Víctimas de un desarrollo impuesto. Medellín.

Linea Territorio y despojo

Por: REDIPAZ - KAVILANDO

Medellín es una ciudad privilegiada, cuenta con ingresos importantes, acceso a información, educación, tecnología, centros Universitarios, todo, para que ésta lamentable situación de pobreza y extrema pobreza se dé, y ahora bien, contando ya con estas lamentables cifras, pues cuenta con todo, para que esta realidad se supere.

 

 

debate victimas desarrollo

Víctimas de un desarrollo impuesto. Medellín[i].

Por: Norela Mesa[ii], Daniela Londoño Días[iii], David Sánchez Calle[iv], José Fernando Valencia Grajales[v], Alfonso Insuasty Rodríguez[vi]

Medellín hoy, aún cuenta con unas preocupantes cifras de pobreza, extrema pobreza y desigualdad, aunque ha venido mejorando los indicadores, aún siguen siendo preocupantes.

Los objetivos de desarrollo sostenible apuntan a que los Estados generen políticas públicas que propendan por bajar estas preocupantes cifras, incluirlas dentro de su agenda 2030, incluir estrategias dentro de sus planes de desarrollo, entre otras.

Medellín es una ciudad privilegiada, cuenta con ingresos importantes, acceso a información, educación, tecnología, centros Universitarios, todo, para que ésta lamentable situación de pobreza y extrema pobreza se dé, y ahora bien, contando ya con estas lamentables cifras, pues cuenta con todo, para que esta realidad se supere.

 

 

Video: Datos recopilados de la investigación, Realización: Eliecer Escobar y Marlon Osorio, equipo Kavilando

Es así como, se creería que los proyectos de transformación de ciudad estarían encaminados hacia tal fin, pero en el desarrollo de la investigación que desarrolla la Universidad de San Buenaventrua Medellín, UNAULA, REDIPAZ y el Grupo Autónomo de investigación y Editorial Kavilando, en articulación con la Concejal Luz María Múnera, próxima a ser publicada, sobre los impactos generados por las obras del llamado desarrollo en Medellín, nos va mostrando lo contrario, e incluso nos va arrojando unas cifras que superan las cifras que la personaría recientemente arroja sobre desplazamiento intraurbano a causa de la violencia armada urbana.

Lo que dice la ONU

Son múltiples los estudios que señalan el daño que se ha venido generando a las poblaciones debido a los desalojos que estos modelos de ciudad generan, debido a los cambios de uso del suelo, sus proyecciones y adaptaciones. Se trata de un mismo patrón de conducta, de forma de tramitar y proceder que impacta comunidades, culturas, valores, economías.

Investigaciones diversas sobre la antropología del reasentamiento ha llegado mayoritariamente a la conclusión de que el resultado dominante del desplazamiento no es la restauración de los ingresos, sino el empobrecimiento. Los datos acumulados son abrumadores, y coinciden en muchos países de Asia, América Latina y África. (M Carnea, 2009)

Vale recordar que, la práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada. (Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos 1/ (párr. 1)

La ONU es clara al indicar que los desalojos forzosos constituyen violaciones graves de los derechos humanos, advierte que estos suelen ser discriminatorios o dan lugar a discriminación, pueden en nuestro caso, violar los derechos de las personas que han sufrido ya desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno, pueden violar los derechos de las comunidades étnicas, además tiene graves consecuencias frente a los derechos de la mujer, de los niños y niñas, su desarrollo,

Estos estudios deben tener presente sus efectos en cada persona y grupo. Por ejemplo, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer señala que “aunque el desalojo forzoso afecte a toda la familia, la mujer es, una vez más, la más afectada, pues tendrá que afrontar nuevas circunstancias, desempeñar las mismas funciones que antes con menos medios y trabajar más para ganar lo suficiente”. (ACNUR, 2000)

 

 

Video: intervención del investigador Alfonso Insuasty, debate realizado en el Concejo de Medellín el 6.11.2018

Además, es tajante al advertir que violan los derechos a una vivienda adecuada y a la seguridad de la tenencia, permanencia en el territorio, afectan el ingreso económico, la alimentación de las familias, habitantes, comunidades, puede incluso constituirse en crimen internacional.

