No es una guerra contra las drogas, es una guerra por el control geopolítico de Nuestra América. La militarización del Caribe, como teatro de operaciones, ve desarrollarse una nueva fase de la disputa imperial por los territorios, corredores estratégicos, bienes comunes y la soberanía de los pueblos frente al avance del mundo multipolar.
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez*
Mientras el retorno de gobiernos de derecha cada vez más cercanos a expresiones neofascistas, parece naturalizarse una nueva etapa de subordinación continental, Estados Unidos convierte al Caribe en pieza central de su estrategia global-regional. Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se consolida una arquitectura militar que agrede la soberanía de Nuestra América. Frente a ello, solo la organización e integración regional popular podrán defender la vida, la democracia y el derecho de nuestros pueblos a decidir su propio destino.
Durante los últimos años América Latina ha transitado un breve y contradictorio ciclo de gobiernos progresistas que, con importantes conquistas sociales, pero también con profundas limitaciones, vacilaciones estratégicas y escasa capacidad para transformar las estructuras reales del poder, no lograron contener el retorno de una derecha cada vez más autoritaria, subordinada a Washington y permeada por expresiones que numerosos analistas identifican con nuevas formas de fascismo del siglo XXI. Ese retroceso político no constituye únicamente un fenómeno electoral, ocurre en medio de una acelerada disputa por la reorganización del poder mundial.
En ese contexto, el Caribe se consolida como lugar central. No por azar. La región se ha convertido nuevamente en un espacio privilegiado para la proyección militar estadounidense, en un momento en que la hegemonía occidental enfrenta el ascenso de China, Rusia, la expansión de los BRICS y la transición hacia un orden internacional crecientemente multipolar.
Esta realidad encuentra sustento doctrinal en la National Drug Control Strategy 2026 y la National Counterterrorism Strategy 2026 de Estados Unidos. Ambos documentos amplían deliberadamente la convergencia entre narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y amenazas híbridas, construyendo una categoría de riesgo suficientemente amplia para justificar operaciones extraterritoriales, ampliar la presencia militar y reforzar mecanismos de inteligencia más allá de sus fronteras.
La lógica no es nueva. Durante la Guerra Fría el enemigo fue el comunismo; después del 11 de septiembre fue el terrorismo internacional; ahora el "narcoterrorismo" ocupa ese lugar. Cambian los nombres, pero permanece intacta la función política, fabricar amenazas permanentes que legitimen la expansión del poder militar y la intervención sobre territorios considerados estratégicos.
El Caribe como frontera de la disputa global
El Caribe constituye uno de los principales corredores marítimos del planeta. Por allí circulan rutas comerciales fundamentales, conexiones con el Canal de Panamá, corredores energéticos y accesos privilegiados hacia América del Sur, territorio que concentra buena parte de las reservas mundiales de litio, cobre, agua dulce, biodiversidad, hidrocarburos y minerales críticos para la transición tecnológica y militar del siglo XXI.
En consecuencia, militarizar el Caribe significa mucho más que combatir el narcotráfico. Significa controlar corredores logísticos, vigilar las rutas comerciales emergentes y limitar la creciente presencia económica de China en puertos, infraestructura, telecomunicaciones y proyectos bioceánicos latinoamericanos.
Las recientes estrategias occidentales, junto con la expansión de alianzas como AUKUS y otros mecanismos de articulación militar en el Indo-Pacífico, muestran que la contención de China, Rusia e Irán constituye hoy uno de los ejes centrales de la política exterior estadounidense. América Latina comienza a ser incorporada a esa arquitectura como plataforma logística, fuente de materias primas estratégicas, mercado para tecnologías de vigilancia y reserva de capacidades militares interoperables.
La llamada "guerra contra las drogas" funciona así como la palanca política que facilita la consolidación de una presencia militar permanente sobre el continente.
Una militarización incompatible con el derecho internacional
La creciente expansión de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe ha comenzado a generar serios cuestionamientos desde el derecho internacional y los organismos de derechos humanos.
En diciembre de 2025, Human Rights Watch denunció que diversas operaciones antidrogas encabezadas por Estados Unidos en aguas del Caribe derivaron en ejecuciones ilegales y uso excesivo de la fuerza, recordando que incluso las personas sospechosas de participar en actividades ilícitas conservan plenamente su derecho a la vida, al debido proceso y a las garantías judiciales fundamentales.
En la misma línea, expertos independientes de las Naciones Unidas advirtieron que varios ataques contra embarcaciones civiles durante estas operaciones podrían constituir graves violaciones del derecho internacional, particularmente del derecho a la vida y de los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas que regulan el uso de la fuerza en el mar. Los relatores reclamaron investigaciones independientes, transparencia y el establecimiento de mecanismos efectivos de responsabilidad.
A estas denuncias se suma la investigación periodística del proyecto EL CLIP, Bombardeados sin derecho a defensa, que, a partir de testimonios de comunidades del Caribe y del Pacífico, documenta más de doscientas muertes ocurridas en este tipo de operaciones, muchas de ellas sin investigaciones judiciales eficaces ni garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Este escenario se inserta, además, en un contexto regional caracterizado por una creciente militarización y por la expansión de operaciones de seguridad impulsadas desde Washington bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. A ello se suman las persistentes tensiones con Venezuela, secuestro de su presidente y diputada, constante agresión, el mantenimiento del bloqueo económico contra Cuba, ampliamente cuestionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante décadas, y diversas acciones coercitivas unilaterales que numerosos gobiernos y organismos internacionales consideran contrarias al derecho internacional y al principio de no intervención. Todo ello configura un escenario de creciente presión y orden criminal sobre la soberanía de los pueblos de Nuestra América.
