Por: Adherentes
La dinámica paramilitar en la región, no sólo se desarrolla a través de estructuras armadas ilegales, sino también de dispositivos especializados como los corporativos de seguridad de las empresas del sector minero energético y palmicultor
DERECHOS HUMANOS EN EL NORORIENTE COLOMBIANO
Militarización y fortalecimiento paramilitar
La región nororiental del país que comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander y el centro y sur del Cesar, ha sido una de las más afectadas con el accionar paramilitar. Sus comunidades han sido fuertemente impactadas en lo económico, político y organizativo. No obstante, persisten varios procesos de resistencia y de defensa del territorio.
Nota relacionada: Expansión Paramilitar y represión contra comunidades en la región de los dos Ríos. Colombia.
La dinámica paramilitar en la región, no sólo se desarrolla a través de estructuras armadas ilegales, sino también de dispositivos especializados como los corporativos de seguridad de las empresas del sector minero energético y palmicultor (generalmente dirigidas por ex militares con vínculos con los paramilitares); así como de grupos de “vigilancia privada” al servicio de terratenientes o que operan en barrios populares de ciudades como Bucaramanga y Piedecuesta, (Santander), Puerto Wilches (Santander) y Tibú (Norte de Santander). Todos estos ejercen una coordinación estricta con Ejército y Policía en los territorios y tienen una clara delimitación de funciones para el resguardo de intereses económicos particulares o para el ejercicio del control social de la población. Estos grupos patrullan con uniformes negros o de civil, portando con armas de fuego y en su relacionamiento con las comunidades reproducen las lógicas y sistema de ideas del paramilitarismo.
En el Catatumbo la población manifiesta que tras la supuesta “desmovilización” de estos grupos, los paramilitares continuaron en el territorio bajo nuevas configuraciones organizativas y operatividad; y que han entrado en disputa con distintas facciones por el control territorial y la consolidación de monopolios económicos, afectando profundamente la vida de las comunidades.
En las zonas rurales, las estructuras paramilitares operan a través de unidades armadas en función de la seguridad de campos petroleros, la agroindustria y el narcotráfico. En territorios urbanos actúan en forma velada, bajo planes de “limpieza social” y presupuestos de protección de negocios asociados al microtráfico, la prostitución, y distintas actividades comerciales (inclusive tenderos a quienes cobran impuestos a cambio de seguridad).
De otro lado, se conservan los viejos clanes políticos consolidados a partir de los conocido pactos, como el de Puerto Berrío, en el marco del cual el exsenador Luis Alberto Gil realizó un acuerdo con estructuras paramilitares para que estas escalaran de manera directa a instituciones políticas como el Congreso, los Consejos municipales, la Asamblea y la Gobernación del Departamento de Santander. La vigencia del Clan Aguilar, por ejemplo, a pesar de sus reconocidos vínculos/acuerdos con el paramilitarismo es un ejemplo de la vigencia de este dispositivo en un proceso de reconfiguración territorial en curso.
En Norte de Santander, a pesar de las diferencias en el desarrollo del paramilitarismo fortalecido a mediados de los 90 con la expansión de las llamadas “AUC”; tuvo también importantes alianzas políticas que se representan en la figura del barón electoral Ramiro Suárez Corso del ex alcalde de Cúcuta, quien aún cuenta y ejerce influencia sobre personas dentro de la administración pública.
Tras alcanzar el máximo grado de expansión, el proyecto paramilitar creo estructuras financieras para el blanqueamiento de capital y captura de recursos públicos que permiten hoy el sostenimiento de sus maquinarias electorales y el control social en la región.
Como se ve, el proyecto paramilitar ha continuado su curso, a través de distintas estructuras que ejercen control sobre la población mediante el terror, por un lado y la cooptación ideológica y operativa, por el otro. Su accionar sistemático en la región, permite evidenciar rasgos comunes, en las nuevas franquicias paramilitares, tales como i) la imposición de una ideología y cultura patriarcal y conservadora, ii) La adopción de una política de eliminación de “enemigos” y “desadaptados” al orden imperante, identificando entre ellos: al campesinado que se opone a la implantación de grandes megaproyectos mineros y agroindustriales que destruyen el territorio; y a poblaciones vulnerables como consumidores, habitantes de calles, mujeres en ejercicio de la prostitución, etc; iii) Adoptan la defensa de grandes megaproyectos, a los que asocian con la idea de “prosperidad”.
