El preso político DIOMEDES MENESES CARVAJALINO, se encuentra en delicado estado de salud al no recibir el tratamiento adecuado para la infección de su pie izquierdo que le produjo úlcera de presión calcáneo e insuficiencia vascular; producida por un bacteria agresiva que le está carcomiendo el tejido muscular y óseo, no solo de su pie, sino que ahora la infección se trasladó también al glúteo izquierdo, produciéndole afectación a su integridad física en la medida que se expone a la amputación de su extremidad por negligencia del Inpec y Caprecom.

La Asociación Bolivariana de Asuntos Humanitarios "Patria Es Solidaridad", organización no gubernamental que se encarga de la denuncia, la promoción y formación en derechos humanos, principalmente de los presos políticos, denuncia la flagrante violación de los derechos humanos de la cual ha sido objeto el prisionero político Gustavo Hernán Giraldo Amaya, por parte del estado colombiano.


El prisionero Gustavo Hernán Giraldo se encuentra privado de la libertad desde el 2006 en la cárcel Bellavista de Medellín y desde el mes de julio del presente año padece de una enfermedad degenerativa que le ha hecho perder más de la mitad de su peso y que no ha podido ser identificada por la poca atención médica que ha tenido.

Desde el comienzo de su enfermedad el señor Giraldo se ha dirigido a todas las instancias correspondientes, entre las que se cuentan una petición a la juez tercera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, un derecho de petición ante la dirección regional Noroeste del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), una acción de tutela ante el juez 17 penal del circuito de Medellín, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana para que se le brinde la atención que necesita antes de que sea demasiado tarde.

El 5 de septiembre de 2011, el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Medellín concedió la sustitución de la prisión carcelaria del señor Giraldo Amaya por la prisión en centro médico u hospitalario. Sin embargo, las autoridades se han limitado a llevar al prisionero al centro médico y devolverlo a la cárcel de Bellavista sin que esto redunde en mejorías para el prisionero.

Es manifiesto que ha habido una negligencia por parte del Inpec, que está condenando a Gustavo Hernán Giraldo a la muerte, por esta razón exigimos al estado colombiano y al Inpec a preservar el derecho a la vida y la integridad del prisionero enviándolo de forma inmediata a un centro médico con las condiciones necesarias que permitan dar un diagnóstico y formular un tratamiento que permita la recuperación de Hernán Giraldo.

El caso del prisionero Hernán Giraldo Anaya no es un caso aislado, son muchos los presos políticos que son abandonados sin la más mínima atención médica como forma de tortura y con el objeto de minar su moral. Hay muchos casos parecidos al de Hernán y que responden a la misma política, como el del prisionero Diomedes Carvajalino, a quien, por negligencia del Inpec, le fue amputada su pierna, o el caso de José Alveiro Manjarrez Cupitre que muere en total abandono por la falta oportuna de atención médica en la cárcel nacional Modelo de Bucaramanga.

Denunciamos esta política criminal del estado colombiano encarnado en el Inpec y exigimos una reforma del sistema penal carcelario que priorice la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todos los presos

Dos instituciones han sido en la historia de Colombia piezas importantes para el logro de la unidad nacional, nos referimos a la Iglesia Católica y al Ejército Nacional. Ambas instituciones le confirieron un sesgo marcadamente conservador al Estado y ello se materializó tanto en la Constitución de 1886 como a las reformas que la hicieron posible sobre todo a las reformas constitucionales de 1910 y de 1914. Tuvimos hasta la Constitución de 1991 un Estado confesional en el cual  había una religión oficial y en muchos aspectos de la vida del Estado como en la educación por ejemplo, había una enseñanza católica en detrimento de otras creencias religiosas. Éste Estado confesional desapareció formalmente con la entrada vigencia de la Constitución de 1991, pero en la práctica muchas herencias quedaron para hablar de un Estado verdaderamente laico.

Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez por ejemplo, se avanzó nuevamente en el carácter confesional de la enseñanza religiosa en las instituciones públicas sin que hasta ahora la Corte Constitucional o el Consejo de Estado hayan, como es su deber, restablecido el carácter laico de la enseñanza pública en el país, de acuerdo con el mandato constitucional. Ahora la institución eclesiástica en acuerdo con los sectores más conservadores de la política colombiana viene incursionando en temas como el aborto en los tres casos permitidos por la Corte Constitucional y en otros temas relacionados con métodos de planificación familiar como la píldora del día después. Sobre el primer tema el presidente del Partido Conservador José Darío Salazar, ha presentado un proyecto de Acto Legislativo que busca echar atrás el fallo de la Corte Constitucional y el Gobierno en su Mesa de Unidad Nacional de manera oportunista ha dejado en libertad a los partidos de la coalición para que sean ellos los que decidan sobre este proyecto.

