Entrevista de Salud Hernández a Guillermo Rudas La República Julio 18 de 2011

La bonanza minera llena bolsillos extranjeros y poco llega a las arcas públicas porque lo que las empresas del sector aportan en concepto de regalías, lo recuperan en buena parte gracias a una legislación demasiado generosa.

Esa es la conclusión que arroja un estudio del consultor, docente y economista Guillermo Ruda.

 

"Disparan las exenciones fiscales y llegan casi a anular las regalías. Pasan de $6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de $6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de $3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo. Permiten deducir las inversiones como si fueran costos de producción y con ello se anula prácticamente la obligación de impuesto a la renta", afirma Ruda.

 

¿Qué sentido tiene eso si hay tanta demanda?

 

Ninguno. Es una de esas estrategias improvisadas que uno no logra entenderle la lógica. Los países, en general, lo que están manejando en la visión moderna es que el porcentaje de regalías crece a medida que sube el precio. En el caso de los minerales y los hidrocarburos, los precios están muy elevados y las regalías siguen siendo idénticas. Estar con tarifas del 4% en oro y del 12% en la sal de la Guajira no tiene ninguna presentación.

 

Y eso ¿por qué es? ¿Somos bobos? ¿Nos midieron el aceite y saben que nos bajamos los pantalones?

 

Yo soy precavido al tratar de buscarle explicaciones a los hechos. Lo que estamos mostrando es que esas medidas de protección a la inversión en esas magnitudes se contradicen con la situación actual en la que hay una necesidad de disminuir el déficit fiscal. Es más, en buena medida son los orígenes del gran déficit fiscal nacional. Si uno está exonerando de impuestos a quien puede pagarlos, y no logra disminuir los gastos, obvio que lo que genera es déficit.

 

¿Siguen, pues, dando lo que pidan a cambio de cuatro espejitos?

 

En junio del 2009 se aprueba la reforma del código minero, el Presidente de la República la objeta y la sancionan en febrero del 2010. En esos meses se titulan 3,5 millones de hectáreas.

Uno dice, ¿por qué objetaron la ley y empezaron a disparar títulos?

 

Pero si nos sobra demanda, ¿no podría el gobierno regular como quisiera?

 

Tendría la capacidad de negociar con los agentes externos en una manera razonable, a favor del país. Debe haber una intención especulativa de muchos en las bolsas. Pero, ¿por qué tenemos que regalar los títulos mineros para contribuir a esa bolsa especulativa? Si necesitan esos títulos mineros, pongámosle un precio razonable.

 

Y luego está el desastre ambiental. Usted recuerda que un grupo de investigadores de once universidades gringas señalan que la minería a cielo abierto causa daños irreversibles y no se debe permitir. Y aquí hay una mina de 30 kilómetros de largo, de la Drummond, en Cesar. ¿Entiende eso?

 

El ordenamiento territorial se está haciendo ahora en las oficinas de negociación de los mineros y una institución del sector público terriblemente debilitada como es Ingeominas.

Pasó de ser un Instituto de investigación geológica a un Instituto de negociación de condiciones de exploración minera. No tiene sentido. Además hay una situación que he detectado: la legislación minera obliga a que en ese periodo de exploración -esas ocho millones y medio de hectáreas- estén pagando un salario mínimo al año por hectárea.

 

Eso me da una cifra muy por encima de lo que dice el ministro que tiene Ingeominas -$40 o 50 mil millones- para hacer vigilancia, ser una autoridad minera efectiva. Yo me pregunto, ¿están pagando ese canon superficiario o no? Son unos $450.000 millones anuales, alguien debería indagar.

 

¿Qué hacer, entonces, ante este panorama?

 

De cara al futuro, tenemos demanda de licencias mineras sobre el 43% del país -40 millones de hectáreas. Es imposible controlar eso. El gobierno central, a pesar de tener un discurso aparentemente propenso a hacer una protección ambiental, sus decisiones dejan mucho que desear.

 

Por ejemplo, dentro de las funciones que tiene el Ministerio de Vivienda está el manejo de todo el ordenamiento territorial del país incluyendo los Parques Nacionales. Eso no es ingenuo, tiene que haber algún interés para que quede en Vivienda. Todo gira alrededor de quien ordena el territorio y a mi juicio, si uno se descuida, terminarán ordenándolo las empresas mineras y las constructoras.

 

http://movil.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-07-14/mineras-no-pagan-450-millones-de-canon-superficiario-por-explorar_133071.php

Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de salud y Seguridad Social

Por: Semanario virtual Caja de Herramientas: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0263/articulo03.html

La reciente audiencia pública de rendición de cuentas convocada por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional sobre el tema de la salud ha sido reseñada por los medios de comunicación con amplitud. Ha quedado claro que existe una crisis profunda y prolongada del sistema de salud, identificada de tiempo atrás por la Corte Constitucional, y que, a esta altura, los gobiernos debieron avanzar en el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-760/08, pero no lo han hecho. El actual gobierno presentó más un plan de acción a futuro que decisiones o acciones previas con algún resultado.

Una carta personal, serena y balanceada al comandante de las FARC, donde se exploran uno por uno sus argumentos históricos y sus razones actuales para justificar la lucha guerrillera. Esta misiva franca pero respetuosa y algo extensa sin duda es de lectura obligatoria para quienes piensen que la guerra debe proseguir y para quienes todavía buscan una salida negociada al conflicto interno que vivimos desde hace medio siglo.

