La JEP reconstruyó cómo unidades de inteligencia militar convirtieron información, vigilancia y estigmatización en instrumentos de persecución, tortura, desaparición y asesinato. No fueron hechos inconexos, la investigación identifica una estructura clandestina y una división del trabajo criminal.

La liberación de dos funcionarios del CTI y la entrega de pruebas de supervivencia de una subteniente del Ejército vuelven a poner en evidencia la persistencia del conflicto armado colombiano. El DIH obliga a todos los actores a proteger la vida y la negociación política sigue siendo necesaria más allá de las negaciones constantes de un realidad concreta.

La convocatoria reúne a sindicatos, organizaciones de inquilinas y movimientos sociales de Francia, Reino Unido, Bélgica, Grecia, España, Portugal e Italia, que reclaman controles sobre los precios de la vivienda, los alimentos y la energía, subidas salariales y de las pensiones, servicios públicos universales y el fin del rearme.

Henry Ramírez Soler, misionero claretiano del movimiento Iglesia de los Pobres, analiza cómo el gobierno de Colombia hoy, no solo niega la Paz, sino que busca destruir todo lo que ella implica, la memoria histórica, la defensa del territorio, los derechos de las mujeres, las comunidades étnicas, etc.. Es la lógica del monarca corporativo que impone la ley del más fuerte y deshumaniza al adversario para justificar su eliminación pero ¿qué realmente esconden?.

El ataque en Apure, las denuncias sobre civiles muertos, las controversias alrededor de los bombardeos en Cauca donde habrían 4 secuestrados proximos a ser liberados y las acusaciones de vínculos entre agentes estatales y estructuras armadas configuran una secuencia de hechos que exige investigación independiente y responsabilidades políticas, penales y militares.

A diez años del Acuerdo Final de Paz, acuerdos firmados con el ELN, ante los incumplimientos sociales-territoriales, la violencia y la negación de la paz, organizaciones populares, étnicas, campesinas, obreras, mujeres, universidades y movimientos territoriales convocan la Cumbre Nacional Paz y País, en Bogotá, el 26 y 27 de noviembre de 2026, para construir una agenda colectiva de paz y democratización.

El desplazamiento de cerca de 500 indígenas en Nuquí expone una crisis que va más allá de los enfrentamientos armados, disputa territorial, extractivismo, economías ilegales, abandono institucional y vulneración de los derechos de los pueblos étnicos.

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