Con ello, como hemos señalado hay un marcado sesgo conservador en el debate de las políticas públicas en el país, que está lejos de reflejar una cultura política moderna. Lo propio podría decirse acerca de las actuaciones del procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez, frente a estos mismos temas. Todo ello debe decirse sin desconocer de ninguna manera el papel tan positivo que la Iglesia Católica ha jugado durante los últimos años en Colombia en temas como: la paz, la problemática agraria, la denuncia del abuso del poder y en general en relación con temas relacionados con la justicia social y la búsqueda de salidas al conflicto armado.

El papel de las Fuerzas Armadas en la configuración y en el manejo del poder tampoco tiene duda. La Constitución de 1886 y su carácter centralista y conservador pudo darse en Colombia sobre la base de la derrota militar de las corrientes más democráticas del liberalismo y de las tendencias federalistas en la organización del Estado.

Este papel preponderante en la configuración del Estado nacional ha sido cobrado por el estamento militar con la exigencia de una serie de privilegios y de prerrogativas en la formulación de las políticas públicas, sobre todo en lo relacionado con el manejo del llamado orden público y en las negociaciones con los actores armados ilegales. Estas prerrogativas han derivado en el mantenimiento de una serie de privilegios tanto en el orden salarial como en el presupuesto público, pero también en el manejo de cuentas reservadas y en el mantenimiento de privilegios al momento de responder ante la justicia por investigaciones que comprometen a sus integrantes.

Una de las limitaciones de la Constitución de 1991 fue precisamente el de no realizar una profunda reforma de las Fuerzas Armadas seriamente comprometidas en abusos y graves violaciones a los Derechos Humanos, y también profundamente infiltradas por la criminalidad y el narcotráfico. El papel de las fuerzas armadas fue nefasto para el proceso de negociación con las guerrillas en los años ochenta del siglo XX. Buena parte de los llamados por el entonces consejero de Paz John Agudelo Ríos, como enemigos agazapados de la paz se encontraban en los gremios empresariales y en los cuarteles militares. Uno de los rasgos más antidemocráticos de la estructura de la Fuerza Pública en Colombia consiste en que las Fuerzas de Policía, estén adscritas a las Fuerzas Militares y bajo la dirección del Ministerio de Defensa.

En los Estados Democráticos las Fuerzas de Policía están adscritas al Ministerio del Interior y son parte de las organizaciones civiles de naturaleza armada. Es por ello que en muchos países éstas fuerzas pueden incluso organizar sindicatos y negociar con el poder Ejecutivo sobre su escala salarial o sobre aspectos de política social para sus integrantes.Desde hace algunos años las Fuerzas Armadas vienen planteando la necesidad de ampliar los alcances del llamado fuero militar para que no sólo cobije delitos y contravenciones relacionadas estrictamente con los actos del servicio, sino para que cobije otras conductas que en la redacción de la propuesta que fue aprobada por la Comisión Primera del Senado se ocupe de acciones relacionadas con las operaciones militares. La reforma propuesta como parágrafo para ser adicionado al artículo 221 de la Constitución Política quedaría así: “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”.

Aceptar este precepto constitucional seria retroceder por lo menos diez años cuando en la Sala Disciplinaría del Consejo Superior de la  Judicatura se discutía en los procesos de definición de la jurisdicción que debería juzgar ciertos delitos, si las violaciones contra mujeres cometidas por miembros de la Fuerza Pública tenían que ver con actos del servicio.La ampliación del fuero militar busca modificar la Sentencia C-358 de 1997 de la Corte Constitucional que define muy precisamente el término definido en el artículo 221 de la Constitución como “relación con el servicio”. Recordemos que el artículo 221 de la Constitución señala “De los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.

La sentencia antes mencionada señala que el fuero militar, por ser una excepción a la regla del juez ordinario, sólo puede operar cuando el delito cometido por los miembros de la Fuerza Pública tengan una relación directa, un nexo estrecho con la función que la Constitución le asigna a ésta, esto es, la defensa de la soberanía, de la independencia, de la integridad del territorio y del orden constitucional, como el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica de los habitantes el territorio colombiano.Así pues conductas como: las violaciones de los Derechos Humanos, el uso excesivo de la fuerza, los asesinatos fuera de combate o las llamadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, no tienen ninguna relación con el servicio y en ninguna instancia, ni inicial ni final, tendrían que ir a la justicia penal militar.

Esto es lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional y es lo que prescribe el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por tal razón una ampliación de los alcances del fuero militar resulta no sólo  inconstitucional sino violatoria de tratados internacionales y del bloque de constitucionalidad. Pero, además es altamente inconveniente para las Fuerzas Armadas que caerían de nuevo, como en el reciente pasado, en prácticas violatorias de los Derechos Humanos por las cuales están siendo condenados militares de alta jerarquía que fueron cobijados por el manto de la impunidad durante decenas de años.Pero, peor aún militares que fueran cobijados por fallos que favorezcan la impunidad llevarán inevitablemente a condenas al Estado colombiano como viene ocurriendo en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o peor aún los implicados pueden llegar a ser investigados por la Corte Penal Internacional.