Más allá del número definitivo de víctimas, existe un hecho políticamente innegable, la denominada "guerra contra las drogas" comienza a ser cuestionada no solo por su limitada eficacia para reducir el tráfico internacional de estupefacientes, sino también por los elevados costos humanos, jurídicos y políticos que ha dejado a su paso.
Después de décadas de militarización, los mercados ilícitos continúan adaptándose, mientras aumentan las denuncias por violaciones de derechos humanos, debilitamiento de la soberanía de los Estados y expansión de mecanismos de intervención extraterritorial que desafían los principios fundamentales del derecho internacional. La pregunta que emerge es inevitable: si los resultados en materia de reducción del narcotráfico siguen siendo tan limitados, ¿qué otros objetivos geopolíticos terminan cumpliendo estas estrategias de militarización permanente sobre el Caribe y Nuestra América?
La eficacia que nunca llega
Existe además una contradicción difícil de ocultar.
Tras más de cuatro décadas de "guerra contra las drogas", múltiples operaciones navales, bases militares, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y un gigantesco despliegue tecnológico y de inteligencia, el narcotráfico continúa expandiéndose y reconfigurándose. Los propios informes internacionales muestran que las rutas cambian, las organizaciones se adaptan y los mercados permanecen.
Si el tráfico de drogas no disminuye de manera significativa, resulta inevitable formular una pregunta política: ¿es realmente el combate al narcotráfico el objetivo central de esta creciente militarización, o constituye el argumento que permite asegurar presencia militar, controlar corredores estratégicos, disputar rutas comerciales y preservar áreas históricas de influencia estadounidense frente al avance del mundo multipolar?
La experiencia latinoamericana invita a no descartar esta segunda interpretación.
La soberanía no puede ser una variable negociable
La militarización del Caribe forma parte de una reingeniería geopolítica más amplia, donde la seguridad deja de ser una política pública para convertirse en un instrumento de reorganización del poder mundial. Inteligencia artificial, vigilancia satelital, operaciones extraterritoriales, control marítimo, sanciones económicas y presión diplomática integran una misma arquitectura destinada a administrar la competencia global.
Para Nuestra América, el desafío consiste en impedir que amenazas reales como el narcotráfico sean utilizadas para justificar nuevas formas de subordinación colonial.
Ello exige fortalecer los mecanismos regionales de cooperación, defender el derecho internacional, exigir investigaciones independientes sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y reafirmar un principio elemental, ningún Estado puede arrogarse la condición de policía del mundo violando la soberanía de otros pueblos.
En un momento en que el ciclo progresista muestra claros signos de repliegue y las derechas radicalizadas avanzan sobre buena parte del continente, la historia vuelve a recordarnos que ninguna conquista popular es irreversible. Lo que está en juego ya no es solamente un modelo económico o una orientación gubernamental, es la defensa misma de la vida, de la democracia, de la Amazonía, del Caribe y del derecho irrenunciable de Nuestra América a existir como una comunidad de pueblos libres.
Como enseñaron José Martí, Augusto César Sandino, Fidel Castro y tantos otros luchadores de nuestra historia, la independencia jamás ha sido una concesión del poder imperial; siempre ha sido una conquista de los pueblos organizados. Hoy, frente a esta nueva ofensiva de militarización y control, esa lección recupera toda su vigencia. La tarea histórica consiste en articular las resistencias, reconstruir la integración latinoamericana y convertir la defensa de la soberanía en una defensa activa de la vida, de la Madre Tierra y de la dignidad colectiva. Porque mientras el imperio organiza la guerra, corresponde a los pueblos organizar la esperanza, la solidaridad y la liberación.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín. integrante de REDIPAZ, grupo Autónomo Kavilando
Referencias
Human Rights Watch. (2025, 9 de diciembre). Estados Unidos y otros países deberían oponerse a las ejecuciones ilegales en el mar. https://www.hrw.org/es/news/2025/12/09/estados-unidos-otros-paises-deberian-oponerse-a-las-ejecuciones-ilegales-en-el-mar
Deutsche Welle. (2025). La ONU acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional al atacar embarcaciones en el Caribe. https://www.dw.com/es/la-onu-acusa-a-ee-uu-de-violar-derecho-internacional-al-atacar-embarcaciones-en-el-caribe/a-74566928
EL CLIP. (2025). Bombardeados sin derecho a defensa: Comando Sur, víctimas en el Caribe y el Pacífico. https://www.elclip.org/bombardeados-sin-derecho-defensa-comando-sur-victimas-caribe-pacifico/
The White House. (2026). National Drug Control Strategy 2026. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/05/National-Drug-Control-Strategy-2026-1.pdf
The White House. (2026). National Counterterrorism Strategy 2026. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/05/2026-USCT-Strategy-1.pdf
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