De otro lado, en los últimos años, también se ha dado un proceso de fortalecimiento militar, a través del incremento del pie de fuerza en el territorio.
De manera especial, en el 2018 las comunidades del Centro y sur del Cesar y el Catatumbo denunciaron la instalación de bases militares por toda su geografía para la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 3 del Ejército Nacional. Particularmente el municipio de Hacari, Norte de Santander, (veredas de Monte Tarra e Islitas del corregimiento de San José del Tarra) los pobladores advirtieron que dichas bases se ubicaron a pocos metros de sus residencias, poniéndolos en mayor riesgos de ser víctimas del conflicto armado.
Modalidades represivas contra la población y sus procesos organizativos
Como consecuencia de la acción de estructuras militares y paramilitares en la región, así como del desarrollo mismo de un conflicto de alta complejidad, las comunidades se han visto claramente afectadas con la estigmatización, el despojo, detenciones arbitrarias y montajes judiciales, masacres y asesinatos selectivos, que se cometen, entre otros sectores de la población, contra defensores/as del territorio y el ambiente.
Asesinatos contra dirigentes campesinos/as:
La Fundación Indepaz, registró el asesinato de 74 defensores/as en la región, entre el 2017 y el 2020. A continuación, se enlistan algunos de los casos denunciados y/o documentados desde el momento de la aparente desmovilización paramilitar hasta hoy:
El 21 de marzo de 2006 en la ciudad de Barrancabermeja, fue desaparecida, torturada, violada y asesinada, Yamile Agudelo Peñalosa, integrante de la Organización Femenina Popular OFP.
En febrero de 2009, fue asesinado Luis Arango, destacado dirigente de la comunidad de pescadores artesanales en Barrancabermeja.
El 17 de octubre de 2009, en Puerto Wilches -cerca a la Base Militar de Puerto Cayumba- poco después de participar en una en una reunión con una contratista de ISAGEN; se cometió el asesinato de Honorio Llorente, presidente de la junta de Acción Comunal de Puente Sogamoso.
El 7 de enero de 2017 asesinaron a Aldemar Parra García, un opositor de la minería del carbón en el Cesar.
El 21 de agosto de 2018 fue desaparecida y asesinada, en Simacota Santander, la defensora del ambiente y el territorio Fabiola Fajardo Ayala.
El 26 de enero de 2019 en El Tarra, Norte de Santander fue Lede María Ortega Ortiz, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mundo Nuevo.
En 2020 organizaciones de derechos humanos y del territorio, evidenciaron la ocurrencia de 6 masacres en el Catatumbo, así como el asesinato de 17 luchadores populares y muchos más, contra excombatientes de las FARC. Cinco personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por el Ejército en desarrollo de operaciones de erradicación forzosa de cultivos ilícitos.
Amenazas contra luchadores/as populares
Las amenazas a través de llamadas, panfletos u otras formas, contra la dirigencia popular y sus colectividades, constituyen un medio para crear terror y desconfianza en las comunidades y desarticular sus procesos organizativos, a la vez que se mantiene el control sobre las economías legales e ilegales que se consolidaron antes de la llamada “desmovilización” promovida por Uribe Vélez:
Linda Oneida Suárez Sánchez, integrante de Resistencia a la Minería entre 2019 y 2022 recibió numerosas amenazas instándola a “quedarse callada”.
Nini Johana Cárdenas, dirigente campesina y ambientalista del Carmen de Chucurí fue amenazada en diciembre de 2020 por un supuesto comandante de “los Caparrapos”. A través de una llamada, le exigieron colaborar con estos grupos armados y le informaron que desarrollarían un “plan pistola” contra consumidores y “delincuente” y que asesinarían a quien se negara a colaborarles. Nini ha sido hostigada y amenazada en varias oportunidades.