Así pues nos parece acertado que el Gobierno haya decidido retirar el texto aprobado en la Comisión Primera del Senado de la República en el marco de la llamada Reforma a la Justicia sobre la que nos referiremos más adelante en estas mismas páginas.Al lado de este globo de ensayo que buscaba más o menos subrepticiamente ampliar la figura del fuero militar, se vienen intentando otras reformas que buscan ampliar el poder de los militares y generar condiciones favorables para los acusados de delitos que no tienen relación con el servicio. Se ha aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes la conformación y financiación con recursos públicos de un cuerpo de abogados especializados para defender a los miembros de la Fuerza Pública investigados.Así mismo se ha comenzado a ventilar el tema de la necesidad de crear una jurisdicción de justicia transicional que cobije a los militares que han sido condenados con penas altas. El asunto como ha sido planteado tanto por el presidente Juan Manuel Santos como por el vicepresidente Angelino Garzón, nos parece equivocado.

El Presidente ha defendido el proyecto de Acto Legislativo llamado un nuevo marco constitucional para la Paz, señalando que éste marco es necesario para culminar el proceso iniciado por su antecesor Álvaro Uribe Vélez en su negociación con los grupos paramilitares. Hay que darles seguridad jurídica a 25 mil desmovilizados ha señalado. Entretanto el vicepresidente Angelino Garzón, ha señalado que se requieren crear mecanismos para alcanzar la paz y la reconciliación. “Se debe buscar un perdón con los policías y militares que incurrieron  en violaciones de Derechos Humanos (…) La sociedad tiene que abrir un proceso de reconciliación con los políticos y militares que en el marco del conflicto interno también pudieron cometer errores”.

El punto de partida no puede ser el de buscar fortalecer los mecanismos legales que favorezcan la impunidad, sino sobre la base del reconocimiento de las violaciones graves de los Derechos Humanos encontrar mecanismos en que los uniformados procesados tengan acceso a beneficios de la justicia transicional siempre y cuando cumplan con las víctimas revelando la verdad de los hechos, de tal manera que se haga justicia y al tiempo se muestren dispuestos a reparar a las víctimas y se encuentren caminos para avanzar en la construcción de la paz. Éste es un debate que debería darse de manera franca y abierta de tal manera que la justicia transicional sea temporal y lo transicional no reemplace lo permanente.

Edición N° 00275 – Semana del 7 al 13 de Octubre de 2011

La comunidad de la vereda El Cairo, corregimiento del Cañón de las Hermosas, municipio de Chaparral, Tolima, lanza angustioso llamado a la comunidad nacional, internacional y organismos defensores de derechos humanos para denunciar el violento e indiscriminado bombardeo de que viene siendo objeto desde esta mañana,  (agosto 12) en esta región.

Las organizaciones sociales firmantes, nos solidarizamos con los campesinos del Bajo Cauca y su organización ASOCBAC, quienes desde el 26 de Septiembre del presente año se han visto desplazados por las fumigaciones aéreas con glifosato que manifiestan han afectado su productos lícitos y cultivos de pan coger.

Queridos amigos,Queremos compartir con ustedes el discurso pronunciado por el periodista colombiano Hollman Morris[1], al momento de recibir el PREMIO INTERNACIONAL DE DDHH de la ciudad de Núremberg, el pasado domingo 25 de septiembre de 2011.  Lea a continuación el discurso completo de Hollman Morris quien retoma la frase del grupo musical Calle 13 como título.Ver aquí el Video: http://www.contravia.tv/espanol Ver video Calle 13

Como parte del Día Nacional del Maíz, convocado por la campaña Sin maíz no hay país, campesinos y activistas de Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Puebla y el Distrito Federal se manifestaron por la prohibición de la siembra de granos transgénicos en México y en demanda de que el gobierno de la República invierta más para combatir la dependencia alimentaria y por el derecho a una alimentación sana.

Los manifestantes coincidieron en la exigencia de que México sea territorio libre de organismos genéticamente modificados (OGM).

Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, y junto con representantes de otras organizaciones exigió anular las 110 autorizaciones otorgadas por el gobierno federal para la siembra experimental con maíz genéticamente modificado en territorio nacional, pues con ello el campo mexicano y su grano básico enfrentan un serio riesgo de contaminación.

En un documento que decenas de asistentes firmaron se indica que desde 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aumentaron las importaciones de granos básicos de Estados Unidos, lo que arrasó con la producción nacional.

favoreció a las industrias agroalimentarias trasnacionales, que nos obligan a consumir comida rara, extranjera y de mala calidad, provocando desnutrición y obesidad, mientras en las comunidades rurales crecen la pobreza, la violencia y la inseguridad.

Hoy tenemos que comprar a Estados Unidos casi la mitad de lo que comemos, y cada año más de medio millón de compatriotas rurales dejan de sembrar y migran porque su nación los expulsa.

En Puebla, el abogado René Sánchez Galindo encabezó a un grupo de académicos, litigantes, campesinos y activistas que tramitaron ante la delegación de la Procuraduría General de la República una demanda contra Monsanto, a la que acusan de delitos contra el consumo y las riquezas nacionales, tráfico de influencias, fraude genérico y los que resulten, derivados del aprovechamiento del maíz que hace esa empresa transnacional.

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