Territorio Y Despojo

Con la elección de la presidenta Dilma Roussef, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de atrás, pero tuvieron un nuevo impulso: Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, Rio+20 en 2012, Mundial de Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos en 2016, lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, papel activo en el creciente protagonismo de las “economías emergentes”, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), nombramiento de José Graziano da Silva como director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2012 y de Roberto Azevedo como director general de la Organización Mundial del Comercio a partir de 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, principalmente en Mozambique, fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y la cría de ganado.

Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía, pues, ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacó a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país.

Si ante las recientes manifestaciones en Turquía la lectura sobre las “dos Turquías” fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de “dos Brasiles”. Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia naturaleza del “otro Brasil”, un Brasil furtivo a análisis simplistas. Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social (uno de los países más desiguales del mundo), de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha reproducido sobre formas siempre mutantes hasta hoy.

La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal (municipal, regional y federal). La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula da Silva a partir de 2003, que condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios y quilombolas [descendientes de esclavos] e indígenas.

Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obcecadas  por el deseo de éste. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general.

El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como “obstáculos al crecimiento” simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva).

La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó.

Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aíslan a los gobiernos. En ese sentido, los alcaldes de nueve capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes. Es apenas un comienzo. Para que sea consistente, es necesario que las dos narrativas (democracia participativa e inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que ya habían tenido. Si fuese así, Brasil mostrará al mundo que sólo merece la pena pagar el precio del progreso profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso.

Boaventura de Sousa: Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra – Tomado de http://blogs.publico.es Edición N° 00356 – Semana del 21 al 27 de Junio de 2013

La presente publicación es el resultado de un proceso de investigación sobre las características del desplazamiento forzado intraurbano en tres ciudades del país: Buenaventura, Tumaco y Soacha. Responde  a una preocupación compartida de CODHES y ACNUR sobre la ausencia de un reconocimiento cabal de este fenómeno y las consecuencias que de ello se derivan para el desarrollo de políticas apropiadas de registro, prevención, atención y reparación integral de las personas, hogares y comunidades afectadas.

No hay que ser un experto ambientalista para darse cuenta de la urgente necesidad que tenemos, quienes contamos con el privilegio de vivir cerca de las maravillas que la naturaleza ha dispuesto para nuestro disfrute, de proteger los recursos naturales que nos pertenecen y velar por su cuidado como bien público, y sobreponer esto a los intereses particulares de una economía capitalista que tiene como único propósito enriquecer las arcas de unos pocos.

Debido a las denuncias realizadas por las y los afectados por el Proyecto hidroeléctrico más grande del País –Hidroituango- agrupados en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia surgió una iniciativa popular respaldada por más de 7.000 personas de distintas zonas del departamento y del país en la que solicitan la suspensión de la licencia ambiental del megaproyecto hasta tanto se den garantías de restitución de las actividades productivas y se presente un informe del seguimiento de la ANLA al cumplimiento de la licencia.

El derecho de los pueblos en el laboratorio Colombia. Esta introducción quiere proponer un camino más articulado de comprensión del significado y las implicaciones de la Sentencia que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) pronunció en julio de 2008, después de tres  años de investigación sobre el papel específico de las empresas transnacionales y sus responsabilidad en la violación masiva y sistemática de los derechos  de los pueblos colombianos.

El pasado 10 de marzo cientos de familias agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia decidieron movilizarse pacíficamente ante la vulneración de sus derechos al trabajo, la libre movilidad,  un ambiente sano, a la participación, a la vivienda, entre otros; hoy se cumplen 80 días de movilización sin que hasta ahora se llegue a soluciones que garanticen su retorno al territorio ni la restitución de sus actividades económicas habituales.