Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* REDIPAZ / Los recientes pronunciamientos del ELN reabren el debate sobre narcotráfico, legitimidad insurgente y negociación política. En juego no está solo el futuro de la mesa de paz, sino la verdad sobre las causas estructurales de la guerra en Colombia.
Los recientes comunicados públicos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) constituyen una intervención política de alto contenido estratégico orientada a reposicionar su lugar en el escenario preelectoral de 2026 y a reconfigurar los términos del debate sobre una eventual reapertura de negociaciones con el Estado colombiano. Más que respuestas coyunturales, estos pronunciamientos articulan una narrativa compleja en torno a tres ejes centrales, el deslinde frente al narcotráfico, la disputa por legitimidad política y la redefinición de las condiciones para una salida negociada al conflicto armado.
En primer lugar, el ELN insiste en una línea discursiva orientada a reafirmar su separación orgánica respecto del narcotráfico, negando participación directa en cualquiera de los eslabones de dicha economía ilícita. Esta posición ha sido reiterada en múltiples escenarios y retomada recientemente en declaraciones divulgadas por medios nacionales, donde voceros insurgentes sostienen que la organización no promueve economías cocaleras y que, por el contrario, ha impulsado en determinados territorios mecanismos locales de regulación y sustitución de cultivos de uso ilícito.
Más allá de la verificación empírica de tales afirmaciones, lo relevante es que este discurso busca contrarrestar la tendencia estatal e internacional a subsumir la insurgencia bajo la categoría de criminalidad organizada, despojándola de cualquier estatus político y reduciendo el conflicto a una cuestión de seguridad o narcoterrorismo.
No obstante, este deslinde no se formula de manera aislada, el ELN articula dicha narrativa con una denuncia estructural sobre la persistente connivencia entre sectores del Estado, especialmente miembros de la fuerza pública y estructuras narcoparamilitares en diversas regiones del país. A ello suma una crítica frontal al gobierno de Gustavo Petro, al que acusa de incumplir compromisos previamente adquiridos, incurrir en prácticas de “perfidia” y privilegiar salidas militarizadas en territorios como Catatumbo. Asimismo, cuestiona lo que interpreta como un tratamiento diferencial y selectivo hacia otros actores armados, particularmente ciertos sectores de las disidencias de las FARC, lo cual evidenciaría, desde su perspectiva, una política de paz fragmentada, asimétrica y funcional a cálculos de conveniencia táctica.
En segundo lugar, el ELN inserta su posicionamiento en una lectura geopolítica más amplia, según la cual el discurso global de la lucha contra el narcotráfico ha operado como instrumento de intervención y subordinación regional por parte de Estados Unidos. Desde esta óptica, la denominada “guerra contra las drogas” no solo ha fracasado en sus objetivos declarados de reducción de cultivos, producción o consumo, sino que ha servido para justificar la militarización de territorios estratégicos, consolidar presencia geopolítica extranjera y profundizar mecanismos de control sobre zonas ricas en recursos naturales y corredores geoeconómicos de alto valor. Esta interpretación converge con enfoques críticos latinoamericanos que analizan el narcotráfico no únicamente como fenómeno criminal, sino como componente funcional de una economía política transnacional articulada a intereses de acumulación, securitización y gobernanza territorial.
En tercer lugar, la insurgencia proyecta su discurso hacia el horizonte político-electoral de 2026 mediante la reiteración de su propuesta de un “Acuerdo Nacional” amplio, participativo y orientado a pactar transformaciones estructurales de país como condición para una paz estable y duradera. En ello se observa una continuidad histórica con la doctrina política del ELN, la negociación no es concebida como escenario de sometimiento o desmovilización unilateral, sino como mecanismo de transformación institucional, democratización del poder y redefinición del pacto social. Sin embargo, la reiteración de esta exigencia también pone de relieve los límites del actual proceso de paz, marcado por desconfianzas recíprocas, incumplimientos acumulados y un deterioro progresivo de las condiciones políticas y humanitarias en los territorios.
En este contexto, la llamada “narcotensión” emerge como un campo de disputa tanto simbólica como material. Mientras sectores estatales y actores internacionales tienden a individualizar el problema en determinados grupos armados, el ELN procura desplazar el debate hacia una comprensión estructural del narcotráfico que involucra élites económicas, redes financieras transnacionales, sectores institucionales corruptos y estrategias geopolíticas hemisféricas. Lo que está en disputa no es únicamente la definición del problema, sino también la legitimidad de los actores en confrontación y el marco interpretativo desde el cual puede construirse una eventual salida negociada.
En rigor, los recientes comunicados del ELN no introducen tesis radicalmente nuevas, pero sí reordenan y actualizan su narrativa política en función de una coyuntura crítica para el futuro del proceso de paz y del sistema político colombiano. El deslinde respecto al narcotráfico, la denuncia de un Estado que, según su lectura, incumple lo pactado y mantiene alianzas de facto con estructuras ilegales, así como la insistencia en un acuerdo nacional como horizonte político, configuran una estrategia discursiva destinada a incidir en la reconfiguración del debate público de cara a la transición gubernamental de 2026.
