La reciente entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) del cuerpo del soldado profesional Ídel José Torres Herrera, realizada por una estructura disidente de las FARC-EP para facilitar su devolución a sus familiares, vuelve a poner en el centro una cuestión elemental que la prolongación de la guerra suele hacer olvidar, incluso en medio de la confrontación armada, la vida humana y la dignidad de quienes mueren deben ser respetadas.
Un nuevo informe de organizaciones sociales alerta sobre el aumento del desplazamiento, homicidios y masacres en el Oriente antioqueño. La violencia no desapareció, cambió de forma, actores y rentas, mientras crecen las disputas por el territorio.
Los excomisionados de la Comisión de la Verdad respaldaron a la JEP ante el recorte presupuestal y la reforma constitucional en el Congreso, alertando sobre el riesgo que esto representa para los derechos de las víctimas y la paz de Colombia.
El mercenarismo ya no es un fenómeno marginal, empresas, capital financiero, tecnología y experiencia militar convergen en un mercado global del horror y la muerte. Colombia y América Latina enfrentan una disputa por soberanía, seguridad y autodeterminación.
Una denuncia campesina en La Macarena, Meta, vuelve a poner en el centro los riesgos de una política basada en la guerra: muerte de un campesino, presuntos abusos contra una familia y nuevas preguntas sobre derechos humanos, verdad y control territorial.
La Sierra Nevada vuelve a sentir los efectos de la confrontación armada. Para los pueblos Arhuaco, Kogui y Wiwa, defender la vida exige superar una seguridad reducida a fusiles y garantizar territorio, autonomía, dignidad y paz.
En un momento histórico atravesado por profundas regresiones éticas y políticas, la Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ) alza su voz y suma voluntades comunitarias y académicas para convocar a la Primera Jornada por la Vida y la Paz REDIPAZ. Conoce la agenda y participa.
El nuevo Gobierno de Colombia refuerza vínculos militares, tecnológicos y de inteligencia con Israel, ampliando una arquitectura de seguridad basada en drones, vigilancia y empresas privadas que puede profundizar la dependencia estratégica.
Hay territorios donde defender un río, un bosque, una montaña, una semilla o el derecho colectivo a permanecer puede convertirse en una sentencia de muerte. El nuevo informe de Global Witness muestra que la violencia contra quienes defienden el ambiente y el territorio no constituye una suma de hechos aislados, dibuja una verdadera geografía global del despojo, concentrada allí donde convergen intereses extractivos, economías ilegales, disputas por la tierra y formas de control territorial.
La autonomía indígena no es una concesión estatal, es fruto de siglos de resistencia al colonialismo. El actual Gobierno de Colombia, bajo formas administrativas y tecnocráticas reabren el debate sobre quién define, regula y controla los gobiernos, territorios y sistemas propios de los pueblos.