Advierte, además, que los estados, sus administraciones, deben hacer todo para evitar los dasalojos, incluso si este es provocado por terceros.

En general, cualquier cambio del uso de la tierra solo debería tener lugar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales afectadas. Esto reviste especial importancia en el caso de las comunidades indígenas, habida cuenta de la discriminación y la marginación a la que históricamente han sido sometidas. (De Schutter , 2009)

Reitera y es enfático en afirmar que, solo en circunstancias excepcionales es permisible un desalojo y que no es la regla, es la excepción, para ello primero se deben estudiar todas las alternativas incluyendo una seria evaluación de sus efectos de todo orden, así, para que los desalojos estén justificados, se deben llevar a cabo:

  1. a) solo en las circunstancias más excepcionales;
  2. b) después de que todas las alternativas viables al desalojo que tengan en cuenta la circunstancia excepcional se estudien en consulta con la comunidad afectada; y
  3. c) después de que se ofrezcan garantías procesales a la persona, el grupo o la comunidad.

Los desalojos nunca deben llevarse a cabo de manera discriminatoria o dejar a alguien sin vivienda o expuesto a otras violaciones de los derechos humanos. (ONU-HABITAT, 2014)

Los desalojos en zonas urbanas, por lo general reubican a la población en zonas alejadas del centro, por lo general en la periferia, lo que agrava su situación en tanto disminuye el acceso a servicios básicos, dificulta el transporte, se encarecen los costos de vida en tanto se generan gastos adicionales. Como ya lo hemos dicho, de manera directa destruye el tejido social y los grupos de apoyo, la vecindad.

En algunos casos la gente abandona poco a poco dichos lugares donde fueron re-ubicados tratando de encontrar uno donde puedan articular circuitos económicos que les garantice un mínimo de subsistencia generando las condiciones para un nuevo desalojo a mediano o largo plazo.

La ONU es clara al señalar que en la realización de las evaluaciones y la formulación de los proyectos urbanos que generarían re-ubicaciones, desalojos, desplazamiento se debe asegurar:

Las consultas más amplias posibles con los grupos destinatarios,

Fortalecer e incentivar la participación de los grupos menos poderosos y firmes (es decir, las mujeres, las personas que viven con el VIH, los niños, las personas con discapacidad, los jóvenes, los no ciudadanos), incluida la creación de las condiciones para asegurar su participación en igualdad de condiciones en el proceso,

Utilizar el enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos para recabar la participación, libre y significativa de las personas afectadas por los procesos de desarrollo,

Se deben tener en cuenta los intereses legítimos de las minorías en el desarrollo de políticas y programas nacionales, en particular en los procesos de planificación y ejecución (PNUD, 2011)

Además, agrega. Todos los gobiernos [deberían proceder] de inmediato a la restitución de los terrenos o viviendas, la indemnización por ellos o su sustitución por otros adecuados y suficientes a las personas y comunidades que hayan sido desalojadas por la fuerza, tan pronto se celebren negociaciones mutuamente satisfactorias con las personas o los grupos afectados (Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos)

Si son inevitables, los desalojos deben respetar los derechos humanos y las garantías procesales, el derecho a la información veraz, no amañada como ocurre en el caso de Medellín y que se reitera en toda Colombia, el derecho a la consulta y a una participación efectiva y eficiente en todas las etapas del proceso, así mismo, se debe garantizar todos los recursos jurídicos en todo momento.

El factor que siempre se argumenta es la capacidad financiera lo cual no justifica los atropellos, malos tratos y afectaciones a los habitantes, esta razón no sería más bien ¿un argumento de peso para no realizar el proyecto urbanístico?

¿Es Medellín un caso tipo de lo que no se debe hacer?

