Por: movimiento de presos políticos Camilo Torres Restrepo.
Nuestro saludo y agradecimiento a quienes han hecho posible este importante evento de sensibilización, conocimiento del proceso de paz. Como Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo queremos expresar nuestros elementos de aporte a este evento
Entendemos que la citación tiene una convocatoria precisa y unos temas específicos, hubiéramos preferido un evento donde se incluyera los otros procesos, por lo menos como disposición a interrogarse por el estado de los diálogos con el ELN y porque la indiferencia frente al EPL, y en especial la sociedad.
La necesidad de acabar con este conflicto armado en Colombia por medio de la vía de la solución política negociada ha sido un clamor y esfuerzo de amplios sectores de la sociedad, desde el mismo inicio de estos; hoy que le venimos ganando el pulso a los guerreristas que por décadas han aupado y usado la guerra como medio para lucrarse política y económicamente de ella, debemos hacer todos los esfuerzos para que estos diálogos los de La Habana entre la FARC gobierno y próximamente con el ELN y ojala con el EPL, puedan convertirse verdaderamente en la carta de navegación para esta reconstrucción de lo político, económico, social y cultural bajo los principios de lo digno y ético para estas comunidades y pueblos en Colombia que lo hemos soportado todo; para que sea esta, la última vez que tengamos que resolver los conflictos de los colombianos por medio de la guerra.
La voluntad de paz de las partes, en especial de las guerrillas está probado, la urgencia hoy es que el esfuerzo y sueño de terminar con la guerra de una forma permanente y que no vaya a convertirse en un engaño más para los millones de colombianos-as que aspiran a vivir en sus territorios sin más temor a ser maltratados, desplazados, asesinados o desaparecidos; para que esto sea así, el contenido de los acuerdos deben ser claros y sobre todo que todos los sectores populares participemos de dicha tarea; o construimos una buena base sobre la cual trabajar todos y salir ganadores o entre todos corremos con la responsabilidad de no haberlo logrado.
Más que hacer reclamos o exámenes sobre lo acordado hasta hora, nos permitimos convocar a la reflexión a todos y todas los presentes de lo trascendental de este momento político por el que atraviesa esta apuesta por la paz, porque en esta guerra de más de cincuenta años todos estamos implicados, unos más que otros, pero lo estamos; hemos perdido los vínculos entre las familias, entre ciudades y campo; entre intelectuales y sectores populares, entre pueblos hermanos, hemos perdido la confianza hasta entre nosotros mismos; llevamos cientos de años tratando con un sistema que no ha hecho el más mínimo por acercarnos, al contrario ha usado todos los medios posibles para desarticularnos; el momento de hoy tiene esta importancia, lo que pactemos en estas mesas de dialogo puede ser definitivo para marcar el rumbo de nuestra existencia como pueblos indígenas, negros y mestizos que cohabitamos y queremos otras formas de vida en nuestra amada Colombia.
No podemos negar la existencia del mandato constitucional que nos da el derecho a los colombianos a conseguir la paz, tampoco podemos soslayar que de alguna manera que los actuales diálogos son un mandato que el país entregó en manos de la reelección del presidente (2014-2018), con la anuencia de sectores importantes de la izquierda quienes le apostamos a construir la paz, dejando claro quelas elecciones no son ni el único, ni el mejor medidor de la voluntad general, ya que en el país el índice de abstención sigue siendo de más del 50%.
El gobierno impuso los diálogos de solución política y paz en el exterior, y bajo la amenaza de la guerra: muerte, cárcel o rendición.
Así empezaron los diálogos con la visión gubernamental de ser una “paz exprés”; los diálogos y acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, conocidos como acuerdos de La Habana, consideramos llevan un tiempo requerido a su ritmo, desde finales de 2012 cuando iniciaron la mesa confidencial y luego la mesa pública hasta el momento; son diálogos que han permitido desescalar el conflicto, sentarse dos actores de la guerra, crear las confianzas para definir una agenda y discutir sus puntos de vista. Donde el país ha estado expectante de este proceso y algunas comunidades hubieran querido ser tenidas en cuenta, puesto que les incumbe por la presencia de la guerra en sus territorios.
Muchos han expresado que son acuerdos, de la clase dirigente del país, la oligarquía y la dirigencia de las FARC.
Quizá para el gobierno su interés de la paz es por conservar sus privilegios y que nada cambie, exigen la dejación de las armas, pero sin analizar y superar las causas que dieron origen al conflicto. El Gobierno se ha negado a discutir los puntos que permitan superar las causas que originaron el conflicto social, político y armado, mucho menos se quiere discutir sobre el uso indebido de las armas por parte del Estado que ha generado miles de víctimas en el país y por consiguiente no quedan claras las garantías de no repetición.
Estamos seguros junto a la sociedad que los efectos de la guerra que ha vivido el país son devastadores, 220.000 muertos en los últimos 50 años según los registros en las investigaciones de la Comisión de Memoria Histórica que son una prueba fehaciente, pero más que el registro de las investigaciones, el dolor de miles de víctimas que aún no calman su dolor, y por ello estamos seguros y convencidos de la urgencia de terminar esta confrontación fratricida entre colombianos, para ello es necesario, imprescindible, que se reconozca la existencia del conflicto con sus verdaderas causas y efectos que no disfracemos este reconocimiento, que así como la insurgencia a reconocido su responsabilidad como parte del mismo, el Estado lo asuma como tal sin tanto vericuetoo justificaciones.