Hoy solo escucho ruidos ridículos electrónicos, orgias de sonidos insoportables para cualquier oído, lo peor es que entre menos letra tenga es mucho más atractivo; mas gusta y llama la atención al oído desprevenido que solo quiere euforia y ruido.


 

 

 

 

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez hizo famosa la frase que lo que le interesaba para hacerse reelegir, era preservar los tres contenidos fundamentales de su mandato: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Sobre los tres huevitos, como los llamó, hemos escrito ya bastante: la seguridad democrática, es decir, el combate a la guerrilla y la laxitud con los paramilitares que trajo consigo los falsos positivos, el excesivo gasto militar que sumó durante sus largos ocho años de Gobierno más de 80 mil millones de dólares y que como logro militar, tampoco hay que negarlo, llevó a un repliegue militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, también trajo consigo una corrupción en la contratación y en el uso de los recursos públicos, como el caso denunciado y aún en vías de investigación de Fondelibertad.

La Confianza Inversionista consistió entre otras cosas, en entregar medio país a la voracidad de las multinacionales mineras, en pactos de congelamiento de pago de impuestos a las principales empresas del país, zonas francas distribuidas por todo el territorio nacional de las cuales se  beneficiaron sus hijos, largas gabelas a los capitales transnacionales, en fin, la confianza inversionista no es más que darle todo tipo de beneficios al capital internacional. Obvio ante tales condiciones hubo un importante incremento de la inversión extranjera.

La Cohesión Social no fue más que un programa asistencialista montado desde la propia Presidencia de la República: Familias en Acción, la Red Juntos; al tiempo que ordenó  la modificación de las metodologías para la medición de la pobreza, creyendo que si se disminuyen los pobres en las estadísticas la realidad se modifica. Así mismo se avanzó durante los ocho años de su mandato en la concentración del ingreso pasando del 0.57 del coeficiente de Gini al 0.58, lo que en términos simples quiere decir que durante sus ocho años de mandato los ricos se hicieron más ricos y los pobres siguen igual de pobres. En su Gobierno no hubo una política social que buscara la redistribución del ingreso y de la renta.

Pero lo que no nos contó, ni nunca defendió fue el cuarto huevito, el de la corrupción que él mismo utilizó para su provecho propio. Para muestra algunos botones: el cohecho ya comprobado e investigado por la Corte Suprema de Justicia que conllevó el pago con notarias y recursos públicos para su primera reelección. A propósito no vemos que la Fiscalía en cabeza de Vivianne Morales, avance en las investigaciones sobre el entonces ministro del interior y de justicia Sabas Pretelt, ni del ex ministro de la protección social Diego Palacio. La Zona Franca para sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe. Para sólo mencionar dos casos notables.

El huevito de la corrupción estaba bien empollado en Agro Ingreso Seguro, con su ex ministro Andrés Felipe Arias; en la salud donde las llamadas Empresas Prestadoras de Salud, EPS, se enbolsillaron según el presidente Juan Manuel Santos, más de tres billones de pesos, tampoco se enteró de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, en donde aún no se sabe del tamaño del desfalco y menos se enteró de los negociados en el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, dependiente del Ministerio de Transporte. Ahora venimos a saber que en la División Nacional de Impuestos Nacionales, DIAN, se incubaba otro huevito de la corrupción que por lo pronto se calcula de manera inmediata en un billón de pesos y que podría llegar a unos 3.5 billones de pesos. Lo más dramático es que del tamaño del desfalco, sólo se viene a hablar en los grandes medios de comunicación ahora cuando ha estallado el escándalo de la salud, del grupo empresarial de los Nule y sus innumerables contratos con el Gobierno Nacional.

Hay que decir que el tamaño del cuarto huevito aún no se puede calcular. La corrupción había llegado a los más altos niveles del Gobierno y no hay que escandalizarse por ello. Sabemos que Uribe recibió enormes recursos para su campaña de Enilce López, la gata, y de los grupos paramilitares. Ahora el reto está en los organismos de control y en la Fiscalía General, ¿será que tienen la decisión de llegar hasta el fondo de las investigaciones y no se quedarán en sancionar a los mensajeros y llegarán a la criminalidad de cuello blanco? ¡Ese es reto!

Edición N° 00263 – Semana del 15 al 21 de Julio de 2011

Por: Pedro Santana Rodríguez. Presidente Corporación Viva la Ciudadanía. Tomado de http://viva.org.co/cajavirtual/svc0263/articulo01.html

El Diálogo es la Ruta¨. Barrancabermeja, Magdalena Medio 12 al 15 de Agosto

Tras décadas de persistencia del conflicto social y armado, no hay nada que indique que estamos ad portas de su solución. Más allá de las valoraciones que se hagan sobre su estado actual, impregnadas en buena medida por un excesivo triunfalismo frente a la posibilidad de una solución militar, lo cierto es que la tendencia de la confrontación armada con la insurgencia no sólo se mantiene, sino que viene adquiriendo nuevas modalidades y expresiones que indican que habrá conflicto para largo.

Fui designado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes para conformar la “Comisión Accidental de seguimiento a la crisis que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud” y, como lo dice la Resolución 3022 del 14 de diciembre de 2009, se apoyó en la iniciativa del Senado, según su motivación, para “estudiar alternativas que permitan superar la crisis que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país”.

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