Otro hecho emblemático de amenazas e intimidaciones tuvo ocurrencia en el 2007 se supo que alias Félix (paramilitar) requirió al ex rector de la Universidad Industrial de Santander (Universidad Pública), Camacho Pico, para que le entregar listados de estudiantes, profesores y trabajadores/as, para ejecutar un “plan pistola”. Este hecho a pesar de ser conocido por el funcionario, nunca lo denunció, razón por la fue destituido e inhabilitado por más de 10 años.
Desplazamiento y Despojo
Como se viene diciendo, el paramilitarismo actúa en lógica de protección de intereses económicos sobre el territorio (incluidos los del narcotráfico). A través de su actuación se generan proceso de configuración de relaciones sociales y de producción que persisten. Uno de los impactos más inmediatos de la presencia paramilitar en la zona, sin duda alguna el desplazamiento y el despojo, y la imposición de su autoridad y control en el sector; sin desconocer que tras la supuesta “desmovilización y desmantelamiento de estructuras” en el 2006, se generó un proceso de reconfiguración del paramilitarismo, en el que no siempre fue necesario acudir a la violencia homicida u otras modalidades represivas para sostener su poder.
Actualmente, en el Departamento del Cesar, varias comunidades desplazadas desarrollan procesos de recuperación de tierras, que han sido fuertemente perseguidos a través de grupos de seguridad privada al servicio de terratenientes regionales, así como por las autoridades policiales del Estado. La comunidad de Pitalito que retornó a los predios de Juan Manuel Fernández de Castro, de los cuales fue despojada (mediante ventas forzadas), en el 2010; ha denunciado el constante asedio, amenazas e intentos de destrucción de sus cultivos y pertenencias, por parte de hombres armados que protegen la propiedad del palmicultor. A la misma situación se ha visto sometida la Comunidad del 20 de Julio, que reúne familias sin tierra, desplazadas de distintos lugares del país.
A través de la intimidación se pretende generar nuevos desalojos forzados de estas personas; a la par que se activan procesos policivos que normalmente culminan con la expulsión de los predios.
En el en 2021, habitantes de Simacota Santander, informaron que varias familias se han visto forzadas a vender sus tierras, a bajos precios; en razón a las amenazas de estructuras paramilitares. Sus propiedades posteriormente fueron delimitadas y resguardadas grupos de seguridad privada, que operan en coordinación abierta y legal, con la Fuerza Pública.
En el 2017, miembros del autodenominado Frente de Seguridad Ciudadana “Hacienda el Molino”, del barrio que lleva ese mismo nombre en Piedecuesta; la familia Gil Cote fue hostigada y obligada a abandonar su residencia. Aun después de este cambio, continuaron siendo objeto de intimidaciones y amenazas. Este tipo de ultimátum contra familias o individuos en zonas de control paramilitar, tiene por objeto el disciplinamiento y adaptación de las comunidades al control social que ejercen estas estructuras de poder.
De otro lado, debe señalarse que el desplazamiento de varias familias de territorios rurales, especialmente en el Catatumbo, se ha dado como consecuencia del proceso de militarización expresado en el incremento de la fuerza militar; que ha expuesto a la población a quedar en medio de enfrentamientos entre el ejército y el ELN. El accionar de la fuerza pública también ha contribuido al desplazamiento forzado de familias de zonas rurales de la región:
A finales de enero de 2021, se presentaron enfrentamientos entre el ejército y grupos insurgentes en jurisdicción de Hacarí, muy cerca de los lugares de residencia de los pobladores, dejando rastros en sus casas y emociones y produciendo el desplazamiento de 38 familias que quedaron en medio del fuego cruzado por la excesiva cercanía con que fueron construidas las bases militares.
En el 2020, 1.180 personas fueron desplazadas y 33.627 fueron sometidas al confinamiento forzado.