Se ha tocado el tema de las víctimas, pero la comunidad de las víctimas como sujetos de su dolor, no han tenido la suficiente participación en los análisis y definiciones.
El Estado no ha asumido la responsabilidad en la guerra y su degradación, solo acusan a las insurgencias; sin ese requisito, no se puede hablar de no repetición.
Los analistas de opinión han manifestado que el gobierno ha gastado más en propaganda y difusión del concepto o idea de paz, pero no se ha asumido el compromiso para solucionar muchos de los problemas que son de inversión social, de sus compromisos asumidos con los pueblos organizados, regular el salario mínimo o de hambre, la salud, educación. Mientras las políticas públicas sigan atadas al interés del capital y privado, los problemas crecerán; porque las distancias de distribución del patrimonio o bien público es muy inequitativo o desigual, solo mirar un salario de un senador o representante, un oficial de las fuerzas armadas y el de un trabajador son muy distantes; o una carretera 4G, para sacar las materia primas y mover mercancías, pero no para las carreteras terciarias y darle vida al campo, al campesino, siendo éste país esencialmente agrícola, pues las multinacionales importan 11 toneladas de comida al año y perdimos la soberanía alimentaria, mientras más desiguales, la lucha de clases es más intensa.
Frente al tema de Justicia se impone la solución política de los conflictos armados bajo el preconcepto que debe operar es la solución punitiva a los problemas y no a las causas que dieron origen a la resistencia y levantamiento armado.
El interrogante es ¿cómo la sociedad o instituciones supranacionales no sancionan al Estado que dejo de cumplir con el deber de respetar los derechos fundamentales y es la causa de la rebeldía popular?. Cómo se tipifica la rebeldía en tales circunstancias?; pues si no hay justicia social siempre habrá rebeldía popular y por el contrario, si el Estado de Derecho como empresa común garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales, desaparece la rebeldía.
En términos de justicia se debe de analizar el comportamiento de las empresas multinacionales que han operado en Colombia y su rol social y político; la historia nos demuestra que son quienes han despojado de sus tierras a los campesinos y han asesinado a los trabajadores y donde están se impone más el hambre y miseria; por lo tanto, se ameritaun profundo análisis frente a estos hechos y la definición de responsabilidades.
Un acuerdo político debe incorporar la regulación de los medios de comunicación y avanzar hacia la democratización de los medios masivos de comunicación, permitiendo su acceso por parte de las diferentes expresiones de la sociedad, que procure un equilibrio informativo para que tengamos una opinión pública con capacidad de optar.
Medios de comunicación que procuren la información objetiva y veraz, mediante la participación de opiniones que informen la realidad y no se tergiverse o se la deforme, ni maquille la realidad. Consideramos que hasta el momento, los grandes medios defienden fundamentalmente los intereses de capital y no el de la sociedad y menos la naturaleza, mediante el consumismo desproporcionado. Por lo tanto, se requiere una nueva normatividad donde el centro de la actividad del país sea el ciudadano y ciudadana, el respeto a la naturaleza y en esa dirección se construyan las instituciones que la garanticen.
Este acuerdo también debe revisar la doctrina sobre la seguridad nacional en un escenario de solución política del conflicto, el papel que cumple la seguridad del estado y la empresa privada de seguridad.
En el país no deben proliferar las empresas de seguridad privada, la seguridad tanto de lo público como de los privados debe estar en manos del Estado, el crecimiento desproporcionado de la fuerza genera una militarización de la sociedad, más cuando venimos de un escenario donde tanto las fuerzas del Estado como las privadas de seguridad y las fuerzas paraestatales estuvieron vinculadas directamente al conflicto y son responsables de miles de víctimas, del desplazamiento y permitieron y fueron cómplices ayudaron al saqueo de los recursos naturales.
Por último, para que el acuerdo político tenga solides y se legitime debe reconocer de manera real, y abierta la existencia del conflicto, sus efectos y sus causa y tener la capacidad de aceptar la responsabilidad como actor del conflicto, sin justificaciones, para asumir el compromiso de no repetición; sobre estos elementos generales decimos la justicia es para todos, la verdad toda y de todos y se debe aplicar de manera imparcial; teniendo claro que para ejercerla se necesita hacer parte a la sociedad, ya que ella es quien redime y perdona, no el Estado.
El ELN y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, han culminado la construcción de la agenda de negociación en la fase exploratoria y próximamente pasarán a la mesa pública con una agenda de 6 puntos:
1. Participación de la sociedad,
2. Democracia para la paz,
3. Víctimas,
4. Transformaciones para la paz
5. Seguridad para la paz y dejación de las armas,
6 Garantías para el ejercicio de acción política;
De estos, 5 son de participación y decisión de la sociedad.
El ELN viene exigiendo la confluencia de los procesos de las insurgencias con el gobierno y con la sociedad, para avanzar hacia la concreción de un gran pacto que incluya y articule a todos los pueblos y expresiones de la sociedad colombiana, que sea incluyente, dialogante, que escuche los territorios, donde ningún tema sea vedado, que nos permita hacer las transformaciones y podamos transitar en confianza política, donde prime el respeto a la vida, la tolerancia y comprensión de nuestra realidad ser pluriétnicos y de multiculturas, diversos en nuestras regiones y ciudades, articulados en un gran proyecto plural de nación.
Solo así podremos refrendar los acuerdos, cuando el país esté informado y la sociedad haya participado y decidido. Queremos que tod@s participemos en la decisión de construir el país que nos merecemos, que solo será posible si tenemos la capacidad de organización articulada, conciencia y movilización.
Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo
Marzo 6 de 2016