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Colombia. Crisis de gobernabilidad. Se disminuye la paz total y se embolatan las reformas

El escándalo del Embajador ante Venezuela Armando Benedetti hizo ver con mayor nitidez los movimientos y tensiones entre los partidos de derecha y el gobierno progresista de Gustavo Petro y Francia Márquez. El escenario natural de esa tensión por supuesto es el Congreso donde se discutían varias leyes que le dan soporte a las reformas principales propuestas por el Pacto Histórico, ese escenario se complementó por un pulso en las calles, primero el 7 y luego el 20 de junio.

Estos movimientos son jugadas de los contendores para habilitar una renegociación de la gobernabilidad, que posiblemente le permitirá a Petro seguir como presidente, pero donde la derecha estará mejor posicionada en términos políticos.

Este avance de la derecha fue posible tanto por la amenaza de golpe blando, respondida tímidamente por el gobierno, como por la confusa política implementada en el tema de paz y la poca fuerza puesta para disputar e impulsar las reformas sociales.

De la paz total a los acuerdos mínimos posibles, el salto al vacío del gobierno Petro

La paz total es una de las apuestas políticas más importantes de este gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. Sin embargo, de la idea y la retórica abarcadora de Petro, poco va quedando en firme. Paradójicamente, el ELN, insurgencia con la que Petro ha tenido más contradicciones y desmentidos, es la única que le ha tendido una red de salvamento a una política de paz que en varios sentidos es un salto al vacío que amenaza la legitimidad del Estado y las Fuerzas Militares, al reconocerle algún nivel de carácter político a bandas delincuenciales urbanas, paramilitares y disidencias de ambiguo comportamiento.

Sin embargo, esa delgada red también podría romperse. El 27 de junio el comandante del ELN Antonio García lanzó una alerta sobre operativos para golpear los campamentos de la guerrilla en una alianza entre grupos paramilitares, la derecha y las fuerzas militares. Operaciones de este tipo y ejecuciones extrajudiciales de sus combatientes han venido siendo denunciados desde finales del año pasado, ya en este gobierno.

#ALERTA ?
El plan de la extrema derecha junto con las Fuerzas Militares para seguir realizando operaciones militares contra el ELN está en pleno desarrollo.

Se conoce que no cumplirán las órdenes de parar las acciones militares y de inteligencia.
??

— Antonio García (@antonioGaCDTE) June 27, 2023

Pero lo más sorprendente fue la respuesta del ministro de defensa, que ratificó que estos operativos si estaban en marcha y que eran operativos gubernamentales. Casi de forma simultánea se conoció de la muerte de 6 guerrilleros del ELN en Arauca, en uno de estos operativos militares.

El ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_ afirmó que las operaciones contra el ELN se mantienen en Arauca, en cumplimiento de la misión de las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia, mientras no se decrete cese al fuego.

También, confirmó que se han presentado enfrentamientos con el… pic.twitter.com/yj6XboYLRI

— Mindefensa (@mindefensa) June 27, 2023

Estos hechos suceden mientras en el país empieza a haber expectativa sobre la participación de la sociedad en la construcción de una paz estable y comisiones conjuntas del ELN y el gobierno redactan los protocolos del cese al fuego entre las dos partes (OnCubanews, 2023).

De extenderse estos operativos y los enfrentamientos, que pueden entenderse como un sabotaje desde dentro del establecimiento a la paz, pueden llevar a una nueva crisis, quizás definitiva, con el ELN, rompiéndose el único proceso real, con acuerdos parciales, que quedan de la mediática paz total del gobierno.

¿Qué explicaciones puede haber para este contradictorio comportamiento?

Un análisis del contexto y los actores de la paz total, da cuenta de al menos 4 disensos sociales y políticos, convertidos en obstáculos, para que el propósito de una paz posible y real se pueda alcanzar.

Disenso - obstáculo 1. ¿Cómo se entiende y caracteriza el conflicto en Colombia?

Trazar una política sostenible de paz implica hacer una acertada y consensuada caracterización del conflicto. Frente a este tema no existe un consenso social y político, lo cual es normal en un país con profundas desigualdades de clase y un histórico fraccionamiento político. Sin embargo, lo que no se explica es la ambigüedad y tumbos del gobierno, en cabeza del mismo Petro y su comisionado de paz frente al tema.

Algunos discursos y afirmaciones gubernamentales se mueven en el carril de quienes explican el conflicto como una simple disputa violenta de las rentas ilegales del narcotráfico o la minería. En varias ocasiones Petro ha mencionado que el ELN “ha variado y no es un grupo insurgente como antaño, ahora está peleando territorio por la economía ilícita”; la última vez que se refirió al ELN en esta dirección, frente a un grupo de almirantes y generales de las Fuerzas Militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, provocó una suspensión temporal de la mesa de negociaciones. Y es que no se entiende que al mismo tiempo Petro realice esa caracterización y mantenga un reconocimiento político de esta insurgencia a través de la mesa, con una agenda que abordará temas estructurales del conflicto como la democracia o el modelo económico. ¿Con quién trataba de congraciarse el presidente? ¿fue otra equivocación o un mensaje al estamento militar y la derecha?

Lo real es que estas volteretas conceptuales debilitan permanentemente la política y la ruta de la paz total con quien puede ser hoy su única contraparte con programa político.

Disenso - obstáculo 2. La categorización de los actores

Otro desacuerdo, en profunda relación con el anterior, tiene que ver en cómo el gobierno caracteriza y enumera a cada uno de los actores del conflicto en Colombia.

Por una parte, en varias alocuciones el gobierno cae en la tentación ahistórica de excluir a las fuerzas militares y de policía como parte del conflicto y solo verlo como un asunto de actores ilegales. Igualmente hay reticencia a asumir la existencia de paramilitares en connivencia con el Estado, tal y como ha sido demostrado en las declaraciones de exmilitares y jefes paramilitares ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz, 2022).

También hay confusión en cuanto a la denominación generalizada de los actores armados como Grupos Armados Organizados, incluyendo ahí a la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y grupos paramilitares.  Esta confusa denominación llevó a Petro a declarar unilateralmente un cese al fuego multilateral el 1ro de enero, declaración que no da cuenta de las complejidades y diferencias de los actores del conflicto.

Esta falta de rigurosidad puede estar alimentada en la categorización que hace el CICR al hablar de seis conflictos existentes en Colombia, donde afirma, por ejemplo, que el Clan del Golfo se enfrenta al Estado. Este tipo de afirmaciones no resisten ningún análisis serio, pero desatan afirmaciones, discursos y políticas de paz, con sus posteriores fracasos.

Indepaz desde su observatorio del conflicto señala que a 21 de junio de 2023 han sido asesinados 78 líderes, lideresas y defensores de DDHH, durante el primer semestre de este año.  Tanto Indepaz como la policía han señalado que más del 30% de los asesinatos de lideres sociales son cometidos por las llamadas disidencias de “mordizco”.

Aunque disidencias y bandas urbanas tienen un comportamiento contrario a la ruta de la paz total, y a los cuales el gobierno supuestamente les aplica el sometimiento, lo real es que con ellas también hay procesos de negociación que les otorga estatus político. (Elcolombiano.com, 2023)

Disenso - obstáculo 3. La estrategia contrainsurgente como bloqueo a la paz total

Obviando las ambigüedades y confusiones gubernamentales, podríamos acordar con otros sectores de la opinión y de la vida social y política, que Petro y el gobierno del PH tiene buenas intenciones al buscar la paz. Este camino en un país tan polarizado como Colombia obliga a repasar el ABC del análisis político:

Una cosa es el gobierno otra el poder y a todas luces ni Petro controla el poder real en el país, ni este poder manifiesta simpatías por la paz total.

Una cosa es el gobierno otra el régimen; las clases que siguen detentando el poder del Estado y el poder los negocios constituyen un régimen de dominación excluyente y lleno de privilegios, mantenidos éstos por la violencia, como lo ha explicado el intelectual Renan Vega en varios de sus textos.

La orientación de las fuerzas militares desde las clases en el poder y el régimen para el tratamiento del conflicto sigue siendo contrainsurgente. Aquí hay una nueva paradoja y anticipación de fracaso, pues Petro intenta hacer la paz sin desmontar la doctrina de guerra, sin depurar las fuerzas militares y sin hacer una formación para tiempos de paz de los nuevos incorporados de fuerzas militares y policía.

Hay una doctrina vigente y ésta sigue produciendo muertes, desplazamiento y confinamientos, al tiempo que las ya conocidas violaciones a los derechos humanos de combatientes y no combatientes, a quien la fuerza pública les sigue dando el tratamiento de enemigo interno.

Disenso - obstáculo 4. La debilidad del gobierno para construir la paz

El modelo de gobernabilidad elegido por Petro para administrar el Estado tiene como centro las alianzas con factores de poder de la derecha política, expresada en los partidos, y económico expresadas en los gremios.

En estas alianzas el gobierno es la parte más débil y se vuelve más vulnerable en cuanto necesita apelar a ellas para avanzar en las reformas y en la política de paz total.

Para las bandas y las disidencias de “mordisco” esta debilidad manifiesta se traduce en la posibilidad de pedir y conquistar más beneficios. Para el ELN se convierte en un factor de incertidumbre puesto que lo interroga sobre si el gobierno va a poder cumplir lo que se acuerde o no, o si va a lograr mantener un posible cese el fuego.

Quizás sea esta debilidad la que empuja al gobierno peligrosamente al fracaso de su política de paz total, puesto que la tiene que estar negociando ya no solamente con los actores armados ilegales, sino con las fuerzas militares y con los partidos y gremios.

La paz total se fundamenta jurídicamente en la Ley 418 del 2022 y se define como el camino para la “solución definitiva del conflicto armado”, pero, de no solucionarse o superarse los disensos – obstáculos, la pueden llevar solamente a acuerdos parciales, mínimos, temporales que se podrán romper ante la primera provocación, bloqueando el camino de una paz incluyente y profunda, que es la que necesita el país.

El rumbo incierto de las reformas explicado en 2 casos

La reforma pensional tuvo un extenso periodo de concertación. Desde el momento mismo de su anuncio contó con al menos 3 audiencias públicas y 4 mesas de concertación, sin incluir todas las que ocurrieron antes del proceso de radicación en el Congreso de la República.

La reforma propuesta asume un sistema de pilares, que según el proyecto de reforma son los siguientes: pilar solidario, pilar semi contributivo, pilar de ahorro voluntario, pilar contributivo, el cual a su vez se integra por el componente de prima media y el componente complementario de ahorro individual y finalmente el pilar de ahorro voluntario.

[1] Fuente: Elaboración propia

El pilar contributivo contiene dos componentes: a) el componente de prima media, integrado por todas las personas afiliadas al sistema y recibirá las cotizaciones por los ingresos base de cotización entre 1 smmlv y hasta 3 smmlv; b) el componente de ahorro individual que sería el encargado de recibir aquellas “cotizaciones por la parte del ingreso base de cotización que exceda los 3 smmlv y hasta los 25 smmlv cuyas prestaciones se financian con el monto de las cotizaciones realizadas y sus respectivos rendimientos financieros”, buscando complementar el valor de la prestación obtenida en prima media, para formar en suma la pensión integral de vejez.

Si bien la reforma pensional contiene otros tantos aspectos relevantes nos detendremos en la exposición hasta este punto, pues a efectos del proceso político esta somera presentación nos permite identificar algunos de los asuntos neurálgicos que han concentrado la mayoría del ejercicio de concertación del gobierno nacional. 

El primer tema es entorno al monto a ser administrado por el componente de ahorro individual. El segundo es la persistencia en la libertad de elección entre fondos que administran el excedente, proponiéndose por parte de los congresistas ponentes en al menos 3 ocasiones - articulo 1, 4, 13,- la libertad de elección en cabeza de los afiliados como componente para apuntalar dinámicas de competencia entre fondos, manteniendo un trasfondo de economía de mercado alrededor de los mismos omitiendo la tendencia oligopólica de este sector del mercado.

