Los abajo firmantes, organizaciones, académicos/as, defensore/as de derechos humanos, luchadores/as populares, expresamos nuestra preocupación por los ataques que actualmente recibe el EJP en las redes sociales en las cuales se les vincula con la insurgencia armada y se emiten amenazas directas contra uno de sus integrantes, el abogado y profesor universitario de la UIS Leonardo Jaimes Marín, poniendo en alto riesgo sus vidas y la existencia como colectivo. 

Valoramos y reconocemos el arduo trabajo que en la defensa de los derechos humanos realiza el Equipo Jurídico Pueblos -hace más de 15 años-, desde una postura crítica y autónoma. Conocemos su compromiso y rigurosidad en el acompañamiento de víctimas del proceso genocida en Colombia y de crímenes del Estado, así como en la defensa de personas judicializadas por razones políticas y el acompañamiento de procesos campesinos en su lucha por la permanencia en territorio. La vinculación de defensores/as de derechos humanos con organizaciones alzadas en armas contra el Estado, ha formado parte de la narrativa hegemónica de construcción del enemigo interno, que en el mundo y especialmente en América Latina, ha fundamentado su exterminio físico y simbólico, así como la destrucción de las relaciones comunitarias construidas por los procesos populares del continente. Por esta razón rechazamos categóricamente estas prácticas de persecución y represión y abrazamos a aquellas personas y colectividades que, como el Equipo Jurídico Pueblos, persisten en tiempos aciagos, en la defensa de los derechos humanos.

Asimismo nos resulta sumamente inquietante el creciente proceso de masificación de los discursos de odio y la movilización reaccionaria de sectores de la población contra las comunidades y los espacios organizativos que exigen la garantía y el respeto de sus derechos en Colombia. Las agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales perpetradas el 13 de octubre de 2025 en los municipios de Confines, Palmas de Socorro y Socorro (Santander)  por grupos paramilitares y Frentes de seguridad con la anuencia, y aparente articulación de las autoridades departamentales y locales, contra comunidades campesinas, defensores/as de derechos humanos y comunicadores/as populares (incluidos/as integrantes del Equipo Jurídico Pueblos), evidencian un contexto de alto riesgo para quienes buscan y contribuyen a la construcción de una sociedad democrática e incluyente, en la que el ejercicio del disenso, el pensamiento crítico, la disidencia política, los proyectos de vida comunitarios y la permanencia en los territorios, sean posibles. 

Estos ataques lamentablemente no parecen aislados. El 17 de octubre de 2025 a las afueras de la Universidad Nacional de Colombia, un grupo de civiles dotados de bates y elementos cortopunzantes, convocados a través de las redes sociales por un exoficial del Ejército, que se identifican como Frentes de Seguridad, arremetieron con expresiones xenófobas y discriminatorias contra las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que se encontraban en el campus universitario y destruyeron las pancartas del Sindicato de Trabajadores/as de las universidades públicas (Sintraunal), e incluso las de la actual administración universitaria en las cuales convocaban a un proceso de constituyente universitaria. Desde meses antes, estos grupos han difundido vídeos e imágenes llamando a organizarse contra los “comunistas”, “guerrilleros” o “terroristas” de la Universidad, agrupando en estas categorías a una amplia gama de comunidades, colectividades y organizaciones que -en su lógica de amigo-enemigo- constituyen un peligro para la “seguridad” y “el orden” y por tanto deben ser exterminadas.

Estos hechos se tornan especialmente preocupantes porque ocurren en un contexto mundial en el que los discursos de odio, la discriminación y los ataques contra las personas y colectividades no hegemónicas tienen cada vez mayor cabida e incluso son aceptados, promovidos y aplaudidos por sus semejantes; un contexto en el que el sistema internacional de derechos humanos es evidentamente insuficiente e incapaz de frenar verdaderos procesos genocidas contra pueblos y comunidades en distintas partes del planeta. Ante esta realidad, nuestro deber como académicos/as críticos/as, defensores/as de derechos humanos y procesos populares comprometidos/as con las transformaciones sociales, no es otro que rodear desde la solidaridad, el internacionalismo y la hermandad, a quienes luchan por la dignidad, la libertad y la igualdad social.

Por estas razones, hoy hacemos un llamado al Estado colombiano a proteger y garantizar la labor del Equipo Jurídico Pueblos y de las y los defensores de derechos humanos; a respetar las voces disidentes y la protesta social y evitar su estigmatización y a investigar a los responsables de estas amenazas, pues solo de esta manera es posible la construcción de sociedades democráticas y allanar los caminos para la paz con justicia social que tanto han buscado las y los colombianos.

