El FMI ha llegado para quedarse en Colombia: austeridad post-Covid 19

Linea Territorio y despojo

Por: Daniel Munevar Sastre

La agenda de recortes tiene implicaciones políticas y electorales. La mitad del ajuste proyectado en el gasto público tendrá lugar entre los años 2022 y 2023. La administración que asuma la presidencia en 2022 deberá hacerle frente al legado fiscal del programa con el FMI.

 

 

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En medio de las conmociones experimentadas en Colombia durante el último mes; asociadas a la pandemia y actos generalizados de violencia policial, ocurrió un anuncio de suma importancia para el futuro del país: Colombia inició un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que reveló la ampliación y activación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por parte de Colombia el pasado 25 de septiembre. El panorama descrito en el documento oficial del FMI es alarmante. Los próximos años estarán marcados por el desembarco de las temidas políticas de austeridad en el país. Las profundas implicaciones del programa con el FMI contrastan con el silencio mediático respecto al mismo. Para entender su importancia es necesario analizar las características de la LCF y del acuerdo entre las autoridades de Washington D.C. y Bogotá.

Colombia y la Línea de Crédito Flexible del FMI

La LCF es un mecanismo de financiamiento del FMI creado tras la crisis financiera de 2008. Su propósito es facilitar el acceso a recursos del Fondo a países con un marco económico e institucional sólido. Países que cumplan con estas características tienen acceso pre-aprobado a la LCF. Ello implica que, a diferencia de otros programas del FMI, el uso de la LCF no conlleva la imposición de condicionalidades y reformas estructurales como actualmente ocurre en otros países de la región como Argentina, Ecuador y Honduras. En este contexto, el FMI se limita a supervisar que el marco de políticas cumpla nueve criterios establecidos para evitar poner en riesgo los recursos de la institución.

El monto planeado de recortes para los próximos tres años equivale a 1.2 veces el presupuesto de educación o 1.7 veces el presupuesto de salud de Colombia en el 2020.

Actualmente solo existen cuatro países con acceso a la LCF: Chile, México, Perú y Colombia. Este último es el primer país que ha decidido utilizarla. En el marco de dicho programa, Colombia tiene acceso a recursos del FMI por un total de US $17.200 millones. De esta cifra, el país ha pedido un crédito por US $5.300 millones. El préstamo del FMI conlleva una tasa de interés anual cercana al 1% y deberá ser pagado en su totalidad entre los años 2024 y 2026.

Desde una perspectiva financiera, las condiciones del crédito del FMI se comparan de manera favorable con otros mecanismos de financiamiento. Sin embargo, desde un punto de vista de política económica los riesgos e implicaciones para Colombia son sustanciales. Aun si no existen condicionalidades, los parámetros del programa del FMI delimitarán las metas económicas y fiscales del país en los próximos años. Peor aún, en un escenario donde el país se desvió de manera significativa de dichos parámetros, el país podría terminar haciendo transición hacia un programa estándar del FMI, repitiendo la experiencia de 1999. La probabilidad de dicho escenario no es despreciable teniendo en cuenta los cuestionables compromisos asumidos por el Gobierno de Colombia en el documento oficial del programa.

El programa de ajuste post-Covid 19 en Colombia

En el marco del programa del FMI, Colombia se ha comprometido a un ambicioso programa de ajuste fiscal en los próximos años. Entre 2021 y 2023 el país deberá lograr una combinación de aumentos de ingresos y recortes del gasto por 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Si existiera un “Mundial de Austeridad post-Covid 19”, el país ocuparía un lugar de honor a nivel global. Las metas fiscales sitúan a Colombia con el quinto programa de ajuste fiscal más considerable entre los 81 países que han recibido créditos del FMI en el 2020.

El programa del FMI no especifica las políticas económicas a utilizar por el Gobierno de Colombia para alcanzar este objetivo. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las cifras permite identificar los elementos principales de la agenda de ajuste fiscal en el país.

