 2017, pág. 77)

En este sentido, parte de los objetivos que buscaría el MESCP es lograr sacar a Bolivia de la dependencia del factor primario, para lograr un posible proceso de industrialización que fortalezca la economía interna.

Frente a dicho diagnóstico, surge la propuesta del Modelo Económico Social Comunitario Productivo el cual, en palabras de Luis Arce, tiene como objetivo fundamental sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista. (Arce, 2017)

En este sentido, el modelo busca garantizar al Estado boliviano el control de la economía para lograr conseguir una redistribución del excedente económico, evitando que se concentre en los grandes capitales. Dicha redistribución es comprendida a través de inversión social, garantía a los derechos sociales y el fortalecimiento a los sectores económicos. Y aquí es donde la economía cooperativa toma un papel relativamente importante en este esquema.

Conforme a lo anterior, es importante referenciar el caso boliviano dentro de los marcos regionales actuales de los procesos progresistas y de centro-izquierda. Principalmente porque supone algunos éxitos en cuanto a la agenda social y la consolidación democrática de un poder alternativo al modelo neoliberal, manteniendo la esencia de la agenda más radical del ciclo anterior.

A pesar de ello, es claro que su naturaleza no obedece a una estructura netamente socialista y, por el contrario, el modelo que se ha implementado pretende ser una transición hacia esta figura económica, social y política. En este sentido, su formación actual propende más por un capitalismo de Estado, basado en el modelo de sustitución de importaciones y el fortalecimiento de las unidades productivas internas.

De la guerra contra las drogas a la lista Engel

La guerra contra las drogas es uno de los bastiones de la política exterior estadounidense, mediante la cual impone la política de sanciones a los países donde se produce estupefacientes. El desigual rasero con que se mide desde Washington a los países productores y consumidores, ha sido objeto de críticas durante muchos años. Igualmente son cuestionados los impactos de la guerra contra las drogas en materia de DDHH y medio ambiente. En general se considera que esta política es un fracaso, sin embargo, los Estados Unidos mantienen vigentes los mecanismos de vigilancia y sanciones hacia el continente.

La llamada Lista Engel se puede considerar la ampliación del enfoque aplicado en la guerra contra las drogas, en el campo de la corrupción. En un claro intervencionismo y en tolerancia con la corrupción interna, los EEUU se adjudican la potestad de aplicar sanciones a gobiernos y funcionarios que consideran corruptos.

Siendo sus sanciones discrecionales y sesgadas, en un primer momento pareciera no haber sanciones contra “personajes tan obvios como los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, o de Honduras, Juan Orlando Hernández.” (Rodríguez, 2021)

Este tipo de iniciativas son otra expresión del imperialismo norteamericano, que busca con ello garantizar el control en una coyuntura de disputa por la hegemonía global.

Este nuevo ciclo progresista tiene más limitaciones que el primero, por lo que sus realizaciones no generan mayores expectativas:

Si bien en el ciclo anterior se planteó un socialismo del siglo XXI como horizonte estratégico, el sistemático y tenaz ataque imperialista que, con la adhesión de los gobiernos serviles de la región, lograron hacer retroceder ideológicamente al progresismo. En este segundo momento toma distancia de cualquier referencia a cambios estructurales, revolución o socialismo. El discurso más radical es la defensa de la democracia.

Este segundo ciclo se plantea a la usanza de algunos liberalismos nacionalistas, el desarrollo del capitalismo, de las fuerzas productivas y del progreso. Categorías desgastadas y aparentemente superadas por una izquierda que luchaba por la autodeterminación de los pueblos y la superación del saqueo y la explotación.

El espíritu antiimperialista del primer ciclo se ha perdido. El nuevo progresismo quiere tener buenas relaciones con el imperio y congraciarse con la agenda norteamericana.

El único gobierno que logra superar el ataque de la derecha, para corregir en parte los desvíos y ser bisagra entre ambos períodos es el boliviano, con Luis Arce y el MAS. Pero no tiene la suficiente fuerza y liderazgo como lo tuvo Hugo Chávez, de poner una impronta y darle carácter continental y antimperialista al conjunto regional.

El actual progresismo es timorato, pragmático, desangelado y muy distante al carisma de los primeros gobiernos de Lula, Chávez, Correa, Evo. Se ha pasado a dirigentes jóvenes pero cautos, calculadores, conciliadores y negociadores, como perfil requisito para lograr cierta gobernabilidad.

Los alcances de estos gobiernos serán, por lo tanto, mucho más limitados que los anteriores. Aun así, está por verse si la derecha les permitirá gobernar.

Nota: el texto completo con su respectiva bibliografía será publicado en la Revista de ciencias sociales Kavilando: https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/issue/archive

Autores:
*Alfonso Insuasty Rodríguez Docente Investigador Universidad de San Buenaventura
*Yani Vallejo Duque, Abogado, magister en derecho penal, defensor público, investigador Grupo Kavilando
*Eulalia Borja, socióloga, coeditora Revista Kavilando, equipo Editorial Revista El Agora USB e investigadora Grupo Kavilando
*Daniel Ruiz Bracamonte Investigador Grupo Kavilando y la Agencia Colombia Informa
**Luis Alfredo Burbano Narváez. Investigador CedINS
**Esteban Cruz Rodríguez - profesional en ciencia política y gobierno con master en políticas públicas. Investigador CedINS
***-CIAM-

Referencias.

Arce, L. (2017). El Modelo económico social y comunitario. Eco Plural, 1-9.

AIDA (2019). Pronunciamiento de AIDA ante la crisis en la Amazonía. Obtenido de: https://aida-americas.org/es/prensa/pronunciamiento-de-aida-ante-la-crisis-en-la-amazonia

Bárcena, Alicia (2021) Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Clausura del II Foro Académico de Alto Nivel CELAC-China y el VI Foro de Think Tanks China-América Latina y el Caribe.

Barrera Machado, D. (24 de marzo de 2016). Instrumentos para mantener el orden social: incentivar el pensamiento pueril y las acciones politizadas frente a la realidad. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/4391-instrumentos-para-mantener-el-orden-social-incentivar-el-pensamiento-pueril-y-las-acciones-politizadas-frente-a-la-realidad

Burton, M. (09 de febrero de 2022). bloomberglinea.com. Obtenido de https://www.bloomberglinea.com/2022/02/09/cuanto-litio-necesitara-el-mundo-depende-de-a-quien-se-lo-pregunte/

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Ver en: https://www.colombiainforma.info/latinoamerica-control-regional-medio-ambiente-y-ciclo-progresista/

NOTAS: