Por: Alfoso Insuasty Rodríguez*
En 2023 murieron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente, 79 de ellas fueron asesinadas en Colombia el 40% del total de casos en el mundo. Colombia sigue siendo el más letal para quienes defienden el medioambiente.
Desde 2012, Global Witness ha documentado un total de 461 asesinatos de activistas en Colombia, consolidando al país como el epicentro de la represión contra los defensores de la tierra y el medioambiente.
En un contexto global donde la lucha por la defensa de la tierra y el medioambiente se intensifica, Colombia se erige como el país con la mayor tasa de homicidios de personas defensoras, con un alarmante total de 79 asesinatos en 2023, lo que representa el 40% de todos los casos documentados a nivel mundial. Este dato, que marca un triste récord, subraya la urgencia de abordar la violencia sistemática que enfrentan quienes se oponen a las prácticas extractivistas que devastan nuestros territorios y comunidades. (Global Witness 2024)
El informe 2024 publicado el pasado 10 de septiembre, producido por Global Witness "Voces silenciadas: el violento borrado de los defensores de la tierra y el medioambiente" es elaborado gracias a un equipo que colabora en red con más de 30 organizaciones locales y regionales en más de 20 países.
Desde 2012, Global Witness ha documentado un total de 461 asesinatos de activistas en Colombia, consolidando al país como el epicentro de la represión contra los defensores de la tierra y el medioambiente. Este fenómeno no es casual; está intrínsecamente ligado a los intereses de grandes corporaciones y poderes económicos que buscan profundizar el extractivismo en el país, a menudo a expensas de la vida y los derechos de las comunidades locales.
El informe revela que, las personas asesinadas eran en su mayoría indígenas y afrodescendientes. Estas comunidades, que han sido históricamente marginadas y despojadas de sus tierras, se encuentran en la primera línea de la lucha contra el despojo y la contaminación.
Esta cifra global de 461 asesinatos documentados en Colombia desde 2012 refleja una violencia estructural que afecta especialmente a las comunidades más vulnerables.
Este oscuro récord no es aislado; es el resultado de un sistema económico extractivista, sostenido por intereses corporativos y estatales que privilegian el lucro sobre la vida y el territorio.
El neocolonialismo extractivista y sus cómplices
El asesinato sistemático de defensores no es una simple cuestión de criminalidad común. Es el reflejo de una dinámica de despojo impulsada por grandes corporaciones multinacionales, gobiernos locales y el crimen organizado.
Detrás de esta maquinaria de violencia se oculta la lógica de un capitalismo salvaje que, en su búsqueda de maximizar la rentabilidad, se apropia de territorios ricos en recursos, arrasando con bosques, ríos y vidas humanas. Multinacionales mineras, pesqueras, madereras, el control del agua, el petróleo, la energía, la ganadería extensiva, la agricultura industrial, una suerte de articulación ente: criminalidad-empresa-estado, se mueve tras esta realidad.
Las poblaciones indígenas y afrodescendientes, históricamente relegadas y despojadas, son las principales víctimas de esta violencia. En 2023, 31 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que seis pertenecían a comunidades afrodescendientes. Estas comunidades resisten no solo contra las balas, sino contra el discurso dominante que vende la explotación de recursos como sinónimo de desarrollo.
Regiones como Cauca, Nariño y Putumayo han sido transformadas en escenarios de guerra donde los defensores se enfrentan a una alianza macabra entre narcotraficantes, grupos paramilitares y los intereses de la industria extractiva. En este contexto, la resistencia es criminalizada, y las protestas sociales son reprimidas con una violencia que deja tras de sí una estela de muerte y miedo. El reciente caso de Panamá, donde cuatro defensores fueron asesinados durante protestas contra proyectos extractivistas, subraya el carácter global de esta lucha y la necesidad urgente de construir solidaridades internacionales.
El rol del Estado: ¿cómplice o protector?
El Estado colombiano, en lugar de garantizar la protección de quienes luchan por preservar la vida y la tierra, mirando la secuencia de gobiernos pasados, constante que se sostiene aún en el Gobierno de Gustavo Petro, han sido cómplice en muchos de estos crímenes al insistir en profundizar e impulsar un modelo económico extractivo a rabiar.
La promesa de progreso resalta el informe, que los gobiernos han vendido bajo la bandera de la "prosperidad extractiva " ha resultado en más violencia y pobreza para las comunidades rurales y urbanas. Las leyes que se aprueban para facilitar la explotación de recursos naturales solo profundizan la desigualdad y perpetúan un ciclo de violencia que beneficia a un pequeño sector de la élite económica y política.
Por su parte, hay que enfatizar según el informe que, el Acuerdo de Escazú, que podría ser una herramienta poderosa para proteger a los defensores de la tierra al garantizar acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, sigue siendo ignorado o mal implementado. La impunidad es la norma, no la excepción, y los responsables de estos crímenes rara vez enfrentan consecuencias. Es vital que los gobiernos no solo asuman su responsabilidad de proteger a estos activistas, sino que también se comprometan a rendir cuentas por la violencia que se perpetúa en nombre del "desarrollo".
La lucha de los pueblos: hacia una resistencia global
En medio de este sombrío panorama, la resistencia persiste. Movimientos sociales, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes continúan organizándose y luchando por la defensa de sus territorios. La articulación internacional es clave.
La violencia contra los defensores de la tierra en Colombia no es un fenómeno aislado; es parte de una estrategia global de acumulación capitalista que debe ser confrontada desde una perspectiva de solidaridad y lucha compartida. Al alzar la voz y exigir que los estados implementen mecanismos efectivos de protección, se envía un mensaje claro: no se puede seguir sacrificando vidas humanas en nombre del “crecimiento económico”.
La lucha por la tierra y el medio ambiente es, en última instancia, una lucha por la justicia social. Si permitimos que estos crímenes continúen en la sombra, estamos condenando no solo a quienes luchan hoy, sino también a las generaciones futuras. Es hora de actuar de la verdad, la justicia y la reparación de fondo, tocar las causas estructurales de este fenómeno, es hora de transformar la indignación en movilización, y de asegurar que los defensores de la tierra no solo sean recordados como mártires, sino como los héroes que forjaron un futuro más justo y sostenible.
Paz con la naturaleza, pero ¿no con los defensores?
Ahora bien, el órgano rector del CDB es la Conferencia de las Partes, que se reúne cada dos años, este 2024 se realizará en la ciudad colombiana de Cali anfitriona de la 16.ª reunión de la Conferencia de las Partes del CDB – (COP16). El lema de esta cumbre es "Paz con la naturaleza", en un país con el 40% de los asesinatos mundiales de defensores ambientales en 2023.
La Meta 22 del CDB habla de participación "equitativa, inclusiva y efectiva" para los activistas defensores de la biodiversidad. Esto en un país donde los activistas indígenas y afrodescendientes son masacrados en las regiones más ricas en biodiversidad.
Esperaremos si esto puede servir para ajustar el modelo económico y proteger de manera cierta a las comunidades. De hecho, el gobierno promete darles "una posición privilegiada" en las reuniones de la COP16, allí tal vez queda algún espacio para hablar del asesinato sistemático de quienes defienden la tierra.
Colombia liderará el CDB hasta 2026, ¿qué podemos esperar? ¿Un cambio real? O ¿un cambio cosmético que no toque los intereses de las multinacionales y los proyectos extractivos que operan impunemente en esos mismos territorios?
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*docente investigador integrante de la red interuniversitaria por la paz REDIPAZ y grupo Autónomo Kavilando.
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Referencias:
Global Witness. Voces Silenciadas. 10 de septiembre de 2024. https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/.
Insuasty Rodríguez, Alfonso. «¿de qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?» El Agora USB 17, nº 2 (2017): 338-367. https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/3278
Zuluaga Cometa , Hector Alejandro, y Alfonso Insuasty Rodríguez. «Criminalidad – Empresa - Estado. El motor pendular del conflicto.» Ratio Juris, 2020: https://www.redalyc.org/journal/5857/585764837012/585764837012.pdf.
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