El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Catatumbo, Amalfi y San Cayetano, tres casos distintos, una alerta preocupante. Violencia armada, operaciones militares y denuncias sobre abusos vuelven a poner en debate el modelo de seguridad y sus costos para las comunidades.
El bombardeo en el Catatumbo vuelve a poner la guerra en el centro mientras Colombia enfrenta una emergencia sísmica. Entre la militarización, la incertidumbre y el riesgo para la población civil, las acciones desarrolladas exigen verdad, derechos y vidas protegidas.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
El reconocimiento estatal de la Operación Europa implica admitir que estructuras de inteligencia fueron utilizadas para perseguir, estigmatizar y sabotear a defensores de derechos humanos más allá de las fronteras colombianas. La verdad, la reparación y la no repetición exigen desmontar las doctrinas que hicieron posible esa persecución.
La Defensoría del Pueblo advierte sobre una concentración de acciones armadas en distintos territorios del país. No se trata todavía de afirmar una ofensiva nacional coordinada, pero sí de reconocer una señal de alarma que exige información, prevención y una respuesta estatal integral.
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
