Para que no quede duda de que los gobiernos neoliberales han tomado como bandera empobrecer más a los pobres, para que se enriquezcan todavía más los monopolios y multinacionales, a la educación pública cada día más desfinanciada, desmejorada y perseguida le suman una alimentación escolar –cuando hay- que indigna porque demuestra el desprecio que tienen los que mandan este país por los hijos del pueblo.
Veamos algunos ejemplos. 320 pesos para un desayuno balanceado consistente en una frita y un pocillo de chocolate, 389 pesos para una empanada de yuca rellena de pollo –que debe pasar corriendo por la cocina- y una avena con leche. Y cuando se siente generoso este gobierno que se dice de los pobres, 880 pesos para una arepa rellena de carne acompañada de una avena con leche.
Como ahora todo se presenta en términos muy técnicos –para impresionar y descrestar-, el ciclo de minutas está soportado en una tabla de nutrientes y en unos costos por unidad de medida que impresionan. Lástima que los papeles no llenen la barriga ni ayuden al crecimiento físico e intelectual.
Dichos “refuerzos” son llevados a páginas, licitados y adjudicados. Los contratistas que ganan los contratos subcontratan a las juntas de padres de familia. Como es obvio, una parte de los 320 o de los 880 pesos de los “refuerzos alimenticios” se convierten en pago de impuestos o en ganancias de los contratistas ¿Qué queda entonces para la alimentación de los niños?
El Gobierno, para defender lo indefendible, manifiesta que es sólo un refuerzo y que la alimentación de los estudiantes debe correr a cargo de sus padres. Y eso pudiera ser cierto en un país que tuviera agricultura e industria que generaran empleo, buenos salarios, vías de comunicación adecuadas y transporte escolar. Pero la realidad es que en Colombia manda el desempleo y ordena el rebusque, la política económica del Estado consiste en acabar con la producción nacional, los ingresos son mínimos –el 85% de las familias colombianas manifiestan que sus ingresos no les alcanzan para subsistir o a duras penas para sobrevivir-, las vías de comunicación son en la mayoría de los casos trochas y no existen programas oficiales para que los estudiantes se transporten de sus casas a sus instituciones educativas.
No sobra recordar que con la reforma de regalías Santos le quitó a los departamentos productores minero-energéticos, que por coincidencia son pobres y alejados, los recursos que usaban para financiar restaurantes y transporte escolar.
En consecuencia, los estudiantes del sector público antes de la salida del sol buscan como llegar –cualquier medio es bueno- al colegio, aguantan hambre todo el día y retornan en condiciones azarosas a sus lugares de habitación muy pasado el mediodía. Y la solución del presidente Santos a las nueve o diez horas de aguantar hambre de los estudiantes es una frita con un pocillo de chocolate, discursos y amenazas contra la comunidad educativa sino alcanzan resultados similares a los de los colegios privados, donde hay excelente transporte y almuerzos de rechupete.
Visitar escuelas y colegios –sobre todo de las zonas rurales- es una tarea que conmueve. Jóvenes de quince años con gastritis -¿por qué será, señor presidente?- y niños que todos los días se quejan de dolor de cabeza – ¿será el hambre? -.
En este panorama que tanto duele e indigna, qué decisiva, qué merecedora de apoyo popular, qué justamente indignada, la iniciativa de FECODE, La MANE, la Federación de Profesores Universitarios, los padres y madres de familia de impulsar un Referendo por la Educación Pública que garantice una adecuada financiación, atándola el Producto Interno Bruto del País –el 7%-, que eleve la educación a derecho fundamental y que establezca la prestación del servicio educativo público de manera directa. Porque no puede ser que la educación sea reducida a la mendicidad y la niñez y la juventud colombianas al papel de pordioseras que reciben unas migajas.