El 6 de agosto de 2022, fueron desplazadas 108 familias de las veredas Piedras de Moler y Caño Seco hacia el corregimiento de San Pablo, producto del miedo y riesgo que les generaba continuar siendo puestos en medio de enfrentamientos armados entre el Ejército y la insurgencia. El 1 de julio de ese año, en medio de una confrontación armada entre integrantes de la Base móvil BADRA 9 (instalada el 18 de marzo de 2018 jurisdicción del corregimiento de San Pablo, de Teorama) y el ELN, se le causó la muerte -dentro de su residencia- al señor Carlos Julio Rojas Criado de 73 años, y se causó la detención arbitraria y tortura de un reconocido poblador del corregimiento: Wilfrido Vargas Vanegas
Otra de las causas del desplazamiento está directamente relacionada con la ocupación, pillaje y maltrato de efectivos del Ejército contra las personas y los bienes de la población.
El 20 de julio de 2022, la comunidad de la vereda La Selva (Tibú), denunciaron actos de hurto/saqueo y otras arbitrariedades cometidas contra varias familias campesinas, por hombres del Ejército Nacional, que llegaban hasta los territorios en desarrollo de la política de erradicación forzada de cultivos orientada por del Gobierno Duque. A pesar de las denuncias presentadas ante las autoridades, se desconoce de la existencia y avances de investigaciones penales o disciplinarias.
Dos días después, esta misma comunidad denunció que otro grupo de la misma unidad del Ejército ingresó a varios predios e intervino en los cultivos de coca.
Notoria presencia paramilitar armada para la intimidación y el control de las comunidades
Aunque la operatividad de las estructuras paramilitares cambió en la región nororiental, la presencia armada de esta se mantiene y ostenta el control sobre un vasto territorio donde coordinan su accionar con las fuerzas militares del Estado, adoptando enemigos comunes, entre los que se cuenta no solo a la insurgencia sino también a las comunidades organizadas en torno a proyectos contra hegemónicos:
El 15 de octubre de 2008 las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) anunciaron con panfletos su llegada al Cesar, en medio de una acción que paralizó la economía departamental.
En junio de 2010 en el barrio San Carlos de Piedecuesta se dio a conocer un panfleto de amenaza contra jóvenes consumidores/as. Tras el comunicado el presidente de la Acción Comunal de la localidad alentó el accionar de grupos de seguridad privada, que llegaron haciendo un censo de los habitantes, preguntando casa por casa, si los apoyarían y cobrando una cuota de sostenimiento de la estructura equivalente a 15 mil pesos. Estos hechos fueron denunciados -sin resultados- por los pobladores, ante el teniente de la policía Oscar Chaparro y el secretario de gobierno del municipio, sin resultado alguno. A dicho grupo se le atribuye el atentado contra la vida del poblador Jaime Jurado así como de otros jóvenes del barrio, en septiembre de 2010. Aun hoy ejercen permanentes acciones de amedrentamiento a jóvenes humildes que se reúnen en parques y esquinas de los barrios, a quienes maltratan y enlistan en panfletos amenazantes.
A mediados de diciembre de 2020, al menos cien sujetos armados y vestidos con camisa y pantalón negros, de las AGC, reunieron a pobladores de Palmarito, Aguaclara y Banco de Arena (corregimientos de Cúcuta), informándoles que sacarían al ELN de la Frontera.
En enero de 2021 unos 15 hombres que se identificaron como integrantes de las AGC dispararon contra un campesino la vereda Carbonera-Tutumito (Tibú) y lo obligaron a desplazarse con su familia.
A inicios de 2021 en el municipio Carmen de Chucurí (Santander) mientras varios miembros de la comunidad realizaban un mural, fueron intimidades por un reconocido paramilitar, quien estuvo todo el tiempo el sitio interrogando a una de las dirigentes comunitarias, sobre quién financiaba la actividad, la razón por la que se desarrollaba y la identidad de los demás presentes.
Este tipo de controles -indican las/os pobladores- se extiende a quienes ingresan o salen de la zona.
Estigmatización
En general, todas las comunidades de la región (no cooptadas por el paramilitarismo) y los procesos organizativos del territorio, son estigmatizados por las estructuras militares y paramilitares con presencia en la zona; de ser colaboradores de la guerrilla del ELN.
La crítica situación de derechos humanos en la región, requiere una intervención urgente del Estado, no solo para restablecer los derechos vulnerados a las comunidades, sino para adoptar medidas que permitan una vida digna en el territorio.
¡Por la vida y la permanencia en los territorios!
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