4 de noviembre de 2025

RESPALDAN

Organizaciones y Grupos de investigación, colectivos de prensa alternativa nacionales:

Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander -UIS
Asociación Campesina Antioqueña – ACA
Corporación Jurídica Humanidad Vigente
Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos – CPDH Colombia –
Corporación Semillas de Dignidad – CORSED –
Corporación Claretiana Norman Pérez
Sindicato Nacional de Sinaltrainal de Trabajadores del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL
SINTRAALIMENTICIA
Sindicato Mixto de trabajadores de universidades Públicas Nacionales – SINTRAUNAL –
Corporación para la Educación e Investigación – CEDINS
Corporación Sembrar – Colombia
Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza
Red de Derechos Humanos del Pacifico Colombiano, – REDDHHPAC – Colombia
Resistiendo al Olvido: Víctimas del proceso genocida en Colombia.
Colombia Informa
Periferia Prensa Alternativa
Corporación Jesús María Valle Jaramillo
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Semillero de investigación Pacha Paqta – Universidad Industrial de Santander -UIS-
Grupo E-Ilusos- Estado y Usos sociales de la Ilegalidad. Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación y Editorial Kavilando
Red Interuniversitaria por la Paz – REDIPAZ
Grupo de Investigación Gidpad Universidad de San Buenaventura – Medellín
Grupo de Investigación América Latina: Transformaciones Dinámicas Políticas y Pensamiento Social – Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica de Colombia
Congreso de los Pueblos

Internacionales:

Servicio Internacional Cristiana de Solidaridad con los Pueblos de América Latina – Oscar Arnulfo Romero – SICSAL
Grupo de trabajo de pensamiento jurídico crítico y conflictos sociales de CLACSO
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia – REDHER
International Association of Democratic Lawyers – IADL
Federación Democrática Internacional de Mujeres – FDIM
Liga Internacional de Lucha de los Pueblos -Latinoamerica/Caribe – ILPS
Partido Comunista Obrero Español PCOE – España
Project Acompañamiento y Solidaridad con Colombia -PASC – Canadá
Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG) – Noruega
Komité de Solidaridad Internazionalistak de Euskal Herría – País Vasco
CEDSALA Solidaitat Internacionalista – España
Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza- España
Le Silure – Suiza
Minga – Luzern – Suiza
Colectif Saya – Brusellas – Bélgica
América Rebelde – Chile
Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria” – El Salvador
Unidad de Defensa de Derechos Humanos, UNIDHEC – El Salvador
Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR – El Salvador
Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico MUPC – El Salvador
Red Interfacultades para la Investigación Social, Universidad de El Salvador -El Salvador
Movimiento de Pueblos Indígenas de El Salvador – El Salvador
Mirna Perla Jimenéz, Ex Magistrada de la Corte Suprema – El Salvador
Asociación Sindical de Trabajadores de Arte y Cultura – ASITAC – El Salvador
Honduras Humana – Honduras
Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular CONAICOP, secretaría Chile
Observatorio de crímenes de Estado de la Universidad de Buenos Aires – Argentina
Liga Argentina por los DDHH- Argentina
Escuela de la Ruta Migrante
Ana Esther Cerdeña, Universidad Autónoma de México -UNAM – México
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos -LIMEDDH- México
Centro de Estudios sobre Genocidio Universidad Nacional Tres de Febrero – Argentina
Comisión Memoria, verdad y Justicia Zona Norte – Argentina
Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas – Argentina
Encuentro militante Cachito Fukman – Argentina
Movimiento Solidario Vida Digna de San Joaquín – Chile
Víctimas, Migrantas, Exiliadas Colombianas en Argentina (VIMECA) – Argentina
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas y sobrevivientes de la guerra sucia de México. Fedefam – México
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS – México
Partido Revolucionario de Los trabajadores (PRT) – Argentina
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina
Segunda Independencia Argentina
Colombian Caravana UK – Londres
Organización Amancio Samuel Villatoro – Guatemala
Barracón Digital – Honduras

ACADÉMICOS/AS, DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS

Helberth Choachí González, Rector Universidad Pedagógica Nacional
Iñaki Gil de San Vicente Larrañaga, escritor, analista. Pais Vasco.
Concepción Cruz Rojo, Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Andalucía (Estado español).
Hernan Ouviña, profesor Universidad de Buenos Aires
Erika Aguirre Rodríguez – Caso Lebrija
Alejandro Mantilla, profesor Universidad Nacional
Julio Roberto Jaime Salas Profesor Universidad Surcolombiana
Jeritza Merchán Díaz profesora Universidad Pedgógica Nacional
Miguel Angel Betrán Villegas, profesor Universidad Nacional de Colombia
Luisa Natalia Caruso, profesora Universidad Pedagógica Nacional
Jessica Paola Vargas Guzmán, Delegada de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones
Rosembert Ariza Santamaría. Profesor Asociado Departamento de Sociología Universidad Nacional de Colombia
Miguel Ángel Franco – Director del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos
Alex Chamán Portugal – Bolivia y Perú
Carlos Hernán Angulo – Luzern, Suiza
Valentina Figueroa Valdebenito, Abogada – Chile
Eduardo Soares, Abogado Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina
Alex Gómez Falcón UNSCH Ayacucho-Perú
Pedro Eusse, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV)

Caravana Internacional de Juristas 2024 conformada por:

• Ana Bolena Chamie – Reino Unido/Colombia
• Antoine Grondin Couture – Canadá
• Carlos A. Maccragh Ipruja – España
• Christian Di Nardo – Italia
• David Palmer – Reino Unido
• Eugene Kung – Canadá
• Heather Neun – Canadá
• Irene Victoria Massimino – Argentina/Estados Unidos
• Sasha Duncan – Reino Unido, Ucrania
• Sara Chandler – Reino Unido
• Wout Albers – Países Bajos

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