Por: Verdad Abierta
Organizaciones de derechos humanos que conocen la región se preguntan si la judicialización de Daza no sólo se debe a su representatividad comunitaria y a sus cuestionamientos a las políticas minero-energéticas, sino a las dudas que le generan los millonarios convenios celebrados por las empresas petroleras con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.