Es claro que, según lo expuesto en esta investigación y expuesto en el debate realizado en el Concejo de Medellín el pasado 6 de noviembre de 2018, el modelo de ciudad que se impone en Medellín, resulta ser excluyente en tanto golpea la vida y dignidad de las familias que habitan esta ciudad, sus proyectos, redes familiares, redes de apoyo, tejido social, actividades económicas, sus lógicas valóricas, cambia sus planes y proyectos de vida, además, viene afectando su salud física y emocional, les deja en condiciones de mayor dificultad para reconstruir lo que han dejado y perdido.

 

 

Video: intervención del investigador Alfonso Insuasty, debate realizado en el Concejo de Medellín el 6.11.2018

La recopilación de información derivada de las diversas fuentes que sustentan la presente publicación, corroborada de manera directa con las comunidades da cuenta del nivel de afectaciones, vulneraciones y humillaciones, re-victimización en tanto la mayoría de afectados por las obras han sido familias desplazadas por la violencia armada en Colombia, todas situaciones a las que se someten a los pobladores de esta ciudad.

Se evidencia la siguiente problemática y vulneraciones:

Esta realidad afecta el tejido social, sustento, salud, estabilidad de las personas y comunidades, e incluso, afecta la esencia misma de la institucionalidad en tanto golpea el ejercicio de la democracia, pues limita en sí mismo las dinámicas de participación efectiva pues, poco a poco éstas o desaparece por el carácter impositivo del modelo de desarrollo o, se hacen cada vez más funcionales al sistema. Es la institucionalidad la que va delimitando un lugar para una participación inocua, sin capacidad de incidir de manera real, solo con capacidad de adaptarse o ser cooptada de manera rápida y eficiente (Borja Bedoya , Barrera Machado, & Insuasty Rodriguez, Participación política ¿Instituida o instituyente?. Elementos para la reflexión., 2017). Se pide en últimas una participación donde se tenga igualdad de condiciones por sobre todo, frente a los grandes grupos económicos representados en las burbujas inmobiliarias, porque ellos nos lleva a los ciudadanos resistentes y moradores históricos de territorios a ser víctimas de un desarrollo impuesto y forzado y NO partícipes de él.

También y de manera clara, por su carácter impositivo, se vulneran derechos y con ello, el cumplimiento de norma establecida, de los procesos y procedimiento normados orientados a una mínima protección de los habitantes que se estima, serán afectados por mega obras o, por las obras de interés púbico, enmarcadas en el modelo de desarrollo trazado para la ciudad.

Derecho a una vivienda digna, Derecho a reasentamiento en sitio, al trabajo, derecho al pago gusto, Derecho a la igualdad del valor del metro cuadrado, Derecho al pago oportuno e inmediato de mi vivienda, Derecho a un trato justo, a la protesta, a la propiedad,

Son reiterados los reclamos desatendidos de los afectados por proyectos urbanísticos y de renovación urbana que se han implementado durante los últimos años en Medellín. Estos se han planificado, diseñado y ejecutado sin tener en cuenta a los pobladores de estos territorios, vulnerando así el derecho fundamental a la vivienda adecuada y desconociendo derechos como la reubicación en sitio, el derecho al trabajo o el derecho a obtener avalúos y compensaciones justas, el derecho a una participación e incidente en la planificación futura de los Barrios

Se carece de censos ordenados dando prevalencia a las condiciones socioeconómicas de la población afectada sin desmejorarlas por el contrario potenciándolas.

El respeto al justo pago de los predios y las condiciones de los poseedores, inquilinos y comerciantes, empresarios, así como los trabajadores informales, a indemnizaciones tanto de trabajadores que, teniendo el derecho, por lo general no están incluidos dentro de censo de protección a moradores. Esto implica la construcción de alternativas económicas, de vivienda adecuada para las comunidades que como última opción serían afectadas por una obra.