En otras palabras, la conciencia de su papel en la estabilidad económica del país les ha conferido a los actores privados un amplio rol de negociación que se reflejará en dos aspectos; el primero es el rango a partir del cual el excedente de los aportes será administrado por ellos (3 smmlv), que en el debate al interior del congreso ha oscilado en propuestas entre 1.5 a 4. smmlv.

Reforma penitenciaria

La discusión sobre la cárcel parece la continuidad apenas lógica frente a la incapacidad de resolver los problemas del trabajo y la seguridad social; su curso particular, por lo agudo de la problemática, amerita el análisis directo de un proyecto que buscaba introducir algún grado de racionalidad en el ordenamiento penal, esto es, adecuar las penas a las conductas y el tratamiento penal a las finalidades declaradas del procedimiento penal, resocialización, retribución y reparación.

El proyecto de humanización de la política carcelaria fue el primer proyecto de gobierno en radicarse para este periodo, con mensaje de urgencia, ingreso por la Comisión Primera de Senado y Cámara sin que a la fecha de redacción de este artículo haya cursado su primer debate. El asunto no es menor, el diseño del proyecto responde a lo mandatado por la Corte Constitucional al momento de reconocer un estado de cosas inconstitucional en prisiones.

El proyecto ha recibido un pliego de modificaciones que endurece los cambios propuestos originalmente – timoratos en consideración con el tamaño del problema -  y aun así los contenidos se han reducido al tamaño de la crítica mediática, el articulado contrasta con la exposición de motivos y los problemas identificados en ella, mientras que una disminución generalizada de penas y la flexibilización del acceso a subrogados pareciera el camino evidente, el desarrollo normativo se da a contrapelo.   

Extracciones

De los dos casos analizados surge de manera insospechada la ausencia de un patrón de negociación entre gobierno y partidos de derecha. En lugar de ello encontramos una serie respuestas condicionadas por los sectores de respaldo detrás de cada una de las iniciativas y una selección de prioridades estructurada alrededor de la opinión pública.

El advenimiento de las elecciones regionales no pareciera suponer un cambio en los esquemas de negociación y la resolución de coyunturas parece haber favorecido en el balance general al gobierno nacional puesto que sigue gobernando, pero cada obstáculo superado ha debido contener un terreno cedido en contenido de reformas y leyes o posibles acuerdos políticos para las próximas elecciones.

En el ambiente político hay una sensación particular de la gestión gubernamental actual donde todo pareciera indicar que desde los sectores antipopulares se ha identificado que al gobierno progresista sólo le interesa cubrir algunos de los desafueros del modelo económico sin interpelar las estructuras que les dieron origen: sanear el sistema pensional, sanear el mercado laboral y mitigar la crisis penitenciaria sin ir tras los responsables o motivos mayores de las problemáticas, situación que deja tranquilos al poder real existente en el país, en medio de una coyuntura económica favorable a los negocios. Como en la frase popular de los cacaos “a la economía le está yendo bien, el progresismo se ha auto neutralizado, por lo tanto a los cacaos les va mejor”.

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* Entrega 2/3 - El texto completo y en acceso abierto lo encontrarán en el Volúmen 15N2 de la Revista Kavilando: https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/issue/archive 

**Arte digital: Elizabeth Peláez Zapata

***Autores - Autoras:

Alfonso Insuasty Rodríguez Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín. Orcid: 0000-0003-2880-1371 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Eulalia Borja, Investigadora Grupo Kavilando. Orcid: 0000-0002-5513-4896 contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Yani Vallejo Duque, Abogado, defensor Público, investigador Grupo Kavilando. Orcid: 0000.0003.0225.5528 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Luis Alfredo Burbano Narváez, Ingeniero Forestal. Maestrando en Desarrollo Territorial América Latina y el Caribe, Unesp-Vía Campesina. Investigador CedINS. Orcid: 0000-0001-9662-2872 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Santiago Salinas Miranda, Abogado Universidad de Antioquia, Magister en investigación criminal, Investigador CedINS. Orcid: 0000-0002-1886-0215 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

David Felipe Céspedes Rodríguez Centro de Investigación y Análisis de Medios (CIAM), Investigador ORCID: 0000-0001-5880-4990 Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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