Recaudo tributario: ajuste sobre los más vulnerables

Las proyecciones del programa del FMI muestran una transformación en la estructura tributaria del país con respecto al periodo anterior a la pandemia. Los cambios reflejan las prioridades tributarias de la actual administración. El impacto conjunto de la caída de los precios de las materias primas, y la reducción en el impuesto de renta corporativa causarán una reducción de 1.5% del PIB en los ingresos tributarios entre 2019 y 2023. Para compensar esta caída, el Gobierno de Colombia planea incrementar el recaudo por IVA y otros impuestos por un total de 0.7% del PIB durante el mismo periodo. El incremento en el recaudo por concepto de IVA a partir del 2022 refleja los anuncios recientes del Gobierno de su intención de introducir una reforma tributaria en el 2021.

La capacidad del Gobierno de Colombia de cumplir las metas del programa con el FMI y salir de la LCF sin problemas es una incógnita.

La transformación proyectada es preocupante por tres razones. Primero, la crisis dejará al sector público con menos recursos para hacer frente a los retos de la Agenda 2030, cambio climático y los acuerdos de paz. Segundo, la reducción en el impuesto de renta ocurre en un momento donde tanto la OECD y el FMI recomiendan incrementar los impuestos progresivos incluyendo riqueza, dividendos y corporativos para financiar la recuperación de la crisis. Tercero, los incrementos en el IVA están asociados a aumentos en la desigualdad de ingresos y de género. Al trasladar los costos de la crisis a los sectores más vulnerables de la población, la agenda tributaria incluida en el programa del FMI agravará los problemas de desigualdad en el país.

Austeridad en el gasto: inversión a mínimos históricos

La principal herramienta para cumplir las metas fiscales del programa con el FMI es el recorte en el gasto público. Entre 2021 y 2023, el país deberá alcanzar una reducción del gasto público del 5.3% del PIB. En términos relativos al tamaño de la economía colombiana en el 2020, esto equivale a 53.4 billones de pesos. Para poner esta cifra en contexto, el monto planeado de recortes para los próximos tres años equivale a 1.2 veces el presupuesto de educación o 1.7 veces el presupuesto de salud de Colombia en el 2020. La capacidad del Estado para hacer frente a las demandas de la población en materia de derechos sociales y económicos disminuirá de manera significativa en el contexto de austeridad post-Covid 19.

La agenda de recortes tiene implicaciones políticas y electorales. La mitad del ajuste proyectado en el gasto público tendrá lugar entre los años 2022 y 2023. La nueva administración que asuma la presidencia en 2022 deberá hacerle frente al legado fiscal del programa con el FMI. El elemento más preocupante de esta dinámica está relacionado con la evolución de la inversión pública. La inversión del Gobierno central caerá y se estabilizará a un mínimo histórico de 0.7% del PIB a partir de 2022. La totalidad de estos recursos ya está comprometida en la forma de vigencias futuras con las asociaciones público privadas de las obras de infraestructura 4G. En términos prácticos esto implica que, a riesgo de salirse de los parámetros del programa con el FMI, el país no tendrá espacio fiscal para inversión pública en los próximos años.

¿Salida de la LCF o transición a un programa tradicional del FMI?

La capacidad del Gobierno de Colombia de cumplir las metas del programa con el FMI y salir de la LCF sin problemas es una incógnita. Por un lado, la pandemia deja un contexto marcado por incertidumbre, altas tasas de desempleo, quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas, y demanda externa deprimida. Por el otro, el FMI proyecta que la consolidación fiscal tendrá un efecto negativo sobre el crecimiento económico en los próximos cinco años. En términos prácticos, existe un alto riesgo de que el país quede atrapado en un círculo vicioso de austeridad y contracción económica. La incapacidad para alcanzar las metas económicas y fiscales fijadas en el programa del FMI se traducirán en medidas adicionales de austeridad, las cuales ahondan el problema inicial. En este escenario, una potencial pérdida de acceso a la LCF supondría un golpe letal para el acceso a los mercados del país. El siguiente paso sería un programa estándar del FMI. La austeridad y el FMI han llegado para quedarse en Colombia.

tomado de: https://elcomejen.com/2020/10/21/el-fmi-ha-llegado-para-quedarse-en-colombia-austeridad-post-covid-19/

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