Se vulnera incluso, del ordenamiento jurídico, derechos de propiedad, legalidad, defensa, e igualdad, a la propiedad privada, Principio de responsabilidad de la administración así:

En sí no existe hoy, una política pública de protección a moradores para las comunidades afectadas por los megaproyectos de infraestructura y renovación urbanística expuestos. El detonante de las inconformidades de los habitantes de los territorios intervenidos a sido el proceso de avalúo y las indemnizaciones y compensaciones otorgadas por las instituciones gubernamentales responsables de la ejecución de los proyectos. La arbitrariedad puntual se visibiliza a partir del procedimiento de avalúo que han realizado las entidades contratadas por la Alcaldía de Medellín, la EDU o el Metro de Medellín. En todos los casos, los avalúos institucionales han estado por debajo de los avalúos contratados por los demandantes. Las diferencias radican por un lado en los métodos de medición y por otro, en la determinación del valor del metro cuadrado en los lugares intervenidos, en donde no se ha tenido en cuenta factores como la vocación comercial de los inmuebles, la cercanía con el centro, los equipamientos y servicios públicos. Esto ha generado un detrimento patrimonial de los demandantes quienes reclaman un pago justo, de acuerdo con los valores reales comerciales de las propiedades y que adicionalmente, sean pagados las compensaciones a que haya lugar (cuando aplica la enajenación voluntaria) o las indemnizaciones por los perjuicios materiales y morales causados con las actuaciones y la ejecución de los proyectos.

Una particularidad es que la mayoría de los demandantes aducen que con el precio pagado por la Alcaldía no logran comprar una vivienda en las mismas condiciones que la expropiada, por lo que la calidad de vida se ve reducida y por lo que también se han visto obligados a hacer préstamos para pagar las nuevas viviendas. Los proyectos de vivienda que ofrece ISVIMED tampoco se ajustan a las condiciones de los demandantes, en tanto estos o son más costosos o quedan en lugares “deprimidos” o periféricos sin las facilidades con que contaban en sus antiguas propiedades.

Muchas de las propiedades también generaban un lucro para los propietarios en tanto tenían negocios allí instalados, arrendaban habitaciones o en el caso de edificaciones, vivían del arriendo de las demás viviendas o apartamentos. Estos perjuicios económicos no se tuvieron en cuenta a la hora de causar las indemnizaciones.

Se destacan como rasgos generales que los procedimientos se han realizado de manera arbitraria, sin concertación con las comunidades, que los procesos de negociación han sido en la mayoría de los casos, de manera unilateral (es decir, no hay) y que la estrategia de la institucionalidad y sus funcionarios ha sido la imposición y el amedrentamiento bajo amenaza de expropiación que, en todos los casos, ha surtido efecto.

El Estado en lugar de cumplir con su función y proteger a los ciudadanos, lo que ha hecho es viabilizar a través de políticas y programas, las acciones que llevan a desarrollar los megaproyectos y mega obras que solo benefician al sector inversionista, dejando por fuera las comunidades que tienen asentamiento en las áreas de intervención.

Se muestran evidentes violaciones a distintos derechos, de manera más asidua, al derecho a la propiedad privada y a indemnización previa cuando procede expropiación, al debido proceso, al deber del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y a la libertad e igualdad ante la ley.

Se va configurando en Medellín, una revictimización, un ciclo que se repite de víctimas de la violencia a víctimas del desarrollo.

Y es que aquí todos sabemos que ésta ciudad ha sido construida a pulso por las personas que llegaron desplazadas víctimas del conflicto armado en Colombia; llegaron con la ilusión, la expectativa de superar esos eventos traumáticos y con el sueño de construir sus nuevos proyectos de vida, pero se chocaron de frente con la perspectiva de la institucionalidad, que les dijo que su forma de concebir la ciudad no les interesaba, que ellos tenían otra visión y formularon proyectos de infraestructura y renovación urbana sin consultar con las comunidades, con aquellas personas dueñas del territorio, con quienes lo habitan y quiénes no han tenido oportunidad de decidir sobre qué es lo prioritario y necesario para sus barrios.