Con todo, la experiencia histórica colombiana demuestra que ningún esfuerzo serio de paz puede prosperar sobre la negación del carácter político del adversario, la manipulación narrativa de las causas estructurales del conflicto o el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos. La construcción de paz exige, en primer término, voluntad de verdad: reconocer la complejidad del conflicto, la pluralidad de responsabilidades y la historicidad de sus causas. Exige también reconocimiento mutuo entre las partes como interlocutores políticos válidos, sin lo cual toda negociación deviene mera estrategia de pacificación o rendición encubierta. Finalmente, exige honrar lo acordado: ningún proceso puede sostenerse si la palabra del Estado pierde credibilidad y los pactos son subordinados a coyunturas tácticas o presiones sectoriales.
La pregunta de fondo permanece abierta ¿es posible avanzar hacia una salida negociada mientras el narcotráfico continúe operando simultáneamente como economía de supervivencia territorial, excusa permanente de guerra y dispositivo geopolítico de control?
Resolver esa tensión constituye, quizá, uno de los desafíos centrales para cualquier proyecto serio de paz transformadora en Colombia.
- Relacionamos el comunicado Completo del Comando Central del ELN:
ACLARAMOS LAS MENTIRAS
El ELN lo que dice lo cumple, no miente, reconoce lo que hace, su política es pública y trasparente para el pueblo y el mundo.
Para el Estado y el gobierno colombiano se convirtió en política mentir y engañar, doctrina y directriz que reciben desde los Estados Unidos.
El ELN es una Organización rebelde alzada en armas de carácter político-militar, su lucha se origina en las injusticias, la exclusión, la persecución política, producidas por acción del Estado y sus gobiernos. Durante más de 62 años el ELN ha luchado de manera ininterrumpida con una propuesta de país centrada en vida digna, democracia, equidad social y soberanía nacional.
El ELN actúa con ética, tiene vida democrática que le ha permitido estabilidad en el mando y control de sus estructuras. No porque se digan mentiras sobre el ELN, dejará de ser lo que en la realidad es.
Hemos sido claros en manifestar, que si bien no compartimos las elecciones, las respetamos. No participamos ni orientamos votar por nadie. No hemos orientado ninguna amenaza ni acción alguna contra candidatos. No ejercemos cargo alguno en el gobierno, por tanto no administramos nada ni en el poder legislativo, tampoco en las administraciones regionales menos en el poder judicial, las Cortes, Fiscalía,
Procuraduría o Defensoría. No hay razones que justifiquen la invención de mentiras, con el propósito de sacar réditos políticos haciéndose las víctimas.
El ELN no participa en ninguno de los eslabones del narcotráfico, por tanto no somos narcotraficantes ni hacemos parte de cartel alguno y menos tenemos acuerdos con ninguno de ellos. Nuestra historia es limpia y seguiremos impulsando una propuesta alternativa, para la superación de este crítico problema que afecta a la humanidad.
Pese a que las políticas de Estados Unidos y del Estado colombiano han fracaso en el control y superación del narcotráfico y han terminado atrapados en él, ahora Trump las reencaucha como justificación para hacer la guerra, producir múltiples asesinatos, hasta las aplicaron para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y han tenido que reconocer que no existían cargos contra él. Por más mentiras que inventen en contra nuestra, no servirán para encubrir dicho fracaso.
El Estado y sus gobiernos han sido incoherentes en la búsqueda de una salida política al conflicto, que construya paz con trasformaciones estructurales para la sociedad, han querido imponer sus puntos de vista y diseños, pero cuando no se acepta tales imposiciones, desconocen las reglas de juego pactadas y se levantan de la Mesa. Costumbre recurrente desde 1991.
El Presidente Petro incumplió lo pactado en la Mesa con el ELN y usando la perfidia para sacar ventajas militares e imponer viejas lógicas buscando la desmovilización, terminó haciendo naufragar el proceso y así, dio rienda suelta a sus amenazas con operaciones militares y bombardeos, con la pretensión de destruir al ELN.
Negociar no es rendición o sometimiento, es acordar para cumplir lo pactado en función de cambiar la realidad del país, para bien de las mayorías.
El ELN, por convicción de paz, desde 1.989 definió democráticamente dialogar para buscar una salida política al conflicto y, desde entonces, jamás se ha levantado de las Mesas establecidas.
El ELN ratifica al próximo gobierno que asuma el 7 de agosto del 2.026, su propuesta de construir un Acuerdo Nacional, en un proceso amplio y democrático, con la participación de la sociedad.
Para finalizar, no compartimos y condenamos las acciones violentas realizadas por las bandas de Iván Mordisco, que han afectado de manera grave a la población civil y tienen como objetivo deslegitimar la lucha armada revolucionaria.
¡Colombia... para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!
Comando Central
Ejército de Liberación Nacional
Montañas de Colombia
Mayo de 2026
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