Estas afectaciones, cómo ya se dijo, inician desde la misma formulación de los proyectos y se puntualizan cuando las diferentes entidades realizan los avalúos que no tienen en cuenta los daños emergentes, el lucro cesante y menos los perjuicios morales pues la misma legislación vigente dice que son improcedentes. Es por eso por lo que se hace necesario trabajar en una política pública que garantice condiciones de vida digna para las personas desplazadas por los macroproyectos, avalúos justos, y derecho a la ciudad que es de ellos, porque son ellos los que la han construido.

La movilización social.

Las comunidades han emprendido acciones como movilizaciones, procesos de resistencia y defensa de los territorios, espacios de apropiación del territorio, programas para garantizar la permanencia en el territorio de las comunidades, constitución de organizaciones de veeduría ciudadana, mesa ambiental, mesas comunitarias, mesas de concertación y rutas de acción para las problemáticas, asambleas, movimientos comunitarios, audiencias públicas, marchas, eventos culturales.

Se hace urgente hoy, fortalecer ésta capacidad organizativa de las comunidades afectadas por el desarrollo urbano y su real articulación como movimiento, para constituirse en poder real y decisivo, eso sí, evitando a toda costa la cooptación de liderazgos.

Esto, para dos acciones concretas:

  • Una de corto plazo reclamar el respeto de los derechos de las comunidades y
  • Otra de mediano y largo plazo para construir un proyecto de vida urbano colectivo que se parezca a los somos como pueblo, como comunidades, como sociedad.

Si bien la ciudad se planea entre todos todas, en Medellin el sector empresarial, centrado en el GEA, Proantioquia, el sector de la construcción, el sector financiero, etc., son quienes han logrado diseñar la ciudad, a mediano y largo, muy largo plazo; así mismo, el mercado global a través de sus empréstitos y tratados comerciales ha sabido rediseñar los territorios, saliendo ileso de toda reclamación por la constante violación a los derechos humanos que esto produce, el permanente despojo de las comunidades, la persecución, la perdida de una real participación de las comunidades.

Este modelo, viene haciendo de la administración municipal una suerte de oficina funcional, que viabiliza a toda costa los intereses de este sector poderoso local e internacional que se constituyen casi que, como actor único decisivo en la planeación de los territorios.

Por ello es necesario que las comunidades se organicen, se articulen, se formen, que la academia comprometida y con una clara apuesta Ético-Política haga su papel para cualificar y articular dichas luchas desde abajo, por un lado para hacer valer los derechos, por otro para construir un proyecto de ciudad que dignifique al ser humano, que respete la naturaleza, que incluya la diferencia, que proteja a las poblaciones más vulnerables, que cuide a sus niños-niñas y brinde condiciones para una buen vivir, que se construya sobre propuestas valóricas sólidas, ese trabajo es indelegable, nos corresponde a todos, todas como pueblo en construcción, con constante renovación hacia condiciones de vida digna.

Referencias Bibliográfica.

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Nota:

[i] Fragmento de la investigación Victimas del Desarrollo en Medellín, realizada por la Red Interuniversitaria por la Paz, Universidad de San Buenaventura Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana, Grupo Autónomo de Investigación y Editorial Kavilando, en articulación con el equipo de trabajo de la Concejal de Medellín, Luz María Múnera. Fragmento presentado en el debate realizado en el Concejo de Medellín en torno al tema Victimas del Desarrollo citado por la Concejal Luz María Múnera, el martes 6 de noviembre de 2018.

[ii] Investigadora Grupo Autónomo de Investigación y Editorial Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[iii] Joven investigadora COLCIENCIAS, Universidad de San Buenaventura, integrante de REDIPAZ. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[iv] Investigador Grupo Autónomo de Investigación y Editorial Kavilando, integrante UTL Luz María Múnera. Contacto. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[v] Docente investigador Universidad Autónoma Latinoamericana, integrante de REDIPAZ. Contacto. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[vi] Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, integrante de REDIPAZ, Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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